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«Espero que el juez revise claramente lo que hará con este tipo de acuerdos», dijo el exdiputado Blas Meza Evans al criticar el acuerdo alcanzado por Gonzalo Carpintero con el fiscal Marcos Nápoli.

“Carpintero estaba acusado de haber sido el organizador de una asociación ilícita y de enriquecimiento ilícito; por eso le habían pedido una pena de ocho años. Si reconociera los dos delitos de los que estaba acusado, nunca hubiera tenido una pena, más allá de un acuerdo, de tres años, y en consecuencia debería ir preso. Se le quita la figura de asociación ilícita y se le deja la de enriquecimiento ilícito para justiciar los tres años”, señaló el exdiputado provincial Blas Meza Evans al cuestionar duramente el acuerdo alcanzado por Gonzalo Carpintero con el fiscal Marcos Nápoli en el marco de la causa Revelación que debería haber ido a juicio este año.

“Oca reconoce haber sido organizador de una asociación ilícita con la misma pena, pero con ninguna sanción pecuniaria. Oca no tiene multa, no tiene nada, se va a la casa y seguirá viviendo como hasta hoy”, añadió sorprendido el también exfiscal de Estado en declaraciones a Radio 3.

Meza Evans entiende que “no están poniendo la plata de ellos; están poniendo la nuestra para salir libre; esa es la indignación”.

“Supongamos que sea el 100 por ciento de lo que se ‘choreó’. No lo creo, pero igual es ridículo. ¿Qué sentido tiene el sistema penal entonces? La prisión es una amenaza que actúa como una cuestión ejemplificadora”, agregó.

“Ahora cualquier funcionario va a decir que esto no es grave; ‘hagamos lo que se pueda hacer que no pasa nada’. La transacción no cumple con el precepto del sistema penal, que no sólo es la reparación, sino operar como ejemplo para que este tipo de conductas no vuelvan a repetir”, insistió.

Justamente, con la posibilidad de iniciar otra causa de corrupción como “Ñoquis Calientes”, Meza Evans especuló con que “ahora Torres Otarola ofrecerá 500 mil pesos y se irá a la casa porque pedirá un tratamiento similar”.

Concluyó que “acá hay un acuerdo entre imputados y fiscal, pero en definitiva es el juez quien debe resolverlo”, informó El Patagónico.

Al momento de describir los hechos en la causa “ñoquis calientes”, el fiscal general Omar Rodríguez dijo en la audiencia de apertura de investigación que la ex diputada provincial y ministro de familia Cecilia Torres Otarola, “obligaba al resto de los imputados a dejar sus sueldos en provecho propio”. La audiencia se inició en la mañana de este martes y los abogados defensores cuestionaron algunos de sus términos por lo que la jueza de garantías Ivana González se tomó algunas horas para analizar su resolución.

En la audiencia y ante los presentes en el edificio de la Oficina Judicial de Rawson solo ocupada por periodistas y los presuntos querellantes en representación de la Fiscalía de Estado, acompañado por el funcionario de fiscalía Lucas Koltsch, el fiscal general Omar Rodríguez realizó consideraciones sobre la investigación realizada hasta el momento.

Dijo que Torres Otarola “contrataba asesores sabiendo que no existiría contraprestación, porque la mayoría ni siquiera residía en la provincia del Chubut. Algunos de ellos ni siquiera se comunicaban telefónicamente con ella, trabajaban de manera informal de los que comúnmente se lo conoce como en negro”. Agregó que “aún no está cuantificado el monto total de los ilícitos y que ello estará a cargo de los contadores que trabajan con los fiscales en la medida que avance la investigación”.

Manifestó además que “estamos trabajando también en la presunción de estar frente al delito de enriquecimiento ilícito por parte de Torres Otarola. Oportunamente pediremos la apertura de investigación”, anticipó Rodríguez.

En la causa existe un total de 13 personas imputadas y está caratulada como “Cecilia Torres Otarola y otros, presunto fraude a la administración pública”. Además de la ex funcionaria, se encuentran imputados Silvana Cañumil, Patricia Claudina Antonio, Alberto Gilardino, Jaquelina Rodera, Marcelo Neira,Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, el ingeniero Carlos Cundari, Miguel Reto Trelles, Pamela Matamala y Facundo Jofré.

La mayoría de los abogados defensores no se opusieron a la apertura de la investigación aunque en general coincidieron en rechazar el pedido de los fiscales en cuanto a se considere al caso como “complejo” que permitiría extender el tiempo de la investigación. Los fiscales dijeron que la gran cantidad de hechos a probar, la gran cantidad de imputados y las dificultades para la investigación que genera la cuarentena por el COVID 19 justifican la extensión de los plazos.

La jueza Ivana González se cree que convocará nuevamente a las partes en horas de esta tarde para dar a conocer su resolución.

La jueza penal Ivana Gonzales decidirá este martes por la tarde si autoriza la apertura de investigación en contra de la ex ministra de la familia Cecilia Torres Otarola por los delitos de fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Este martes por la mañana los fiscales Omar Rodríguez y Lucas Koltsch le solicitaron a la jueza Gonzales la autorización para iniciar formalmente la investigación que la tiene como probable imputada a la ex ministra Otarola y a otros 12 ex funcionarios de la cartera de familia.

Ninguno de los acusados decidió declarar en la audiencia de esta mañana que tuvo una duración de dos horas y que tuvo la sola presencia en la sala de los fiscales y de dos representantes de la fiscalía de estado.

