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La Dirección de Prensa de la Legislatura interrumpió un interesante debate entre los trabajadores de la pesca y el Diputado Alfredo Di Filippo.
El área presidida por Silvina Cabrera transmitió en vivo por la fan page  https://www.facebook.com/fpvchubut/ cuando hablaba el Diputado Provincial del bloque Convergencia PJ Alfredo Di Filippo pero cuando quisieron expresarse todos los trabajadores solo transmitieron parte de un dialogó y cuando el segundo trabajador quiso leer una nota realizada por los trabajadores y comenzar el verdadero debate cortaron la transmisión.
Una lastima que los recursos de las redes sociales como en filmar en vivo una entrevista por facebook sea censurado, la voz de los trabajadores no se debe silenciar, queda claro con está transmisión que lo único que se mostró fue una voz la del Diputado Di Filippo y cuando realmente comenzaba el debate en la parte mas interesante cortaron la transmisión.

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EL MAYOR COSTO NO SERÍA POR LA MANO DE OBRA, SINO POR LOS EXTRAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS
Una marcada distorsión de costos encarece el puerto de Madryn y lo transforma en uno de los más caros del país, y no es el costo laboral de la mano de obra el que lo hace ‘no competitivo’, sino que al afinarse el lápiz, la ecuación demuestra que ese encarecimiento obedece también a los sobrecostos que termina aplicando la empresa de brinda el servicio en muelle.
La descarga de un pesquero se compone de tasas portuarias, apuntadores y el servicio de estiba. Sobre esto último, que es lo que nos ocupa, Patagonia Estibajes, Murchison y Loginter son las tres empresas de estibajes que le brindan servicio a la industria pesquera que opera desde el muelle Almirante Storni de Puerto Madryn. Y, es Patagonia Estibajes la que en términos prácticos termina siendo la ‘formadora de precios’ del puerto local, al concentrar el mayor volumen de operaciones a la industria pesquera.
Mano de obra
La mano de obra de las empresas Patagonia Estibajes, Murchison y Loginter para la descarga de los buques pesqueros es provista principalmente por la Cooperativa de Trabajo, Provisión de Servicios de Estibajes Puerto Madryn Limitada (Coop. TPSE), que dirige Enrique “Quique” Goyeneche, la cual se provee de empleados de la bolsa de trabajo que dispone el Sindicato Unido de Portuarios Argentinos (SUPA) que tiene como mandamás al dirigente Ricardo Franco.
El reparto
Cuando la empresa de estibajes Socia de Omar “Cura” Segundo se “vendió”, los “negocios” bifurcaron y fueron absorbidos por dos empresas pero finamente vinculadas a un mismo grupo: Ruta 40 SRL y Patagonia Estibajes. La primera razón social figura como actividad principal de servicios de manipulación de carga en el ámbito portuario y tiene actualmente el control de la estiba de Aluar, mientras que la otra sociedad brinda servicios de apoyo para la pesca en fresco y congelado, y además servicios complementarios para el transporte marítimo que incluye explotación de servicios de terminales como puertos y muelles.
Franco Finiguerra y Raúl Pérez siguen siendo las “caras visibles” de Patagonia Estibajes S.A., mientras que en la empresa Ruta 40 S.R.L., propiedad de Pérez donde figuran oficialmente como socios accionistas su esposa y su hijo Diego (según BO 12401 del 16/03/2016), se habrían incorporado como operadores no estatutarios, los empresarios Jorge Aidar Bestene y Walter García Moreno, tal los testimonios de algunos proveedores y vínculos cercanos.
Caso testigo, el calamar
Volviendo a los sobrecostos que tiene para cualquier buque pesquero que quiera operar sus descargas en el muelle Storni, si se los compara con otro puerto como el de Mar del Plata, por ejemplo, ese mayor costo que le quita competitividad al puerto madrynense es el servicio de estibajes. Vale decir que las tarifas portuarias de uso de puerto se han actualizado, pero siguen siendo comparativamente más bajas que en otros puertos del país.
En Puerto Madryn, en la temporada del calamar que finalizó en mayo/junio, y considerando valores finales por todo concepto, sobre la base de desembarcar un buque de aproximadamente 700 toneladas de calamar, el precio fue de aproximadamente2.000 pesos la tonelada, de los cuales la mano de obra de los estibadores de la Cooperativa de Estibajes Puerto Madryn Ltda. corresponde aproximadamente 1.200 pesos, mientras que los restantes 800 pesos, es lo que se lleva la empresa que brinda el servicio de estiba, quienes aducen que ese es el costo que tienen para amortizar sus grúas, camiones, equipos, costo financiero e impuestos. Ese valor incluye la descarga del buque, clasificación del producto en tierra, carga de víveres e insumos y la puesta de los productos sobre camión y/o contenedor al costado del buque.
A eso se debe adicionar el costo de los apuntadores que alcanzaba a 12.000 / 15.000 pesos por turno en una operación de esta naturaleza
Mientras por el mismo servicio en Mar del Plata que incluía todos los conceptos, la tonelada de descarga no superaba los1.550 pesos.
Si bien, en Mar del Plata la mano de obra puede ser relativamente más barata por trabajo precarizado o empleo en negro, el sobrecosto que tiene la estiba de Puerto Madryn no es solo por lo que se lleva el obrero, sino que casi el 50 por ciento de ese sobrecosto es la “rentabilidad” que embolsa la empresa de estibaje.
Mercado cautivo
En cuanto al langostino, en la actualidad descargar un buque congelador tiene un costo aproximado a los 2.500 pesos por tonelada, a lo que debe añadírsele otros 90.000 pesos por carga de víveres e insumos, más 34.000 pesos para llenar los contenedores en plazoleta fiscal, para el caso de los barcos que llegan y consolidan en puerto.
Esto significa que un buque de aproximadamente 100 toneladas pagaría en este puerto en concepto de estiba la suma de 250.000 pesos por descarga, más 90.000 pesos por carga de víveres e insumos (alistamiento), más 68.000 pesos por consolidar cuatros contenedores, más 30.000 pesos en concepto de costo de apuntadores. Esta sumatoria arroja un total de 438.000 pesos, aproximadamente, para un buque que llega al Storni y consolida en el lugar. El costo es menor para quien descarga y traslada la mercadería congelada a sus plantas para consolidar contenedores en sus fábricas.
