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El secretario general de ATECh opinó sobre la imputación que le realizó la fiscal María Florencia Gómez por los incendios en la Legislatura y Casa de Gobierno en septiembre del año pasado. «Fue una pueblada que se desató a partir del ninguneo del gobernador y la indignación de las muertes de Jorgelina y Cristina», afirmó el dirigente gremial.

Hoy se conoció que la fiscal general María Florencia Gómez pedirá cinco años de prisión para Santiago Goodman, Matias Schierloh, Marcela Ancaleo y Mariana Castro por los incendios que se generaron en la Legislatura y Casa de Gobierno en septiembre de 2019 tras conocerse la muerte de las docentes María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz, en un fatal accidente en ruta Nacional 3, a pocos kilómetros de Trelew, cuando regresaban a Comodoro Rivadavia luego de haber participado de una movilización en reclamo del pago en tiempo y forma de sus salarios.

Según la fiscal, Goodman dio las órdenes para iniciar un incendio en la zona utilizando pallets de madera y neumáticos que habían sido transportados en una Renault Kangoo de propiedad de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh).

En diálogo con El Patagónico, el secretario general del gremio docente aseguró que la imputación no tiene sustento y que es una acción judicial para tratar de callar a los dirigentes gremiales en sus demandas.

“Ni mis compañeras ni yo somos responsables de lo que pasó esa noche en la Legislatura y Casa de Gobierno. Los responsables los tendrá que buscar la Justicia y lo sabe porque en el escrito de la propia fiscal dice que pueden identificar la identidad de las personas que iniciaron el fuego. Estamos hablando de la pueblada que contó con más de 1.500 personas presentes en los diferentes momentos de la noche”, aseveró Goodman.

El dirigente gremial destacó que los únicos responsables de lo que ocurrió durante el 17 y el 18 de septiembre de 2019 es el gobierno de Mariano Arcioni. “Es verdad que estábamos presentes porque se había instalado un acampe al frente de la Legislatura que se decidió en el congreso de delegados al que habían acudido Jorgelina y Cristina. Estas cosas sucedieron posteriormente a los fallecimientos de nuestras compañeras. Obviamente que nosotros no somos responsables. El responsable de estos sucesos es el gobernador de Chubut (Mariano Arcioni) y los ministros del momento y aquellos que teniendo carácter de responsabilidad institucional no hicieron nada para frenar lo que sucedió ese día”, destacó.

En este sentido, Goodman consideró que el planteo de la fiscal es un montaje que “no puede ser sustentado con los datos y las pruebas que tiene. Pero como ella responde al poder político de Chubut, lo que están haciendo em forma maliciosa y mentirosa es imputarnos a nosotros esta responsabilidad creyendo que nos vamos a callar la boca”.

“TENEMOS UN GOBERNADOR QUE HACE AGUA”

El dirigente gremial cuestionó al Ministerio Público Fiscal (MPF) porque no investiga. “En vez de cumplir con su tarea de investigación, usa este tipo de situación como chivo expiatorio. Vos tenés un gobernador que sigue haciendo agua, que constantemente no se le cae una acción real y concreta para poder resolver las problemáticas que tiene la provincia del Chubut. Está más que claro que la actitud que tiene el MPF es utilizar este momento de fragilidad de este gobierno porque parece un corso a contramano”, acotó.

“La verdad es que entre tanta mugre necesitan sacar algunas de estas cuestiones para sopesar de cara a la sociedad que los malos no están ahí, sino que los malos estamos enfrente. La sociedad sabe que ninguno de nosotros ha sido responsable de lo que ocurrió ese día y de que se haya incendiado la Legislatura y parte de Casa de gobierno porque eso ha sido una cuestión que ha tenido un carácter de pueblada y no ha sido organizado por ninguno de los que estamos imputados”, afirmó.