El fiscal Omar Rodríguez reiteró que la ex ministra Otarola diseñó un sistema para percibir dinero de los sueldos de funcionarios designados por ella en el Ministerio de la Familia y con anterioridad como diputada provincial.

“De todos los elementos colectados surge la posibilidad de que en el futuro iniciemos otra causa contra Torres Otarola por el presunto delito de enriquecimiento ilícito” adelantó el fiscal Rodríguez.

Los abogados defensores Omar López y Damián D’Antonio en representación de Patricia Antonio y Alberto Gilardino se opusieron a la apertura de investigación, cuestión que deberá resolver esta tarde la jueza Ivana Gonzales.

Cecilia Torres Otarola, ex diputada provincial y ex ministra de Familia, y otras doce personas están imputadas por presunto fraude a la administración pública y a partir de hoy serán enjuiciadas en la Sala 2 de la Oficina Judicial de Rawson por videoconferencia en la causa de los «ñoquis calientes».

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración pública en la figura del fiscal general Omar Rodríguez, había confirmado durante el pasado mes de julio el respectivo pedido de imputación en la causa; según publicó Mil Patagonias.

De la presentación realizada por la Oficina Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal se desprende que son trece las personas involucradas en la misma cantidad de hechos. Se trata de Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles, Silvana Adriana Cañumil, Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino.

Los hechos 

Como hipótesis de la acusación contra Torres Otarola el MPF señala que en el año 2014 Torres Otarola empleó en su comercio a Silvana Adriana Cañumil. Luego, ya como diputada provincial, gestionó y logró que Cañumil ingresara a la Legislatura como empleada administrativa de tercera, para luego ascender hasta convertirse en asistente de bloque. Sin embargo Cañumil no prestaba funciones en el poder legislativo sino que en los hechos cumplía funciones como niñera a cargo de los hijos de la entonces diputada. De hecho la imputación sostiene que Cañumil, vivía en la casa de Torres Otalora en la ciudad de Esquel.

De manera simultánea, Torres Otarola, también gestionó y concretó el ingreso a la Legislatura, de Jaquelina Rodera, actual Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo y Familia del esposo de ésta última, Marcelo Neira, actual Director de Políticas Sociales. Además, la entonces diputada, gestionó un contrato de locación de obra, respecto del hijo de los nombrados, Branco Rodero Neira, para que también cumpliera funciones en la Legislatura.

A todo lo descrito anteriormente, Otarola gestionó la incorporación más personas a la Legislatura. En el año 2017 ingresó a prestar servicios Alexis Ganga, luego Erica Paludi, y Martín Sandoval.

A las tres personas mencionadas la diputada Otarola obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio.

Para ello, dichas personas al momento de cobrar sus haberes mensuales debían entregar un porcentaje elevado de su sueldo a Silvana Cañumil; la cajera. La operación aludida se hacía por medio de transferencias bancarias. Cañumil una vez que se hacía del dinero lo giraba a las cuentas del Banco de Chubut, del Nación cuya titular es Torres Otalora.

La operatoria luego sufre alguna modificación, cuando Otarola deja su banca como diputada y asume al frente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Desde diciembre del 2019, Otarola emprende un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como lo son la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar ningún tipo de contraprestación.

Dicho grupo se puede diferenciar de otro, ya que ocupan cargos que no tienen vínculo estrecho con Otarola, pero los objetivo espurios eran los mismos.

Ya en el cargo de Ministra, Otarola, gestionó y logró el nombramiento de Jaquelina Rodera, como Subsecretaria de Desarrollo Social, el esposo de ésta, Marcelo Neira, asume como Director de Políticas Sociales, Mara Rodera, (hermana de Jaquelina) se hace cargo de la Dirección de Control de Auditoría y compras, Facundo Solari Rodera, (sobrino de la Subsecretaria) ingresa como Director General, Raúl Rodera, (hermano de Jaquelina) lo hace como Secretario de la Ministro, Silvana Cañumil, como Subsecretaria, Carlos Antonio Cundari, se desempeña como Secretario Privado de Jaquelina Rodera, mientras que Miguel Reto, es nombrado Director General.

De los elementos analizados hasta el momento, surge de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la clara la relación de Torres Otarola con los Rodera-Neira. Relación que resulta anterior al ala asunción de Torres Otarola como Diputadas Provincial.

Pero además de todas las personas antes nombradas, la ahora ex ministra se encargó de gestionar la designación de Carlos Antonio Cundari. Este fue socio de Marcelo Neira en varias sociedades. ELEMEC SRL, Talleres de Electricidad y Mecánica, en 1998, y otra sociedad denominada INDUSTRIA CARMA SRL en 2005. Por otro lado, la designación en el cargo de Director de Miguel Reto, también está vinculada a una relación preexistente con los Rodera-Neira.

Ya en el año 2010 Jaquelina Rodera, y Mara Lorena Rodera, constituyen otra sociedad denominada, Devorebuenosayres Com SRL, fijando el domicilio de la sede Social en Guatemala N° 4168, de la Ciudad de Buenos Aires. Al consultar el NOSIS, sitio que registra en otras cosas información de antecedentes comerciales, surge que el domicilio fiscal de Miguel Reto, cuyo nombre completo es Reto Trelles Miguel Angel, es precisamente Guatemala N° 4168, de la Ciudad de Buenos Aires, coincidente con el domicilio de la Sociedad aludida en el párrafo anterior, lo que explica su designación como Director en el Ministerio de Otarola, por su vinculación con los Rodera.