Esta misma operación en Mar del Plata tendría el costo de $ 220.000 en concepto de descarga, más 20.000 pesos por carga de víveres e insumos y cero pesos por llenar contenedores y 1800 pesos por apuntadores, es decir un total de 242.000 pesos. Una diferencia de casi el 80% entre ambos puertos.
El mínimo de 100 toneladas
El encarecimiento de costos también obedece en razón que de una “descarga de congelado” en un servicio de descarga sin clasificar con grúa y autoelevador incluido, la empresa de estibaje y el estibador aplican una ‘facturación mínima’ por 100 toneladas. Es decir, un buque puede llegar con 50 toneladas, pero en Madryn debe pagar el servicio como si desembarcara 100 toneladas de productos.
Este sistema lejos de alentar la llegada de más buques a descargar a Chubut, hace que prefieran gastar más combustible, perder más días de navegación, y así y todo es más barajo ir hasta Mar del Plata a descargar, a pesar que los congeladores estén al sur del paralelo 42°.
Los barcos fresqueros langostineros que pescan en aguas nacionales, literalmente parecen huir de Puerto Madryn y realizan sus descargas en el puerto de Camarones para trasladar luego sus cargas de producto fresco para procesar en Rawson, Trelew e inclusive en Puerto Madryn (distante a 180 kms), a tal punto que, debido a esto, esa ciudad ha tenido un impulso importantísimo en la temporada del langostino.
Otra distorsión
La imposición sindical de contratar apuntadores en las operaciones del Muelle Storni, es algo que escapa a la lógica. Los costos por cada apuntador hoy superan los 5000 pesos por turnos de seis horas cuando en realidad en muchas, o casi todas las operaciones portuarias, la presencia del apuntador es innecesaria porque no es exigencia de ningún organismo oficial, ni tampoco es requerido por aquellas empresas que cuentan con personal propio mensualizado, para realizar esas tareas de control en las descargas o cargas de sus productos. Además el verdadero control de las descargas y cargas lo realizan los funcionarios aduaneros, porque es propio e inherente a sus funciones. Es decir, el Sindicato de Apuntadores impone la presencia de estos en cada operación sin que sean necesario (por el invento de alguna vieja norma totalmente obsoleta y con visos de ilegalidad) y los costos de esto deriva en valores extremadamente altos, muy superiores a otros puertos de la Argentina.
Porqué se dan todos estos temas en el manejo de las mercancías en Madryn siendo que perjudican la comercialización y la actividad incluso de los grupos involucrados?, es un tema para otro análisis.
Con ese objetivo, funcionarios de la Municipalidad capitalina se reunieron con profesionales que trabajan en la prefactibilidad. Se trata de un proyecto que cuenta con fondos del BID y que fue gestionado por la intendenta Rossana Artero.
Funcionarios de la Municipalidad de Rawson mantuvieron una reunión con profesionales que trabajan en el proyecto para remodelar y ampliar el Puerto capitalino, en la continuidad de las tareas que son producto de las gestiones llevadas adelante por la intendenta Rossana Artero ante autoridades nacionales.
Cabe recordar que Artero firmó a principios de diciembre pasado en Buenos Aires, con el Gobierno de la Nación, un acuerdo para financiar el estudio de prefactibilidad, con un presupuesto de 2.334.372 pesos, para realizar obras de mejoramiento en el Puerto Rawson. El acuerdo fue rubricado por la Intendenta en las oficinas de la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación.
Como consecuencia de esa firma, la Dirección Nacional de Preinversión Municipal (DINAPREM) designó un equipo para realizar ese estudio.
En este contexto, se produjo una nueva reunión, realizada en instalaciones del Centro Cultural municipal «José Hernández», de la que participaron el secretario de Planificación y Desarrollo Urbano de la Municipalidad, Federico Ercoli, la secretaria de Producción y Medio Ambiente, Ana Amato, y otros funcionarios municipales con «los profesionales que están trabajando en una consultora contratada por el DINAPREM para el proyecto que tiene como fin ordenar y refuncionalizar el Puerto de Rawson», explicó Ercoli.
«Es un proyecto ambicioso con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y con la consultora de Buenos Aires hemos tenido reuniones y el equipo técnico está trabajando en campo», agregó el funcionario municipal.
«De hecho -agregó- se ha reunido con gente de Pesca, Puertos, de Ordenamiento Territorial de la Provincia; y nosotros estamos dándoles toda la información para que puedan armar un documento que nos sirva a todos, porque el puerto es un elemento fundamental para nuestra ciudad».
En este sentido definió: «El puerto ha tenido un crecimiento aleatorio y necesita refuncionalizarse para producir más. De la unión de todos los actores tenemos que lograr que la estructura portuaria sea más eficiente. El proyecto apunta a reunir todos los esfuerzos públicos y privados para que podamos realmente eficientizar la producción».
«Ordenarlo -agregó- implica que con la misma cantidad de recursos que se tienen se pueda producir más. Y estamos tratando de ordenar la parte urbana y operativa del puerto, porque es un proyecto integral».
En cuanto al rol de la Municipalidad dejó en claro que «nosotros desde la gestión de Rossana Artero generamos la oportunidad para que se destinen los fondos y el proyecto se realice. Y a partir del Plan Urbano Rawson estamos trabajando en los distintos sectores para prever el crecimiento futuro».
Al respecto dijo que la intención, de manera complementaria, es que el futuro Parque Industrial «sea el soporte metalmecánico de la industria pesquera, y en este camino pudimos bajar fondos y contratar una consultora de La Plata para hacer un trabajo técnico muy interesante que se está desarrollando».

