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Pablo Oca

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Este lunes sobre las 8 horas comenzaba la audiencia en la que siete nuevas empresas serán imputadas en el marco de la causa Revelación.  Están presentes el ex ministro Pablo Oca y el ex secretario privado de la Gobernación, Diego Correa, además de los 10 empresarios pertenecientes a siete firmas que serán imputados.

Los empresarios que serán imputados este lunes son Sandin, de Sandin y Asociados; Capandeguy y Manzanel, de Capman; Castro Blanco, de Apicons; Igarzabal, de OPC; Andrés Barrionuevo, de IPE junto a Riquelme y Rossi; Gustavo Moreta, de Libra y Fernando Quistani, de Habitar SRL.

 

 

ADN Sur

El ex secretario de la Unidad Gobernador Diego Lüters relató en una audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson este viernes cómo fueron los pagos de “retornos de la obra pública”. En el marco de la causa “Revelación”, apuntó contra el ex secretario privado del gobernador, Diego Correa, y relató que con el certificado de orden de pago se llamaba al ex ministro de Economía Pablo Oca y que Correa cerraba el grifo y obligaba a empresas a tener que sentarse con él. Dijo que las reuniones con empresarios eran “en una oficina contigua a la de Correa” y aseguró que el ex secretario privado del gobernador tenía “colaboradores en Comodoro (y otras ciudades) para la recaudación”.

Diego Lüters, en la primera audiencia desarrollada en la Oficina Judicial de Rawson/Daniel Feldman
“Él (por Correa) con una clave y usuario me enviaba a mí muchas veces siete números que hacen a una orden de pago. Ahí se consultaba, se imprimía e ingresaba al despacho. Hasta ese momento era una tarea normal. No había nada extraño”, manifestó.

Aclaró que “después acá empieza lo que es la parte de lo que entiendo que eran los retornos que entregaban las empresas constructoras hacia Diego Correa”. Precisó que “una vez ingresado a la oficina encuentro un escritorio con demasiados papeles, carpetas, sin saber cómo ordenarlo y armarlo y me entrega a mí una cierta cantidad de cheques donde me pide que le haga otra planilla más. En esa planilla que armo con los cheques se mencionaban las empresas, el banco emisor del cheque, el monto, la fecha de vencimiento y por mi conocimiento bancario le ponía en otra celda si era para cobro por ventanilla o era para ser depositado en cuenta corriente”.

Relató que “tanto los cheques y las reuniones que mantenía con empresarios eran en una oficina contigua a la oficina de él, que está en el pasillo de los gobernadores”.

Lüters presentó “una copia de parte de los cheques que se recibían” y aclaró: “cuando digo lo de retornos y por qué me doy cuenta o él me dice que esto era de la obra pública es porque si bien los cheques eran todos emitidos para empresas constructoras era porque ya él necesitó que yo le vaya armando las diferentes planillas y me fue explicando un poco más cómo era el mecanismo. Por eso me mandaba constantemente mensajes de Whatsapp con números de órdenes de pago o me decía que iba a venir una persona X que era dueña de una empresa constructora y para que no quede registro en Casa de Gobierno en el ingreso por Vachina y Belgrano yo salga al pasillo y avise a los policías que iba a ingresar por la peatonal Fontana, por donde pueden ingresar sólo el gobernador y los funcionarios, para avisar que iba a ingresar alguien a ver a Diego Correa”.

Sobre una reunión mantenida con el empresario Patricio Musante, dijo que “él les comunicó que todo iba a seguir igual, que no iba a haber cambios en la metodología, que les entregaba su número de teléfono para que cualquiera que necesite lo empiece a llamar”.

“Entiendo yo ahora que es el retorno de la obra pública y que en esa reunión lo que transmite es que hablen con los empresarios para que se vuelva a fijar el sistema ya que iba a estar él, Diego Correa, a cargo de toda la operatoria”, agregó el exfuncionario detenido.

“Lo que se habló y termino ubicando en la planilla que mencioné es que se iba a cobrar el 3% para la obra vieja y el 5% para la obra nueva, lo que se subdividía en el 2,5% si era en efectivo y 3% si era cheque y un 4,5% en efectivo y un 5% si era obra nueva”, especificó y detalló que “obra nueva era lo que se iniciaba en este tercer mandato del gobernador” Das Neves.

“En Comodoro Rivadavia y Esquel tenía una suerte de colaboradores para la recaudación del efectivo o cheques que le entregaban las empresas que se hacían en la oficina contigua al pasillo de la privada del gobernador”, contó Lüters.

El exfuncionario dijo que “en algunas oportunidades cuando se iba el gobernador a las 14 o 15 horas (Correa) me pidió que vaya al despacho con su mochila o alguna bolsa y me pedía que saque lo que había ahí. Si bien en algunas oportunidades eran sobres, en otras era dinero en efectivo, que lo agarraba, lo guardaba, se lo llevaba a su oficina y se lo entregaba a él”.