A esta altura, la Fiscalía, no puede dejar de mencionar, que el común denominador que tienen Jaquelina Rodera, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Marcelo Neira, Antonio Cundari, Miguel Reto, es que todos ellos tienen domicilio en Buenos Aires. De los nombrados la única persona que reside en la zona de manera esporádica es Jaquelina, y lo hace en el domicilio de Cecilia Torres Otarola. En el otro grupo de la planta política nombrada por Torres Otarola, se menciona a Pamela Matamala, Directora de la Juventud, quien presta servicios en la privada de la Ministro.

Por su parte, Facundo Andrés Jofre, Director General, es oriundo de la ciudad de Dolavon y tendría vínculos con la nombrada Matamala. Según los registros bancarios, el nombrado el día 7 de mayo de este año, realizó una transferencia de 75.000 $ a Pamela Matamala. A su vez, según los informes remitidos del Banco de Chubut, Pamela Matamala, le realizó transferencias bancarias a la cuenta de Silvana Cañumil, que posee en el mencionado banco, los días 24 de abril de este año por un monto de 87,816 $, y el día 7 de mayo de 2020, por un monto de 84.216 $.

Por su parte Cañumil Silvana le hace una transferencia a Torres Otarola a una cuenta de su titularidad, el día 27 de abril de 2020, por un monto de 100.000 $. Asimismo, con fecha 4 de mayo de 2020 la nombrada Cañumil le hace otra transferencia a Torres Otarola, a la cuenta sueldo por un monto de 78.656,82 $. Además, el día 8 de junio de 2020, Cañumil le efectúa una tercera transferencia a Jaquelina Rodera por un monto de 50.000 $, y nuevamente a Torres Otarola, por un monto de 100.000 $ el día 8 de junio de 2020.

También y de acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público Fiscal, Silvana Cañumil, en mayo de 2019, efectuó transferencias bancarias a favor de Macayo Marcelo, por un monto de 21.467, 63 $, en concepto de pago de cuotas el Instituto de Ingles de una obligación que tenía Torres Otarola con el instituto aludido. También se destacan las transferencias entre Mauro Sebastian Valenzuela (pareja de Silvana Cañumil) y Torres Otarola. Unos meses antes, (febrero y marzo) Otarola transfiere a Valenzuela montos de $10.000 y $15.000 respectivamente.

En el período comprendido entre los años 2016 y 2020, Silvana Cañumil realizó transferencias bancarias a Torres Otarola, por más de $1.500.000.

Por su parte, Miguel Reto el día 3 de junio de este año realiza una extracción de 50.000 en efectivo, para luego hacerle un depósito por ese monto a Silvana Cañumil, en la misma fecha.

Párrafo aparte, merece ser contada la situación de M.N.F., quien figura ocupando un cargo de Directora en el Ministerio aludido. Se trata de la hija Sandra Jaramillo quien prestó servicios como empleada doméstica en la casa de Otarola, desde mediados del 2019 hasta enero del 2020. Torres Otarola, ya como Ministra le ofreció incorporar a la hija de Jaramillo al organismo a su cargo. Dicha situación se concretó, y la nombrada fue designada pocos días más tarde. M.N.F., solamente concurrió al lugar de trabajo un par de días, y no fue más. Dos circunstancias fueron las que determinaron dicha situación. La primera es que M.N.F., se tuvo que presentar en donde funcionaban las oficinas de CORFO, que en ese momento se vivía un clima de tensión. Y, en segundo lugar, la ruptura de la relación laboral entre Jaramillo y Torres Otarola, significó que la primera le dijera a su hija que no concurriera más a trabajar al Ministerio.

En todo este contexto, debemos destacar una situación relatada por la testigo. Es que, al momento de que Torres Otarola le ofrece el cargo para su hija, la misma le habría referido que cumpliría funciones de secretaria privada de la funcionaria, y que el sueldo sería de 20.000 $, sin tener conocimiento la deponente que los haberes correspondientes al cargo que fuera designada su hija eran de 43.558 $. Situación que pone en evidencia la intención de quedarse con más de la mitad del salario, por parte de la funcionaria.

Lo dicho cobra fuerza, al analizar la documentación respecto de la cuenta sueldo de M.N.F., del cual se desprende que no hubo ningún tipo de movimiento del dinero, los cuales permanecen intacto en su cuenta sueldo. Tanto la hija como la madre desconocían que existían pagos de haberes por el cargo que ocupaba, que dicho sea de paso prácticamente no concurrió.

La Fiscalía también menciona la situación de Antonio Patricia, quien ocupa un cargo de Directora General. La nombrada es madre de Alberto Gilardino. La Motivación de su designación en la planta política tiene que ver con la imposibilidad de nombrar en el cargo a su hijo Alberto, por haber estado relacionado el sindicado con causas de corrupción. La nombrada habría prestado su nombre para que en los hechos sea su hijo quien desempeñase las tareas en el cargo. Del análisis preliminar de los movimientos bancarios, se desprende que la nombrada en el mes de junio del 2020, le efectuó transferencias bancarias al cuil 20294165194, perteneciente a su hijo, un total de $187.200, luego de haber ingresado en su cuenta a sueldo el dinero en concepto de haberes por el cargo de Directora, con la cual refuerza la hipótesis ensayada.

