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Operativo Revelación

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Diputado Provincial Alfredo Di Dilippo
Este mediodía la sociedad quedó sorprendida cuando se enteraron que el Diputado Alfredo Di Filippo en calidad de arrepentido informal confesó que cobraba dinero a nombre de Cholila Online.
La causa “El Embrujo” y el “Operativo Revelación” explotó, tanto es así que Alfredo Di Filippo, para tratar de evadir el accionar de la Justicia que investiga sobresueldos que se desprenden del listado de Correa, declaró como testigo informal arrepentido que cobró $ 50.000  de Gonzalo Carpintero a nombre de Cholila Online, lo que viene a confirmar nuestra nota de semanas atrás en donde denunciamos que los Diputados del Frente Para la Victoria cobraban a nombre de este medio, ahora todo se va aclarando y cierra con Di Filippo. Eso lo denominamos como una “mexicaneada” y como siempre te mostramos la nota con fecha como prueba que veas que lo que decimos es la verdad.

Nota 12 de Abril de 2018: La “Mexicaneada” del “Peludo” y el FPV a Cholila Online

Lo insólito es que el Sr. Di Filippo queriéndose sacar el lazo del cuello no hizo más que complicar su situación legal quedando tan expuesto que a la Justicia no le quedaría otro remedio que imputarlo por sobresueldo, por falso testimonio, además de tener que denunciarlo en sede judicial por cobrar a nombre de un medio de comunicación que nunca percibió ese dinero. 
Desde el primer momento nos pusimos a disposición de la Justicia ante el Procurador General de la Provincia quien nos dijo que nosotros no estamos involucrados en ningún acto ilícito, pero ante esta confesión como “testigo arrepentido” de Alfredo Di Filippo, como Director General de Cholila Online solicité declarar de inmediato para requerir que se impute al Diputado Alfredo Di Filippo, ya que su testimonio no hace otra cosa que ratificar lo que oportunamente denuncié a través de este medio.
El monto de $ 50.000 recibido por Di Filippo a través de Gonzalo Carpintero como reza la planilla Excel corresponden al acuerdo entre Das Neves y el Diputado Provincial del FPV Alfredo Di Filippo, quien luego de cerrado el acuerdo conformó en esas fechas el Bloque Convergencia distanciándose del FPV y votando leyes junto con el ChuSoTo, todo confluye, todo concuerda, por este motivo la desesperación de Alfredo Di Filippo lo llevó a mentir ante la Justicia para no terminar compartiendo calabozo junto a Víctor Cisterna con quien compartió muchos negocios. 
Es pública la enemistad que el Diputado tiene para con mi persona esto se debe a que siempre escribimos sobre hechos de corrupción que lo involucran y hemos difundido las denuncias de extorsión y coimas de los empresarios contra Di Filippo. No esperamos menos de Di Filippo sabemos la clase de persona que es, está acorralado y debe temer que sigan apareciendo denuncias en su contra que podrían llevar hasta el caso del periodista asesinado Ricardo Gangeme y un presunto asesinato de una mujer testigo (AMEP) que si hablaba iba a terminar con la carrera de muchos en el año 1999.
No tan solo esto confirma el vínculo de Di Filippo con la causa “El Embrujo” sino también la firma de la cesión de derechos que realizó siendo Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rawson en favor de Diego Correa, cediendo así el terreno en donde Correa se construyó la mansión en Playa Unión.
En cuanto al Fiscal Marcos Nápoli le requerimos desde Cholila Online que si este medio o yo como Director General del medio de comunicación no cometimos ningún ilícito lo exprese públicamente tal cual hizo con estas declaraciones en calidad de arrepentido de Alfredo Di Filippo. De lo contrario que obre con todo el peso de la ley, pero nunca utilizar la justicia para operar mediáticamente intentando quitar credibilidad a este medio que fue el artífice principal para sacar la verdad a la luz. 
Entendemos que molestamos a muchos, que ponemos nerviosos al poder político y a la misma justicia pero siempre vamos con la verdad. #LaVerdadSinVueltas

Darío Fernández
Empresario, Periodista de Investigación
Director General Cholila Online

Los fiscales de la Unidad Anticorrupción pidieron la continuidad de la prisión preventiva mientras continúa la investigación de la «asociación ilícita».
«La pena que esperamos será de cumplimiento efectivo», dijo el fiscal Daniel Báez y calificó la causa como «peor que la Megacausa».
“No es algo menor que hayan sido funcionarios públicos. Tenían poder y lo usaron para conformar una banda», sostuvo Báez y agregó que “no es algo menor que hayan sido funcionarios públicos. Tenían poder y lo usaron para idear los actos delictivos, prepararlos, consumarlos y ejecutarlos. No es casual que haya acá sentados empresarios de la construcción porque es a través de la Obra Pública donde pasa la mayor cantidad de dinero por el Estado”
«Lo que todo el mundo hablaba y nadie podía comprobar: las coimas en la obra pública. Se ganaba porque había dinero de por medio», finalizó Báez.
Los fiscales pidieron el plazo máximo de prisión preventiva, que es de seis meses, para Cisterna, Carpintero, Oca, Mussante, Ninin, Piccione, Torraca, Correa y Luther; y de tres meses para Salaberry, Peña y Ruso».

