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Pobladores Originarios

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El eje del encuentro fue avanzar en el reconocimiento de interés social y cultural de la ceremonia denominada “Kamaruko”.

Con el fin de establecer e instrumentar los medios necesarios para obtener a nivel Provincial y Nacional, el reconocimiento de interés social y cultural de la ceremonia denominada “Kamaruko”, autoridades de la Dirección de Asuntos Indígenas, que depende de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, recibió en Rawson la visita representantes de diferentes comunidades originarias de la provincia.

En esta oportunidad, el director de Asuntos Indígenas, Rubén Romero Saihueque, mantuvo un encuentro con referentes de las comunidades entre ellos Rosa Ñancucheo de Lago Rosario; Gabriela Cual de Mallín de los Cual; Jonatan Reinacul de Epulef; Marcos Currumil de Cushamen y Javier Nahuelpan de Comunidad Nahuelpan, entre otros que se hicieron presentes con integrantes de las comunidades para comentar sus expectativas y necesidades de cara a la celebración tan importante para los pueblos originarios.

La ceremonia se celebra anualmente en las en las Comunidades Originarias de Nahuelpan, Lago Rosario, Epulef y Gan Gan, y es parte de un trabajo constante que se sustenta rescate cultural y de la decidida voluntad de preservar la identidad basada en la Cosmovisión Ancestral.

En el marco de las acciones de Gobierno en pos del encuentro cultural, y el reconocimiento de las poblaciones originarias, como de la puesta en valor de todo su acervo histórico, el cual representa una parte fundamental en el desarrollo provincial y nacional, la Subsecretaría de Relaciones Institucionales a cargo de Gonzalo Mondillo, continua con el trabajo y apoyo a las comunidades en la búsqueda de arbitrar los medios necesarios para que la labor mancomunada de los mejores frutos para la tierra y la población en general.

Cronograma:

El trabajo de las Comunidades Mapuche-Tehuelche consecuente en trasmitir conocimientos y en el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos encuentra en estas ceremonias como el Trawn y el Kamaruko el reencuentro de su historia y su presente. Amparados en la legislación nacional y provincial que sustenta la Ley Nº 26.118 por lo cual es imperativo diseñar estrategias para la promoción y protección de estos eventos, señalaron.

Cabe destacar que el día 5 de agosto reunidos en el Trawn realizado en la ciudad de Gaiman se determinaron en conjunto el calendario por el cual cada comunidad realizaría el Kamaruko oportunamente, así se definió que:

La comunidad Nahuelpan realizaría la convocatoria y los preparativos el 19 de marzo y la ceremonia se desarrollará desde el día 20 hasta el 22 de marzo inclusive. La ceremonia concluye el día 23, cuando se despide a la gente.

La comunidad Epulef la fecha de inicio de la ceremonia, estará determinada por el inicio de la fase de la luna llena. Siempre se realiza en el mes de febrero.

Lago Rosario, pendiente de confirmación.

La comunidad de Gan Gan realizaría la convocatoria y los preparativos el 14 de septiembre y la ceremonia se desarrollará desde el día 15 de septiembre, donde se levantará la bandera hasta el 17 al mediodía que finaliza.

La comunidad de Cushamen la fecha de inicio de la ceremonia, dependerá de la fase de la luna llena. Se realiza en el mes de febrero. Inicia el 17 y finaliza el 21.

La abogada Sonia Ivanoff, que defiende a Fausto Jones Huala (hermano de Facundo Jones Huala) y Lautaro González, solicitó que se declare la nulidad de la orden de detención, que el juez federal Gustavo Villanueva dictó contra los jóvenes mapuches, que están involucrados en la causa donde se investiga el homicidio de Rafael Nahuel.

Ivanoff explicó que pidió la nulidad por falta de fundamentación legal de la orden de detención. Villanueva había ordenado a principios de diciembre pasado liberar a los jóvenes mapuches después de que fueran indagados como coautores de los delitos de usurpación y atentado contra la autoridad, doblemente agravado por haberse cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas.

El Ministerio Público Fiscal apeló esa decisión de Villanueva y la Cámara Federal de Roca la confirmó. Pero el fiscal federal Mario Sabas Herrera recurrió a la Cámara de Casación Penal donde hicieron lugar al recurso.