Está claro que todos los nombrados actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles, siempre bajo la cobertura que le da el poder estatal.

En ese contexto Torres Otarola no tuvo ningún inconveniente, para lograr engañar al gobernador, abusando de su confianza, quien finalmente firmó los decretos de designación de los funcionarios solicitados por la nombrada, en función de una aparente idoneidad invocada. La ex ministra tuvo en sus manos las riendas de los hechos, y el resto de los coimputados realizaron aportes necesarios para lograr su consumación. Los funcionarios del estado, sumergidos en el error, efectuaron los pagos a personas que no cumplían ningún tipo de contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así, la maniobra estafatoria. Ya con el dinero a disposición en sus respectivas cuentas sueldo, los cómplices, no en todos los casos retornaban parte del mismo a manos de Otarola, generalmente a través de transferencias o depósitos bancarios, dirigidos a su persona de confianza Silvana Cañumil, en algunas ocasiones a Pamela Matamala, circunstancia ésta, que robustece el contenido de la conducta final emprendida, que no era otra que hacerse de manera ilegal de fondos públicos.

Calificaciones legales 

Todos estos detalles se encuentran discriminados en trece hechos donde la víctima resulta ser el Estado Provincial y por los que se encuadra el accionar de Cecilia Torres Otarola en el delito de fraude a la administración pública (art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de autora, -10 hechos-, concusión art. 266, -3 hechos-, todos ellos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes del funcionario público, art. 248, art. 54), y a su vez concurriendo materialmente entre ellos, art. 55, y 45 del código penal, al igual que Jaquelina Rodera, bajo el encuadramiento de los mismos delitos pero en cinco hechos.

En tanto Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Marcelo César Neira, Claudia Patricia Antonia, Alberto Gilardino, Patricia Claudina Antonio, Pamela Matamala y Facundo Andrés Jofré, por el delito de fraude a la administración pública art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de partícipes necesarios, -1 hecho-, art. 45 del código penal. Mientras Silvana Adriana Cañumil fue imputada por el mismo delito pero en dos hechos y como partícipe necesaria.

Medida cautelar 

Por último el Ministerio Público Fiscal, solicitó una medida cautelar sobre los bienes de Torres Otarola, a los fines de las eventuales reparaciones que en el futuro podrían tener lugar, en función de la extensión del daño ocasionado que se vislumbra prima facie, y en la inteligencia que surge como una medida razonable y proporcional a los hechos atribuibles.

Esta mañana comenzó la audiencia contra la ex ministra de Familia de Chubut, Cecilia Torres Otarola y otros ex empleados de la cartera provincial.

En la Oficina Judicial de Rawson se lleva a cabo la audiencia de apertura de investigación en la causa judicial denominada como “Ñoquis calientes”, en la que se encuentran involucradas 13 personas, entre ellas la ex Ministro de Familia del Gobierno del Chubut, Cecilia Torres Otarola.

El penalista, abogado defensor de la ex ministra de Familia chubutense y diputada provincial (MC), Fabián Gabalachis, remarcó que “ella está muy ansiosa, tiene mucha necesidad de salir a responder a todo lo que escucha, mi consejo ha sido que sea paciente”

La investigación judicial contra la ex ministra Cecilia Torres Otarola y sus asesores va camino a la audiencia de apertura que se realizará el 11 de agosto, la ex funcionaria designó al abogado penalista Dr. Fabián Gabalachis como defensor en el juicio que se viene, en diálogo con FM Del Lago, el penalista remarcó “la semana pasada la ex ministra tomó contacto conmigo y formalmente soy defensor desde ayer, ya estoy notificado que el día 11 de agosto se va a realizar la audiencia de apertura de investigación, tengo algún conocimiento de los elementos y hoy se me va a acercar el escrito de apertura de investigación, en las órdenes de allanamiento existen los detalles de cuáles son los hechos que pretende investigar el ministerio público fiscal, no tengo el respaldo probatorio de esos hechos, se deben basar en entrevistas, esos respaldos no los tengo, presumo que ese respaldo existirá”.

Consultado sobre las escuchas telefónicas, el abogado refirió “no puedo asegurar que no las haya, pero de lo que he tenido acceso hasta ahora no vi escuchas telefónicas, el fiscal interpreta que hay una defraudación pública al estado y la pena máxima es de 6 años y la mínima es de 2 años, esto es muy preliminar, la realidad es que si las defraudaciones fueran más de una que el ministerio público fiscal pretende utilizar una suerte de concurso de delitos, las leyes del concurso cuando hay más de una conducta dicen que la pena inferior será la mayor y la mayor pena será la sumatoria de los máximos, cuando se trata de este caso de hechos se da una regla de concursos que son un solo hecho, por más que sean cinco las defraudaciones se entiende que es un solo hecho, o sea que el máximo de la pena lo atribuyó a 6 años”

Por estos días la justicia y la sociedad apuntan a Torres Otarola, el defensor fue consultado sobre el estado en el que se encuentra la ex funcionaria que deberá comparecer ante la justicia en los próximos días, comentó “Ella está muy ansiosa, tiene mucha necesidad de salir a responder a todo lo que escucha, mi consejo ha sido que sea paciente, que primero tengamos todos los elementos probatorios y después salga a responder y que por una cuestión de respeto a la justicia la primera respuesta sea a la justicia, todas estas causas que son relacionadas a la administración pública generan una expectativa social, yo respeto la actividad de los periodistas y ustedes van todo lo que pueden, nunca veo una disconformidad y no es otra cosa que un interés interpuesto de dos partes”

