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Omar Rodríguez

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El titular de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal de Chubut, Omar Rodríguez, se refirió a las causas que se están investigando desde dicha entidad y la gran cantidad de procedimientos judiciales que se están llevando a cabo en el territorio provincial por presuntos hechos de corrupción.

En primer lugar, el fiscal se lamentó por esta realidad y consideró que “la persona que tiene esa inclinación a cometer determinados delitos, por más que haya penas severas y ejemplos con penas ejemplificadoras, no retrocede. El que piensa con una mente criminal piensa que no lo van a agarrar y que la Justicia no lo va a alcanzar”.

Costo-beneficio de delinquir

Asimismo, destacó en una entrevista con AzM Radio que “en última instancia hacen siempre una especulación. Es decir, ‘¿qué posibilidad hay de que me agarren?’ o ‘si me agarran, ¿qué posibilidad hay de que me juzguen?’ y ‘si me juzgan, ¿qué posibilidad hay de que me castiguen?’. Hasta pueden aspirar a algún juicio con una pena menor y hacen un costo-beneficio”.

Sobre los avances que se han dado en las investigaciones por este tipo de delitos en Chubut, el fiscal destacó que “tiene que ver con las ganas. Las leyes están y la cuestión es tener ganas. Yo siempre insisto con este tipo de casos, y cuando son muy burdos y muy manifiestos, lo mejor para todos es que se vea y se sepa cómo funcionó y qué es lo que pasó”.

Casos de corrupción

“La sociedad se merece saber qué pasó. Incluso el defensor y el imputado tienen amplias facultades para hacer uso de su ejercicio de defensa en un juicio oral. Está bueno que se hagan los juicios y va a ser el tribunal, después de que se sopese toda la prueba que surja o que se reproduzca en el juicio, los que van a determinar si esa persona es culpable”, apuntó Rodríguez.

Al ser consultado sobre los recursos con los que cuentan desde la Unidad Anticorrupción, indicó que “siempre van a ser escasos si tenemos que ir a hacer una tarea afuera de la Provincia, porque requiere una serie de logística, viáticos y el personal que tenemos es escaso. Siempre tenemos la frazada corta”

El Fiscal Omar Rodriguez, se refirió a la decisión de la jueza de garantías Ivana González quien dejó abierta la investigación en la causa “Ñoquis calientes” y a la vez la consideró como causa compleja “La jueza rechazó la nulidad de la investigación pedida por la defensa y dio lugar a lo que dije yo que esta causa es un delito complejo por las causas que hay en el marco de esta investigación”.

“Se llevará adelante bajo el paraguas de procedimiento complejo, no significa que este un año y medio investigando, llegado el caso yo plantearía la acusación de todos o no, depende de las evidencias”, manifestó el fiscal.

Al ser consultado respecto a las evidencias recabadas al momento dijo
“Tiene una entidad fuerte, gracias a los testigos quienes decían que los obligaban a depositar la mitad del sueldo, y esto está corroborado a través de las transferencias bancarias a la cuenta de la niñera y posteriormente a la cuenta de Otarola”.

“Otarola engañó para poder cobrar fondos del Estado en beneficio propio, lo hacia a través de personas que no trabajaban y a través de delitos de concusión”, manifestó Rodriguez.

Respecto a la figura del gobernador en esta defraudación a la administración pública, el fiscal concluyó diciendo «él no puede salir a controlar a cada unos de los asesores que van a acompañar a un ministro, es casi imposible, uno firma y autoriza desde la confianza”.

El penalista Fabián Gabalachis será el defensor de la exministro de Familia Cecilia Torres Otarola y de otras tres imputadas por la Causa Ñoquis Calientes: Jaquelina Rodera, Silvana Cañumil y Pamela Matamala. La audiencia de apertura de investigación será el 11 de agosto a las 10 en la Oficina Judicial de Rawson. La jueza será Ivana González.

