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Patricio Musante

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Patricio Musante ex Presidente de la Cámara de la Construcción, preso por corrupción, ahora con prisión domiciliario y tobillera electrónica.

La Uocra dice que la Cámara de la Construcción «desapareció» y pide reunirse con el Gobierno.

El dirigente de la Uocra, Claudio Paredes, pidió que el Gobierno de Mariano Arcioni los convoque a una reunión junto con la Cámara de la Construcción para definir cuáles son las obras que se van a ejecutar antes de fin de año. Ayer el gremio levantó parcialmente las medidas de fuerza en Trelew, pero continuará en estado de alerta y movilización hasta que el Gobierno convoque a las partes.

Paredes recibió en la sede del gremio en Trelew a diario EL CHUBUT. Cuestionó que los empresarios y el Gobierno «están jugando al gato y el ratón con los pagos» mientras que los obreros esperan que se reactiven las obras. Sostuvo que la Cámara de la Construcción «desapareció» desde que estallaron las causas de corrupción en la Justicia.

Walter “Toco” García Moreno saludando como “pibe chorro” a Víctor Cisterna, a su lado Patricio Musante pidiendo ayuda.

El gremio reclama que se reactiven los centros de encuentro, el hospital y las 60 viviendas de Sutiaga. «Hubo que hacer una quema de gomas y movilización para que por arte de magia se moviera la gente del IPV», cuestionó Paredes. También le plantearon estos mismos problemas de falta de obras al intendente Adrián Maderna, pero «aduce que está cansado de llamar y que tampoco le hacen caso».

«NO PAGAN, YO NO PAGO»

El dirigente de la Uocra remarcó que después de que explotaron las causas de corrupción en la Justicia, «la Cámara de la Construcción desapareció, solo queda un gerente, y no hay presidente». Mencionó que durante este año «no tuvimos una sola reunión con la Cámara» para analizar las perspectivas de obras. Comentó que cada vez que llaman a los empresarios para reclamarles «qué pasó que no pagaste», la respuesta que reciben es siempre la misma: «No me pagan, yo no pago».

La foto histórica de Cholila Online mostrando la cara de Walter “Toco” García Moreno como alguna vez se lo mostró a Yabran que nunca se dejaba ver.

En cuanto a los reclamos, Paredes determinó que «el paro es contra las dos partes (el Gobierno y las empresas) porque se tienen que poner de acuerdo». El dirigente acusó que «los empresarios también a veces toman de rehén al obrero no pagándole para que salgamos a intermediar, que es nuestra función que pueda tener su quincena», concluyó.

Oscar Peña, imputado en la causa “Revelación” por los cargos de cohecho y enriquecimiento ilícito, pidió declarar ayer ante los fiscales de la causa y lo hizo acompañado por su abogado, Javier Kadomoto.

El empresario de Esquel brindó una versión de los hechos muy parecida a la que describió en su momento quien fuera presidente de la Cámara de la Construcción en el Valle, Patricio Musante, al sostener que la situación de su empresa en la etapa en que acontecieron los hechos investigados “era catastrófica”, lo que lo llevó a tener un pasivo de casi 80 millones de pesos, producto de los pagos que se veía presionado a realizar.

Sostuvo el empresario que entró en “una bicicleta con certificados, pagos y adelantos que le hacía el Banco”, llegando a la situación de despedir a 200 empleados de Peña Construcciones.

Das Neves lo mandó a hablar con Cisterna

Según la declaración de Peña, en el verano de 2016 le planteó al gobernador Mario Das Neves la situación de ahogo financiero que padecía su empresa, y el mandatario lo mandó a hablar con el entonces ministro Coordinador, Víctor Cisterna (actualmente cumpliendo prisión preventiva por ésta misma causa).

Cisterna le habría dicho que tenía que pagar una coima del 5% de las nuevas obras, 3% por obras viejas o el 1,5% para destrabar los certificados. Y agregó Peña ante los fiscales que el entonces ministro lo derivó a hablar con Pablo Bastida, quien en la actualidad también cumple prisión preventiva domiciliaria sospechado de ser el «valijero».

Dando continuidad en su relato, Peña contó de aquel encuentro con Bastida que éste le indicó que debería mostrar voluntad de pago y empezar a aporar, en principio, 150 mil pesos. Reconoció Peña que empezó a pagar a la caja negra de la política con cheques, a falta de dinero en efectivo, y así logró destrabar los certificados.

El llamado de Correa

Coincidente con el relato de otros empresarios que también buscan el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, Peña relató además que, una vez que Cisterna dejó el Ministerio de Coordinación de Gabinete, recibió el llamado telefónico del subsecretario de la Unidad Gobernador, Diego Correa.

Eso acontenció -según la declaración del empresario- en febrero de 2017, momento en que Correa le habría informado que el modus operandi se mantenía pese a la salida de Cisterna.

Con su declaración, Peña también se presentó como «víctima» de presiones de los funcionarios imputados, accediendo al pago de coimas para poder trabajar con su empresa constructora.

Logró así acceder a la audiencia que se realizará hoy en Rawson (lo hará por videoconferencia desde Esquel), donde se debería definir el pedido de «probation» de los empresarios Musante, Torraca y Salaberry.

 

 

El Chubut

El jueves 23 se realizaría la audiencia en la que el juez Sergio Piñeda resolverá sobre el pedido de la suspensión del juicio a prueba para los empresarios Patricio Musante, Esteban Torraca y Juan Ignacio Salaberry. La declaración de Diego Luters por las causas «Embrujo» y Revelación» no tiene fecha, pero podría concretarse el viernes.

