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Se llevaron a cabo esta mañana, una de las diligencias se practicó en un domicilio del barrio 490 viviendas y el otro en una zona cercana al Puerto Rawson.

Los allanamientos tuvieron por objetivo la búsqueda de armas de fuego, en el marco de una causa en la que se investiga abuso de armas con amenazas entre grupos antagónicos.

Así lo confirmó en diálogo con Radio Chubut, el jefe de la Policía del Chubut, comisario general Miguel Gómez.

El alto jefe policial explicó que la investigación se inició tras un hecho violento que se registró el último sábado donde una diferencia entre vecinos derivó en amenazas con armas de fuego en la vía pública.

En uno de los domicilios allanados hoy, se halló un arma de fuego la cual fue secuestrada, informó Radio Chubut.

Ningún funcionario por más importante que sea debe creer que está por encima de la Ley, por el contrario tiene que dar el ejemplo cumpliéndola al pie de la letra. Pero en Chubut un polémico ministro pensaba que podía hacer cualquier cosa y acostumbraba a entrar a las viviendas mientras la policía las allanaba sin tener autorización judicial, hasta que una jueza de Comodoro Rivadavia se lo impidió: le marcó los límites.  

Ahora el fallo de la magistrada sentaría un precedente y por culpa del ministro podrían ser declarados nulos todos los procedimientos en los que él estuvo arrogándose un estado policial que no tiene.

 ¿Qué pasaría si los abogados de esas personas a las que les allanaron las casas empiezan a presentar escritos denunciando la ilegalidad de esas diligencias? 

El ministro de Seguridad debería ser procesado por entorpecer la acción de la Justicia, provocando quizás “la caída” de varias causas penales. ¿Y qué harían los fiscales dirigidos por don “Yolí” Miquelarena?

La verdad que si esto ocurriera, el polémico funcionario –solo, sin que nadie se lo pida—debería dar un paso al costado e irse del Gobierno, además de devolver su matrícula de abogado por haber puesto en evidencia un supino desconocimiento del Derecho y de la Constitución.

 

La jueza Mariel Suárez autorizó los 22 allanamientos efectuados este lunes en Comodoro Rivadavia y efectuó un expreso pedido para que ninguna persona que no tenga función policial, ingrese a las viviendas bajo pena de nulidad. Molesto, el ministro supervisó todo desde la vereda.

El ministro de seguridad de Chubut, estaba acostumbrado -al menos hasta hoy en esta ciudad- a ingresar a cualquier lugar (público o privado) donde toma intervención la policía. Incluso participó en procedimientos de detenciones, cuando esa no es la función de un funcionario político.

Esta vez, el ministro que suele compartir en redes sus entrenamientos con las fuerzas especiales de la Policía del Chubut, tuvo que mirar desde afuera los allanamientos que se realizaron durante las primeras horas de este lunes en el marco de enfrentamientos armados entre bandas antagónicas del barrio Abásolo.

La jueza Suárez, quien autorizó los pedidos fiscales, informó al jefe de la División Policial de Investigaciones (DPI) que quedaba “expresamente prohibido que cualquier persona que NO TENGA FUNCIÓN POLICIAL ingrese a los domicilios BAJO PENA DE NULIDAD (art. 18 y 19 C.N.) lleve adelante el allanamiento y registro domiciliario” de los inmuebles en cuestión.

El ministro tiene su propio equipo de difusión institucional como funcionario provincial y desde temprano publicó imágenes en la red social Twitter, donde llamativamente estaba en la vereda de un inmueble, mientras actuaba el personal policial.

De alguna manera, con esa notificación le marcaron legalmente el terreno al ministro de seguridad porque “no es parte del Ministerio Público Fiscal, ni tampoco tiene estado policial”, apuntaron las fuentes consultadas.

Quienes participaron de los operativos dijeron haberlo visto más que molesto por la contención a la que lo obligó la decisión judicial que debe garantizar “el cumplimiento de todos los recaudos legales y que no se violenten infundadamente las garantías previstas en las Constituciones Nacional y Provincial”, según explica el parte de prensa de la Fiscalía.