El abogado reveló que al hablar del caso, Otarola “me dio explicaciones en función de los comentarios que escuchó del fiscal Omar Rodríguez y está completamente convencida de que todo esto es un error y que interpretaron mal la normativa de la administración pública”. Sin embargo, Gabalachis advirtió que “antes de escuchar y analizar lo que me manifestó, quiero tener un conocimiento acabado de la imputación”.

-¿Quiere hablar?

-Ella quiere hablar pero ante las declaraciones del Ministerio Público Fiscal quiere salir a contestar pero le aconsejé que no lo haga y que el ámbito para declarar eventualmente es en la justicia y no en los medios.

En cambio, las otras tres acusadas “son más pasivas, la que más siente la necesidad de explicar públicamente es ella”. En este sentido, “analizaremos lo que suceda en la apertura porque si fuera por ella, no tengo ninguna duda de que quiere declarar, pero tengo que analizar cuáles son los elementos de prueba y le aconsejaré”.

“No la noté con un alto grado de preocupación, más que nada la noté con un alto grado de querer tratar de explicar, de salir a contrarrestar lo que dice el MPF”, agregó. “Se parece a la ansiedad, pero tampoco está desesperada”.

Parte de la audiencia de la Causa Ñoquis Calientes será por videoconferencia ya que hay imputados en Capital Federal. “Una declaración de ese tipo donde puede haber preguntas de Fiscalía sería interesante que sea presencial y cara a cara, así que seguramente será un poco más adelante”, consideró. Gabalachis no ve problemas en las audiencias virtuales para, por ejemplo, notificar imputaciones. “Pero para ejercer la defensa con interrogatorios a testigos lo noto muy complicado. No funciona con la efectividad de lo presencial, para advertir rasgos y tiempos”.

“Otarola es una persona acostumbrada a la función pública que tiene una exposición, y es en ese sentido que siente la necesidad de hablar, pero no siempre las cosas dentro de la administración pública funcionan de modo similar a una causa judicial, y por eso le digo que sea más prudente por eso.

El defensor dijo que la exministro “admite las contrataciones” que realizó. Y de lo que sabe hasta ahora de la Causa Ñoquis Calientes, “mi primera impresión es que hay una suerte de desorganización en la administración pública en general, y que lo que tendremos que analizar es si esa desorganización constituye delito. Debe haber otros estamentos del Estado con situaciones similares, y si los hay parece injusto que todos los cañones apunten a ella. Pero hay que avanzar con la prueba”.

Sentimiento

-¿Sostiene que en estas causas arranca con cancha inclinada?

-Estamos en una época que todo aquello que implique defensa de funcionarios públicos en materia de defraudaciones al Estado implica necesariamente jugar con la cancha inclinada. Es el sentimiento general de la sociedad en este momento, una suerte de desmanejo de parte de los funcionarios. Es el rol que me toca ejercer de la manera más efectiva posible.

Este miércoles el fiscal Omar Rodríguez presentó el pedido de apertura de investigación en esta causa que tiene 13 imputados por 13 hechos diferentes: 10 imputados por defraudación al Estado y tres imputados por concusión. Una de las imputadas, Silvana Cañumil, la niñera de Torres Otarola, sería la encargada de recaudar «el diezmo» que la ex diputada le cobraba a las personas a quienes había hecho ingresar a la administración pública, y luego transferirle el dinero. En cuatro años, Cañumil le transfirió a Otarola más de un millón y medio de pesos.

En la causa, se imputa a Cecilia Torres Otarola en carácter de autora de defraudación al Estado y de concusión, y a otras 12 personas consideradas «partícipes necesarios» e imputados de diversos delitos. Ellos son Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles -todos domiciliados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, Silvana Adriana Cañumil con domicilio en Rawson, Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino, estos últimos con domicilio en Trelew.