La defensa de Gabalachis en la causa Chito Alarcón

Para finalizar la entrevista, Gabalachis fue consultado sobre la causa contra el ex director de ceremonial Oscar Chito Alarcón, remarcó “hay dos sentencias que todavía no están firmes, una es de la cámara penal de Trelew y otra de la cámara penal de Esquel, que fue rechazado el recurso por parte de la cámara y eso habilitó que yo haga una presentación en el Superior Tribunal de Justicia que se llama recurso de queja, a los fines que habiliten la instancia y discutamos algunas cuestiones de esa causa, un hecho es el enriquecimiento ilícito y el otro es el del doble sueldo”.

El Gobierno provincial publicó en el Boletín Oficial la baja de un grupo de directores y subsecretarios que habían sido nombrados por la exministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Cecilia Torres Otarola. Algunos fueron imputados provisoriamente por el fiscal Omar Rodríguez en la causa “Ñoquis calientes”.

“Dejar si efecto a partir de la fecha del presente decreto, las designaciones del personal dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, que fueran realizadas mediante el Decreto Nº 72/20”.

Se trata de al menos 19 personas que había designado Torres Otarola, de los cuales algunos están imputados en la investigación que lleva adelante el fiscal Rodríguez.

Por otra parte, Fiscalía de Estado será querellante en la causa “Ñoquis calientes”, informó El Comodorense.

La audiencia de apertura de investigación en la fiscalía de la causa que se ha denominado “Ñoquis Calientes” y que tiene a su cargo la jueza Ivana González, en la que el fiscal Omar Rodríguez pide que se impute a la ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, y a otras 12 personas por presunta defraudación al Estado y concusión, en al menos 13 hechos, aún no tiene fecha. Pero una vez que se inicie formalmente el plazo de 6 meses para la investigación, la Fiscalía de Estado se presentará ante la Oficina Judicial y pedirá ser aceptada como querellante, según la información que pudo confirmar ADNSUR de fuentes oficiales.

Si bien los tiempos se demoran, porque la Oficina Judicial tiene que ubicar a las 13 personas sindicadas, que en muchos casos no tienen domicilio claro –algunos figuraban en un hotel- para anoticiarlos de que deben constituir un abogado defensor, la decisión del equipo que conduce el fiscal Andrés Giacomone está tomada: la Fiscalía de Estado pedirá sumarse a la causa como querellante, porque de acuerdo a los datos iniciales que se desprenden, de confirmarse una defraudación se podrían haber afectado bienes del Estado Provincial.

Como ya informó esta agencia en varias oportunidades, la imputación a la ex ministra y sus colaboradores es la de armar un sistema, primero en su etapa como diputada provincial y luego como funcionaria del Ejecutivo, por el cual se designaba personal que no prestaba tareas concretas para luego exigir la devolución de al menos la mitad del sueldo, que iba a parar a una cuenta privada que manejaba la niñera de Torres Otarola.

Según los registros de cuentas bancarias de los involucrados, realizado por el equipo de investigación del Ministerio Público Fiscal que integra el contador José Velázquez, que se denomina Unidad Fiscal Especializada, hubo movimientos de dinero de al menos 1,5 millones en los últimos 6 meses, de fondos que provenían de las cajas de ahorro del personal de gabinete del Ministerio de Familia, quienes reintegraban a su jefa política una parte de sus haberes. Además, en muchos casos no tenían residencia en Chubut y se desconoce qué tareas cumplían.

Teniendo en cuenta que la hipótesis es que hubo una estafa al Estado, según la cual fondos que no eran para el pago de tareas específicas, podrían haber terminado en las cuentas de la ministra, es que Fiscalía de Estado pedirá ser adherida a la causa, como ya ocurrió con otras casos de causas de corrupción, como fue el caso del juicio oral por Embrujo, el enriquecimiento ilícito contra Oscar Alarcón, la causa Revelación y la Emergencia Climática de Comodoro Rivadavia, donde en todos los casos, la acusación apuntó a demostrar un perjuicio contra las arcas estatales.

Por el momento se abrió entonces un compás de espera, mientras la Oficina Judicial termina de notificar a cada uno de los 13 futuros imputados. Una vez que esto se concrete, quedaría fijar una fecha para la audiencia, que será presidida por la jueza Ivana González, y que se realizaría como viene ocurriendo hace meses por las restricciones de la pandemia, de manera virtual a través de videoconferencia.

Alberto Gilardino, ex jefe de Gabinete del tercer gobierno de Mario Das Neves, quedó envuelto en otra causa de corrupción dentro del gobierno de la provincia. Su nombre apareció hoy en la elevación que hizo el fiscal Omar Rodriguez a la Oficina Judicial de Rawson por «fraude a la administración pública», siendo la principal imputada la ex ministra de Desarrollo Social, Cecilia Torres Otarola.

Además de la ex diputada y ex ministra, hay 13 personas imputadas, entre ellas Alberto Gilardino.