Fueron 112 allanamientos en varias provincias. La banda de pedófilos producía y vendía material sexual de menores. La red incluía 35 países. Había más de 200 números de teléfono de Argentina y la pista inicial fue una página web de Berazategui. La investigación duró varios meses.

En la madrugada de ayer se produjeron nuevos allanamientos en el marco de la investigación y desarticulación de una red de pedofilia con alcance nacional e internacional. Hubo 112 allanamientos que fueron llevados a cabo por la Policía Federal Argentina y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

La enorme cantidad de elementos secuestrados por ambas fuerzas fueron obtenidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Corrientes, Formosa, Misiones, Chaco, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Salta, Catamarca, Santiago del Estero y Jujuy. Entre estas provincias, los operativos cubrieron 72 objetivos, algunos de los cuales han quedado bajo reserva del juzgado a cargo debido a razones procesales.

El operativo policial entre la PFA y la PBA denominado “Corona Web” fue realizado durante 48 horas de intenso despliegue territorial y tras una profunda investigación de varios meses encabezado por la división “Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia”.

Ambas fuerzas lograron desarticular una red internacional que producía y comercializaba pornografía infantil.

Este operativo se produjo en el marco de la profundización y profesionalización de los trabajos para desmembrar organizaciones relacionadas con el delito complejo, tal como ha ordenado a las fuerzas federales la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic y como se ha avanzado en el trabajo conjunto entre fuerzas federales y jurisdiccionales. Además, tal como ha manifestado la titular de la cartera en cada Consejo de Seguridad Interior, es en trabajo articulado entre Nación y Provincias, así como en una fuerte vinculación con el trabajo del Poder Judicial que se puede lograr enfrentar al crimen organizado y desestructurar su capacidad delictiva.

La PFA y la PBA realizaron una enorme cantidad de allanamientos en varios lugares del país. Fueron llevados a cabo tras investigaciones que comenzaron meses atrás a través del análisis de una página de Internet –cuyo origen estaba en Berazategui, provincia de Buenos Aires-, donde las y los trabajadores de las fuerzas de seguridad lograron determinar su continuidad de grupos de WhatsApp, compuestos por participantes de 35 diferentes países, entre ellos, Estados Unidos de Norteamérica, México, Perú, Colombia, España y Argentina.

En dichos grupos, las y los participantes compartían mensajes y archivos de pornografía, contenidos para adultos e intercambio de contenidos gráficos relacionados con el abuso sexual de menores de edad a través de imágenes y videos.

Fue así que la División de Delitos Tecnológicos de PFA y la Dirección Criminología y Victimología de la PBA pudieron reconocer a diez grupos de éstos. A partir de ello iniciaron el rastreo a través de las empresas de telecomunicaciones, de la consulta de bases de datos institucionales, de los aportes del Registro Nacional de las Personas y de una importante actividad de detección de los perfiles de usuarios en fuentes abiertas.

A raíz de ello, las y los investigadores de ambas fuerzas comprobaron la existencia de más de 200 números telefónicos pertenecientes a usuarios radicados en Argentina. Por este motivo, la UFI N° 1 Descentralizada Berazategui, Departamento Judicial de Quilmes, a cargo del Dr. Ernesto Ichazo, Secretaria del doctor Rafael García ordenó realizar más de 112 allanamientos en las provincias enumeradas al inicio de este informe y que incrementa los informados por esta cartera de Seguridad de la Nación durante el día de ayer.

Como resultado de los procedimientos, se identificó a una parte importante de los 212 números telefónicos partícipes de los grupos de producción, circulación y consumo de pornografía infantil que, además de motivar los allanamientos, quedaron supeditadas a la causa.

En ese marco, se secuestraron gran cantidad de notebooks, cámaras fotográficas digitales, discos rígidos, pendrives, tablets, netbooks, tarjetas de memoria y teléfonos celulares, además de material pornográfico infantil producido por los involucrados.