Según el relato del fiscal, Cecilia Torres Otarola antes de asumir en el cargo de diputada provincial en diciembre del año 2015 poseía un comercio denominado 5mentarios, el cual se encontraba ubicado en la ciudad de Esquel. A partir del año 2014, hasta su asunción como diputada, empleo en dicho comercio a Silvana Adriana Cañumil. Posteriormente, ya como diputada provincial, gestionó y logró el ingreso a la casa de las leyes, en el cargo de empleada administrativa de tercera, y luego en el cargo de asistente de Bloque, hasta el 12 de Diciembre del año 2019. Si bien Cañumil, figuraba en los papeles prestando funciones en la Legislatura provincial, en los hechos cumplía funciones de niñera a cargo de los hijos menores de edad de la diputada. Cabe destacar, que Cañumil, vivía en la casa de la diputada, en la ciudad de Esquel, y de esa forma cumplía con las funciones delegadas que precisamente era de cuidar a los hijos de Otarola.

Por otra parte, el fiscal detalla que en oportunidad del ejercicio como diputada provincial, Cecilia Torres Otarola, gestionó y concretó el ingreso a la Legislatura Provincial, de Jaquelina Rodera, actual Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo y Familia, -con quien la unía un estrecho vínculo de amistad- y el esposo de ésta última, Marcelo Neira, actual Director de Políticas Sociales. Asimismo, gestionó un contrato de Locación de Obra, respecto del hijo de los nombrados, Branco Rodero Neira, para que cumpliera funciones en la Legislatura Provincial.

Rodríguez expuso también que Otarola gestionó la incorporación de distintas personas a trabajar bajo su órbita en la Legislatura Provincial. Fue así que en el año 2017 ingresó a prestar servicios Alexis Ganga, luego Erica Paludi, y Martín Sandoval. A las tres personas mencionadas la diputada Otarola obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio. Para ello, dichas personas al momento de cobrar sus haberes mensuales debían entregar un porcentaje elevado de su sueldo a Silvana Cañumil, quien era la que encargada de llevar a cabo la recaudación. La operación aludida se hacía por medio de transferencias bancarias. Cañumil una vez que se hacía del dinero lo giraba a las cuentas de Torres Otarola, que poseía en el Banco de la Provincia de Chubut, y Banco de la Nación Argentina.

Este modus operandi, va a sufrir cierta modificación al momento que Otarola dejó el cargo de Diputada Provincial, para pasar a ocupar un cargo en el Ejecutivo Provincial, como Ministra de Desarrollo Social y Familia. A partir de ese momento, diciembre del año 2019, la nombrada va a emprender un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como lo son la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar ningún tipo de contraprestación. Dicho grupo se puede diferenciar de otro, que ocupan cargos que no tienen vinculo estrecho con Otarola, y de alguna manera servía para nutrir los intereses espurios de la nombrada.

Fue así, que ya en el cargo de Ministra, gestionó y logró el nombramiento de Jaquelina Rodera, amiga personal, designada en el cargo de Subsecretaria de Desarrollo Social, el esposo de ésta, Marcelo Neira, en el cargo de Director de Políticas Sociales, Mara Rodera, hermana de Jaquelina, en el cargo de Directora de Control de Auditoría y compras, Facundo Solari Rodera, sobrino de la Subsecretaria, en el cargo de Director General, Raúl Rodera, -hermano de Jaquelina- en el cargo de Secretario de la Ministro, Silvana Cañumil, ocupa un cargo con rango de Subsecretaria, Carlos Antonio Cundari, Secretario Privado de Jaquelina Rodera, Miguel Reto, en el cargo de Director General.

Según la Fiscalía, de los distintos elementos analizados hasta el momento surge clara la relación de Torres Otarola con los Rodera-Neira. Justamente la gestión de la nombrada para que puedan ocupar distintos cargos obedece a dicha relación estrecha, que venía desde antes de ser diputada. Pero además de los nombrados también, se encargó de gestionar la designación de Carlos Antonio Cundari. El nombrado fue socio de Marcelo Neira en varias sociedades. En el año 1998, Marcelo Neira, y Antonio Cundari, entre otros, eran socios en una sociedad denominada TELEMEC SRL, Talleres de Electricidad y Mecánica. Por otra parte, en el año 2005 los nombrados constituyeron una Sociedad cuya razón social se denominaba INDUSTRIA CARMA SRL, surgiendo con claridad que la designación en el cargo respecto de Cundari tiene que ver con la relación de cercanía con Marcelo Neira. Por otro lado, la designación en el cargo de Director de Miguel Reto, también está vinculada a una relación preexistente con los Rodera-Neira.