“En la gran mayoría de los cheques aparecen las firmas de los choferes”, detalló y añadió que Correa “me pidió a mí y en alguna oportunidad accedí” pero “yo no era partícipe de ir a cobrar (los cheques). Él siempre decía que no importaba, que vaya y se cobren, lo que generó una especie de discusión con Diego”, añadió en su declaración.

“Como el flujo de gente que ingresaba y salía a la oficina del gobernador era bastante siempre me daba los cheques a mí y yo le decía a alguno de los choferes o al cadete que fueran, los mandaba por orden de Diego al Banco del Chubut, hacían el cobro por ventanilla y me traían el dinero en efectivo a mí. Yo simplemente lo guardaba en el cajón o en la famosa mochila”, relató Lüters y agregó que “cuando él quedaba solo en el despacho ingresaba y le entregaba el dinero”.

Sobre los montos de los cheques, mencionó que “él lo que les pedía a las empresas es que sean inferiores a $50 mil para que puedan ser cobrados por ventanilla. Si eran mayores a ese monto lo depositaba en la cuenta corriente de dos empresas de él. Si los cheques eran mayores a $50 mil “me pedía que le saque una fotocopia y que en la planilla se los marque y ponga que se los había entregado a Federico Piccione, de Comodoro Rivadavia)”.

“Al principio lo venía a ver a Diego como una amistad y al tiempo ya era más seguida su visita a Casa de Gobierno,aproximadamente una vez por semana”, sumó el ex funcionario de la Unidad Gobernador y aclaró que su trabajo “no era opinar ni decidir nada en Casa de Gobierno sino simplemente hacer lo que Diego me pedía”.

 

 

ADN Sur

Las anotaciones del chofer Oscar Centeno sobre los viajes de su jefe Roberto Baratta, prolijas y detalladas, abrieron las puertas de un posible entramado de corrupción que funcionó durante los 12 años de gestión del kirchnerismo. Eso investiga la Justicia, monopoliza la actividad en los tribunales federales de Comodoro Py, y es una onda expansiva cuyo impacto para el sistema político y para la economía del país aún no se puede dimensionar.

En las últimas semanas, ex funcionarios y muchos de los principales empresarios de la Argentina reconocieron en la Justicia el cobro y el pago de dinero negro, y hasta el propio Mauricio Macri habló de un proceso que supera en rating a las series de Netflix.

Pero este esquema de retornos y licitaciones a dedo tiene sus ramificaciones, pequeños “Lava Jato” que revelan el sistema de poder  y la vinculación entre políticos y empresarios. Un ejemplo de esto es la provincia de Chubut, donde la Justicia investiga las gestiones del fallecido ex gobernador Mario Das Neves y de Martín Buzzi; y detuvo a funcionarios del actual gobernador Mariano Arcioni y a empresarios vinculados con la obra pública.

En tres causas paralelas, denominadas como “emergencia climática”, “el embrujo” y “revelaciones”, que incluyen los delitos de administración fraudulenta, sobreprecios y asociación ilícita, están siendo investigados Diego Correa, cercano al fallecido Das Neves, y Diego Luthers, ambos secretarios de la Unidad Gobernador;  el ex jefe de Gabinete Víctor Hugo Cisterna; el  ex secretario privado Gonzalo Carpintero; y el ex ministro de Economía, Pablo Oca.  Todos ellos están detenidos con prisión preventiva.

También se encuentran imputados y procesados Alberto Gilardino, ex ministro Coordinador de Gabinete; la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo; y el ex subsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Suárez.

La tanda más significativa de capturas tuvo lugar en mayo. Por orden del juez chubutense Sergio Piñeda, a requerimiento del fiscal Marcos Nápoli, también quedaron detenidos los empresarios Patricio Musante, titular de la Cámara de la Construcción de Chubut, y Daniel Russo, Juan Salaberry, Juan Carlos Villegas, Federico Piccione, Esteban Torraca, y Oscar Peña, todos ellos también del rubro de la construcción.

El único de los empresarios que sigue detenido es Piccione, dueño de la empresa Nitens SRL y vicepresidente de la Cámara Constructora de Comodoro Rivadavia. “Está acusado de ser miembro de una asociación ilícita. Su función era recaudar cheques en Comodoro Rivadavia y acercárselos a Correa”, aseguró a Infobae el fiscal Nápoli, que instruye en la causa “Revelaciones” junto a Héctor Iturrióz.

“Nosotros estamos investigando los delitos de cohecho, pago de coimas y asociación ilícita, y teniendo en cuenta el monto que los empresarios declararon pagar nosotros tenemos probado que se trata de una suma de 250 millones de pesos, que comprende el período de tiempo de dos años de la gestión Das Neves”, reconoció Nápoli.