Las investigaciones fueron realizadas en conjunto entre las divisiones de la PFA mencionadas, las Agencias Regionales, el Departamento INTERPOL y la policía de la Provincia de Buenos Aires. Resta ahora aguardar cómo seguirá la investigación.

Entre la jornada del viernes y la madrugada del sábado se produjeron nuevos allanamientos en el marco de la investigación y desarticulación de una red de pedofilia con alcance nacional e internacional. Tras lo informado durante la tarde de ayer por esta cartera de Seguridad de la Nación, se han allanado un total de 112 allanamientos que fueron llevados a cabo por la Policía Federal Argentina y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

La enorme cantidad de elementos secuestrados por ambas fuerzas, fueron obtenidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Corrientes, Formosa, Misiones, Chaco, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Salta, Catamarca, Santiago del Estero y Jujuy. Entre estas provincias, los operativos cubrieron 72 objetivos, algunos de los cuales han quedado bajo reserva del juzgado a cargo debido a razones procesales.

Varios meses de investigación

El operativo policial articulado entre la PFA y la PBA denominado “Corona Web” fue realizado durante 48 horas de intenso despliegue territorial y tras una profunda investigación que llevó varios meses y estuvo encabezado por la división “Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia”. Ambas fuerzas lograron desarticular una red internacional que producía y comercializaba pornografía infantil. Este operativo se produjo en el marco de la profundización y profesionalización de los trabajos para desmembrar organizaciones, relacionadas con el delito complejo, tal como ha ordenado a las fuerzas federales la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic y como se ha avanzado en el trabajo conjunto entre fuerzas federales y jurisdiccionales. Además, tal como ha manifestado la titular de la cartera en cada Consejo de Seguridad Interior, es en trabajo articulado entre Nación y Provincias, así como en una fuerte vinculación con el trabajo del Poder Judicial que se puede lograr enfrentar al crimen organizado y desestructurar su capacidad delictiva.

Con “sede” en Berazategui

En ese contexto, la PFA y la PBA realizaron una importante cantidad de allanamientos en varios lugares del país. Éstos fueron llevados a cabo tras investigaciones que comenzaron meses atrás a través del análisis de una página de Internet –cuyo origen estaba en Berazategui, provincia de Buenos Aires-, donde las y los trabajadores de las fuerzas de seguridad lograron determinar su continuidad de grupos de WhatsApp, compuestos por participantes de 35 diferentes países, entre ellos, Estados Unidos de Norteamérica, México, Perú, Colombia, España y Argentina.

Intercambio de material

En dichos grupos, las y los participantes compartían mensajes y archivos de pornografía, contenidos para adultos e intercambio de contenidos gráficos relacionados con el abuso sexual de menores de edad a través de imágenes y videos. Fue así que la división de delitos tecnológicos de PFA y la dirección Criminología y Victimología de la PBA pudieron reconocer a diez grupos de éstos. A partir de ello iniciaron el rastreo a través de las empresas de telecomunicaciones, de la consulta de bases de datos institucionales, de los aportes del Registro Nacional de las Personas y de una importante actividad de detección de los perfiles de usuarios en fuentes abiertas.

Más de 200 usuarios nacionales

A raíz de ello, las y los investigadores de ambas fuerzas comprobaron la existencia de más de 200 números telefónicos pertenecientes a usuarios radicados en Argentina. Por este motivo, la UFI N° 1 Descentralizada Berazategui, Departamento Judicial de Quilmes, a cargo del Dr. Ernesto Ichazo, Secretaria del Dr. Rafael García ordenó realizar más de 112 allanamientos en las provincias enumeradas al inicio de este informe y que incrementa los informados por esta cartera de Seguridad de la Nación durante el día de ayer.

Casi todos identificados

Como resultado de los procedimientos, se identificó a una parte importante de los 212 números telefónicos partícipes de los grupos de producción, circulación y consumo de pornografía infantil que, además de motivar los allanamientos, quedaron supeditadas a la causa. En ese marco, se secuestraron gran cantidad de notebooks, cámaras fotográficas digitales, discos rígidos, pendrives, tablets, netbooks, tarjetas de memoria y teléfonos celulares, además de material pornográfico infantil producido por los involucrados.