En el año 2010 Jaquelina Rodera, y Mara Lorena Rodera, constituyen una sociedad denominada, Devorebuenosayres Com SRL, cuyo objeto era la explotación de un hostel y residencia estudiantil, fijando el domicilio de la sede Social en Guatemala N° 4168, de la Ciudad de Buenos Aires. Al consultar el NOSIS, sitio que registra en otras cosas información de antecedentes comerciales, surge que el domicilio fiscal de Miguel Reto, cuyo nombre completo es Reto Trelles Miguel Angel, es precisamente Guatemala N° 4168, de la Ciudad de Buenos Aires, coincidente con el domicilio de la Sociedad aludida en el párrafo anterior, lo que explica su designación como Director en el Ministerio de Otarola, por su vinculación con los Rodera.

Ahora bien, a esta altura, no podemos dejar de mencionar, que como común denominador es que las personas de Jaquelina Rodera, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Marcelo Neira, Antonio Cundari, Miguel Reto, tiene domicilio en Buenos Aires. De los nombrados la única que reside en la zona de manera esporádica es Jaquelina, y lo hace en el domicilio de Cecilia Torres Otarola, sito en Costamagna 79, Playa Unión. En el otro grupo de la planta política nombrada por Cecilia Torres Otarola, debemos mencionar a Pamela Matamala, Directora de la Juventud, quien presta servicios en la privada de la Ministro.

Por su parte, Facundo Andrés Jofre, ocupa el cargo de Director General, es oriundo de la ciudad de Dolavon y tendría vínculos con la nombrada Matamala. Según los registros bancarios, el nombrado el día 7 de mayo de 2020, realiza una transferencia dineraria de 75.000 $ a Pamela Matamala. A su vez, según los informes remitidos del Banco de Chubut, Pamela Matamala, le realizó transferencias bancarias a la cuenta de Silvana Cañumil, que posee en el mencionado banco, los días 24 de abril de este año por un monto de 87,816 $, y el día 7 de mayo de 2020, por un monto de 84.216 $.

Por su parte Cañumil Silvana le hace una transferencia a Torres Otarola a una cuenta de su titularidad, el día 27 de abril de 2020, por un monto de 100.000 $. Asimismo, con fecha 4 de mayo de 2020 la nombrada Cañumil le hace una transferencia a Torres Otarola, a la cuenta sueldo de la última nombrada, un monto de 78.656,82 $. Además, el día 8 de junio de 2020, Cañumil le efectúa una transferencia bancaria a Jaquelina Rodera por un monto de 50.000 $, y nuevamente a Torres Otarola, a la cuenta del banco Nación por un monto de 100.000 $ el día 8 de junio de 2020.

En esta misma dirección Silvana Cañumil, en fecha 10 de mayo de 2019, efectuó transferencias bancarias a la persona de Macayo Marcelo, por un monto de 21.467, 63 $, en concepto de pago de cuotas el Instituto de Ingles de una obligación que tenía Cecilia Torres Otarola con el instituto aludido. También hay que poner de resalto las transferencias entre Mauro Sebastian Valenzuela, -pareja de Silvana Cañumil-, y Cecilia Torres Otarola En febrero y marzo Otarola transfiere a Valenzuela montos de 10.000 y 15.000 pesos respectivamente.

A esta altura, cabe destacar que en el período comprendido entre los años 2016 y 2020, Silvana Cañumil le realizó transferencias bancarias a Cecilia Torres Otarola, por un monto superior aproximadamente al al millón quinientos mil pesos (1.500.000 $).

Por su parte, Miguel Reto el día 3/6/20, realiza una extracción de 50.000 en efectivo, para luego hacerle un depósito por ese monto a Silvana Cañumil, en la misma fecha.