El tribunal de Casación resolvió en un fallo dividido que existe riesgo de entorpecer el avance de la investigación con los imputados en libertad y, por eso, revocó la excarcelación de los jóvenes mapuches. Por eso, Villanueva dictó la orden de detención de Jones Huala y de González.

A Jones Huala y González se les atribuye haber usurpado el predio de Parques Nacionales ubicado en Villa Mascardi, distante a unos 30 kilómetros de Bariloche, cerca de la Ruta Nacional 40 Sur. Allí se instaló la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul. También, haber atacado la tarde del 25 de noviembre pasado, junto a un grupo de sujetos no identificados, con cuchillos y ondas al personal de la Prefectura, que recorría el lugar para su resguardo. Esa tarde, Rafael Nahuel recibió un proyectil calibre 9 milímetros por la espalda. Jones Huala y González bajaron al herido desde la montaña hasta la ruta. Rafael murió minutos después y los jóvenes fueron detenidos.

Tanto a Jones Huala como a González se les tomaron muestras de los dedos de las manos con cintas de carbono, que después se analizaron en el Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche. Hubo un segundo análisis de las cintas de carbono de los peritos del Servicio de Ingeniería y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público de Salta que arrojaron que hay residuos de pólvora supuestamente en las manos de los dos jóvenes y de Rafael.

Radio 3

“Acompañamos el accionar de nuestra fuerza y cuando dicen mentiras salimos a decir la verdad”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante cientos de agentes de Prefectura Naval en el acto por los 208 años, al referirse al caso de la muerte de Rafael Nahuel que tiene en la mira a la fuerza.

Bullrich eligió ese auditorio para cuestionar de algún modo la citación a indagatoria que esta semana realizó el juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, al prefecto e integrante del grupo Albatros, Francisco Javier Pintos, sospechado de haber efectuado el disparo que mató al joven que defendía una ocupación mapuche en Villa Mascardi el 25 de noviembre pasado.

Pintos, un prefecto de San Fernando, provincia de Buenos Aires, deberá presentarse ante el juez Villanueva en la sede del Juzgado Federal de Bariloche el próximo jueves 5 a las 12.

La indagatoria había sido reclamada por familiares de Nahuel y también por organismos de derechos humanos como la APDH que días atrás pidió también ser querellante en la causa. Los abogados de la familia al conocer la citación de Pintos ingresaron un escrito para solicitar a Villanueva que el uniformado sea detenido.

“Quiero mencionar algo que pasó en el sur del país e involucró a la Prefectura y ratificar que acompañamos el accionar de nuestra fuerza y cuando dicen mentiras salimos a decir la verdad. La verdad cuando se dice con fuerza y convicción siempre triunfa. Defendemos el accionar para que cuando vayan a enfrentar el delito hagan lo que tienen que hacer”, dijo el viernes Bullrich en Buenos Aires, en el acto central por el aniversario de Prefectura Naval. Allí estaban la vicepresidenta Gabriela Michetti y el jefe de la fuerza Eduardo Scarzello.

Bullrich y el gobierno nacional desde un primer momento defendieron la teoría del enfrentamiento entre los prefectos que ingresaron al predio ocupado por la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, y los ocupantes. La querella advierte que las pruebas recolectadas hasta ahora en la investigación no acreditaron esa hipótesis.

Río Negro

El gobernador Mariano Arcioni confirmó a Hebe de Bonafini que el lonco Facundo Jones Huala podrá celebrar el año nuevo mapuche junto a sus familiares en la Unidad Penitenciaria 14 de Esquel. Las Madres de Plaza de Mayo se presentaron ayer en la Casa del Chubut en Buenos Aires para pedirle al mandatario que permita la celebración y así conseguir que el lonco abandone la huelga de hambre que mantenía desde hace 21 días.

El lonco Facundo Jones Huala podrá celebrar el año nuevo mapuche en la Unidad Penitenciaria 14 de Esquel junto a sus familiares. Así se lo aseguró el gobernador Mariano Arcioni a Hebe de Bonafini. Es que las Madres de Plaza de Mayo se presentaron ayer en la Casa del Chubut en Capital Federal para manifestarle mediante una carta su preocupación al mandatario por el estado de salud del referente mapuche por la huelga de hambre que mantenía hace 21 días.