«En el día de ayer tuvimos la noticia de un posible delito y tuvimos que poner custodia a un testigo» dijo el fiscal Daniel Báez durante la audiencia. «Tuvimos la noticia que podían atentar contra él o su familia. Y anoche hubo que ponerle custodia. El testigo es el señor Gilardino», reveló Báez para fundamentar los peligros de entorpecimiento en caso que los imputados se encuentren en libertad.
Gilardino declaró como testigo ante los fiscales y gracias a ello «se corrobora que Carpintero formaba parte de la asociación ilícita», según sostuvo el fiscal Marcos Nápoli durante la audiencia y permitió acreditar «que Correa y Carpintero manejaban el dinero». Al respecto de la declaración y en contacto con los medios, Nápoli reveló que «Gilardino fue sujeto de investigación y no arrojó resultados positivos. Por eso declaró como testigo. Igual que Alexis Gabrá»
El exministro de economía Pablo Oca fue el único de los imputados de asociación ilícita que declaró ante el juez Sergio Piñeda. «Niego todas las imputaciones», sostuvo el contador, quien decidió no responder preguntas de la Fiscalía.
Patrocinado por el abogado Fabian Gabalachis, el exfuncionario decidió declarar en la audiencia desarrollada en Tribunales. «Los pagos de la obra pública sin temor a equivocarme, cerca del 60% de paga a través del IPV, en la cual el ministro de Economía no tiene ninguna injerencia. El resto, el 40%, se paga a través de la Tesorería de la Provincia», dijo Oca y sostuvo que «para que llegue a la Tesorería un pago, para que eventualmente la tesorera de la provincia verifique, tiene que haber antes de eso una enumeración de secuencias para que la orden de pago llegue efectivamente».
«A la Tesorería lo único que llega es la orden de pago. Todos los pedidos de pago se canalizaban a través del Ministerio de Infraestructura», dijo Oca y agregó que «mi única función consistía era ver la disponibilidad de la caja porque las obras se pagaban con distintas fuentes de financiamiento».
Los fiscales de la Unidad Anticorrupción agregaron en la audiencia que “del mismo modo, tanto Cisterna, Carpintero, Correa y Oca, decidieron repartirse las tareas que demandara la concreción del plan criminal. 
En ese sentido acordaron que sería el primero, Cisterna, quien se encargaría de definir la modalidad de recaudación (porcentuales a exigir, determinación de la “base imponible”, ubicación temporal de la demanda de los retornos, y finalmente el modo en que debían saldarse estas acreencias espurias), cumplida esta labor inicial comenzaba la gestión de Oca, quien luego de verificar que efectivamente sus demandas ilegales habían sido satisfechas, ordenaba en forma personal a sus dependientes de Tesorería a quienes pagar y a quienes no. 
En tanto Carpintero se ocuparía personalmente de la agenda del gobernador de entonces y de la función política para la que había sido designado, mientras que Correa se encargaría de administrar parte de los fondos ilegítimos (al menos cuando comenzó a gestarse el contubernio) repartiendo los sobresueldos que beneficiaban a un número mayor de integrantes, que finalmente sumaron sus voluntades al acuerdo criminal; gestión que incluía asimismo realizar pagos relacionados a gastos realizados por cualesquiera de los integrantes del clan y solventar asimismo los gastos que demande el sostenimiento y actividad proselitista del partido político que los albergaba, Chubut Somos Todos”.
De la descripción de los hechos que realizaron los investigadores durante la audiencia de este jueves, se dio cuenta de una decisión adoptada a nombre del por entonces gobernador Mario Das Neves, donde se centraliza en Diego Correa la autorización de todo tipo de contrato que realice el Estado provincial. La resolución es del 28 de enero del año 2016 cuando Correa ya era secretario privado del extinto gobernador.
En un allanamiento realizado en la casa de gobierno de Fontana 50, se secuestró un documento titulado “MEMORANDUM CIRCULAR” que está fechado ese día. El mismo está dirigido a ministros, secretarios, subsecretarios, presidentes de entes y al jefe de la Policía del Chubut.
Textualmente se indica que “por expresa disposición del Señor Gobernador Mario DAS NEVES, se informa que a partir de la fecha todos los contratos de locación de obra, de bienes y servicios que se realicen, como así también los celebrados desde el 10 de diciembre de 2015 y todas las renovaciones de los mismos deberán contar –SIN EXCEPCION ALGUNA- con la autorización previa de la Secretaría Privada del Señor Gobernador. Atentamente. Sr. Diego Miguel CORREA. SECRETARIO PRIVADO GOBERNADOR”, finalmente al pie figuraba estampado el gesto gráfico de CORREA y la identificación ordinal de la resolución “MEMO N°: 07/2016/GR”.
Para los fiscales Marcos Nápoli, Héctor Iturrioz y Daniel Báez, integrantes de la Unidad Anticorrupción, “este documento también nos impone y desconocerlo sería absurdo, que la orden reconocía su génesis en las más altas esferas del poder político provincial, comenzando desde el primer magistrado e incluyendo a todos aquellos funcionarios de primera línea que finalmente terminaron siendo beneficiados con el reparto de dividendos arrojados por la empresa criminal”, aseguran los fiscales.
Destacaron que constituye una “ilegitimidad palmaria de la manda, que desconoce de forma flagrante los presupuestos de la Ley I N°: 259 (Ley de Ministerios promulgada en diciembre de 2.015), cuyo artículo 12 en su inciso 3° establece que es competencia del Ministerio de Economía y Crédito Público la “ejecución de la política de pagos”.
En una audiencia realizada ante el juez Sergio Piñeda en la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia, los fiscales Marcos Napoli, Héctor Iturrioz y Daniel Báez imputaron a los detenidos en un procedimiento realizado en toda la provincia el martes. 
Los imputan de conformar una «asociación ilícita» dedicada a cometer delitos desde el Gobierno: “Integran una organización delictiva dedicada a recibir en pago coimas y finalmente enriquecerse de forma ilegítima”, afirmó el fiscal Marcos Nápoli, integrante de de la Unidad Anticorrupción que comenzó con el relato de la imputación. Y sostuvo que “nada de lo que hiciera cada uno de los organizadores del plan delictivo era desconocido por los restantes”.