“Yo no conozco a nadie que lo haya organizado porque no ha tenido un organizador. Ha sido la irresponsabilidad constante del gobernador Arcioni ante diferentes situaciones y la furia de un pueblo que reaccionó ante una situación del fallecimiento de Jorgelina y Cristina y de no cobrar nuestros salarios y el ninguneo del gobernador y sus colaboradores”, concluyó.

El linchamiento es una modalidad de violencia mediante la cual una muchedumbre ejecuta a un presunto delincuente sin juicio previo, pero con la pretensión de administrar justicia.

La misma descripción es válida para los casos en que alguien, con el poder suficiente para hacerlo, logra que una persona sea víctima del escarnio público y perseguida por todos los medios disponibles intentando desmoronar su credibilidad para apartarlo de sus funciones.

Fernando Rivarola es el jefe de la Fiscalía de Rawson con competencia para investigar al Poder Político de la Provincia, función que incluye los casos de violencia institucional. Actualmente interviene en varias denuncias por graves delitos atribuidos a funcionarios del gobierno de Mariano Arcioni. A modo de ejemplo, abrió una investigación contra el Ministro de Economía, Oscar Antonena, por mal manejo de fondos los públicos. Investiga al Ministro de Seguridad, Federico Massoni y al Director de Seguridad de la Policía del Chubut, Comis. Paulino Gómez y actúa en denuncias contra la Policía de la Provincia por detenciones ilegales y ejercicio abusivo de la fuerza policial.

El reciente escándalo mediático que tuvo como blanco al fiscal Rivarola aparece como una operación política dirigida a sacar de la cancha a quien se considera, dentro del propio Poder Judicial, como uno de los mejores cuadros con que cuenta hoy la Justicia del Chubut.

El pasado 3 de junio se publicó en El Diarioweb.com un artículo que se tituló de “La Manada del Chubut: ninguno de los hijos del poder irá preso”. La noticia, luego de una breve referencia a un acuerdo de juicio abreviado, concluye diciendo que para el fiscal un hecho de violación se transformó en un “desahogo sexual”.

Ya desde el vamos debe decirse que en la causa nunca hubo una acusación por delito de violación. Desde el principio la imputación contra los presuntos autores fue la de abuso sexual. La causa debía tener una estricta reserva, dispuesta por ley para preservar la intimidad de la víctima. Su indebida publicación dejó en evidencia graves fallas en la seguridad del sistema informático del Superior Tribunal de Justicia.

No es casual que la publicación haya usado sólo datos parciales del escrito del fiscal, pues si se hubiera conocido en su totalidad se habría podido comprender que el sentido del acuerdo era resguardar el interés y la salud psico-física de la víctima. Allí se acordó el reconocimiento de culpabilidad de los acusados (de gran relevancia para la joven), la reparación del daño ocasionado y la imposición de una pena de tres años de prisión en suspenso, sujeta a condiciones que, de no cumplirse, podrían transformar la pena en efectiva.

Tampoco parece casual que la malintencionada noticia se haya publicado el día 3 de junio, aniversario del movimiento “Ni una menos”, pese a que el escrito de Rivarola es de fecha 26 de mayo. O que se haya filtrado sólo unos días después de que el Ministro de Economía Antonena denunciara a Rivarola ante el Consejo de la Magistratura de Chubut.

La frase “desahogo sexual”, que provocó un inmediato y legítimo repudio social, fue claramente un error del fiscal. Sin embargo, justo es reconocer que se trata de una expresión que integra un sinnúmero de prácticas machistas que inficionan lo institucional y lamentablemente toda nuestra vida social. La perspectiva de género no es una condición que se adquiere de un día para otro, sino que se trata de un largo camino que la sociedad toda deberá transitar conjuntamente.

Hay que decir que en el ámbito judicial son muchas aún las decisiones que utilizan esa censurable terminología. Basta ingresar esa frase a Internet para ver que hace sólo unos meses el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, en un conocido caso de Puerto Madryn, utilizó estas repudiables expresiones: “el taxista … pretendió algún tipo de desahogo sexual” o, también, quiso “imponer su deseo instintivo”.