“Me transmitió el gobernador que el pedido de las Madres para él es su pedido único. Se quedó con mi numero para infórmame todo lo que está haciendo, ya dio un montón de órdenes para que se pueda hacer el rito y que entre su mamá (de Jones Huala). Nosotros vamos a dejarles libros acá; lo que pensamos es que logramos salvar una vida que no es poco”, sostuvo la referente de Madres de Plaza de Mayo.

No es la primera vez que el Gobierno provincial presenta un gesto de cercanías y respeto por la figura de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Es que su intervención en el conflicto de estatales abrió un camino de diálogo que permitió establecer las negociaciones paritarias en Chubut.

Hay que destacar que la Justicia en 2016 hizo lugar a su pedido y permitió que se celebrara la ceremonia, con lo cual existen antecedentes de que no implica un riesgo de fuga ni desorden.

En su carta, Bonafini pidió a Arcioni que el líder mapuche pueda realizar su ritual por el año nuevo mapuche en la Unidad Penitenciaria 14 de Esquel, donde permanece detenido a la espera de conocer si será extraditado a Chile, y “no ocurra una muerte injusta en su huelga de hambre”.

Jones Huala inició una huelga de hambre luego de que el Servicio Penitenciario le negara la realización de la ceremonia del Wiñoy Tripantu (año nuevo mapuche) dentro del penal. El ritual, según la práctica ancestral, requiere la presencia de una cantidad de personas superior a la que las autoridades penitenciarias aprobaron el ingreso.

El lonco consideró que le habían faltado el respeto e inició la extrema medida, que agravó hace dos semanas al comunicar que tampoco consumiría líquidos. El lunes su situación de salud empeoró y estuvo a punto de ser trasladado a un centro asistencial porque comenzó a fallarle un riñón, en el que tiene un tumor. En ese momento su madre, Isabel Huala, informó que habían cesado los vómitos, pero padecía fuertes dolores de cabeza y mareos.

“UN EJEMPLO”

El deterioro de la salud del Jones Huala preocupó a las Madres de Plaza de Mayo, por lo que decidieron pedir una respuesta al gobernador Arcioni. Mientras esperaban en la Casa del Chubut, Bonafini se comunicó telefónicamente con el lonco manifestándose que “sos un ejemplo para un montón. Por favor, no mueras por esto”.

Como si estuviera hablando con un hijo, le pidió que tomara agua “poquito a poquito. Pedile a tu Dios que te ayude a reflexionar en este momento y que sea para salvarte. La vida tiene un valor incalculable. No vale la pena morir por algunas cosas. Si vos estas vivo, vas a poder luchar por tus compañeros. Ellos te necesitan vivo y no muerto”.

“Ya sabemos las Madres lo que es la represión, el horror, el dolor, pero también sabemos que uno vale cuando está vivo, cuando puede luchar por los demás, sino es una muerte más”, subrayó la referente de las Madres de Plaza de Mayo.

El Patagonico

CAPITAL FEDERAL – Un fallo judicial sin precedentes intimó al Gobierno a que le entregue títulos de propiedad a una comunidad mapuche que está asentada en el perímetro turístico de Bariloche. El lof Trypay Antú, liderado por la lonko de 85 años Clorinda Gualmes, logró, tras una extensa puja legal, una sentencia favorable en la Justicia en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal para obtener las escrituras de esas tierras fiscales atribuidas al Ejército.

La jueza María José Sarmiento le ordenó días atrás al Poder Ejecutivo que “en el término de 60 días le transfiera a título gratuito el dominio de las tierras fiscales al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a los efectos de su adjudicación inmediata en propiedad comunitaria al lof Trypay Antú”. Fue una de sus últimas sentencias, pues la magistrada se jubiló y dejó su despacho el jueves último.

La gestión de Mauricio Macri , marcada por encendidos episodios con algunas comunidades mapuches radicalizadas que irrumpieron con reclamos territoriales, ya apeló el fallo, por lo que la sentencia aún no está firme.

Según fuentes judiciales y oficiales que consultó LA NACION, se trata del primer fallo de la Justicia Federal que ordena la instrumentación de la propiedad comunitaria con un grupo indígena. Los antecedentes se registraron en fueros provinciales, pero es la primera vez que el Gobierno recibe una orden de este tipo.

