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Pablo Korn

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Los fiscales Daniel Báez y Jorge Bugueño pidieron la apertura formal de la investigación para los exfuncionarios provinciales Pablo Korn y Alejandro Pagani, entre otros. También piden imputar como partícipe al empresario Massoud Ighani. Es por la contratación directa de una obra para Comodoro Rivadavia. La audiencia de apertura de investigación será el miércoles 26 a las 10 horas en Rawson ante el juez Marcelo Orlando.

La investigación la llevaron adelante durante más de tres meses. La hipótesis de los fiscales es que Korn y Pagani, cuando eran subsecretario de Servicios Públicos y Ministro de Infraestructura y Planeamiento respectivamente, direccionaron una obra de servicios públicos para Ighani, titular de la Unión Transitoria de Empresas Rigel – Incopa de Comodoro Rivadavia, quien  se benefició con el 20% de anticipo del monto de la obra de aproximadamente $90.000.000.  “Aprovechándose del cargo que ostentaban, direccionaron la contratación directa para beneficiar económicamente a la UTE RIGEL – INCOPA”, sostienen los fiscales.

“A partir de Julio de 2016, Korn y Pagani se interesaron en la contratación directa con la U.T.E. RIGEL – INCOPA de la ciudad de Comodoro Rivadavia. La contratación era para la alimentación de energía eléctrica y estación transformadora Área Central Stella Maris”, indicaron Báez y Bugueño en su escrito presentado ante la Oficina Judicial.

La contratación se realizó a través de invitación a empresas constructoras. Pero, según afirman los fiscales, “sin perjuicio del avance de la investigación, surge que esta UTE no fue invitada formalmente, pero aparece en la apertura de ofertas, y es la que luego es contratada. Los funcionarios ignoraron a las restantes firmas que habían sido formalmente invitadas, como por ejemplo Sudelco SA y Freile SRL”.

En el trámite de adjudicación intervinieron otros funcionarios, en lo que se denominó una Comisión de Pre adjudicación, integrada por Fabián Smith, integrante de la Cooperativa de Comodoro Rivadavia, y Mario Alegre y Jorge Block, funcionarios de Servicios Públicos.

Para los fiscales, surge como partícipe necesario el apoderado de la UTE Massoud Ighani, cuya complicidad fue necesaria para concretar la maniobra fraudulenta.  “No es un dato menor que esta U.T.E. también fue la beneficiada de forma directa en otra obra y en el mismo lapso temporal por otra obra millonaria que se encuentra también bajo investigación, que es la contratación por el “Suministro de electricidad Rada Tilly”, indicaron Báez y Bugueño.

Negociaciones incompatibles

La calificación legal por la cual serán investigados es por “negociaciones incompatibles con la función pública”, en carácter de coautores para Pagani, Korn, Feller, Alegre y Block; y de partícipes para Smith e Inghani.

En este tipo de delito, “la conducta que la ley penaliza consiste en interesarse, en la búsqueda de un beneficio propio del funcionario o para un tercero, en cualquier contrato u operación en el que le corresponda intervenir debido a su cargo”, explicó Bugueño. La autoría corresponde por lo tanto en exclusividad al funcionario. Y el partícipe necesario, en este caso Inghani y Smith, tienen prevista la misma pena. “A los fines de la pena, la cuestión es indiferente, desde que al partícipe necesario le corresponde la misma sanción penal que al autor”, cerró el funcionario.

Los diputados provinciales Blas Meza Evans, Alejandra Marcilla y Gabriela Dufour, también serán querellantes en la causa que investiga presuntos sobreprecios en el área de Servicios Públicos de la Provincia.

Está imputado el ex subsecretario Pablo Korn por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, y también el comerciante de Trelew, Darío D’amico.

