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Los operativos en busca de documentación sensible para la investigación judicial fueron realizados, en simultáneo, en cinco sedes distintas de las empresas Autopistas del Sol (Ausol), Concesionario Oeste y Natal inversiones por efectivos de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, detallaron las fuentes.

En la causa se investiga si funcionarios del gobierno de Mauricio Macri cometieron defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública al prorrogar los contratos de concesión a pesar de que las firmas Ausol y Grupo Concesionario Oeste no habían cumplido con sus obligaciones y reclamaban deudas millonarias.

De acuerdo a la denuncia formulada por los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, para avanzar con la negociación irregular se montó un escenario que incluyó dos reclamos de la empresa española Abertis ante el tribunal de arbitraje internacional CIADI exigiendo valores millonarios en dólares por atrasos tarifarios.

La denuncia ante el CIADI fue presentada días antes de que Macri asumiera la presidencia de la Nación en 2015 y retirada años después, sin mayor trámite, cuando el gobierno de aquel entonces acordó extender las concesiones a Ausol y a Grupo Concesionario Oeste hasta el 2030, lo que implicó reconocerle a la primera de las firmas una supuesta de deuda de 500 millones de dólares por parte del Estado.

En los allanamientos se buscaron documentos vinculados con la negociación, el trámite ante el Ciadi, los balances de las empresas y las composiciones accionarias, por lo que fueron secuestrados discos rígidos, entre otros elementos, según las fuentes consultadas.

La firma Natal Inversiones, situada en la Ciudad de Buenos Aires, fue la que en 2017 le compró a Sideco, una de las sociedades del Grupo Macri, su participación accionaria en Autopistas del Sol, transacción que también está siendo analizada por la justicia.

En esta causa se investiga el eventual papel en las supuestas maniobras irregulares del ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, del ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, del ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel, y del propio Macri, entre otros.

La relación de Macri con Ausol fue formalmente reconocida cunado la ex vicepresidenta Marta Gabriela Michcetti debió firmar el decreto de la prórroga de la concesión, para evitar eventuales conflictos de interés, por recomendación de la entonces jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

El juez Canicoba Corral ya tiene en su poder dos informes reservados del ex Occovi que marcaban las irregularidades en las que operaba Autopistas del Sol S.A., empresa de la que era accionista la familia Macri. A pesar de eso, el gobierno de Cambiemos le extendió la concesión de los peajes hasta 2030 sin llamar a una nueva licitación.

Página/12 había revelado que Vialidad Nacional renovó el contrato de la concesión de la Panamericana a pesar de la existencia de dos informes del ex Occovi que probaban las serias irregularidades en las que operaba Autopistas del Sol S.A., cuya accionista era el Grupo Socma, de la familia Macri. Ahora, esos documentos fueron sumados al expediente y podrían convertirse en nuevas pruebas que compliquen al presidente y a varios de sus funcionarios.

El juzgado de Rodolfo Canicoba Corral ya tiene en su poder losdos informes reservados del ex Órgano de Control de la Concesiones Viales que fueron ignorados en su momento por la gestión de Javier Iguacel. Los estudios sobre la situación de la concesionaria del Acceso Norte eran lapidarios: señalaban maniobras de evasión impositiva, distribución encubierta de dividendos, obras incumplidas y endeudamiento temerario, al tiempo que rechazaban la compensación millonaria que reclamaba la firma

Sin embargo, cuando asumió el macrismo, las nuevas autoridades de Vialidad desoyeron esos expedientes internos, le reconocieron a la empresa unos 500 millones de dólares y le extendieron el contrato hasta 2030 sin llamar a una nueva licitación, como lo establece la ley. La concesión -de la que participaba la empresa del presidente- debía haberse caído por las graves incumplimientos. Sin embargo, consiguió el levantamiento de la intervención -que había sido impuesta en la gestión anterior-, la prórroga del contrato por decreto con múltiples beneficios y el reconocimiento por parte del Estado por supuestas inversiones no amortizadas.