Las investigaciones fueron realizadas en conjunto entre las divisiones de la PFA mencionadas, las Agencias Regionales, el Departamento INTERPOL y la policía de la Provincia de Buenos Aires.

El sábado alrededor de las 00.30, un llamado al 101 advirtió que se estaría llevando a cabo una fiesta en una vivienda ubicada sobre la calle Alsina. Personal policial de la Comisaría Seccional 2° se acercó al lugar y constató música alta, pero se entrevistaron con el hijo del propietario, quien se encontraba solo y bajó el volumen. 

En ese momento, la Policía vio que había seis personas más en la casa y le indicaron al joven las medidas dispuestas por la pandemia de Covid-19, que no se pueden realizar reuniones sociales. Por lo tanto, este les indicó que se retiraran de su domicilio.

Aproximadamente dos horas después, volvieron a llamar al 101 para advertir la misma situación. Sin embargo, en esta ocasión, el personal policial observó que había personas en el patio delantero consumiendo bebidas alcohólicas, corrieron hacia un patio trasero y apagaron las luces de la casa.

Como seguían escuchándose algunos disturbios, la Policía ingresó al patio y tocó la puerta. Posteriormente, un grupo de personas con bebidas alcohólicas en la mano comenzaron a salir del patio. Según el informe policial, se trataba de entre 50 y 60 personas.

Luego volvió a salir el hijo del dueño de la casa y manifestó que había realizado una fiesta para él y unos amigos, pero no se imaginó que tomaría tanta dimensión. Quedó imputado por infracción al Art. 205, señaló Red 43.

Están aislados y por el momento serían solo dos, aunque desde la Jefatura del centro de detención dicen que del segundo faltaría el resultado del hisopado que confirmaría el adelanto que dio Cholila Online el miércoles a la madrugada.

El jefe de la Alcaidía, el comisario Gabriel Araujo salió en los medios de Trelew este miércoles a hablar sobre el tema y señaló que los aislados son un preso del pabellón 2 y otro del 3, que solo uno ha sido confirmado de que tiene Covid 19 y que falta el resultado del hisopado del otro.

Aseguró que no hay más detenidos infectados ni aislados y al ser consultado por la limpieza del establecimiento  dijo que “se trata de tener la mayor cantidad de elementos de limpieza para mantener la higiene interna de cada uno de los pabellones”.

Refirió que “semanalmente” aprovisionan a los internos para que mantengan “dentro de su pabellón comunitario una limpieza e higiene acorde”, dijo y respondiendo a otro de los planteos del audio de los detenidos, precisó que no se suelen entregar lavandina ya que tienen otro tipo de desinfectante.

Explicó asimismo que “semanalmente se hace la desinfección general. -Este martes- por ejemplo, (por anteayer) se fumigó todas las instalaciones de la Alcaidía, sobre todo el sector donde pueden llegar a transitar mayormente los empleados policiales así como las instalaciones donde el interno puede llegar a transitar”.

“El protocolo lo cumplimos a rajatabla en virtud del cuidado del personal policial también”, subrayó Araujo, recordando que por disposición judicial están suspendidas las visitas a los internos, precisamente, para evitar contagios que vengan del exterior de la Alcaidía.