Pesca Verde = Coimas en Dólares

Actividad pesquera: la caja negra de la política nacional, en Chubut varios funcionarios de Das Neves denunciados a través de las redes sociales, acusados por  un empresario pesquero de recibir coimas.

Una denuncia judicial acusa a funcionarios del gobierno de Macri de idear un sistema que incluye coimas por sumas millonarias, maniobras de lavado de dinero, evasión de impuestos y falsificación de papeles públicos. Procederes e irregularidades ocultas en la pesca argentina

La industria pesquera en la Argentina mueve miles de millones de dólares al año, lo que la convierte en una de las más lucrativas del país. Detrás de ella, se esconden una serie de irregularidades y negocios oscuros que amenazan con hacer explotar por los aires una actividad rentable y productiva.

Una denuncia presentada por Juan Carlos Nicolau, exjefe de Distrito Puerto Mar del Plata, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ante la Fiscalía Federal nº 2 de la ciudad balnearia, a cargo de Nicolás Czizik, da a conocer una cantidad de ilícitos que se cometen en el puerto bonaerense y que involucran a un gran número de autoridades nacionales.

Entre los actos ilegales cometidos se encuentran una red registrada de coimas que les permiten funcionar en suelo nacional, maniobras de lavado de dinero, evasión de impuestos y falsificación de papeles públicos, todo esto “recaudando” para una caja política que desvirtúa tan noble actividad.

Acusaciones varias

La principal ilegalidad en la industria pesquera surge por la ausencia de fiscalización por parte de las autoridades nacionales. Así, no se pasan los partes obligatorios cada 72 horas sobre la captura de los barcos, “dibujando” de esa manera los datos oficiales y permitiendo a los buques capturar más de lo permitido, ocasionando un grave daño al erario público al evadir impuestos por decenas de millones de pesos al año.

Además, según la acusación presentada ante la fiscalía marplatense por Nicolau, se ha ideado todo un sistema de coimas por parte de las diversas autoridades a partir del cual no se puede salir o entrar al muelle si antes no se paga una cierta cantidad de dinero que, solo en el puerto de la ciudad balnearia, ascendería a más de cinco millones de dólares por año.