Después de las controversias suscitadas por el acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal, los abogados defensores y algunas de las querellas en torno a la suspensión del juicio a prueba para tres empresarios, esta semana quedará subsanado este conflicto que despertó malestar en la sociedad y en la clase política.

La fecha aún no está establecida debido a la agenda cargada que tiene Piñeda, aunque desde la Oficina Judicial de Rawson confirmaron a EL CHUBUT que la idea es que la audiencia «se realice el jueves».

En ese encuentro, las partes deberán ponerse de acuerdo sobre la reparación ofrecida por los empresarios. Musante ofertó la construcción de un Salón de Usos Múltiples en Gaiman de 35 metros cuadrados, más reparaciones en el exterior del lugar. Torraca propuso refaccionar la Comisaría de Mosconi en Comodoro Rivadavia, en tanto que Salaberry construirá un paredón, mejorará el sistema de agua y pintará el interior y exterior de la seccional cuarta de Trelew. Por su parte, Piñeda tendrá la compleja tarea de definir si acepta la probation para los tres empresarios.

Expectativa por Luters

El secretario de Diego Correa declarará por las causas «Embrujo» y Revelación», en donde está imputado por asociación ilícita. El abogado defensor, Lisandro Benítez, aseguró a EL CHUBUT que Diego Luters «centrará su testimonio en el rol que cumplía como secretario de Correa».

«Analizamos toda la documentación de las dos causas que era muy voluminosa y entiendo que Luters ya está preparado y en condiciones de declarar», reconoció Benítez.

Hay fuertes expectativas por la declaración de Luters. Será extensa y podría derivar en nuevas hipótesis para los fiscales.

 

 

El Chubut

Tres empresarios de la construcción ofrecieron ejecutar obras en un jardín maternal y en dos comisarías a cambio de ser sobreseídos en la causa “Revelación” que investiga el Ministerio Público Fiscal del Chubut por el pago de coimas al gobierno del ex gobernador Mario Das Neves. El ofrecimiento fue aceptado por los investigadores y los cuatro querellantes coincidieron en general con el acuerdo pero se tomarán dos semanas para analizar las características técnicas de las obras ofrecidas.

Se trata de Patricio Musante que prometió ejecutar tareas en un centro de acción familiar de Gaiman,  Ignacio Salaberry que ejecutará un paredón perimetral de 70 metros, colocará un tanque de 1200 litros de agua y pintará toda la Seccional Cuarta de Policía de Trelew. Por su parte el empresario comodorense Andrés Torraca prometió mejorar las condiciones edilicias general de la seccional de policía de General Mosconi en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Los fiscales argumentaron que en lo que va de la investigación, no hallaron más pruebas que agrave la situación de los tres imputados. De investigarlos como posibles integrantes de una “asociación ilícita” que prevé penas de prisión efectiva, ahora están imputados de “cohecho activo”, con penas menores y de carácter excarcelables.

El acuerdo que se terminará de sellar el próximo día 23 luego de que los cuatro querellantes –Fiscalía de Estado, Oficina Anticorrupción, denunciantes y las agrupación Iniciativa Ciudadana- analicen las obras a ejecutar desde el punto de vista económico y técnico.

El acuerdo fue sellado en parte en una extensa audiencia que se realizó este viernes en la Oficina Judicial de Rawson y que fue presidido por el juez Sergio Piñeda.

Los fiscales estuvieron de acuerdo con los defensores de los  imputados Torraca, Musante y Salaberry. Agregaron que en representación del Estado en la persecución penal, deben ser coherentes con el principio de objetividad a la vez que destacaron la predisposición de los imputados a someterse y colaborar con la  investigación.

Al momento de plantear la aplicación de la figura de la “reparación” prevista en el Código Procesal del Chubut, el abogado defensor de Torraca dijo que de haber llegado a la instancia de juicio oral, hubiese sido una  estigmatización innecesaria de su cliente.

Por su parte Federico Ruffa, defensor del imputado Patricio Musante, coincidió con el querellante Alfredo Pérez Galimberti (representante de los diputados denunciantes y de Iniciativa Ciudadana) al indicar que el sistema de corrupción en la obra pública siembre existió y es generalizado. “Por ello considero que también se deberá sentar en el banquillo de los acusados a los órganos de control del estado, porque este pequeño grupo de empresarios no pueden hacerse cargo de la corrupción en todo el sistema”, destacó. Al momento de los efectos prácticos, ofreció la construcción de un salón de usos múltiples en un jardín maternal de Gaiman al que concurren niños de familias de escasos recursos. La obra incluye acciones complementarias, como veredas y cercos.  Pidió además que lleve un cartel indicativo de la causa judicial que se está resolviendo.

Carolina Salaberry defendió a su hermano Ignacio Salaberry, titular de la empresa Arteco de Trelew.  Ofreció la construcción de un paredón de 70 metros de largo por dos metros de altura, la instalación de un tanque cisterna de 1.200 litros y pintar toda la comisaria cuarta Trelew. Todo a cambio de que sea sobreseído.

Las obras deberán ejecutarse en tres meses y el seguimiento  será realizado por un técnico idóneo de la Justicia. Los fiscales pidieron además que durante un año y medio los imputados deberán seguir estrictas pautas de conducta y no cometer nuevos delitos.

Los tres querellantes estuvieron de acuerdo con las obras propuestas por los empresarios imputados. Coincidieron además en el cambio en la calificación legal. Pero los querellantes pidieron un par de semanas para analizar las propuestas desde el punto de vista técnico y económico.

Hasta el 24 de agosto los tres imputados estarán en libertad con el compromiso de acreditar periódicamente sus respectivas presencias en las ciudades de Chubut donde residen. Torraca, Musante y Salaberry estaba con arresto domiciliario, los dos primeros con autorización a concurrir a trabajar.