Ahora, el Diputado Rodolfo Tahilade -principal denunciante en la causa- presentó una ampliación de la demanda que tiene en la mira a Macri; al Ministro de Transporte Guillermo Dietrich; al ex Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y al ex Director de Vialidad, Javier Iguacel. Pide sumar como prueba los dos expedientes reservados firmados por el ingeniero Gustavo Gentili en el año 2015 y dados a conocer por este diario hace un mes. Allí se advertía que no sólo no debía levantarse la intervención a la empresa Ausol SA, sino que además correspondía investigarla por los serios desmanejos en los que incurrió durante los veinte años que llevaba operando los peajes de la Panamericana.

El resultado de los informes resulta categórico en cuanto demuestra meridianamente un manejo económico y financiero sumamente irregular de la compañía , movimientos de dinero al exterior por vías poco transparentes, produciendo una evasión impositiva gravísima, y llevando a la compañía concesionaria a una situación crítica”, señala el escrito ingresado al juzgado de instrucción 6, de Comodoro Py. El texto cita la nota periodística publicada el pasado 18 de octubre en Página/12 y adjunta los dos informes completos. Tahilade -en su calidad de querellante- solicita que sean sumados como prueba y le pide al juez que llame como testigo a Gentili, quien elaboró los dos análisis. Según alertaba el ex titular del Occovi -órgano de control que luego fue disuelto por las nuevas autoridades- la empresa no solamente daba sobrados motivos para continuar intervenida, sino que además no había ningún tipo de sustento para reconocerle la descabellada suma que reclamaba. 

Los informes del Occovi

Uno de los informes es del 29 de mayo de 2015. El otro, del 6 de noviembre de ese mismo año. Al momento de la renegociación del contrato, la nueva gestión escondió los análisis sobre los desmanejos del holding, controlado en ese entonces por la poderosa constructora de capitales españoles, Abertis.

Entre otras irregularidades, la documentación hablaba de maniobras de evasión impositiva agravada, incumplimiento del pliego-que estaba vigente desde 1994-, subcapitalización de la empresa y endeudamiento temerarioque ponía en riesgo la continuidad de la compañía. 

Pero no solamente Iguacel desoyó los expedientes administrativos. La Unidad de Información Financiera y la AFIP, a donde se remitieron dichos documentos, también miró para otro lado, hecho que está advertido en la ampliación de la denuncia. Para los demandantes, el contenido de esos informes “deja al descubierto que la renegociación integral responde estrictamente a lo requerido por la empresa de la familia presidencial, produciendo un daño inconmensurable al patrimonio público y a millones de usuarios”, a la vez que se “confirma la hipótesis en cuanto a que los funcionarios públicos imputados omitieron, todo indica que deliberadamente, estos informes a la hora de afrontar la negociación por la demanda ante el CIADI y la renegociación de los contratos de concesión”.

Los posibles delitos que se investigan son fraude al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad. A menos de cinco meses de abierta la investigación, se suman cada vez más pruebas del direccionamiento de la concesión del peaje de uno de los accesos más importantes a la Ciudad de Buenos Aires en favor de la empresa de la familia presidencial, informó Página 12.