Los funcionarios nacionales implicados en estas maniobras son Oscar Ángel Fortunato, representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo Federal Pesquero; Sergio Salomón, coordinador de Fiscalización e Inspectores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y Ayelén Fortunato, fiscalizadora nombrada por el gobierno de Mauricio Macri, hija del mencionado en primer lugar.

Lo más grave de todo es que según la acusación y los diversos testimonios que pudo registrar diario Hoy, a su alrededor se han generado operaciones de lavado de dinero, donde se dan como válidos cargamentos de pescado que nunca ingresaron al puerto marplatense, pudiendo desde allí blanquear dinero de dudosa procedencia que entra al circuito legal.

De acuerdo a lo denunciado, todo lo que se pierde en el camino son pescados que pasan por un circuito negro que es absolutamente ilícito. Consta en lo presentado a la Justicia por ejemplo, que un camión que salió del muelle con la carga hacia la planta jamás llegó,  evidenciando una de las consecuencias de este corrupto accionar.

Avance corrupto

Antes de llevar la denuncia a la Justicia, Nicolau la presentó ante el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ricardo Negri; el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Tomás Gerpe, y el jefe de gabinete, Marcos Peña, quienes guardaron la acusación en un cajón, lo que motivó la renuncia a su cargo del exjefe de Distrito Puerto Mar del Plata.

En diálogo con nuestro medio, el oficial de Marina Mercante, Roberto Maturana, señaló que “Fortunato comanda una mafia que tiene como sus principales exponentes a su hija

Ayelén y a Sergio Salomón, todo ello con la complicidad de la Secretaría de Agricultura y Pesca que juega un papel preponderante al mirar hacia otro lado ante el proceder de estos funcionarios públicos”.

Para el investigador y analista, “las coimas superan largamente los cinco millones de dólares al año solo en el Puerto de Mar del Plata. Se evaden cifras millonarias y se permite, bajo la esquiva mirada del Senasa y de otros organismos públicos, hacer operaciones de lavado de dinero que seguramente se convierten en una de las cajas negras de la política nacional”.

“Hay una falta absoluta de controles por parte del Estado nacional, que desde la asunción de Mauricio Macri se ha acrecentado. El nivel de corrupción es muy grande y las autoridades lo saben, porque han recibido las múltiples denuncias que se han hecho, y sin embargo nada hacen para detenerla”, recalcó Maturana.

Como puede observarse, la corrupción juega un papel central en un oscuro entramado que deja en evidencia la inacción de un Estado que prefiere taparse los ojos ante los actos ilícitos, permitiendo así negocios espurios arraigados y cada vez más difíciles de quebrar.

Presente oneroso

En la acusación judicial se destaca también el exponencial crecimiento patrimonial que ha tenido en los últimos años Sergio Salomón. La presentación de Nicolau muestra que el coordinador de Fiscalización e Inspectores de la Secretaría de Pesca y Agricultura de la Nación mantiene un nivel de vida que no se condice con los ingresos que él declara que percibe como monotributista, de hasta 33.000 pesos mensuales.

Según el denunciante, Salomón alquila una vivienda en el exclusivo barrio cerrado de Rumencó, en suelo marplatense, a la vez que tiene un tiempo compartido en Orlando, Estados Unidos, así como también posee dos cuatriciclos, una moto, un auto de alta gama, y dos lotes valuados en US$ 90.000 cada uno, también en Rumencó, bienes que no podría justificar de ninguna manera.

Sin controles

Uno de los aspectos que se resalta a lo largo de toda la denuncia presentada por Juan Carlos Nicolau en los Tribunales marplatenses radica en la falta de controles orquestada por la administración de Mauricio Macri para contener los oscuros manejos en el negocio de la pesca.

Allí se indica cómo las familias Fortunato y Salomón han puesto a fiscalizar en el puerto de la ciudad balnearia a un sinnúmero de personas ligadas a ellos que “hacen la vista gorda a los ilícitos cometidos”, registrándose así, a través de ellos, una red de coimas por las que se pueden realizar actividades que no están permitidas.

Salomón es el responsable de coordinar a los inspectores que se suben a los barcos a constatar cuál es la captura que hicieron en sus viajes. Allí es donde comienza el círculo de corrupción en la actividad pesquera.

“Oscar Fortunato es un lobbysta del sector empresarial”

Así lo afirmó a este medio el secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, Jorge Frías. Fuertes críticas ante la inacción del Gobierno nacional frente a la corrupción pesquera

El pasado 20 de julio, mediante el Decreto 526/2017 firmado por el Presidente Mauricio Macri, se designó a Oscar Fortunato como representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo Federal Pesquero. La medida trajo inmediatamente una inmensa polémica debido a que el actual funcionario es una persona que, a través del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), defendió el accionar de las grandes firmas en perjuicio de los pequeños pesqueros.