🔴⚠️🦠😷 PREOCUPACIÓN EN LA ALCAIDÍA DE TRELEW POR SUPUESTOS CASOS DE COVID-19 EN LA POBLACIÓN CARCELARIA

🔴🦠😷 PREOCUPACIÓN EN LA ALCAIDÍA DE TRELEW POR SUPUESTOS CASOS DE COVID-19 EN LA POBLACIÓN CARCELARIA⚠️ No solamente los detenidos corren riesgo sino decenas de policías y personal de enfermería que retornan al hospital. Trelew corre riesgo de propagación del virus por la falta de higiene en este centro de detención. Familiares de empleados policiales están preocupados por sus seres queridos. 🤦🏻‍♀️ Si bien no ha habido información oficial al respecto desde el centro de detención, ni desde la policía del Chubut; trascendió este martes a la noche de fuentes allegadas al establecimiento que habría al menos dos internos aislados con síntomas y un marcado temor en el resto de los detenidos ante la posibilidad de un contagio masivo y la falta de atención médica.Se conoció asimismo que algunos presos les habrían mandado mensajes a sus familiares avisándoles que al menos otros seis reclusos presentarían fiebre y síntomas compatibles con COVID-19 y quejándose de la indiferencia de las autoridades carcelarias que al parecer ni elementos de limpieza y desinfección les habían proporcionado. Pedirían los internos que alguien de la Justicia se haga presente en el centro de detención.Hasta las últimas horas la situación en la Alcaidía de Trelew era de una tensa calma, sobre todo en el pabellón 3 en donde aparentemente había algunos detenidos que empezaban a tener malestar.#CholilaOnline #Covid19 #Coronavirus #Pandemia #CuarentenaTotal #QuedateEnCasa

Publicado por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Martes, 13 de octubre de 2020

Notas relacionadas:

Preocupación en la Alcaidía de Trelew por supuestos casos de Covid-19 en la población carcelaria

Si lo que cuenta Víctor Díaz es verdad, cualquier ciudadano chubutense está en peligro con la policía dirigida por Miguel Gómez y “El Tero” Néstor Gómez Ocampo, el amigo de un narcotraficante condenado a 9 años de prisión. A poco de ser liberado, Díaz denunció un festival de ilegalidades que hicieron contra él y su familia que irían desde realizarle un allanamiento sin mostrarle la autorización del juez y comunicarle porqué se lo hacían, hasta llevarse cosas de su domicilio sin orden de secuestro.

También le provocaron todo tipo de destrozos y desmanes en su domicilio y hasta le rompieron un portón chocándoselo con una camioneta policial. Después, para completar la desquiciada obra, produjeron un video con todo lo que filmaron y como un corto publicitario lo viralizaron en las redes sociales desde el Ministerio de Seguridad de la provincia.

Hicieron “un show” con las ilegalidades que Víctor Díaz denunció ante un juez y por las que ahora está decidido a iniciarle una demanda a la provincia. Díaz dice que por culpa de la descontrolada locura policial sus hijos de 5 y 9 años quedaron traumados sicológicamente.   

Él y su mujer estuvieron un día presos acusados de intentar resistirse a que les allanaran la vivienda, atacando al jefe de Policía que estuvo en el procedimiento y a una empleada de la fuerza, pero Díaz asegura que no fue así; que nunca le dijeron que le hacían el allanamiento por el homicidio del policía Sixto Oscar Díaz, que ocurrió hace una semana en Trelew.

“Vinieron sin orden de detención y sin orden de allanamiento porque no me la dieron en su momento, me rompieron la casa y nosotros no tenemos nada que ver con ese hecho (con el crimen del policía Sixto Díaz). ¿Yo con qué cara salgo hoy a comprar el pan?”, se preguntó Díaz, que casualmente tiene el mismo apellido del policía asesinado y vive a dos calles de la casa, en la calle Camarones al 4100, en el mismo barrio INTA. 

Díaz denunció que el lunes pasado la policía “chocó el portón de su casa con una camioneta con intenciones de derribarlo para entrar al domicilio a realizar el allanamiento, y agradeció que sus pequeños hijos de 5 y 9 años no estaban en ese momento levantados porque se los hubieran atropellado, especuló dramáticamente. “Entrando con la camioneta me chocaron la mía, me rompieron la casa, los muebles: un desastre hicieron”, resumió.

Luego, dijo que esto de acusarlo de hechos que no ha cometido viene del 2016. Recordó que ese año “me tuvieron preso cuatro meses casi y quedé libre. Me atribuyeron el robo en una empresa del parque industrial y después me pidieron disculpas porque el ladrón era parecido a mí, pero yo no era. Ahí perdí trabajo y muchas cosas”, aseguró.