Con los focos de tensión aún latentes en la Patagonia, el fallo inquieta a la gestión de Cambiemos. El argumento que esgrime el Gobierno es que “no hay una ley de propiedad comunitaria para instrumentar una sentencia de este tipo”.

Según explicaron en el INAI a este medio, el Estado tiene unos 1454 grupos inscriptos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, con personería jurídica. Son comunidades “oficializadas” a diferencia de otros grupos denunciados por usurpación. Pero todavía el Poder Ejecutivo Nacional no entregó escrituras a esas colectividades.

Larga disputa

La comunidad Trypay Antú está integrada por unas 30 personas, miembros de una numerosa familia que asegura habitar ese lugar desde fines del siglo XIX. Ocupan unas 170 hectáreas en el paraje Virgen de las Nieves, una zona hipertransitada por los turistas que visitan la Patagonia. El lugar está ubicado en la ladera noreste del cerro Otto, a la vera de la ruta 82 y muy cerca del acceso al cerro Catedral y la ruta que va a al lago Gutiérrez.

La comunidad practica la horticultura y la cría de animales. Dentro de las parcelas en pugna coinciden de forma pacífica actividades de alpinismo y de escalada deportiva en palestra, además del propio santuario de la Virgen de las Nieves, a donde peregrinan los locales. Pero la convivencia con las autoridades nacionales no siempre estuvo exenta de sobresaltos porque el Ejército, que tiene el dominio de esas tierras fiscales, siempre reclamó por vía judicial que fueran desalojados.

De acuerdo al archivo periodístico, en las últimas décadas la comunidad denunció más de una vez prácticas de tiro en el territorio en disputa. Pero las autoridades militares aseguraron que no existieron más que instrucciones iniciales, sin armas de fuego.

Antes de la judicialización del caso, la comunidad mapuche transitó un largo periplo administrativo para discutirle ese territorio al Estado. Según fuentes oficiales, Trypay Antú tiene personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci) desde 1998. En 2001, la comunidad hizo su reclamo ante el INAI. Ese organismo fue el encargado, tiempo después, de aplicar la ley 26.160, de 2006, que impidió los desalojos y dispuso la realización de un “relevamiento técnico” para censar a los grupos indígenas.

Según explicaron en el INAI, la comunidad de Virgen de la Nieves tiene el relevamiento territorial finalizado en 2009, con un informe antropológico y la mensura inscripta en el catastro municipal de San Carlos de Bariloche, con las parcelas “A” y “007A”. Existieron, en tanto, distintos proyectos para entregar las escrituras, pero no prosperaron.

El grupo Trypay Antú quieren títulos de propiedad para, por ejemplo, poder acceder a servicios públicos que les permitan desarrollar sus actividades productivas. Así, con el patrocinio del abogado Manuel Aliaga, el grupo judicializó el reclamo en el fuero Contencioso Administrativo de la Capital Federal, que regula la actividad de la Administración pública.

La comunidad está en su legítimo derecho de reclamar la propiedad, de acuerdo a la Constitución Nacional. Pero no hay una ley de propiedad comunitaria. Para que haya una norma de este tipo es necesario un acuerdo federal con las provincias y realizar una instancia de consulta con los pueblos originarios de nuestro país”, señalaron en el INAI.

La jueza Sarmiento entendió que “la Constitución reconoce la preexistencia étnica de los pueblos indígenas ” y tuvo en cuenta el peregrinar administrativo que tuvo la comunidad para conseguir reconocimiento oficial. “Teniendo en cuenta todos los antecedentes no me quedan dudas de que el Poder Ejecutivo tiene facultades para disponer la adjudicación en propiedad comunitaria de las tierras cuya mensura ha sido aprobada por el INAI”, dijo la magistrada. Consideró que el otorgamiento de las escrituras podría ser a través de la Escribanía General de la Nación.

Por: Maia Jastreblansky para La Nación.

La convocatoria a la audiencia preliminar fue a las 10 hs. La actividad en la Sala 2 de los Tribunales de Esquel, empezó algo más tarde, al momento en que llegó Francisco Facundo Jones Huala trasladado por el Servicio Penitenciario Federal. Cerca de las 18 hs. la audiencia tomó un giro que sorprendió a los presentes, el fiscal Oscar Oro retiró la acusación pública. La querella quiere llevar la acusación privada por usurpación a la instancia de juicio. El jueves se conocerá la decisión del juez Martín Zacchino.