Fortunato está ligado estrechamente a José Moscuzza, presidente del club Aldosivi de la ciudad de Mar del Plata, quien a su vez es un colaborador dilecto del presidente de Boca Juniors y operador judicial de la administración macrista, Daniel Angelici. Uno de los secretos a voces en la política es que

Fortunato maneja todo el poder en el sector pesquero gracias a los vínculos que ha sabido cosechar con el oficialismo de la mano de Angelici.

Una de las primeras decisiones del funcionario, ni bien asumió, fue favorecer, a través de una serie de resoluciones, el proceder de la firma Moscuzza, propiedad de su íntimo amigo, que ocupa el podio como una de las tres empresas más redituables en la pesca nacional, lo que motivó una serie de dudas sobre los verdaderos motivos de su asunción en tan importante cargo.

Sin cambios a la vista

La actitud pasiva manifestada por el Presidente Mauricio Macri ante las reiteradas denuncias sobre el mal accionar de sus funcionarios en el área pesquera avala (con esta inacción) los actos espurios que se cometen por sus subordinados.

Jorge Frías, secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (AACPyPP), le dijo a diario Hoy que “en la Argentina se decide cómo, cuándo, dónde y quién pesca dentro del Consejo, que funciona bajo el régimen federal pesquero, que es una ley. En ese Consejo el poder ejecutivo, Macri, tiene dos representantes, y uno de ellos es Oscar Fortunato”.

Para el dirigente pesquero, “Oscar Fortunato es un lobbysta del sector empresarial. Le hemos hecho llegar al señor Presidente una carta para advertirle que tiene dentro de su Consejo, en representación de él, a un lobbysta de las empresas, lo cual es de conocimiento público y está violando la ley de ética y el cumplimiento de las funciones públicas, pero por ahora nada se ha hecho”.

En ese sentido, indicó: “Esto hace que lamentablemente tengan lugar acciones peores. Fue un grave error del Gobierno y esperamos que lo revierta. También esperamos que cambien un montón de cosas. De lo contrario, la corrupción va a ir en aumento”.

“Al principio del gobierno de Cambiemos, sostuve la postura de esperar, porque era un gobierno nuevo. Sin embargo, pasaron dos años y nada mejoró, sino que empeoró. Quienes debían haber aprendido, no aprendieron. Todo el sistema perverso sigue existiendo y ahora, encima, se le da chapa al lobbysta de la empresa, como Oscar Fortunato, para que tome decisiones”, recalcó Jorge Frías.

Un área en permanente crisis

La pesca crea a nivel nacional más de 40.000 puestos de trabajo de manera directa y genera más de 1.500 millones de dólares anuales de ingreso a las arcas del Estado por exportaciones. Sin embargo, el sector va de crisis en crisis sin poder consolidarse en el país. Especialistas consultados por diario Hoy resaltan que donde más se destaca la crisis en la pesca es en cuanto a la cantidad de trabajo que da la actividad, que en los últimos años ha descendido casi un 50%, viéndose puertos casi vacíos y con escasa ocupación, afectando directa e indirectamente a miles de familias argentinas.

La tarea de los pescadores se inicia con la descarga de lo capturado en el mar, de ahí pasa al camión y luego a la fábrica, donde lo agarran los peones, que vuelcan la mercadería en las mesas. También entran en acción los fileteros y luego los camaristas, que los meten en las grandes heladeras. Después intervienen los trabajadores que sacan al pescado de ahí y lo meten en cajas.

En definitiva, se generaba un circuito laboral muy grande que ocupaba a una gran mano de obra, algo que ahora ha desaparecido.

El oscuro manejo de un empresario preso por la Operación Langostino

Entre las personas que reportarían directamente a Oscar Fortunato y Sergio Salomón se encuentra un inspector de pesca que trabaja en la Fundación ArgenINTA, que recibe cuantiosos fondos desde el Estado nacional, como lo es Emilio Puerto.

Se trata de uno de los empresarios pesqueros que cumplió una condena de 11 años por su participación en la causa conocida como Operación Langostino, ocurrida en julio de 1988, cuando se secuestraron 587 kilos de cocaína, escondidos en este crustáceo, listos para ir a los Estados Unidos y diversos países europeos.

Según pudo saber diario Hoy, Puerto es ahora una de las personas de mayor confianza de Fortunato y de Salomón a la hora de llevar adelante los registros e inspecciones de los barcos en la ciudad de Mar del Plata, lo que causa la indignación de muchos empresarios que recuerdan el turbio pasado del funcionario nacional.