Párrafo aparte, merece ser contada la situación de M.N.F., quien figura ocupando un cargo de Directora en el Ministerio aludido. Se trata de la hija de la Señora Sandra Jaramillo quien prestó servicios de empleada domestica en la casa de Otarola, desde mediados del año 2019 hasta enero de este año. En lo que aquí interesa, Cecilia Torres Otarola, ya en el cargo de Ministra le ofreció incorporar a la hija de Jaramillo al organismo a su cargo. Para ello le pidió que le mande foto por wasap del DNI de su hija. Dicha situación se concretó, y la nombrada fue designada en el cargo más arriba mencionado. M.N.F., solamente concurrió al lugar de trabajo un par de días, y no fue más. Dos circunstancias fueron las que determinaron dicha situación. La primera es que M.N.F., se tuvo que presentar en donde funcionaban las oficinas de CORFO, que en ese momento se vivía un clima de tensión. Y, en segundo lugar, la ruptura de la relación laboral entre Jaramillo y Torres Otarola, significó que la primera le dijera a su hija que no concurriera más a trabajar al Ministerio.

En todo este contexto, debemos destacar una situación relatada por la testigo. Es que, al momento de que Torres Otarola le ofrece el cargo para su hija, la misma le habría referido que cumpliría funciones de secretaria privada de la funcionaria, y que el sueldo sería de 20.000 $, sin tener conocimiento la deponente que los haberes correspondientes al cargo que fuera designada su hija eran de 43.558 $. Situación que pone en evidencia la intención de quedarse con más de la mitad del salario, por parte de la funcionaria.

Lo dicho cobra fuerza, al analizar la documentación respecto de la cuenta sueldo de M.N.F., del cual se desprende que no hubo ningún tipo de movimiento del dinero, los cuales permanecen intacto en su cuenta sueldo. Tanto la hija como la madre desconocían que existían pagos de haberes por el cargo que ocupaba, que dicho sea de paso prácticamente no concurrió.

Siguiendo con el relato de los hechos, también debemos mencionar la situación de Antonio Patricia, quien ocupa un cargo de Directora General. La nombrada es madre de Alberto Gilardino. La Motivación de su designación en la planta política tiene que ver con la imposibilidad de nombrar en el cargo a su hijo Alberto, por haber estado relacionado el sindicado con causas de corrupción. La nombrada habría prestado su nombre para que en los hechos sea su hijo quien desempeñase las tareas en el cargo. Del análisis preliminar de los movimientos bancarios, se desprende que la nombrada en el mes de junio del 2020, le efectuó transferencias bancarias al cuil 20294165194, perteneciente a su hijo, un total de 187.200 $, luego de haber ingresado en su cuenta a sueldo el dinero en concepto de haberes por el cargo de Directora, con la cual refuerza la hipótesis ensayada.

Está claro que todos los nombrados actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles, siempre bajo la cobertura que le da el poder estatal. En ese contexto Torres Otarola no tuvo ningún inconveniente, para lograr engañar al gobernador, abusando de su confianza, quien finalmente firmó los decretos de designación de los funcionarios solicitados por la nombrada, en función de una aparente idoneidad invocada. La ex ministra tuvo en sus manos las riendas de los hechos, y el resto de los coimputados realizaron aportes necesarios para lograr su consumación. Los funcionarios del Estado, sumergidos en el error, efectuaron los pagos a personas que no cumplían ningún tipo de contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así, la maniobra estafatoria.

Ya con el dinero a disposición en sus respectivas cuentas sueldo, los cómplices, no en todos los casos retornaban parte del mismo a manos de Otarola, generalmente a través de transferencias o depósitos bancarios, dirigidos a su persona de confianza Silvana Cañumil, en algunas ocasiones a Pamela Matamala, circunstancia ésta, que robustece el contenido de la conducta final emprendida, que no era otra que hacerse de manera ilegal de fondos públicos.

Calificaciones legales

Todos estos detalles se encuentran discriminados en trece hechos donde la víctima resulta ser el Estado Provincial y por los que se encuadra el accionar de Cecilia Torres Otarola en el delito de fraude a la administración pública, art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de autora, -10 hechos-, concusión art. 266, -3 hechos-, todos ellos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes del funcionario público, art. 248, art. 54, y a su vez concurriendo materialmente entre ellos, art. 55, y 45 del código penal, al igual que Jaquelina Rodera, bajo el encuadramiento de los mismos delitos pero en cinco hechos.