La audiencia se extendió a lo largo de todo el día. Carlos Díaz Mayer oralizó la acusación pública presentada por los tipos penales de: usurpación, tenencia de arma de fuego de guerra y abigeato, contra Sergio Leonardo Ruiz, Francisco Facundo Jones Huala, Andrea Jazmin Millañanco, Fernando Eloy Jones Huala, Matías Daniel Santana, Rodrigo Ezequiel Jaramillo, Luis Alberto Cayutur y Sergio Leonardo Ruiz, este último y un menor fueron los únicos acusados por la tenencia de arma de fuego.

En el último punto del petitorio, los acusadores decían que “el conflicto que involucra este legajo excede las situaciones a las que estamos acostumbrados, no obstante ello tenemos muy presente que son hechos que eventualmente podrían ser canalizados a través del diálogo  y la mediación a lo que siempre estamos dispuestos”. Finalizaba el apartado señalando que “hacemos esta presentación a efectos de cumplir con los plazos procesales pero estamos abiertos a generar espacios de diálogo superadores pues el conflicto contiene aspectos sociales y culturales que lo hacen distinto.”

Hubo un pedido expreso del defensor Bruno Deias para que se oralizara este punto, en el que hizo base buena parte de la oposición a la apertura del juicio por parte de las defensas. Los abogados plantearon una vez más que se trata de un conflicto político que no debe ser criminalizado y cuyo ámbito de resolución no puede estar en la justicia penal, cuyo dictamen nunca podrá abordar el conflicto de fondo y mucho menos resolverlo. El magistrado de la Defensa Pública, cuestionó los elementos de cargo para sostener los delitos enrostrados y pidió el sobreseimiento de sus defendidos.

La tesitura fue seguida por la abogada particular Sonia Ivanof, quién puso de resalto la legislación internacional y nacional aplicable a los conflictos protagonizados por pueblos originarios, el derecho a auto identificarse como pertenecientes a estos pueblos y posición de sus representados en el conflicto.

Retirar la acusación

Las exposiciones fueron matizadas con breves cuartos intermedios dispuestos por el juez. A las 16:30 hs. los acusadores de la Fiscalía de El Hoyo, contestaron los planteos. Fue Oscar Oro quién tomó la palabra. Se refirió a las particularidades de las circunstancias que rodearon los hechos efectivamente resultaron acusados, habló de las dificultades de la investigación y del convencimiento de que el conflicto excede en mucho las posibilidades de resolución de la justicia provincial. “No hemos ocultado prueba ni hemos ocultado información, no aceptados que haya existido una desigualdad de armas. La acusación cumplió con cada uno de los requisitos previstos”, sostuvo.

Oro calificó de minucioso al análisis de la prueba realizado por las defensas y señaló que “nos desalienta para sostener con posibilidades de éxito,” la acusación pública en un eventual debate, luego de pasar el tamiz de la audiencia preliminar. Reiteró que la Fiscalía consideró que el camino más adecuado era el diálogo… “volvemos a indicar que el fuero penal no debe ser el sitio donde deben investigarse estas cuestiones donde está implicado el derecho a la propiedad”.

Dicho esto anunció que decidieron retirar la acusación de los tres hechos.

El abogado de la Querella, Jorge Williams, se mostró sorprendido por la decisión fiscal y sostuvo que pide que sea admitida la acusación y la prueba de la querella, en este caso relativa únicamente a la imputación por usurpación.

El jueves 10 se conocerá la decisión del juez Martín Zacchino.

“Los términos utilizados para definir al conflicto mapuche y a la RAM ya existían hace veinte años en las Fuerzas Armadas”, señala la antropóloga Eva Muzzopappa, autora del libro Secreto en el Estado. Militares, Justicia e Inteligencia en Trelew. En ese trabajo –su tesis de doctorado– retoma los senderos de la causa por espionaje ilegal en la base Almirante Zar de Trelew, que fue descubierta por el CELS en 2006 y que concluyó con la caída años más tarde del jefe de la Armada, Jorge Godoy.

La antropóloga recorre las prácticas y los discursos militares que posibilitaron ese caso y analiza las continuidades en el presente. La causa se inició porque el cabo Carlos Alegre se decidió a contar lo que estaban haciendo sus compañeros de armas. Muzzopappa se pregunta: “¿Qué pasaría si algún suboficial estuviera pensando en hacer una denuncia de ese tipo hoy?”.