En el relato de los hechos que efectúa la Fiscalía se menciona la situación de Antonio, Patricia, quien ocupa un cargo de Directora General. La nombrada es madre de Alberto Gilardino. La Motivación de su designación en la planta política tiene que ver con la imposibilidad de nombrar en el cargo a su hijo Alberto, por haber estado relacionado el sindicado con causas de corrupción. La nombrada habría prestado su nombre para que en los hechos sea su hijo quien desempeñase las tareas en el cargo. Del análisis preliminar de los movimientos bancarios, se desprende que la nombrada en el mes de junio del 2020, le efectuó transferencias bancarias al cuil 20294165194, perteneciente a su hijo, un total de 187.200 $, luego de haber ingresado en su cuenta a sueldo el dinero en concepto de haberes por el cargo de Directora».

La secretaria de Alberto Gilardino fue quien llevó el sobre a la Legislatura en el 2018 y lo dejó en un sector del edificio, lo que provocó que se emitiera un alerta porque se creyó que era un artefacto explosivo. Y resultó ser una bomba, pero que explotó en los estrados judiciales, desencadenando la investigación conocida como el «Embrujo», que derivó en otras dos causas: «Revelación» y «Emergencia Climática».

Gilardino no fue imputado en ninguna de las causas, pero su declaración fue fundamental para avanzar en la investigación y posterior condena de quienes en su momento estaban en el mismo equipo de gobierno que él integraba.

Sorprendió que ahora apareciera en una causa, utilizando a su madre para cobrar los honorarios como asesor. No existía ningún impedimento legal para que fuera todo en blanco. Una alta fuente judicial confió que «por más que no estuvo en juicio, si fue investigado y su declaración mando al frente a unos cuantos. Su nombre no quedo muy bien en ese ámbito y evidentemente no quisieron o él no quiso aparecer».

Fuente: Mil Patagonias

Este miércoles el fiscal Omar Rodríguez presentó el pedido de apertura de investigación en esta causa que tiene 13 imputados por 13 hechos diferentes: 10 imputados por defraudación al Estado y tres imputados por concusión. Una de las imputadas, Silvana Cañumil, la niñera de Torres Otarola, sería la encargada de recaudar «el diezmo» que la ex diputada le cobraba a las personas a quienes había hecho ingresar a la administración pública, y luego transferirle el dinero. En cuatro años, Cañumil le transfirió a Otarola más de un millón y medio de pesos.

En la causa, se imputa a Cecilia Torres Otarola en carácter de autora de defraudación al Estado y de concusión, y a otras 12 personas consideradas «partícipes necesarios» e imputados de diversos delitos. Ellos son Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles -todos domiciliados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, Silvana Adriana Cañumil con domicilio en Rawson, Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino, estos últimos con domicilio en Trelew.

Según el relato del fiscal, Cecilia Torres Otarola antes de asumir en el cargo de diputada provincial en diciembre del año 2015 poseía un comercio denominado 5mentarios, el cual se encontraba ubicado en la ciudad de Esquel. A partir del año 2014, hasta su asunción como diputada, empleo en dicho comercio a Silvana Adriana Cañumil. Posteriormente, ya como diputada provincial, gestionó y logró el ingreso a la casa de las leyes, en el cargo de empleada administrativa de tercera, y luego en el cargo de asistente de Bloque, hasta el 12 de Diciembre del año 2019. Si bien Cañumil, figuraba en los papeles prestando funciones en la Legislatura provincial, en los hechos cumplía funciones de niñera a cargo de los hijos menores de edad de la diputada. Cabe destacar, que Cañumil, vivía en la casa de la diputada, en la ciudad de Esquel, y de esa forma cumplía con las funciones delegadas que precisamente era de cuidar a los hijos de Otarola.

Por otra parte, el fiscal detalla que en oportunidad del ejercicio como diputada provincial, Cecilia Torres Otarola, gestionó y concretó el ingreso a la Legislatura Provincial, de Jaquelina Rodera, actual Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo y Familia, -con quien la unía un estrecho vínculo de amistad- y el esposo de ésta última, Marcelo Neira, actual Director de Políticas Sociales. Asimismo, gestionó un contrato de Locación de Obra, respecto del hijo de los nombrados, Branco Rodero Neira, para que cumpliera funciones en la Legislatura Provincial.

Rodríguez expuso también que Otarola gestionó la incorporación de distintas personas a trabajar bajo su órbita en la Legislatura Provincial. Fue así que en el año 2017 ingresó a prestar servicios Alexis Ganga, luego Erica Paludi, y Martín Sandoval. A las tres personas mencionadas la diputada Otarola obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio. Para ello, dichas personas al momento de cobrar sus haberes mensuales debían entregar un porcentaje elevado de su sueldo a Silvana Cañumil, quien era la que encargada de llevar a cabo la recaudación. La operación aludida se hacía por medio de transferencias bancarias. Cañumil una vez que se hacía del dinero lo giraba a las cuentas de Torres Otarola, que poseía en el Banco de la Provincia de Chubut, y Banco de la Nación Argentina.

Este modus operandi, va a sufrir cierta modificación al momento que Otarola dejó el cargo de Diputada Provincial, para pasar a ocupar un cargo en el Ejecutivo Provincial, como Ministra de Desarrollo Social y Familia. A partir de ese momento, diciembre del año 2019, la nombrada va a emprender un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como lo son la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar ningún tipo de contraprestación. Dicho grupo se puede diferenciar de otro, que ocupan cargos que no tienen vinculo estrecho con Otarola, y de alguna manera servía para nutrir los intereses espurios de la nombrada.