El cargo oficial que ocupa el exconvicto por narcotráfico es el de inspector de pesca y fiscalizador de captura. Las denuncias a las actuales autoridades de la Secretaría de Pesca y Agricultura se vienen haciendo desde hace meses, pero hasta el momento, Puerto sigue firme en su cargo sin miras de que se revierta esta situación.

Para la Fundación ArgenINTA también presta servicios la hija de Oscar Fortunato, Ayelén Fortunato, quien fue nombrada fiscalizadora por la administración de Mauricio Macri, lo que para muchos es clave en el oscuro manejo que se viene haciendo de la actividad pesquera en la Argentina y que ha llevado a que la misma esté en el ojo de la tormenta por sus turbios procederes.

Notas relacionadas de Pesca Verde Chubut

Desde sus vacaciones en el Caribe Adrián Awstin rechaza las acusaciones de coimas con los permisos de pesca

                                                  
VISTO

La nota que con fecha 4 de agosto del 2017 remitiera el Presidente de RED CHAMBER ARGENTINA S.A. al Gobernador de la Provincia,  Dn. Mario Das Neves, copia de la cual fuera recibida en esta Honorable Legislatura el día 8 de agosto del 2017; el expediente judicial PROVINCIA DE CHUBUT c/ ESTADO NACIONAL FCR 16558/2016 y

CONSIDERANDO
Que en dicha nota se expresa que las autoridades del Poder Ejecutivo Provincial recibieron múltiples propuestas para avanzar en las negociaciones y dar continuidad a la ejecución del Contrato celebrado el 12/ 11/ 2014 entre la Provincia de Chubut y RED CHAMBER ARGENTINA S.A.

Que con fecha 29 de Diciembre de 2016, en el expediente judicial caratulado “PROVINCIA DE CHUBUT c/ ESTADO NACIONAL- Prefectura Naval Argentina s/ Medida Autosatisfactiva” (Expte. FCR 16558/2016), que tramitara ante el Juzgado Federal con asiento en Rawson, se dictó la sentencia interlocutoria (obrante de fs. 165/169) que ordenó  al Consejo Federal Pesquero y al Estado Nacional, Ministerio de Seguridad -Prefectura Naval Argentina- Registro Nacional de Buques- y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación -Subsecretaría de Pesca-, se reconozca a la Provincia del Chubut el directo y pleno derecho al uso y goce de los buques, permisos y cuotas de captura objeto de ocupación temporánea dispuesta por el Decreto Provincial N° 180/14 y sus sucesivas prórrogas, aunque no posea la titularidad dominial de los mismos, debiendo considerase a esta Provincia plenamente legitimada para peticionar ante las autoridades nacionales todos los actos e inscripciones necesarios relacionados con la explotación comercial de dichos bienes (vgr. la justificación de la inactividad comercial de los buques; la transferencia de las cuotas de captura, la inscripción de los contratos de locación de buques ante la autoridad de registro, etc.), ello con independencia del resultado del proceso expropiatorio en trámite. Este trámite, tiene sentencia firme y consentida desde febrero del 2017.

Que en la nota citada, la empresa manifiesta su preocupación por las dificultades con el Gobierno Provincial, en los avances en las negociaciones para completar el funcionamiento de la empresa y el cumplimiento del contrato.

Que a la vez ratifica su voluntad de recuperar la «totalidad de la capacidad productiva de la ex Apesca S.A.» y su compromiso de continuar invirtiendo en la Provincia, confirmando que están dando trabajo a más de trescientas cincuenta (350)  personas a quienes no se les adeuda un centavo por nigún concepto, ni tampoco a los proveedores.

Que además han venido cumpliendo «… un importante y ambicioso plan de inversiones en la planta…».

Que en virtud de ello y ante las reiteradas demoras en las respuestas necesarias, se vieron sorprendidos por las declaraciones periodísticas del Ministro Coordinador Alberto Gilardino, las que considera «falsas y absurdas» ya que además, dicho funcionario se desempeñó como abogado de la Firma Red Chamber Argentina S.A., desde el momento inicial del ingreso de la firma al País y hasta el momento de su designación como funcionario, redactando el contrato que vincula a la empresa y el Gobierno Provincial y realizando la defensa técnica del mismo. Incluye como dato, que el funcionario fue gestor del encuentro que el Gobernador Mario Das Neves mantuvo con el Ceo mundial de la empresa a principios del corriente año.

Que la empresa manifiesta además sentirse agraviada por el trato del funcionario en cuestión, que públicamente dudó de la seriedad de la misma, lo cual les resulta «… una absoluta falta de respeto que nos hace dudar de la seguridad jurídica de la Provincia y atenta naturalmente contra las inversiones que pueda realizar la empresa.»