Ese ejemplo sirve como muestra de que la indebida expresión empleada por el fiscal no explica por sí sola la enorme e inmediata reacción que se desató desde el poder político de la provincia, ámbito en el que no se conocía el contenido total del escrito y, menos aún, los detalles del caso.

La campaña de repudio contra Rivarola incluyó desde mensajes en Twitter de altos  de altos referentes políticos, locales y nacionales, hasta dos pedidos de Jury  de enjuiciamiento contra el fiscal, uno del propio gobernador Arcioni y otro de la secretaria del Ministro de Economía investigado. Por si esto fuera poco, el Colegio de Abogados de Trelew, presidido por la hermana del ministro Antonena, emitió un comunicado en el que solicitó al juez de garantías que rechazara el acuerdo y que fallara “con un mensaje ejemplar”.

El relato era simple: un fiscal, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, transformó un hecho de violación grupal en un acto de desahogo sexual. A partir de ese cambio los acusados, nombrados como los “hijos del poder”, no irían a la cárcel. La información sugería un hecho de corrupción: personas ricas comprando impunidad.

El caso, que desde el principio algunos grupos denominaron livianamente “la manada de Chubut” instaló una idea errónea en la opinión pública, al emparentarlo con una causa de violación grupal ocurrida en España, en el que se usó la expresión “manada” (que era el nombre del grupo de whatsapp de los agresores). El referido antecedente trataba hechos sustancialmente diferentes a los investigados por Rivarola.

Para mayor espectacularidad, a los acusados se los caracterizó como “los hijos del poder” cuando, en realidad, lo que se sabe es que alguno de ellos pertenecería a una clase social acomodada, pero sin vinculación actual aparente con el poder político o judicial.

Los hechos fueron descriptos en el acuerdo filtrado a la prensa (publicado íntegramente en el diario Jornada), y de allí surge con claridad que nunca existió prueba de la existencia de un delito de violación. La modificación legal hecha por el fiscal, de abuso sexual gravemente ultrajante a abuso sexual agravado por el concurso de varias personas, estuvo fundada en la dificultad probatoria para sostener en juicio la primer de esas figuras, en virtud del tiempo transcurrido y de la ausencia total de evidencia física y científica. El caso, ante la total ausencia de recuerdos de la víctima, debe resolverse a partir de testimonios, sólo uno de ellos presencial y el resto de personas que deponen sobre circunstancias periféricas.

El repudio social generado, a partir de una versión distorsionada de los hechos, llevó al juez a rechazar el pedido de juicio abreviado, llegando a afirmar que le resultaba repugnante que el acuerdo incluyera una reparación económica para la víctima. Desde una posición de pretendida superioridad moral, advirtió que no permitiría una justicia para ricos y otra para pobres, olvidando que en esta provincia se concedió hace pocos meses la Probation a empresarios acusados de hechos de corrupción. La falacia argumentativa del magistrado que deja sin reparación a la víctima -en el caso la acción civil está prescripta-, es un acto discriminatorio que puede resumirse en que las mujeres víctimas de un delito sexual, a diferencia de otras víctimas, no tienen derecho a una compensación. Habría que recordar que ese juez es el que dice que la violación de la perimetral en casos de violencia de género no es delito.

Al recurrir la decisión Rivarola dijo, con razón, que los fundamentos que da el juez muestran un total desconocimiento de las normas nacionales e internacionales que exigen al Estado propiciar y garantizar el resarcimiento patrimonial a quien resulte damnificada de hechos de violencia de género.

Es evidente la violación al principio de igualdad de la decisión del juez, pero no como privilegio de los imputados sino como revictimización de la joven damnificada. Por otro lado, el juez no puede desconocer que la solución de acordar un juicio abreviado es una alternativa frecuente en el proceso penal, no sólo en el ámbito local sino también a nivel nacional, sin que sea un obstáculo a esa salida la condición social del acusado. Cuando el imputado no puede afrontar la reparación, esa obligación legal pesa sobre el Estado.