Asociación ilícita
Los imputados son los exfuncionarios provinciales Víctor Cisterna, Pablo Oca y Gonzalo Carpintero; junto con los empresarios Patricio Mussante, Daniel Russo, Juan Salaberry y Juan Carlos Villegas, de Trelew; Federico Piccioni, Esteban Torraca y Andrés Ninin, de Comodoro Rivadavia; y Oscar Peña, de Esquel. 
Los delitos que se les imputa son los de “asociación ilícita” en concurso con delitos contra la Administración Pública, que prevé penas de prisión de entre 3 y 10 años, aunque al ex ministro coordinador de gabinete, Víctor Cisterna, lo consideran el jefe de esa organización, por lo que puede ser castigado hasta con 15 años de encierro.
Para los fiscales «existen elementos suficientes para tener por acreditado que desde diciembre 2015, un grupo de funcionarios integrado por Cisterna, Correa, Carpintero y Oca, actuando con el aval sino expreso al menos tácito del por entonces gobernador Mario das Neves, se pusieron de acuerdo para cometer delitos de modo indeterminado por si, o utilizando como medio al Estado Provincial, para enriquecerse ilícitamente”.
“El principal objeto era recaudar dinero de “retornos” de la obra pública que pagaban las constructoras correspondientes a certificados de obra conformados, de modo tal de ser ellos mismos quienes tuvieran la llave maestra que les permita generar el pago inmediato de los montos dinerarios que las compañías debían cobrar fruto de las obras realizadas y ya certificadas”, afirman los fiscales. «Los cobros se hacían en las empresas, en el Gobierno o en las oficinas del partido Chubut Somos Todos», indicó el fiscal Nápoli.
“Una vez conformada la caja dineraria, Correa y Carpintero distribuían el dinero entre las personas que aparecen nombradas en aquella planilla Excel que tan prolijamente llevaba Diego Luthers”, afirmaron en la audiencia.

Empresarios
Los empresarios “tienen un papel preponderante pues sin su aporte no habría, desde ya, pago de coima alguno ni sobresueldos que repartir”, sostuvieron los fiscales y afirman cuando no se pagaba en efectivo se entregaban cheques que “se hacían por sumas inferiores a los $50.000, fraccionamiento que es de uso corriente en operaciones que intentan mantenerse fuera del contralor de organismo impositivos (AFIP)”.