Que más allá de estas cuestiones sobre las que volveremos, importa el requerimiento empresario, a fin de avanzar en sus inversiones y recuperar el nivel de actividad y producción de la ex Alpesca, ya que esto significará una sensible mejora en la producción y en la cantidad de trabajadores ocupados, y sus consiguientes efectos en las demás actividades económicas vinculadas y la sociedad en general.

Que a dichos fines la firma ha solicitado, «… luego de innumerables reuniones y notas presentadas…», mediante nota de fecha 16 de junio del 2017, firmar el contrato que permita en forma inmediata sacar a navegar el buque PROMARSA III. Ello permitiría incorporar entre dieciocho y veintiocho (18 y 28) trabajadores de los gremios vinculados a la navegación y treinta (30) trabajadores más para el procesamiento en tierra de la captura del PROMARSA III, aprovechando la temporada excepcional de langostinos.

Que asimismo reiteró su compromiso y responsabilidad de reparar los barcos PROMARSA I y II  y cumplir con la toma de posesión de los buques  CABO VIRGENES, CABO SAN SEBASTIAN, CABO DOS BAHIAS Y CABO BUENA ESPERANZA  a partir de un cronograma de recuperación para cada embarcación.

Que dicha propuesta no sólo no tuvo una respuesta satisfactoria, sino que por el contrario, encontró en los tonos y las formas del funcionario, una actitud descomedida, altanera y de nula idoneidad, tal como la requerida a su función.

Que no existe impedimento legal alguno, tal como se dejó expresado, ya que el Juzgado Federal en su Sentencia firme de fecha 29 de Diciembre de 2016, dispuso que la Provincia se encuentre plenamente legitimada para actuar en consecuencia.

Que del análisis de las expresiones vertidas por el Ministro Coordinador, surge la sospecha de la grave responsabilidad en no facilitar la recuperación de la empresa, impidiendo la generación de puestos de trabajo y el cumplimiento del contrato previsto, conducta impropia y absurda y que únicamente podría ser explicada, tal como ha trascendido en forma privada, por la existencia de compromisos espurios con algunos empresarios del sector, que canjean cuota de permisos de pesca nacional por coimas a funcionarios del Gobierno Provincial. Desechar esta versión, resulta urgente e imprescindible a los fines además, de garantizar la seguridad jurídica y promover las inversiones necesarias para el desarrollo provincial.

Que existen además un conjunto de actividades del Estado Provincial que han requerido acciones relacionadas y que resultan de interés de esta Legislatura a fin de avanzar en su análisis.

POR ELLO,

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

RESUELVE

Articulo 1º: Dirigirse al Sr. Gobernador de la Provincia, en los términos y alcances del artículo 134 inciso 3) de la Constitución Provincial, para que en un plazo de diez (10) días hábiles impostergables a partir de la notificación de la presente, informe a este Poder Legislativo:

a) Razones objetivas y copia de los antecedentes, por los que habiendo trascurrido más de ocho (8) meses (más de 240 días) desde que la Provincia del Chubut  cuenta con el pleno derecho –avalado por sentencia judicial firme- para disponer de los Barcos incluidas en la Ley I – 527 y en el contrato de arrendamiento a la empresa RED CHAMBER ARGENTINA S.A, los mismos no fueron entregados para su reparación y puesta en marcha y poder así, generar los puestos de trabajo comprometidos en dicho contrato.

b) Informar por parte de la Fiscalía de Estado, de los avances y gestiones realizadas en el marco del Juicio de Expropiación (Ley I – 527) de los bienes incluidos.

c) Instrumento legal y detalle de los Antecedentes e idoneidad de las personas que fueron nombradas a cargo del Comité de Administración de la ocupación temporaria de ALPESCA S.A a partir del 10 de diciembre del 2015,  – Decreto 180/ 2014 y sucesivos, sus prórrogas y modificaciones.

d) Copia de la totalidad  de los expedientes de las compras, reparaciones o servicios realizadas desde el 15 de diciembre del 2015 hasta la fecha, por el Comité de Administración creado por Decreto 180/2014 y sucesivos, con las correspondientes Órdenes de Pago autorizadas por la Contaduría General de la Provincia.

e) Acciones realizadas por la Fiscalía de Estado a partir del 10 de diciembre del 2015 en el Expediente Caratulado: «Segundo, Héctor Omar y PENNISI, Salvador Alejandro s/ infracción art. 303 inciso 3 del CP» (Expte. N° FCR 17/ 2015) en el que cautelarmente, se suspende la transferencia de cuotas de pesca ( y permisos) de dos buques de Alpesca, que habían sido transferidos a la firma Buenos Aires Pesca, todo ellos en el marco de investigaciones penales relacionadas con el delito de lavado de activos proveniente de ilícitos penales.