–¿Qué antecedentes tuvo el caso de la base Almirante Zar?

–Como antecedentes lo que encontré fueron algunos casos de inteligencia, uno en Córdoba, que también había tenido bastante repercusión. Pero que, a diferencia de este caso, no generó más que algunas notas en Página 12. Ese fue de la Fuerza Aérea y después hubo otro del Ejército. Lo que pasó con el caso de la Armada en 2006 y lo que permitió que se generaran las repercusiones fue el contexto histórico. Acuerdo mucho con lo que escribió Paula Canelo en el prólogo del libro respecto de preguntarse qué pasaría si algún suboficial estuviera pensando en hacer una denuncia de ese tipo hoy, en el marco de otro discurso público. En las entrevistas a Carlos (Alegre) lo que él vio fue un contexto que le permitía –y hasta lo incitaba– a hacer esa denuncia porque entendía que existía un lugar fuera de lo que era la cadena de mando. En este momento, creo que sería bastante más difícil.

–¿Qué repercusiones institucionales tuvo ese caso?

–Es complicado porque, si bien la gestión de (Nilda) Garré actuó inmediatamente, también tengo la impresión de que había mucho desconocimiento por parte de los integrantes de la gestión respecto del funcionamiento de la Armada: códigos, lealtades, etcétera. Lo que veo al final del libro es cómo la corporación militar empezó a crear nuevas defensas después de ese caso hacia el exterior. Tuvieron que ver con que las quejas de los subordinados no trasciendan determinados niveles. Este caso puso en un lugar público la cuestión de la inteligencia que, con la cuestión de Nisman, volvió a aparecer muy fuertemente. Se llegó a problematizar la inteligencia. No a ponerla en cuestión.

–¿Qué implicó que esto no se quedara en los mandos inferiores, sino que terminara llegando al jefe de la Armada?

–Tuvo que ver con cómo estuvo pensada la querella. En casos anteriores quedaba limitado a la persona que hizo las tareas de inteligencia. Acá los abogados pudieron mostrar que eran directivas institucionales, si bien Godoy se sostuvo durante bastante tiempo, hubo un cambio de la inteligencia con Garré. Era uno de los ámbitos de la autonomía militar.

–Ahora vuelve a aparecer la idea de que las Fuerzas Armadas actúen ante el terrorismo, ¿de qué manera se veía ese discurso en 2006?

–Eso es muy interesante porque marca todas las continuidades. Vengo trabajando con informes relacionados con las Fuerzas Armadas desde la década del noventa. Y ya en esa época se veía una transformación respecto de lo que era la vieja Doctrina de Seguridad Nacional y las nuevas directivas que empiezan a aparecer con la idea de la cultura como eje de conflicto. Eso se ve en el archivo de Trelew en las carpetas de “indigenismo” y “derechos humanos”. Esa perspectiva respecto de cómo detectar ciertos conflictos, aunque no necesariamente haciendo referencia al “subversivo”. Pero sí planteando dónde estarían esos peligros.

–¿Cómo aparece el concepto de “amenazas asimétricas” en los documentos de los mandos superiores de la Armada?

–El concepto aparece en el Plan de Inteligencia de la Armada. En ese concepto y otros se menciona este rol de las Fuerzas Armadas con una bajada muy grande de Estados Unidos y con la propuesta de Samuel Huntington sobre el choque de civilizaciones. No es solo que se trata de grupos pequeños con un alto grado de poder de desestabilización, sino también el componente de desestabilización por una cuestión que no es ideológica (la propuesta de un mundo diferente en términos políticos). Por eso, el indigenismo aparece en esas carpetas de inteligencia.

–Los mapuches entran perfectamente en ese concepto…

–Sí, y eso lo había detectado yo en 1998, es decir, hace 20 años. Aparecía en un informe del Ejército sobre una de las primeras tomas de tierras en Pulmarí, Neuquén. El informe ya tiene esas categorías, mezclada con otras como “los subversivos chilenos” que forman a los mapuches. Por eso hablamos de continuidades.

–Son discursos que resurgen con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

–Son los mismos discursos. Ese informe de 1998 utiliza los mismos términos que los últimos informes de seguridad interior en torno al conflicto mapuche.