Alguien, interesadamente, quiso hacer quedar a Rivarola como un villano cuando en realidad es el funcionario judicial que tiene a su cargo la mayoría de las causas contra miembros del ejecutivo provincial.

La suma de “errores”, argumentos sesgados o falaces y omisiones claramente intencionales, parecen indicar que desde el poder se construyó, con mucha eficacia, una ficción para instalar la falsa idea de un funcionario venal y alejado de la ley, cuando en realidad su actuación estuvo siempre dirigida a preservar el interés y la voluntad de la víctima. No les importó que el linchamiento mediático significara una gravísima revictimización de la joven damnificada, quien se vio en la necesidad de pedir que su caso no siguiera siendo debatido públicamente.

Este podría ser un ejemplo paradigmático de cómo se intenta construir impunidad desde el poder, generando escándalos para distraer a la sociedad, desviando su atención de la inédita crisis económica, política e institucional que atraviesa la provincia del Chubut.

Por Paloma R.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, opinó este mediodía acerca de la problemática relación entre ambos sectores del Estado chubutense en los últimos tiempos, y señaló que el diálogo es la única forma de acercar posiciones.

Del tema judicial, Luque dijo no estar de acuerdo con el nivel de tensión que hay dichos estamentos: “me parece que hay una situación que es en la que se encuentra económicamente la provincia, tanto con el Poder Judicial como en el Legislativo, donde lo que hay que buscar es el diálogo permanente”.

“Hay que tratar de ponerse de acuerdo entre los diferentes actores principales que tiene cada uno de los Poderes en nuestro país y en particular la Provincia del Chubut en la situación que vivimos. Me parece que la mejor manera de solucionar cada uno de los conflictos es con el diálogo y no con la discusión permanente”, señaló al aire por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Para Luque, es un error de Provincia no promover el diálogo entre el Legislativo y el Judicial

Y agregó: “creo que ese es uno de los temas más importantes en los cuales desde el gobierno provincial se está generando un error al no dialogar más de lo que se tendría que dialogar”.

“Falta diálogo y tratar de buscar entre los tres Poderes el ir permanentemente a una mesa para buscar las mejores soluciones para toda la gente, porque obviamente que con discusiones mediáticas no solucionan absolutamente nada”, concluyó.

Señalan que no hubo participación del Poder Judicial para su elaboración. Hablan de «destrato y falta de consideración».

El Presidente del Superior Tribunal de Justicia,Dr. Mario Vivas; el Ministro del Superior Tribunal de Justicia,Dr. Alejandro Panizzi; el Procurador General Jorge Miquelarena, y el Defensor General, Sebastián Daroca; firmaron hoy un comunicado compartido para expresar su posición frente al proyecto de Ley de Autarquía del Poder Ejecutivo elaborado por el gobierno de Arcioni y ya enviado a la Legislatura para ser tratado, informó El Chubut.

En el mismo señalan que «la teoría es correcta pero varias cuestiones se presentan ante esta novedad», apuntando que no hubo participación alguna de los integrantes del Poder Judicial para la elaboración del mismo. «Aquí hay destrato y falta de consideración. El discurso no se corresponde con la realidad», afirman.

El comunicado:

La materialización de la plena autonomía financiera, económica y funcional ha sido un reclamo permanente, desde hace varios años. Esa pretensión tiene sustento constitucional. El artículo 177 de la carta magna provincial faculta al Poder Judicial a disponer por ley, un sistema de percepción de gravámenes, tendiente a acordarle plena autonomía financiera, económica y funcional.

Bien reglamentada, brinda herramientas fundamentales para una sana administración, para concretar programas de trabajo, de obras, para establecer sistemas de remuneraciones coherentes.