“En el 2018 viajé a Córdoba a ver a mi papá que tiene el mal de Parkinson y de allá me trajeron detenido acusándome en una causa por narcotráfico, hicieron allanamiento en mi casa y a los doce días me soltaron pidiéndome también disculpas en una carta que me mandaron. Ahora me acusan de homicidio y mañana ¿de qué me van a acusar? Yo así no puedo vivir más”, se quejó Díaz. 

Este hombre aseguró que en el allanamiento que le  hicieron el lunes por la muerte del policía Díaz no lo notificaron de nada. No le informaron por qué le estaban allanando la casa y mucho menos qué buscaban, como está establecido por protocolo que así se haga.

“Pregunté en ese momento y no se me mostró ninguna orden de allanamiento, ni me dijeron a quién habían venido a buscar ni qué buscaban. Les pregunté varias veces pero lo único que hicieron fue llegar, romperme todo, pegarme en el piso delante de mis hijos y llevarme preso”, relató.

“A mis hijos también los empujaron cuando se quisieron meter a defenderme al momento en que veían cómo me pegaban”, añadió. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Se le consultó. “Dos mellizos de 5 años y uno de 9, que les generaron un verdadero trauma”, denunció.

–¿Y ahí es donde se produce el altercado con el jefe de Policía en el que le tiran con un vaso y le lastiman la cara? Se insistió. “Claro. Eso también lo dejé asentado en la audiencia que tuve ayer (por el martes) de donde me dieron la libertad. Ahí aclaré que mi señora arrojó el vaso contra la pared y no dirigido hacia alguna persona, y que fue para que a mí me soltaran porque uno de los policías me había puesto la rodilla sobre el cuello, estando esposado en el piso, y ya no podía respirar. Yo pensé que me mataba”, confesó.

“Al principio no me resistí en ningún momento, me empecé a enojar cuando les decía que no me pegaran más y me seguían pegando. Lo único que hicimos mi señora y yo fue defendernos del ataque (de los policías)”, aseguró.

Díaz afirmó que recién en la audiencia de la que le dieron la libertad se enteró el por qué le habían allanado el domicilio y los motivos por los que él y su mujer terminaron detenidos. Insistió con que no tiene nada que ver con el hecho que la policía le atribuye (haber tenido alguna participación en el asesinato del policía Díaz) y que tampoco conoce a la familia de la víctima.   

Finalmente, denunció que la policía le llevó cosas de su casa que no figurarían en ningún acta ni documento judicial. “Me llevaron alhajas, como por ejemplo el anillo de la abuela de mi señora, una pulsera y un reloj mío. Plata muy poca, algunas herramientas de un taller que tengo en mi casa. Y además el destrozo que me hicieron en la casa; creo que no se justificaba el venir a romper todo”, concluyó.

Hoy a las 11:40 una adolescente de 17 años fue demorada por ingresar al sector de maternidad del Hospital Zonal de Esquel y sustraer de la cartera de una mujer la suma aproximada de $3.000.

La víctima fue quien denunció el hecho y se montó un rastrillaje. La joven fue interceptada en Fontana y O’Higgins y trasladada a la comisaría Primera. 

La autora del hecho entregó dinero y tenía en su poder productos que había comprado.

Dieron aviso a la fiscalía, que dispuso que sea restituida a sus progenitores. El efectivo y los demás elementos fueron entregados a la damnificada, que radicó una denuncia penal, señaló Red 43.

No son pocos los que anticipan que en los próximos días podría haber definiciones en la Justicia con respecto a este hombre Paulino Gómez, y las denuncias que le han hecho por procedimientos ilegales que aparentemente él y su gente llevaban a cabo –supuestamente—controlando el cumplimiento de la cuarentena, en los primeros meses de aislamiento en Chubut.

Paulino Gómez se hizo famoso en la Argentina y también en el extranjero por ese audio de Whatsapp que se filtró a la opinión pública, en el que a un comisario de Trelew dependiente suyo le pedía que saliera “a meter gente en cana” para satisfacer al ministro de Seguridad.