Fue así, que ya en el cargo de Ministra, gestionó y logró el nombramiento de Jaquelina Rodera, amiga personal, designada en el cargo de Subsecretaria de Desarrollo Social, el esposo de ésta, Marcelo Neira, en el cargo de Director de Políticas Sociales, Mara Rodera, hermana de Jaquelina, en el cargo de Directora de Control de Auditoría y compras, Facundo Solari Rodera, sobrino de la Subsecretaria, en el cargo de Director General, Raúl Rodera, -hermano de Jaquelina- en el cargo de Secretario de la Ministro, Silvana Cañumil, ocupa un cargo con rango de Subsecretaria, Carlos Antonio Cundari, Secretario Privado de Jaquelina Rodera, Miguel Reto, en el cargo de Director General.

Según la Fiscalía, de los distintos elementos analizados hasta el momento surge clara la relación de Torres Otarola con los Rodera-Neira. Justamente la gestión de la nombrada para que puedan ocupar distintos cargos obedece a dicha relación estrecha, que venía desde antes de ser diputada. Pero además de los nombrados también, se encargó de gestionar la designación de Carlos Antonio Cundari. El nombrado fue socio de Marcelo Neira en varias sociedades. En el año 1998, Marcelo Neira, y Antonio Cundari, entre otros, eran socios en una sociedad denominada TELEMEC SRL, Talleres de Electricidad y Mecánica. Por otra parte, en el año 2005 los nombrados constituyeron una Sociedad cuya razón social se denominaba INDUSTRIA CARMA SRL, surgiendo con claridad que la designación en el cargo respecto de Cundari tiene que ver con la relación de cercanía con Marcelo Neira. Por otro lado, la designación en el cargo de Director de Miguel Reto, también está vinculada a una relación preexistente con los Rodera-Neira.

En el año 2010 Jaquelina Rodera, y Mara Lorena Rodera, constituyen una sociedad denominada, Devorebuenosayres Com SRL, cuyo objeto era la explotación de un hostel y residencia estudiantil, fijando el domicilio de la sede Social en Guatemala N° 4168, de la Ciudad de Buenos Aires. Al consultar el NOSIS, sitio que registra en otras cosas información de antecedentes comerciales, surge que el domicilio fiscal de Miguel Reto, cuyo nombre completo es Reto Trelles Miguel Angel, es precisamente Guatemala N° 4168, de la Ciudad de Buenos Aires, coincidente con el domicilio de la Sociedad aludida en el párrafo anterior, lo que explica su designación como Director en el Ministerio de Otarola, por su vinculación con los Rodera.

Ahora bien, a esta altura, no podemos dejar de mencionar, que como común denominador es que las personas de Jaquelina Rodera, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Marcelo Neira, Antonio Cundari, Miguel Reto, tiene domicilio en Buenos Aires. De los nombrados la única que reside en la zona de manera esporádica es Jaquelina, y lo hace en el domicilio de Cecilia Torres Otarola, sito en Costamagna 79, Playa Unión. En el otro grupo de la planta política nombrada por Cecilia Torres Otarola, debemos mencionar a Pamela Matamala, Directora de la Juventud, quien presta servicios en la privada de la Ministro.

Por su parte, Facundo Andrés Jofre, ocupa el cargo de Director General, es oriundo de la ciudad de Dolavon y tendría vínculos con la nombrada Matamala. Según los registros bancarios, el nombrado el día 7 de mayo de 2020, realiza una transferencia dineraria de 75.000 $ a Pamela Matamala. A su vez, según los informes remitidos del Banco de Chubut, Pamela Matamala, le realizó transferencias bancarias a la cuenta de Silvana Cañumil, que posee en el mencionado banco, los días 24 de abril de este año por un monto de 87,816 $, y el día 7 de mayo de 2020, por un monto de 84.216 $.

Por su parte Cañumil Silvana le hace una transferencia a Torres Otarola a una cuenta de su titularidad, el día 27 de abril de 2020, por un monto de 100.000 $. Asimismo, con fecha 4 de mayo de 2020 la nombrada Cañumil le hace una transferencia a Torres Otarola, a la cuenta sueldo de la última nombrada, un monto de 78.656,82 $. Además, el día 8 de junio de 2020, Cañumil le efectúa una transferencia bancaria a Jaquelina Rodera por un monto de 50.000 $, y nuevamente a Torres Otarola, a la cuenta del banco Nación por un monto de 100.000 $ el día 8 de junio de 2020.

En esta misma dirección Silvana Cañumil, en fecha 10 de mayo de 2019, efectuó transferencias bancarias a la persona de Macayo Marcelo, por un monto de 21.467, 63 $, en concepto de pago de cuotas el Instituto de Ingles de una obligación que tenía Cecilia Torres Otarola con el instituto aludido. También hay que poner de resalto las transferencias entre Mauro Sebastian Valenzuela, -pareja de Silvana Cañumil-, y Cecilia Torres Otarola En febrero y marzo Otarola transfiere a Valenzuela montos de 10.000 y 15.000 pesos respectivamente.

A esta altura, cabe destacar que en el período comprendido entre los años 2016 y 2020, Silvana Cañumil le realizó transferencias bancarias a Cecilia Torres Otarola, por un monto superior aproximadamente al al millón quinientos mil pesos (1.500.000 $).