«Otórgase la concesión de obra pública por peaje para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación, y prestación de servicios al usuario, en el marco del régimen establecido en la Ley N° 17.520, sus modificatorias y reglamentarias, de los Corredores Viales Nacionales (3, 4, 6, 8 y parte del 2), a la empresa Corredores Viales SA», se informa en el Boletín Oficial.
Según se determina en el texto oficial, el plazo de concesión será fijado «en cinco años, contados a partir de la fecha de toma de posesión, con posibilidad de prorrogarse por períodos sucesivos».
Además, la empresa Corredores Viales mantendrá todos los puestos de trabajo de las concesionarios, cuyos contratos originales estaban vencidos desde hace dos años.
La empresa Corredores Viales SA, que administra en un 51% el Ministerio de Transporte y un 49% a Vialidad Nacional, tendrá por ingresos «las tarifas que se aplicarán a los usuarios (peaje), los ingresos que obtenga de la explotación de las áreas de servicios y de explotaciones complementarias, y las subvenciones, subsidios y/o transferencias de aportes del Estado».
Además, el Estado se impone, según se detalla en el Boletín Oficial, a contener un plan de «obras a ejecutar y los parámetros técnicos exigidos para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación, y la prestación de servicios al usuario».
Los cinco corredores viales que manejará el Estado equivalen a más de tres mil kilómetros de rutas, que corresponden a los tramos de las rutas nacionales 9 y 34, la 188 , la 19, la 12, la 16, la 8 y la 36.
Las empresas que ya no tienen las mencionadas concesiones, según se detalla en el Boletín Oficial, son Corredor de Integración Pampeana S.A. (Esuco, Decavial), Autovía Buenos Aires, los Andes S.A. (Rovella, Cartellone), Carreteras Centrales de Argentina S. A. (Losi, Pietroboni), Caminos del Paraná S. A. (Helport, JCR) y Corredor Central S.A. (Supercemento, Luciano, Petersen).
Los 3.374 kilómetros que ahora se estatizan son los siguientes cinco corredores viales:-Corredor vial 2: Ruta 188, en Buenos Aires, entre las ciudades de Pergamino y General Villegas. Son 290 kilómetros, que estaban a cargo del operador Corredor de Integración Pampeana, integrado por las empresas Esuco y Decavial. Tenía 69 empleados.

-Corredor vial 3: Son 798 kilómetros, en partes de las rutas 9 y 34, en Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. Estaba concesionada a la Autovía Buenos Aires a los Andes, operador integrado por Rovella Carranza y José Cartellone Construcciones. Tenía 180 empleados.

-Corredor vial 4: son 664 kilómetros, que forman parte de las rutas 19 y 34, en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero. Lo operaba Carreteras Centrales de Argentina, integrado por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni y Luis Losi. Tenía 179 empleados.

-Corredor vial 6: Son 934 kilómetros, de las rutas nacionales 12 y 16, en las provincias de Corrientes, Chaco y Misiones. Era operada por Caminos del Paraná, empresa de la Corporación América, Rutas del Litoral y Néstor Julio Guerechet. Tenía 266 empleados.

-Corredor vial 8: Son 688 kilómetros, de las rutas 8, 36 y A-005, entre las provincias de Buenos Aires, Córdoba y San Luis. Lo operaba Corredor Central SA, integrado por las empresas Supercemento, Petersen, Luciano, Thiele y Cruz y Polan. Tenía 284 empleados.

Los 978 empleados de esos cinco corredores viales pasan a la empresa estatal Corredores Viales, manteniendo cargo, sueldo y antigüedad, así lo reseña Elonce.

La medida de fuerza fue tomada por el sindicato, Sutracovi, tras no haber acordado paritarias. Las barreras están levantadas desde las 00 de hoy y continuarán por tiempo indeterminado.

Desde la noche de este viernes, y por tiempo indeterminado, las barreras de todos los peajes de rutas y autopistas nacionales del país se encuentran con pase liberado.

Por parte del gremio, Sutracovi, anunciaron que la decisión fue tomada este jueves, ya que no lograron conseguir un acuerdo paritario.

La medida de fuerza permanecerá por tiempo indeterminado hasta conseguir un acuerdo salarial.

Medios Red

Pase libre a los vehículos por dos horas en cada turno. La medida se originó porque Vial Santa Fe negó a pagar una gratificación anual de $18.000 a los empleados.

Desde SUTRACOVI, Sindicato de Peajistas, tomaron una decisión gremial ante la negativa de la empresa, Vial Santa Fe, de no querer entregar un bono de fin de año a los trabajadores.

La medida será tomada durante hoy miércoles y posiblemente continuaría mañana jueves, a lo largo de todos los peajes de la Autopista Rosario-Santa Fe.

Las barreras estarán levantadas por un tiempo de dos horas en cada turno: 8 a 10 de la mañana, 18 a 20 de la tarde y de 22 a 00 de la noche.

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