Es la forma de lograr que el Poder Judicial sea verdaderamente independiente del Poder Ejecutivo. Es clave cómo se reglamenta, cómo se establece y qué garantías mínimas se brindan en la ley para mantener el servicio de justicia funcionando.

El Gobernador Mariano Arcioni anunció por los medios que enviará el viernes a la Legislatura un proyecto de Ley de Autarquía. Plantea que es una herramienta democrática para fortalecer la independencia de los poderes y que con este proyecto apuesta al fortalecimiento de la República y del sistema democrático en el marco de la independencia de los poderes.

Argumenta que es una herramienta fundamental para que pueda, de manera prolija y eximida del Poder Ejecutivo, manejar sus recursos y ser partícipes de manera mancomunada en la responsabilidad del manejo del dinero público.

La teoría es correcta pero varias cuestiones se presentan ante esta novedad.

La primera se refiere al contenido del proyecto, que se desconoce. No es respetuoso de la independencia de poderes que el Ejecutivo elabore un proyecto, nada menos que de la autarquía del Poder Judicial, de manera inconsulta y en soledad, sin participación alguna de los integrantes del Poder Judicial.

Puede ser un excelente proyecto o un pésimo diagrama de atribución de recursos. Lo concreto es que no lo sabemos.

Aquí hay destrato y falta de consideración. El discurso no se corresponde con la realidad.

Pero además surge la pregunta sobre la oportunidad del proyecto. Casi de manera coordinada con el anterior anuncio, el Ministro de Gobierno, José Grazzini, sale a los medios a admitir que el Gobierno del Chubut no está en condiciones de afrontar el pago de los salarios de los empleados públicos. Con dos masas salariales mensuales adeudadas a Jueces, Fiscales, Defensores, Funcionarios y Empleados, con declaraciones genéricas de las más altas autoridades políticas sobre la insuficiencia de los recursos para afrontar pago de salarios, el anuncio del proyecto para la Autarquía evidencia una nueva falta de respeto a las instituciones.

No debe olvidarse nunca que asegurar la administración de justicia es una de las condiciones puestas en la Constitución Nacional como reaseguro de las autonomías provinciales (art. 5). No parece que, en este momento, en estas condiciones, en el macro de las diversas y profundas crisis que atravesamos, la propuesta del Sr. Gobernador resulte oportuna.

Dr. Mario Vivas, Presidente del Superior Tribunal de Justicia
Dr. Alejandro Panizzi, Ministro del Superior Tribunal de Justicia
Dr. Jorge Miquelarena, Procurador General
Dr. Sebastián Daroca, Defensor General

Los representantes del Frente Renovador de la Concordia (Misiones) y del Frente Cívico de Santiago del Estero se integrarán en el nuevo bloque unificado peronista del Senado y así el futuro oficialismo tendrá una bancada de 41 senadores a partir del próximo 10 de diciembre.

La nueva mayoría peronista de la Cámara alta será anunciada a las 19 por el nuevo jefe de la bancada, el formoseño José Mayans .

La novedad más relevante es la integración de los dos representantes del Frente Renovador en el nuevo oficialismo. La moneda de cambio para integrarlo será la elección de Maurice Closs, exgobernador de la provincia, como vicepresidente segundo del Senado.

Los dos senadores santiagueños del Frente Cívico, en tanto, son aliados históricos del kirchnerismo y, en este caso, tendrán como compensación la designación como presidenta provisional de la exgobernadora Claudia Abdala, esposa del actual gobernador Gerardo Zamora.

Todos juntos

Con la integración de Abdala y José Néder al nuevo bloque peronista se dará la curiosidad de que los tres representantes de Santiago del Estero, el restante es Gerardo Montenegro, formarán parte de la misma bancada. El mismo caso se registrará con los senadores por Chubut.