 

El Chubut

El juez Marcelo Orlando rechazó un planteo del defensor del imputado Pablo Korn y esté seguirá imputado del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Enrique Korn, padre y defensor del ex funcionario, había argumentado que a su asistido no se le permitió el derecho a legítima defensa. Manifestó que los fiscales que investigan el caso, no le permitieron declarar, aportar pruebas y documentación cuatro días después –el 20 de septiembre del año pasado- de que diputados provinciales del Frente para la Victoria, presentaran la denuncia por presuntos sobreprecios en la adquisición de materiales eléctricos para Comodoro Rivadavia tras una situación emergencia climática que afectó severamente los servicios en esa ciudad. Korn estaba a cargo de los Servicios Públicos de la provincia y los elementos que se compraron se adquirieron a Oscar D’Amico, de un comercio del rubro de la ciudad de Trelew, allegado además –según los fiscales- a Korn. Este último se encuentra imputado en la misma causa como partícipe necesario.

El juez Marcelo Orlando en la audiencia de este martes convalidó la postura de los fiscales Alex Williams y Omar Rodriguez, en el sentido de que el derecho a la legítima defensa comienza luego de la apertura de investigación que homologa un juez y no en la investigación previa que realizan los fiscales tras la recepción de una denuncia. El abogado Korn, ante la posibilidad del revés en la resolución del juez Orlando, hizo “reserva Federal” del caso adelantando la posibilidad de una impugnación.

Por otra parte como continuidad de la audiencia, se constituyeron tres querellantes para apuntalar la acusación e investigación junto a los fiscales. Se trata de la Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción y los diputados denunciantes. Mario Romeo por la Oficina Anticorrupción, Javier Dominguez por la Fiscalía de Estado y Martin Mesa por los diputados del Frente para la Victoria.

Todos los querellantes coincidieron con la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal además de la calificación legal que eligieron. El juez Marcelo Orlando convalido a los nuevos querellantes no obstante las impugnaciones que podrá realizar la defensa.

Los hechos que se investigan

Los fiscales investigan lo ocurrido  el año pasado durante la emergencia climática en Comodoro Rivadavia. Para Williams y Rodriguez, el imputado Pablo Korn en carácter de subsecretario de servicios públicos del Chubut, priorizo direccionar las compras a su “amigo y socio” Rubén D’Amico  sin haber siquiera realizados consultas a proveedores de esa ciudad o de la ciudad de Trelew.

Se trata de la compra de materiales por algo más de 3.700.000 pesos realizados al comercio de D’Amico para restablecer parte de los servicios públicos afectados por un fuerte temporal que sobre fines de marzo y principios de abril del año pasado azotó la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Rodríguez manifestó que “la posibilidad de contratar en forma directa durante una emergencia, no habilita a los funcionarios provinciales para que hagan cualquier cosa. Por ejemplo contratar a un amigo. Es obligación del funcionario justificar por qué eligió a ese proveedor”.

También manifestó que durante la investigación previa al pedido de apertura de investigación, “hemos reunido documentación y entrevistas que demuestra que en Comodoro Rivadavia y en Trelew hay otros proveedores del Estado, y que a ellos no les compraron nada”. También Rodriguez se refirió a la imputación elegida, la de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la modalidad de delito continuado en calidad de autor (Korn) y de partícipe necesario (D’Amico)”. Dijo que esta figura penal “no exige daño contra el Estado, como podría ser por ejemplo un posible sobreprecio. Ni siquiera que haya existido un beneficio propio para Korn. En este caso la víctima es el Estado por el accionar de un funcionario que no le fue fiel”, destacó.

Rodriguez ya había destacado en la audiencia de apertura de investigación, el significado que tiene en el proceso penal esta audiencia. Dijo que “la audiencia de apertura de investigación es una garantía que tiene la persona sospechada de un delito para que pueda acceder a toda la prueba y documentación que existe en su contra. El objetivo es que tenga todos los elementos en sus manos a fin de revertir durante el proceso la hipótesis del Ministerio Público Fiscal”.

El extitular de Servicios Públicos de la Provincia y el empresario de Trelew ya fueron imputados en una causa por la compra de materiales por la emergencia climática de Comodoro Rivadavia. Ahora los fiscales pidieron que les abran otra causa por una contratación directa para comprar elementos para reparar tableros eléctricos para la obra de rehabilitación del sistema cloacal en Puerto Pirámides.

Dos fiscales que integran la Unidad Anticorrupción que depende del Procurador General, Jorge Miquelarena, pidieron abrir otra investigación contra Pablo Korn y Rubén Darío D´Amico.

