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Los beneficiarios de planes sociales y jubilados por la mínima tendrán un refuerzo de $3.000, cambia la modalidad de entrega de la tarjeta alimentaria y se brindan más fondos, entre otras medidas. Es para evitar el impacto de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia por el nuevo virus COVID-19 coronavirus.

El Gobierno anunció un bono de refuerzo de $3.000 destinados a los jubilados por la mínima y los beneficiarios de planes sociales para evitar el impacto de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia por el nuevo virus COVID-19 coronavirus.

Medidas sociales:

1) Bono para los jubilados que cobran la mínima de $3.000.

2) Bono para los perceptores de la AUH y AUE equivalente a una AUH adicional ($3100).

3) 2 meses adicionales de gracia en todos los créditos de ANSES. Para todos, sin importar la jubilación que cobran.

4) Bono de $3.000 para perceptores de planes sociales (Hacemos Futuro y Salario Social Complentario) + banco de materiales para pequeñas obras en el barrio.

5) Refuerzo presupuestario a comedores escolares y comunitarios para migrar a un esquema de viandas.

6) Cambio de modalidad de entrega de la tarjeta alimentaria. Se recibirán a través del correo.

Ya se había anunciado que el reintegro tendría un tope de 700 pesos mensuales y que en la práctica el impacto significará un aumento indirecto para 7,1 millones de personas: una suba del 22,5% para la AUH y del 4,5% para una jubilación mínima.

El organismo introdujo este sábado modificaciones a la resolución 4676, que reglamenta el Régimen de Reintegro a Sectores Vulnerados, que rige desde el primero de marzo.

Excluyó del beneficio a quienes perciban otros ingresos que hayan sido declarados en el Impuesto a las Ganancias y/o en el Monotributo.

En cambio, sí recibirán la devolución los monotributistas adheridos al Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente.

También los inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.

La AFIP incluyó también en el beneficio a los adheridos al Régimen Simplificado Especial para Pequeños Productores Agrarios de Tabaco, Caña de Azúcar, Yerba Mate y Té.

El organismo dispuso que serán las entidades financieras las que acreditarán el beneficio (reintegro) en las cuentas vinculadas al cobro de los haberes o subsidios, y luego estas lo compensarán con ciertas obligaciones propias.

Dispuso, además, que si la compra de bienes se realiza entre las 0 y las 17 del mismo día, la acreditación en cuenta se hará efectiva dentro de las 24 horas hábiles de efectuada cada operación.

Mientras que si la adquisición se efectuó luego de las 17, el reintegro se realizará dentro de las 48 horas hábiles de efectuada cada operación de compra.

La jueza electoral María Servini dictó una medida cautelar por la cual ordenó al Gobierno Nacional abstenerse de hacer entrega de 114.000 planes sociales para desocupados, tal cual habían solicitado desde el Frente de Todos. De esta forma, suspendió el pago del bono de $5.000 a desocupados, que había sido dispuesto por el Ministerio de Producción y Trabajo.

El Frente que lleva de candidato a presidente a Alberto Fernández había denunciado que con el otorgamiento del plan se pretende «condicionar el voto de las personas que resulten beneficiarias del subsidio».

Por ello el apoderado del PJ, Jorge Landau, había realizado denuncia penal contra el Ministro de Trabajo y la Producción, Dante Sica, así como al secretario de empleo Fernando Prémoli.

Paralelamente se pidió una cautelar a partir de la cual Servini ordenó restricción en forma preventiva «al señor ministro Sica a sólo efecto de que se abstenga a disponer de los fondos de dicho Ministerio para dar cumplimiento con la resolución 117 hasta pasadas las elecciones generales previstas para el 27 de octubre».
Servini acompañó el dictamen del fiscal Jorge Di Lello quien había expresado que debía ordenarse al Ministerio de Producción y Trabajo que se suspenda la implementación del subsidio extraordinario a desocupados, dado que sus características podrían generar que fuera utilizado como un «mensaje electoralista».

El dictamen que el fiscal Di Lello le presentó a la jueza se produjo en el marco de una denuncia y amparo presentado por el apoderado del Frente de Todos, Jorge Landau, para que se suspendiera el pago extraordinario de $5.000 a desocupados.