Otra de las novedades que se conocerán esta tarde es la designación de María Luz Alonso, exdiputada por La Pampa y militante de La Cámpora, como secretaria Administrativa de la Cámara. La Secretaría Parlamentaria, como se esperaba, será para el senador Marcelo Fuentes, cuyo mandato vence el 10 de diciembre.

Cabe destacar que la nueva bancada oficialista empezaría con una baja, ya que al tucumanoJosé Alperovich el cuerpo le aceptaría mañana la licencia que pidió luego de ser acusado de violación por una sobrina.

El macrismo intenta retener las intendencias de Quilmes, Lanús, Morón, Tres de Febrero y Pilar tras las derrotas en las PASO. La estrategia extrema para frenar al kirchnerismo.

En cinco de los 26 distritos del Gran Buenos Aires se librarán este domingo batallas electorales de resultado incierto. Son de Juntos por el Cambio y pueden cambiar de color político ante el posicionamiento que logró el Frente de Todos (FdT) en las PASO. Pero sus intendentes no se resignan y con un Mauricio Macri que en el Conurbano no tracciona, apoyarán abiertamente en el corte de boleta la defensa de sus territorios. La estrategia de sus adversarios se ubica en el otro extremo: apuntan a quela ola «albertista»que los impulsó al triunfo en la primarias, los termine de encumbrar.

De Sur a Norte, el poder está en juego en Quilmes, Lanús, Morón, Tres de Febrero y Pilar. Aglutinan un total de 1,7 millón de electores. El peronismo resignó estos municipios hace cuatro años y se entusiasma con recuperarlos. Para la actual coalición de Gobierno, retener alguno o varios cobrará mayor valor si se confirman las derrotas en Nación y Provincia. «Esta es una estrategia de guerra. Cuando no podés ganar, no tenés que perder todo«, acuñó por estos días como frase de cabecera uno de los jefes comunales en riesgo.

Los intendentes Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Néstor Grindetti (Lanús) y Martiniano Molina (Quilmes) encabezaron en agosto las listas más votadas en sus distritos, pero por fuerza política quedaron bastante atrás de lo acumulado por el FdT con los precandidatos que disputaron su interna. Deben remontar 12, 14 y 22 puntos porcentuales, respectivamente. Para Ramiro Tagliaferro (Morón) y Nicolás Ducoté (Pilar), que quedaron segundos en el recuento individual, el desafío pasa por descontar 8 y 15 puntos.

Con escenarios tan complejos, sus campañas viraron hacia un camino extremo. “Municipalizamos 100% la campaña, fuimos puerta a puerta a mostrar la gestión local”, cuenta el armador de uno de los alcaldes. A la par, promovieron sin tapujos el corte de boleta, con instructivos que subieron a las redes sociales y el delivery del tramo municipal de la papeleta. Lo que les sirve es que a las urnas llegue su lista de intendente y concejales. Junto a la de Macri… o la de Alberto Fernández.

¿Cómo cayó esto en la Gobernación y en Nación? “Hagan lo que tengan que hacer”, fue el mensaje que les dio María Eugenia Vidal. Aseguran que Macri tampoco tuvo margen para demasiadas objeciones ante soldados siempre leales que ahora podrían quedarse con las manos vacías, aunque tiró un “no me dejen solo”.

No es un corte contra Mauricio o María Eugenia. Lo que promovemos es que los votantes de Alberto o Lavagna corten el tramo municipal de la boleta y pongan en el sobre el nuestro. Son votantes de otra ideología que nos terminan apoyando porque valoran lo que la Intendencia ha hecho en sus barrios”, justifican cerca de un jefe comunal.

El modelo exitoso de esta práctica que todos quieren copiar es San Miguel:Jaime Méndez, el elegido por Joaquín de la Torre como su sucesor, en las PASO salió airoso de su primer test electoral alsacar el 50%, casi 13 puntos más que Macri y Vidal en el mismo distrito.