Defensas
En la causa, el exfuncionario Víctor Cisterna y los empresarios Juan Salaberry, Daniel Russo y Juan Carlos Villegas son patrocinados por el abogado Emilio Galende; los empresarios Patricio Musante y Federico Piccione por Federico Ruffa; los ex funcionarios Pablo Oca y Diego Correa por el letrado trelewense Fabian Gabalachis; mientras que Gonzalo Carpintero será patrocinado por Carlos del Mármol. Por su parte, el empresario esquelense Oscar Peña por el abogado porteño Mariano Cuneo Libarona; los empresarios comodorenses Esteban Torraca y Andrés Ninin por el comodorense Guillermo Iglesias, y el ex funcionario Diego Luther por Lisandro Benítez, de la defensa pública.

La audiencia de «apertura de investigación y control de detención» para los ex funcionarios provinciales y empresarios de la construcción se realizará finalmente el jueves las 9 horas en la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia.
La audiencia, que comenzó pasado el mediodía del jueves, se dilató debido a la recusación de los defensores al juez Sergio Pineda, solicitando que sea apartado de la causa como una cuestión previa al inicio formal de la etapa procesal. Entre sus argumentos, los abogados particulares sugirieron que Piñeda no será objetivo al considerar que adelantó opinión al autorizar los allanamientos y detenciones de los imputados.
Piñeda rechazó el planteo y, tal como lo prevé el Código Procesal Penal de la provincia, dió traslado a otros dos jueces para que revisen su decisión. Los jueces Mirtha Moreno y José García ratificaron a su par al frente de la causa. Y sostuvieron que no hubo adelantamiento de opinión. Una vez conocida la decisión, pasadas las 18 horas, desde la Oficina Judicial informaron que la audiencia sería al día siguiente a las 9 horas.

Imputaciones
En la audiencia, los fiscales Marcos Napoli, Héctor Iturrioz y Daniel Báez pediran la imputación sobre los ayer detenidos en un procedimiento realizado en toda la provincia.
Los imputados en la causa son los exfuncionarios provinciales Victor Cisterna, Pablo Oca y Gonzalo Carpintero; junto a los empresarios Daniel Russo, Juan Salaberry y Juan Carlos Villegas, de Trelew; Federico Piccioni, Esteban Torraca y Andrés Ninin, de Comodoro Rivadavia; y Oscar Peña, de Esquel. Por su parte, Patricio Mussante, empresario de la construcción de Trelew, fue detenido durante la mañana al arribar al aeropuerto de Trelew.

Defensas
En la causa, el exfuncionario Víctor Cisterna y los empresarios Juan Salaberry, Daniel Russo y Juan Carlos Villegas son patrocinados por el abogado Emilio Galende; los empresarios Patricio Musante y Federico Piccione por Federico Ruffa; los ex funcionarios Pablo Oca y Diego Correa por el letrado trelewense Fabian Gabalachis; mientras que Gonzalo Carpintero será patrocinado por Carlos del Mármol. Por su parte, el empresario esquelense Oscar Peña por el abogado porteño Mariano Cuneo Libarona; los empresarios comodorenses Esteban Torraca y Andrés Ninin por el comodorense Guillermo Iglesias, y el ex funcionario Diego Luther por Lisandro Benítez, de la defensa pública.

¿Porque Fasciglione vendió el 40% del canal estando en concurso de acreedores?

Si bien importa quién lo compró, el colectivo social sabe que quién lo haya comprado lo hizo con dinero sucio, se habla que Diego Correa y Daniel Taito lo habían comprado cuando eran socios, por esas cosas intimas de la vida se separaron y ya no se supo mucho más de sus sociedades secretas.

Bombazo: ¿El 40% de Canal 9 habría sido comprado en 18 millones?

¿Quién pago ese monto? ¿Diego Correa, Daniel Taito o ambos?

En cuanto a Daniel Fasciglione en Comodoro no se entiende como es un gerente millonario, muchos dicen que se hizo millonario a costa de no haber realizado los aportes a los empleados, debería más de 25 millones a la AFIP.

Otros coinciden que tuvo buenos contactos con el poder. Esto le permitió quedarse con pautas millonarias para su productora PROTEL donde tiene de socio a un ex comunicador de PAE (Pan American Energy).

La compra del famoso e histórico canal 9 (Protel S.A y Comodoro tv S.A) se rumorea que se adquirió el 40 % de la empresa en convocatoria quedando el mando de la administración y gerencia en manos de los compradores.