En ese polémico audio, Paulino Gómez llamaba a los ciudadanos de Trelew “chimangos” y a los policías “pucará” y esas órdenes que impartía coincidían con la gran cantidad de personas que a diario caían presas, porque supuestamente no cumplían la cuarentena.

Eran tiempos en que no se podía ni siquiera sacar la basura cuando pasaba un patrullero, porque el que lo hacía seguramente terminaba detenido y hasta golpeado por la policía.

Por eso fue que las organizaciones de Derechos Humanos interpusieron en la Justicia un “Habeas Corpus Colectivo” y lograron que la jueza Mirtha Moreno declarara nulas todas las resoluciones que en la provincia se habían puesto en vigencia y que, increíblemente, estaban por encima del Decreto del Presidente Alberto Fernández que administraba la cuarentena.

Se podría decir que Paulino Gómez llegó a la plana mayor gracias a alguien milagroso que a él y al hermano les dio una mano después que Miguel Gómez fueron echado de la policía de Trelew por el extinto gobernador Mario Das Neves, quien tuvo para con él lapidarias expresiones, cuando en noviembre de 2016, en declaraciones a la prensa lo acusó de tener vinculaciones con la delincuencia y de liberar zonas para que se cometieran robos; como el que le hicieron en aquel entonces a una automotriz de la zona sur de la ciudad, de donde se llevaron más de cinco millones de pesos.

De voz ronca, carácter rustico y mirada de desconfiado; Paulino Gómez, además de ser el hermano del jefe de Policía es hoy “la mano derecha” del controvertido subjefe que tiene la institución, Néstor “El Tero” Gómez Ocampo.

Está en la plana mayor y es director de Seguridad de la policía del Chubut, según dicen, no por capacidad sino, por ser hermano de Miguel Gómez.

Algunos recuerdan que la Justicia también fue muy benevolente con él o quizás alguien que lo protegió en momentos en que estuvo a punto de caer preso o terminar procesado y fuera de la institución policial.

Hay muchos en Trelew que todavía se acuerdan de aquel procedimiento en el que se le murió un hombre mayor en medio de una detención realmente muy confusa, en octubre del año 2014.

El fallecido quiso evitar que se llevaran a su hijo preso y en medio de un forcejeo con Paulino Gómez y los suyos de aquel entonces su corazón no resistió, le dio un infarto y cayó muerto en la esquina de 25 de Mayo y Edison.

Gómez, como mínimo, debería haber terminado procesado por un posible homicidio culposo en aquella ocasión, pero nada de eso sucedió parece que ni siquiera lo citaron desde la Justicia para que fuera a dar explicaciones.

Lo mismo pasó unos años más tarde –según los memoriosos que poco lo quieren— con una persona a la que supuestamente atacó a patadas en el suelo confundiéndola con un manifestante en Rawson, cerca de la terminal de Ómnibus. Pensó que era del SOMU, le pegó patadas en la cabeza presuntamente para reducirlo y en realidad era un hombre que esperaba el colectivo.

En aquella ocasión también salió en todos los medios pero en la Justicia nunca investigaron como corresponde ese hecho, pese a que el agredido lo denunció.

Hay muchísimos ejemplos similares a estos que hoy sirven para pintar el perfil de un hombre al que parece que le ha ido bien mintiendo, tergiversando la realidad; como lo aseguran quienes dicen conocerlo.

Paulino Gómez ahora no tiene como denunciantes a una pobre familia que perdió a uno de sus miembros en un procedimiento policiaco encabezado por él, del que al día de hoy aún no saben cómo fue y por qué: son los Derechos Humanos y Amnistía Internacional los que exigen que se clarifique en la Justicia cuál fue su responsabilidad en aquellas detenciones ilegales que se practicaban al comienzo de la cuarentena en Chubut. Por ahora pareciera que en la fiscalía hay alguien que está demorando o trabando la posibilidad de que esas denuncias avancen pero hasta cuándo y con qué excusas dilataran la inacción judicial, porque dentro de poco los damnificados o denunciantes empezaran a ir a preguntar o a quejarse.