En los últimos días, el peronismo salió a intentar neutralizar esta estrategia. Tanto Alberto F. como Axel Kicillof fueron enfáticos en sus actos con el llamado a votar “la boleta completa”. Sienten que sólo la “tijerita” puede impedir que sus candidatos coronen en estos municipios.

Mayra Mendoza, la única mujer en la mesa que conduce La Cámpora, está muy cerca de desplazar a Martiniano Molina en Quilmes. Obtuvo el respaldo de los cinco adversarios a los que derrotó en la interna (incluido el “Barba” Gutiérrez) y eso le aseguraría el caudal que necesita proveniente de las distintas vertientes del FdT.

El diputado provincial Juan Debandies otro que quiere aportar al avance camporista en las intendencias bonaerenses: va por todo en Tres de Febrero, apuntalado por la agrupación de Máximo Kirchner pero también por alcaldes peronistas cercanos geográficamente como Gabriel Katopodis (San Martín).

Lucas Ghi, de las filas de Martín Sabbatella, busca recuperar el sillón que ya ocupó en Morón entre 2009 y 2015. En Lanús, el ex diputado nacional Edgardo Depetri, un kirchnerista duro, tiene un duelo con Grindetti. Y Federico Achával, actual concejal, se mostró muy fuerte en las PASO con todo el peronismo alineado para quedarse con Pilar.

Todos penetraron en el electorado aferrados al discurso nacional de su fuerza que expone la situación económica y social, y pegaron sus figuras a las de Alberto F. y Cristina Kirchner, quien en el Conurbano alcanza picos de ponderación positiva.

Desde su larga experiencia, un dirigente del PJ bonaerense se entusiasma: “Esta es una elección nacionalizada y nuestros candidatos a intendente están parados en el lugar indicado para quela ola de Alberto y Cristina los empuje a la victoria. No hay con qué darles”.

Del bando de enfrente retrucan con más planificación. En este punto sí en sintonía con Nación, los jefes comunales de Juntos por el Cambio impulsaron entre sectores afines que crezca la participación respecto de las PASO. Aspiran a que pase de alrededor del 76% de agosto, a más del 80% del padrón, con la expectativa de captar al menos seis de cada diez nuevos votos. Hoy también ponen el foco en la fiscalización.

En el macrismo aseguran que flaquezas propias en el control costaron valiosos votos en las primarias. Incluso en territorios propios. Un flanco que ya no están dispuestos a exponer. En Lanús, por ejemplo, la tropa de Grindetti dispondrá de 500 a 600 fiscales adicionales (sumó uno cada dos mesas). «Calculamos que el 11 de agosto perdimos uno o dos puntos por picardías de ellos o distracciones nuestras«, hacen autocrítica.

¿Alcanzará con todo esto? En distintos niveles del oficialismo hay una mirada coincidente en que las mayores posibilidades de reelección las tienen Grindetti, Tagliaferro y Valenzuela. Son los que mostraron mejor gestión, en definitiva el argumento más poderoso para pedirles a los vecinos el corte de boleta.

Los demás intendentes del Conurbano están ante un domingo más previsible, sin margen para sorpresas. En Juntos por el Cambio, Jorge Macri (Vicente López) aspira a volver a acercarse al 60% y a ser el que mayor diferencia le saque al kirchnerismo. Y Gustavo Posse (San Isidro) tiene el horizonte despejado para confirmar su sexto mandato.

La legión de alcaldes del FdT, en tanto, están preparados para ratificar los números arrasadores de las PASO, que tuvieron sus récords en Ariel Sujarchuk (66,78% en Escobar), Leonardo Nardini (63,88% en Malvinas Argentinas) y Mario Ishii (61,83% en José C. Paz). Además de revalidar sus cargos, el alto respaldo en las urnas les permitirá a casi todos tener mayoría en los concejos deliberantes, lo mismo que decir poder absoluto. Y a alguno, quizá, lo esperen ligas mayores. Ya hay nombres de este grupo de jefes territoriales que suenan para ir al Gabinete de Alberto F. si conquista la Presidencia, informó El Clarín.