Ambos sujetos ya afrontan una apertura de investigación por el presunto delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la modalidad de delito continuado en calidad de autor”, sobre el primero, y de partícipe necesario sobre el comerciante, según lo dispuso en julio último el juez de garantías Marcelo Orlando.

Los fiscales Daniel Báez y Jorge Bugueño impulsan la nueva causa y remitieron el pedido de apertura de investigación. Ambos funcionarios de la Unidad Anticorrupción recibieron una denuncia que impulsó el concejal de Puerto Pirámides, Fabián Gandón.

La nueva imputación pedida, también por operaciones incompatibles con la función pública, refiere –al igual que la acusación de los fiscales de la causa “El Embrujo”, Alex Williams y Omar Rodríguez-, que Korn ignoró a la firma Electromecánica Sur SA, que había presupuestado la reparación y la provisión de materiales para las reparaciones requeridas en Puerto Pirámides, «y en función del cargo que ocupaba y aprovechándose del mismo, y con la clara intención de beneficiar económicamente a su amigo Darío D´Amico, direccionó la contratación directa de los materiales eléctricos en favor de éste», que integra la firma Muebleluz SA de Trelew.

Los elementos adquiridos en agosto de 2017, mediante la objetada contratación directa, eran para reparar y adquirir tableros eléctricos para las estaciones de bombeo 1, 2 y 3 de Puerto Pirámides.

La denuncia del concejal Gandón también puso en duda la actuación del intendente de Puerto Pirámides, Javier Roldán.

 

 

El Patagónico

La trama de la causa que investiga presuntos sobreprecios en cuatro obras de energía eléctrica se complejizó. Los fiscales Daniel Báez y Jorge Bugueño buscan determinar si fehacientemente Nación giró los fondos para las cuatro subestaciones transformadoras. Detectaron que el Gobierno provincial financió una parte de los trabajos. Algunos de los componentes estarían en España.

La investigación por las obras de Trelew, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly entró en un laberinto. En la causa que maneja el Ministerio Público Fiscal hay tres patas clave: la intervención del área de Servicios Públicos, las empresas y las cooperativas de servicios públicos.

Los fiscales solicitaron información a la Secretaría de Energía de la Nación para delimitar si las obras efectivamente fueron financiadas por el Estado nacional. Una vez que llegue la documentación de las oficinas de Buenos Aires, comenzará a pulirse el proceso de investigación.

«Estamos esperando una información de la Secretaría de Energía de la Nación que era la que supuestamente tenía que financiar los proyectos. Queremos saber si giró los fondos, cuánto fue lo que financió o si directamente no se concretaron las transferencias», relató una fuente judicial. Los datos que manejan desde Fiscalía es que los adelantos de certificados los pagó el Gobierno provincial y no Nación.

«Las cuatro obras tuvieron un anticipo y solo una que está ubicada en Comodoro Rivadavia cobró dos certificados más», confió a EL CHUBUT un funcionario del Poder Judicial que sigue de cerca la causa. En caso de que el Gobierno nacional no haya financiado la obra, la causa no se cae, porque otra de las hipótesis que siguen los fiscales es la de sobreprecios en las cuatro obras de energía eléctrica.

En este contexto, no dudaron en decir, que al margen de quién financió las obras, «hay un desfasaje entre lo que se hizo y lo que se pagó».

«Dicen que los transformadores los compraron, pero que no están acá, sino en España», precisaron a este Diario desde la Justicia provincial.

OBRAS QUE ESTAN BAJO LA LUPA

Las cuatro obras que son objeto de la investigación son la contratación directa Nº 27/15 para la Obra de Red Eléctrica, Fracción 14 y 15 en Comodoro Rivadavia; la contratación directa 28/15 para la Obra Suministro de Electricidad a Rada Tilly; la contratación directa Nº 30/15 de la Obra de Alimentación de Energía Eléctrica y Estación Transformadora área central en el barrio Stella Maris de Comodoro Rivadavia; y la contratación directa Nº 37/15 de la Obra de Ampliación de la Estación Transformadora Nº 2 de Trelew.