«La definición de la resolución en tiempos electoralistas vedados por la ley podría albergar en su ejecución el condicionamiento sobre la voluntad de los electores», sostuvo el fiscal Di Lello en su dictamen.

«No voy a ingresar en las razones y en los fundamentos de la disposición, porque seguramente estoy de acuerdo en la necesidad de que aquellos que no tiene un empleo puedan ser ayudados a transitar estos momentos difíciles», sostuvo el fiscal que, de todas formas, pidió que se dicte una medida cautelar que frene la ejecución del subsidio.

«No puede permitirse que en el marco de esa necesidad se apele a la entrega, bajo ropaje de subsidios, de dinero que por el tiempo en que se otorga -veda electoral- pueda estar utilizado con un mensaje electoralista», sostuvo el representante del Ministerio Público.

El presidente Mauricio Macri evalúa la posibilidad de que en el futuro inmediato se recorten los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social a sólo un año y que se fomente de esta manera la salida laboral obligatoria para aquellos beneficiarios de planes, según informa Infobae.

Primero, el mandatario analizó el tema con el candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto. Y luego, la misma idea se trasladó a un encuentro del gabinete junto con Marcos Peña. Pichetto y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, son los principales promotores de esta propuesta, que difiere de la mirada que tiene Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social.

Según indicaron fuentes de la Casa Rosada al mismo medio, la propuesta de Macri alcanzaría a los planes Hacemos Futuro y Salario Social, que reciben 450.000 personas y cobran $8.000, y que viven en la línea de la pobreza. De esta forma, busca dar una respuesta a aquellos que cuestionan al Gobierno por el esquema clientelar sustentado desde hace muchos años en la Argentina.

A qué planes sociales no involucraría la medida

“No estará contemplado bajo ningún punto de vista una limitación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que seguirá tal como está”, aclararon en el Gobierno.

Al menos en una primera etapa, tampoco está previsto que haya un recorte de los planes del Ministerio de Trabajo, que son de capacitación o acción de empleo y que lo recibieron en el año último un total de 559.783 personas. Estos programas son muy variados y apuntan a capacitación e inserción laboral que no se modificará. Los beneficiarios de ayuda social por discapacidad tampoco se verán afectados.

Este viernes, en Km. 14, se llevó adelante una nueva jornada del Programa de Prótesis Dentales Sociales, en la que se además se efectuaron distintas pruebas y consultas. “Tenemos previsto entregar 100 prótesis durante 2019”, indicó el secretario de Salud, Carlos Catalá.

Al respecto, Catalá informó que “con esta entrega, alcanzamos las 29 prótesis otorgadas este año, a lo que debemos sumar las distintas reparaciones y colocaciones de placas miorrelajantes que se efectúan a través de este programa de rehabilitación bucal. Con las personas que tenemos en lista de espera, tenemos previsto llegar a las 100 prótesis durante 2019”.

En esa línea, el funcionario sostuvo que “este plan está dirigido a aquellos que requieran de una rehabilitación oral con prótesis removibles para devolver funcionalidad y mejorar la estética, teniendo en cuenta la condición socio económica y que no posean cobertura de alguna obra social”.

“Debemos tener en cuenta que existe un déficit de salud bucal en ciertos sectores de la comunidad, como sucede con los adultos mayores. Este problema disminuye la calidad de vida, por lo que vimos necesaria la implementación de estas políticas públicas debido al alto costo económico de las prótesis dentales”, señaló.

Del mismo modo, Catalá explicó el proceso para la entrega, al afirmar que “en primer lugar, el odontólogo realiza el diagnóstico y elabora el plan de tratamiento correspondiente, sea para reponer piezas dentales o para prevenir futuras pérdidas”.

“Luego, se evalúa al paciente y, una vez que se encuentra en condiciones para ser rehabilitado con prótesis movibles, comienza una serie de pasos que deriva en la instalación de las mismas. Una vez colocadas, se realizan controles para evaluar su funcionalidad y adaptabilidad”, concluyó.