Similitudes con el expediente denominado “cuadernos de las coimas

Uno de los empresarios que declaró como “arrepentido” frente al fiscal Carlos Stornelli fue Carlos Wagner, que fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Entre otras cosas, detalló cómo era el sistema de cartelización de la obra pública mediante el cual las empresas se quedaban alternativamente con los contratos y confesó que pagó coimas.  Habló, reconoció el delito, y se fue a su casa.

Como Wagner,  Musante admitió el pago de “retornos” por la obra pública y describió cómo eran las presiones de la gestión Das Neves. Dijo, ante los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, que Diego Correa era el funcionario que fijaba los porcentajes del dinero negro. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el empresario declaró lo siguiente: “Me llamó Diego Correa. Yo estaba en Buenos Aires. Me pasó con Das Neves y acordamos que al día siguiente nos reuniríamos. Cuando entro a su oficina me dijo: ‘a Sudelco se le acabó la coronita. Tienen que aportar como todos, así que ahora a la platita la tenés que poner. Esto lo tenés que manejar con (Diego) Correa'”.

El empresario habló, incriminó a funcionarios y quedó en libertad. No fue el único.  Juan Salaberry (Arteco SA) y Esteban Torraca (Edisud SA) también reconocieron el pago de coimas. La defensa de los tres empresarios planteó la suspensión del juicio a prueba, lo que significa que podrían ser sobreseídos del delito si cumplen con determinadas condiciones.

Este proceso que se desarrolla en Chubut, ¿puede servir de antecedente para adelantar el futuro de los varios de los empresarios más importantes del país que se arrepintieron ante Bonadio y Stornelli, representantes de firmas como Techint, Electroingeniería, Iecsa, Isolux, EMEPA, o el grupo Roggio?

En esta línea, los tres empresarios de la construcción (los chubutenses Musante, Salaberry y Torraca) propusieron a modo de resarcimiento efectuar obras y reparaciones en establecimientos públicos ubicados en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew y Gaiman. La Oficina Anticorrupción de Chubut y tres diputados del Frente para la Victoria, que forman parte de la querella, se oponen a esta posibilidad. El juez Piñeda fijará su postura en una audiencia que se desarrollará este viernes 24 de agosto.

“La pena por este tipo de delitos es de uno a seis años de prisión en suspenso y tienen el atenuante de carecer de antecedentes; y un recupero económico cuyo monto máximo es de 90 mil pesos, algo que no tiene sentido. Nosotros queremos recuperar el dinero de los empresarios, hablamos de un monto de más de un millón de pesos por cada empresario, según la capacidad de cada empresa”, destacó ante la consulta de Infobae el fiscal Iturrióz. La Justicia tiene en la mira a más de una decena de empresarios.

“Un millón como mínimo para los empresarios chicos. Los grandes entre tres y cinco millones”, agregó el funcionario judicial, y amplió: “Es diferente del proceso que sigue la justicia federal (en relación a la causa de los cuadernos)  porque allí está la posibilidad de la figura del arrepentido colaborador, que reduce las penas de un tercio a la mitad y descarta la posibilidad del recupero económico”, agregó el funcionario judicial.

Buzzi, Das Neves y Arcioni

La investigación judicial contra funcionarios y ex funcionarios de la administración provincial cobró fuerza cuando en un allanamiento en uno de los domicilios de Correa se secuestró un registro contable fraudulento que da cuenta de pagos y retornos de dinero negro vinculado a contratistas de obra pública, en donde se menciona, por ejemplo, al propio gobernador Arcioni y también a familiares de Das Neves (a mediados de mayo se allanaron propiedades de su viuda, Raquel Di Perna, y de su hija Mariví Das Neves).

Según los fiscales Parodi e Iturrioz, no solo se investigan los dos años de la última gestión Das Neves (2015-2017, hasta que murió), sino que también el gobierno de Martín Buzzi (2011-2015) y el actual de Mariano Arcioni. Sobre este último, el fiscal Iturrióz señaló: “La constitución veda el sometimiento a proceso del gobernador en curso, pero nada dice de que sea investigado”.

Parodi, por su lado, amplió: “Apareció una planilla en donde el actual gobernador aparece cobrando un sobresueldo, pero no lo tenemos corroborado. Es más, tenemos datos de que a partir de su llegada se cortó el pago de las coimas”.

Un dato de color u otra similitud con la investigación a nivel nacional: el particular punto de largada. Como la insólita aparición de los cuadernos de Centeno, en Chubut fue un caja anónima dejada en la Legislatura, con documentación sobre sobresueldos en el manejo de la emergencia climática de Comodoro Rivadavia del año pasado, lo que destapó otro esquema de corrupción vinculado a la función pública.

 

Infobae