–¿Cómo analiza la construcción que hace el gobierno actual de “la amenaza de la RAM”? ¿Hay alguna novedad?

–Hay dos novedades: una es el contexto represivo nuevo. Pero hay una segunda cuestión primordial que es la Ley Antiterrorista. Esa ley cambió el eje completamente: el informe de 1998 te muestra que había gente que quería penalizar esa situación, pero se usaban artículos del Código Penal ordinarios. ¿Qué pasa? Con la Ley Antiterrorista, encuentran una agrupación a la cual aplicarle la figura. Esa es la más grande de las diferencias, más allá de qué inteligencia está trabajando.

–¿Desde cuándo viene el concepto del “enemigo interno”?

–Como concepto aparece recién en los años cincuenta después de la escuela francesa y la doctrina contrarrevolucionaria de Argelia. Si lo tomamos como idea más amplia, se puede ver cómo se construye al peronismo como enemigo interno, al movimiento obrero como enemigo interno, o a los indígenas como enemigo interno. Es un concepto muy de época. Podríamos hasta decir que los mapuches no eran enemigo interno hasta que ocupan terrenos.

–Volviendo a la idea de “amenazas asimétricas”, ¿cómo observó que se articulaba en torno a la idea de “secreto de Estado”?

–Esa cuestión entiende que existe un Estado que resguarda información para que el propio Estado no corra peligro. Lo que se ve desde las “amenazas asimétricas” es una explosión (en términos de Bourdieu) en el campo del Estado de distintas oficinas que se disputan ese poder a través de la idea de secreto. El secreto es de los militares hacia la Justicia (no les quieren habilitar documentos), pero también es secreto que ellos están usando la categoría de “amenazas asimétricas”, porque no es legal. Una lo que se pregunta es cómo circulaba esa información y quién la veía. El Plan de Inteligencia, por ejemplo, no lo tenía el Ministerio de Defensa.

–Si en esta época, con un discurso político que no los habilitaba continuaron con la inteligencia, ¿qué puede estar ocurriendo hoy, a la luz de su investigación?

–Tranquilamente pueden volver a fortalecer esa posición. Hay algo que tiene que ver con la formación en inteligencia. La idea de que la seguridad del Estado sigue dependiendo de ellos en términos de interiores es compleja de rastrear, porque se supone que eso ya no existe. Pero es uno de los hilos que trato de mostrar desde el acceso que tuve al archivo. No obstante, a partir de que hoy la policía y la Gendarmería ejercen “tan bien” el rol de represión, no sé si sería el momento de las Fuerzas Armadas. No sé si ellos estarían pensando que son ellos, por ejemplo, los que deberían reprimir a la RAM. Pero uno de los grandes peligros es que ellos puedan ser los que definan a su enemigo, como lugar de legitimación para la institución militar misma.

Fuente: El Comodorense.

Según denunciaron desde la misma comunidad mapuche, efectivos de la Policía de Chubut, acompañados por personal del Grupo Benetton ingresaron al predio de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia Cushamen y quemaron la guardia del predio. Así lo confirmó sobre la noche del miércoles Soraya Maicoño en diálogo con la radio La Retaguardia.

Se trata de un lugar clave para la reconstrucción aún pendiente en la causa, de lo que pasó el 1° de agosto de 2017 cuando la Gendarmería perseguía a Santiago Maldonado. El lugar incendiado es el último lugar donde el joven artesano fue visto con vida.

Según denunció la Red de apoyo Comunidades en Conflicto a través de las redes sociales, “ingresó la policía al territorio acompañado por gente de la compañía de Benetton, armados, intimidando a la gente que se encontraba en lo que era la guardia. Ellos alcanzaron a correr y cuando volvían se encontraron con la misma prendida fuego, ya sin nada qué hacer”.

El comunicado informa además que hasta el momento no se registraron lesionados y llama a quienes se encuentren en las cercanías a llegar al lugar para solidarizarse.

En otro comunicado, más temprano, solicitaban que se difunda el ataque. “Difundir policía con gente de Benetton, atacando a los peñi Pu Lamuen de las Pu Lof en Resistencia Cushamen. Acercarse al territorio”.