f) En relación a los permisos y cuotas de la ex Alpesca SA, detallar de las autorizaciones para pescar:
1. Buques a los cuales fueron asignados,
2. propietarios,
3. características estructurales de las embarcaciones,
4. dotación de personal,
5. cuota otorgada,
6. período,
7. puerto de asiento de los buques,
8. antecedentes e instrumentos que justificaron y formalizaron el otorgamiento de la autorización para pescar, con fotocopia de los mismos.

g) Informar el cumplimiento del Contrato de Arrendamiento celebrado entre la Provincia del Chubut y la empresa Red Chamber Argentina S.A. en fecha 12/11/2014, en lo que se refiere a las inversiones realizadas en la Planta de la ex Alpesca, cita en el Parque Industrial Pesquero de Puerto Madryn.

Artículo 2°: De forma  


Video de la Sesión

Playa Unión, Puerto Rawson, Una ciudad dentro del Mar

La Comisión Directiva del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (S.U.P.A. Chubut) tiene la necesidad de advertir su preocupación por el nuevo debate instalado en los medios de comunicación -noticias que hoy ha tomado estado público- sin la debida participación de nuestra Entidad Sindical. Ésta entidad gremial, ha demostrado en reiteradas oportunidades que no solo nos  preocupa el salarios de nuestros afiliados, sino que, además siempre hemos velado por la continuidad laboral de la familia portuaria, y escuchar que hoy se debate públicamente la posibilidad de ampliar la capacidad de captura del langostino sin siquiera haber/nos consultado/invitado para conocer nuestra opinión al respecto, nos parece minímamente poco constructivo.

Constructivo a la luz de los últimos acontecimientos que ha revalorizado la postura del SUPA a lo largo y lo ancho de la Provincia y que ha sido reflejado a más de un acuerdo suscripto por todo el sector pesquero.    
Queremos informarles a los actores de este debate “en solitario” que el SUPA siempre estará atento a la conservación de sus puestos de trabajo, y a mantenerlos a lo largo del tiempo, por lo que nos interesa que sepan que nuestros afiliados “especialmente los de Rawson y Camarones” conocen -y tienen holgados ejemplos de vida para entender- que esa proyección en el tiempo a la que llamaremos “futuro” depende exclusivamente de la actividad que realizan los barcos de la flota amarilla, actividad que desarrollan desde 1976 en la zona que se denomina área de esfuerzo pesquero restringido.
Claramente estamos hablando de: “trabajo genuino”, “conservación del empleo” y “futuro” y todo ello va de la mano de “proteger” y “conservar el recurso pesquero”, en este caso del langostino, especie se ha transformado la vida portuaria y que merece seamos responsables cuando se habla de ampliar su captura.
Hoy el sector está trabajando a pleno y así lo ha expresado el Secretario de Pesca, al referirse en más de una oportunidad que a mitad de temporada ya se han sobrepasado los récord de captura del año pasado y evidentemente esa noticia ha despertado el intereses económicos de los promotores de este debate, pues bien, sepan que NO podrán contar con el SUPA para estropear lo que hoy funciona de manera óptima y que nos garantiza el FUTURO.
Tal opinión, es consecuencia de las notas que aparecieran en varios periódicos y revistas especializadas desde el pasado 10 de agosto, en la que se expresaba la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut, mostrando su preocupación ante las medidas que pondrían en riesgo el langostino como recurso pesquero; preocupación que nos motiva a participar de lleno en el debate, advirtiendo y poniendo una “alerta” que no es caprichosa, sino que procede de averiguaciones en sus fundamentos y orígenes.
El origen: la posibilidad de que se quiera sancionar una nueva ley de pesca provincial con el sólo objeto de incrementar el número de PERMI$O$ de estos barcos sin la evaluación del esfuerzo pesquero que conllevaría tal medida, por ello el SUPA hace propia esa preocupación, pero en defensa de la fuente laboral y del recurso.
Por ello, le pedimos al Presidente de la Comisión de Recursos Naturales, que antes de tratar un proyecto de modificación a la ley pesquera actual, lo sustente en Estudios científicos especializados para asegurarse de no promover un esfuerzo pesquero que nos deje prácticamente sin la posibilidad de futuro.
Claramente inscribimos nuestra postura en la defensa del recurso pesquero y de su conservación en el tiempo, por lo éste sindicato les hace saber a las autoridades provinciales, tanto legislativas como ejecutivas, que esperamos ser invitados a participar de cualquier reunión/debate que tenga como intención modificar o proponer alguna modificación que aumente el número de barcos en el área inter-jurisdiccional de esfuerzo restringido, ya que no compartimos la idea de exterminar al langostino.

Ver video de decenas de barcos en Playa Unión, Puerto Rawson