Por su parte, Miguel Reto el día 3/6/20, realiza una extracción de 50.000 en efectivo, para luego hacerle un depósito por ese monto a Silvana Cañumil, en la misma fecha.

Párrafo aparte, merece ser contada la situación de M.N.F., quien figura ocupando un cargo de Directora en el Ministerio aludido. Se trata de la hija de la Señora Sandra Jaramillo quien prestó servicios de empleada domestica en la casa de Otarola, desde mediados del año 2019 hasta enero de este año. En lo que aquí interesa, Cecilia Torres Otarola, ya en el cargo de Ministra le ofreció incorporar a la hija de Jaramillo al organismo a su cargo. Para ello le pidió que le mande foto por wasap del DNI de su hija. Dicha situación se concretó, y la nombrada fue designada en el cargo más arriba mencionado. M.N.F., solamente concurrió al lugar de trabajo un par de días, y no fue más. Dos circunstancias fueron las que determinaron dicha situación. La primera es que M.N.F., se tuvo que presentar en donde funcionaban las oficinas de CORFO, que en ese momento se vivía un clima de tensión. Y, en segundo lugar, la ruptura de la relación laboral entre Jaramillo y Torres Otarola, significó que la primera le dijera a su hija que no concurriera más a trabajar al Ministerio.

En todo este contexto, debemos destacar una situación relatada por la testigo. Es que, al momento de que Torres Otarola le ofrece el cargo para su hija, la misma le habría referido que cumpliría funciones de secretaria privada de la funcionaria, y que el sueldo sería de 20.000 $, sin tener conocimiento la deponente que los haberes correspondientes al cargo que fuera designada su hija eran de 43.558 $. Situación que pone en evidencia la intención de quedarse con más de la mitad del salario, por parte de la funcionaria.

Lo dicho cobra fuerza, al analizar la documentación respecto de la cuenta sueldo de M.N.F., del cual se desprende que no hubo ningún tipo de movimiento del dinero, los cuales permanecen intacto en su cuenta sueldo. Tanto la hija como la madre desconocían que existían pagos de haberes por el cargo que ocupaba, que dicho sea de paso prácticamente no concurrió.

Siguiendo con el relato de los hechos, también debemos mencionar la situación de Antonio Patricia, quien ocupa un cargo de Directora General. La nombrada es madre de Alberto Gilardino. La Motivación de su designación en la planta política tiene que ver con la imposibilidad de nombrar en el cargo a su hijo Alberto, por haber estado relacionado el sindicado con causas de corrupción. La nombrada habría prestado su nombre para que en los hechos sea su hijo quien desempeñase las tareas en el cargo. Del análisis preliminar de los movimientos bancarios, se desprende que la nombrada en el mes de junio del 2020, le efectuó transferencias bancarias al cuil 20294165194, perteneciente a su hijo, un total de 187.200 $, luego de haber ingresado en su cuenta a sueldo el dinero en concepto de haberes por el cargo de Directora, con la cual refuerza la hipótesis ensayada.

Está claro que todos los nombrados actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles, siempre bajo la cobertura que le da el poder estatal. En ese contexto Torres Otarola no tuvo ningún inconveniente, para lograr engañar al gobernador, abusando de su confianza, quien finalmente firmó los decretos de designación de los funcionarios solicitados por la nombrada, en función de una aparente idoneidad invocada. La ex ministra tuvo en sus manos las riendas de los hechos, y el resto de los coimputados realizaron aportes necesarios para lograr su consumación. Los funcionarios del Estado, sumergidos en el error, efectuaron los pagos a personas que no cumplían ningún tipo de contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así, la maniobra estafatoria.

Ya con el dinero a disposición en sus respectivas cuentas sueldo, los cómplices, no en todos los casos retornaban parte del mismo a manos de Otarola, generalmente a través de transferencias o depósitos bancarios, dirigidos a su persona de confianza Silvana Cañumil, en algunas ocasiones a Pamela Matamala, circunstancia ésta, que robustece el contenido de la conducta final emprendida, que no era otra que hacerse de manera ilegal de fondos públicos.

Calificaciones legales

Todos estos detalles se encuentran discriminados en trece hechos donde la víctima resulta ser el Estado Provincial y por los que se encuadra el accionar de Cecilia Torres Otarola en el delito de fraude a la administración pública, art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de autora, -10 hechos-, concusión art. 266, -3 hechos-, todos ellos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes del funcionario público, art. 248, art. 54, y a su vez concurriendo materialmente entre ellos, art. 55, y 45 del código penal, al igual que Jaquelina Rodera, bajo el encuadramiento de los mismos delitos pero en cinco hechos.

En tanto Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Marcelo César Neira, Claudia Patricia Antonia, Alberto Gilardino, Patricia Claudina Antonio, Pamela Matamala y Facundo Andrés Jofré, por el delito de fraude a la administración pública art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de partícipes necesarios, -1 hecho-, art. 45 del código penal. Mientras Silvana Adriana Cañumil fue imputada por el mismo delito pero en dos hechos y como partícipe necesaria.

Medida Cautelar

Asimismo se solicita una medida cautelar sobre los bienes de Torres Otarola, a los fines de las eventuales reparaciones que en el futuro podrían tener lugar, en función de la extensión del daño ocasionado que se vislumbra prima facie, y en la inteligencia que surge como una medida razonable y proporcional a los hechos atribuibles.