Según difundió por Twitter la Revista Cítrica, Ronald Mc Donald, el administrador de los campos de Benetton, fue visto este martes merodeando la Pu Lof en Resistencia, desde donde ahora se reporta este nuevo ataque.

Este hecho intimidatorio se da a días de que el Gobierno nacional, a través del representante legal del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, le requiriera a la justicia federal el cambio de la calificación penal en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Además, solicitó al juez Gustavo Lleral el cierre definitivo del proceso de hábeas corpus, cuyo objeto era dar con el paradero del joven.

En estos momentos, la denuncia es replicada por organismos y referentes de derechos humanos como María del Carmen Verdú, de Correpi.

Fuente: laizquierdadiario.com

La Municipalidad de Rawson conmemoró este jueves el “Día del Aborigen Americano y el Encuentro entre las culturas Galesa y Tehuelche”. Se trata de una celebración que se da a nivel continental cada año el 19 de abril y que, en el caso de Chubut, coincide con el primer encuentro entre galeses y los pueblos originarios, los tehuelches que habitaban en la zona cuando llegaron los inmigrantes en 1865.

El acto fue encabezado por la secretaria de Turismo, Cultura y Deportes, Lorena Marín y contó con la participación de las secretarias de Producción y Medio Ambiente, Ana Amato; y de Familia, Vanesa Freeman; el subsecretario de Desarrollo Humano y Comunitario, Matías González; el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Boillos; la directora de Turismo, Natalia Tejada; y el director de Cultura, Dante Figueroa.

Además, estuvieron presentes Daniel Hughes, presidente de la Asociación San David, Eva Antieco, integrante de la comunidad Mapuche-Tehuelche, Meiba Hughes e Irupé Mesa Whaite, representantes de la comunidad galesa y Patricia Lorenzo de la comisión Amigos de la Cultura Galesa.

El acto tuvo lugar en el Centro Cultural José Hernández, específicamente donde se emplaza el “Jardín de las Américas”, y contó con la disertación de Eva Antieco, representante de la comunidad Mapuche Tehuelche de Rawson y de Meiba Hughes, representante de la colectividad Galesa Asociación San David de Trelew.

Además, durante el acto se entonaron las estrofas del Himno Nacional argentino, a cargo de la profesora de música, cantante y docente de los talleres municipales, María Florencia Castillo y del Himno galés en la voz de Irupe Mesa White, integrante de la Colectividad Galesa de la región. El cierre del evento estuvo a cargo del ballet municipal, Suyay Kalen.

Conmemoración

El Día del Aborigen Americano se celebra el 19 de abril de cada año, según la recomendación surgido en el Primer Congreso Indigenista Interamericano realizado ese mismo día en 1940, en Pátzcuaro, estado de Michoacán, México.

En la convocatoria al congreso participaron delegaciones oficiales de los países de la Unión Panamericana y de algunos grupos indígenas.

El objetivo del congreso fue canalizar la situación de los indígenas y encontrar puntos en común para poder enfrentar las adversidades.

A partir de esta instancia se fundó el Instituto Indigenista Interamericano, con sede en México, dependiente de la Organización de Estados Americanos.

En el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas, y bajo el lema “¡Existen y tienen derechos!”, el Museo Municipal de Artes Visuales de la Municipalidad de Trelew abrió las puertas y ofreció su espacio para la realización de una exposición de artesanías elaboradas por descendientes de los originarios.

“Dimos inicio a las actividades por la Semana de los Aborígenes. Y el museo abrió las puertas a los pueblos originarios. Entonces los artesanos, descendientes de los originarios, hoy expusieron en la galería del Museo Municipal de Artes Visuales desde la mañana hasta poco después de las 17, una serie de productos que ellos mismos realizaron”, contó Manuel López, responsable del espacio cultural del municipio.

En este marco, los vecinos de la ciudad de Trelew pudieron observar y también adquirir diversos productos, tales como tejidos, banderas, instrumentos musicales, y distintos materiales, que fueron expuestos en la galería principal del museo.

Asimismo, los niños de distintos establecimientos educativos de la ciudad de Trelew se acercaron a disfrutar de la muestra, tanto pertenecientes al turno mañana como del turno tarde.

Esta mañana se dieron cita los alumnos de la escuela N°182 y estuvieron presentes artesanos locales como Hermelinda Painequeo y Juan Kuan.