Las querellas de Iniciativa Ciudadana y de los diputados del Frente Para la Victoria expusieron ayer los alegatos en la causa «Embrujo». Hubo cuestionamientos por el vacío jurídico para que la corrupción no vuelva a enquistarse en el poder y hasta hubo un pedido a los jueces para que tengan en cuenta a la hora de la sentencia de quién era Das Neves.

El juicio oral y público llega a su etapa final y la semana que viene concluirá con los alegatos de las defensas. A partir de ahí, la suerte de los imputados quedará en manos del Tribunal de Enjuiciamiento compuesto por el presidente Alejandro Soñis y los vocales Ricardo Rolón y Marcela Pérez.

En la jornada de ayer, el representante de la ONG Iniciativa Ciudadana por la Transparencia y contra la Corrupción, Eduardo Hualpa; y el abogado Sergio Miranda, a cargo de la querella de los diputados Blas Meza Evans, Alejandra Marcilla y Gabriela Dufour del Frente Para Victoria, expusieron en forma breve y respaldaron la investigación y los alegatos de los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams.

Hualpa efectuó duras acusaciones sobre las nulas medidas que se instrumentaron para desactivar hechos de corrupción a partir de las investigaciones que llevan adelante diferentes fiscales.

«Hubo un modus operandi delictivo que aprovechaba la cercanía con el poder que tenía Correa con quien fuera tres veces gobernador de Chubut, Mario Das Neves», aseveró Hualpa.

En la misma dirección, deslizó que «el fallecimiento de un gobernador en ejercicio, dejó a Correa y al resto de los imputados expuestos a la intemperie del poder».

Y aseguró que ese vacío que se creó por los problemas de salud que enfrentaba el exmandatario, permitió que «se monte un sistema de administración paralelo para adjudicar y abonar los servicios a las empresas digitadas por los mismos involucrados».
Trazando un paralelismo entre estos hechos que se investigaron y la situación que afronta Chubut actualmente, Hualpa dijo que la corrupción «es un leño más que atenta contra este contexto de la Provincia».

Por eso puntualizó que «no nos hemos acercado a lo que se llama garantía de no repetición, porque no generamos nada para que estas prácticas no sigan ocurriendo».

Hualpa dejó entrever que la corrupción está naturalizada y por eso «sigue siendo aceptada como parte del paisaje». En este contexto, hizo un llamado a empezar a reescribir la historia y envió un mensaje para los jueces: «Lo que si pueden hacer ustedes, es que en los casos donde hay pruebas contundentes, que cumplan su función declarando responsables a los imputados».

Por último, subrayó que estos hechos de corrupción «llegaron a convertirse en noticia nacional» y dejó en claro que Diego Correa «era el jefe de la asociación ilícita y el que extraía fondos del Estado», así lo informó el Chubut.

Al igual que todas el Ministerio Público Fiscal, Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción, Hualpa solicitó la absolución de Domingo Darío Correa porque «no hemos podido despejar la duda razonable».

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, también cuestionó que el PJ y el Chusoto estén trabajando contrarreloj en un proyecto de Ley de Lemas con la clara intención de restar posibilidades a Cambiemos en la próxima elección.

«Con tal de no perder el poder, hay políticos que hacen cualquier invento», sostuvo.

Recordó el intendente radical de Esquel que ya se implementó en su momento la Ley de Lemas en la provincia y «parece que queremos tropezar dos veces con la misma piedra». Y apuntó quienes están manejando esa posibilidad «son los responsables del estado actual de la provincia, donde los sueldos no se pagan en término y hablan del ajuste nacional que les envía miles de millones para para que puedan pagar en algún momento».

Sostuvo Ongarato que «el ajuste grande lo están haciendo los que hoy hablan de Ley de Lemas y no les pagan a los proveedores».

El Chubut