Hoy, más precisamente esta tarde en la audiencia de detención en el Superior Tribunal de Justicia de Rawson por los pasillos se comentaba que el próximo en ser detenido en la causa “El Embrujo” y “Operativo Revelación” es nada más y nada menos que Fasciglione.

Fasciglione deberá responder si vendió parte del canal estando de concurso de acreedores y no puede mirar para otro lado porque es parte del negocio y si es parte del negocio ¿también lo será de la condena? si es que la causa “El Embrujo” y los desprendimientos que terminaron en el “Operativo Revelación” siguen avanzando.

Dicen que un “Monje Negro” decide junto a Correa la compra de canal 9 invirtiendo una suma entre 14 a 18 millones pesos en negro y sin ningún tipo de justificar de donde salió el dinero siendo socios en la compra del 40 % y el encargado de administrarlo y controlarlo. ¿Pero toda la plata salió de lo que juntaba Correa con la obra pública en la Provincia o también hay dinero de los retornos de la pauta publicitaria millonaria que manejo Daniel Taito todos estos años?

Daniel Fasciglione se cansó de ir dos años seguidos a tratar de cobrarle a Daniel Taito 2 millones de pesos que tendrían expediente y otros 58 millones de pesos de deuda sin expedientes, de esa manera quebraron canal 9 y los problemas con los empleados comenzaron a ventilarse, ¿será por esto que vendió sin medir las consecuencias?.

Por su parte, el subsecretario de información pública del Chubut, Francisco Salto, explicó en su momento que «como estado provincial venimos siguiendo de cerca lo que ocurre, sobre todo por la situación de los trabajadores a quienes asistiremos por expresas directivas del gobernador Mario Das Neves».

El funcionario reconoció que hay una deuda irregular que «proviene de la anterior gestión de gobierno, donde nos encontramos con que hay 58 millones de pesos de deuda de distinta calidad, lo cual fue remitido al Tribunal de Cuentas para que dictamine porque tenemos muchas sospechas».

El 40% del paquete accionario anteriormente perteneció al Grupo Indalo de Cristóbal López. Y de ahí Fasciglione, Diego Correa y Daniel Taito podrían explicarle a la Justicia y a Chubut como fueron las transacciones si es que están al tanto. Por el momento las balas pican cerca, el río suena, y los comentarios en los pasillos de la Justicia cada vez toman más fuerza.

#HumorPolítico 
La audiencia comenzará a las 17 horas en la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia, tras una recusación planteada por los abogados defensores.
Los defensores recusaron al juez Sergio Pineda y deberán intervenir dos jueces. «Voy a encomendar a la Oficina Judicial la revisión del informe que acabo de hacer», dijo Piñeda tras rechazar los argumentos de los defensores para apartarlo de la causa. Entre sus argumentos, los abogados particulares sugieren que Piñeda no será objetivo al considerar que adelantó opinión al autorizar los allanamientos y detenciones de los imputados.
«Los jueces serán Mirtha Moreno y José García. La audiencia continuará a las 17 horas (ya sea con Pineda u otro juez)», indicaron desde la Oficina Judicial.
En la audiencia, los fiscales Marcos Napoli, Héctor Iturrioz y Daniel Báez pediran la imputación por los delitos de «asociación ilícita» sobre los ayer detenidos en un procedimiento realizado en toda la provincia.
Los imputados en la causa son los exfuncionarios provinciales Victor Cisterna, Pablo Oca y Gonzalo Carpintero; junto a los empresarios Daniel Russo, Juan Salaberry y Juan Carlos Villegas, de Trelew; Federico Piccioni, Esteban Torraca y Andrés Ninin, de Comodoro Rivadavia; y Oscar Peña, de Esquel. Por su parte, Patricio Mussante, empresario de la construcción de Trelew, fue detenido durante la mañana al arribar al aeropuerto de Trelew.

Defensas
Los distintos imputados presentaron asus abogados defensores particulares.
Victor Cisterna, Juan Salaberry, Daniel Russo y Juan Carlos Villegas son patrocinados por el abogado Emilio Galende, mientras que los empresarios de Comodoro Rivadavia Patricio Musante y Federico Piccione por Federico Ruffa. 
Los exfuncionarios Pablo Oca y Diego Correa por el letrado trelewense Fabian Gabalachis, a la vez que el empresario de Esquel Oscar Peña será patrocinado por el abogado porteño Mariano Cuneo Libarona
El exfuncionario Gonzalo Carpintero por Carlos del Mármol y los empresarios de Comodoro Esteban Torraca y Andrés Ninin por el abogado Guillermo Iglesias. Por su parte, el exfuncionario Diego Luther por Lisandor Benitez, de la defensa pública.