En tanto Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Marcelo César Neira, Claudia Patricia Antonia, Alberto Gilardino, Patricia Claudina Antonio, Pamela Matamala y Facundo Andrés Jofré, por el delito de fraude a la administración pública art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de partícipes necesarios, -1 hecho-, art. 45 del código penal. Mientras Silvana Adriana Cañumil fue imputada por el mismo delito pero en dos hechos y como partícipe necesaria.

Medida Cautelar

Asimismo se solicita una medida cautelar sobre los bienes de Torres Otarola, a los fines de las eventuales reparaciones que en el futuro podrían tener lugar, en función de la extensión del daño ocasionado que se vislumbra prima facie, y en la inteligencia que surge como una medida razonable y proporcional a los hechos atribuibles.

El fiscal General Omar Rodríguez, se refirió a los allanamientos realizados en el día de hoy en el marco de la denominada “ñoquis calientes”, que involucra a la ex ministro Cecilia Torres Otarola.

Los procedimientos se llevaron adelante en domicilios ubicados en Playa Unión, Rawson y también en Trelew y en oficinas administrativas pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde por otra parte, se encontraba presente la ex funcionaria, a pesar de haber sido separada de su cargo desde los primeros días de este mes.

“Torres Otarola estaba en el lugar como si fuera un día normal de trabajo, pero no entorpeció con la investigación”, comento el fiscal Rodríguez.

Respecto a los allanamientos expresó “Buscábamos todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación entre las personas que están sospechadas, teléfonos, y documentación relacionadas a diferentes cuentas bancarias”.

“El núcleo de la investigación tiene que ver con personas que hacían creer al Estado que prestaban un servicio y no lo hacían” agregó Rodríguez.

Por su parte el fiscal hizo mención a un caso en particular en relación a este fraude a la administración pública “La ex ministro Torres Otarola hizo ingresar a su niñera haciendo creer que prestaba un servicio para el Estado y en realidad no lo hacía, solo estaba a cargo de los hijos de ella, esta persona cobraba un sueldo elevado, y esta persona no cumplía ningún tipo de función acorde a lo que se la había contratado”

Asimismo comentó “Torres Otarola le pedía a sus asesores la mitad de su sueldo y lo depositaba en la cuenta de su niñera y la niñera le hacia las transferencias a la ex ministro a diferentes cuentas, esto está confirmado”.

Comentó que durante los allanamientos “abrimos legajos de estas personas contratadas y no hay ni siquiera una foto del DNI, no se sabe si tienen el secundario completo, si tiene antecedentes penales, si está bien de salud, las carpetas solo tienen nombre y están vacías”.

“Hay muchísima gente que no va a trabajar, que cobra sin ir a trabajar. No nos podemos dar el lujo de que aparezcan personas que cobran y residen en otra zona”, expresó el fiscal de la causa “Ñoquis Calientes”.

Sobre el fraude puso énfasis en el engaño de Torres Otarola “La ministro lo que hace es engañar al gobernador, tuvo un abuso de confianza, dio un listado de personas que brindarían un servicio y el gobernador las designó, pero estas personas, junto con la ministro sabían que no iban a trabajar pero si iban a cobrar, es más, no viven en la provincia”.

Al respecto manifestó “es imposible que un gobernador tenga que salir a chequear a cada una de las personas que sus funcionarios proponen, de saber esto el gobernador ya no sería un engañado, sino un cómplice”.

Por último aclaró que “Torres Otarola esta sindicada, pero no está formalmente imputada, no formule cargo sobre ella, y esto se dará cuando yo presente el escrito de apertura de investigación”.

Se están llevando adelante varios allanamientos relacionados con la investigación iniciada por la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal a cargo del fiscal general jefe Omar Rodríguez en torno a la situación de la ex ministra de desarrollo social y familia María Cecilia Torres Otarola. El propio fiscal Rodríguez se constituye junto a personal policial en estas diligencias.

Los procedimientos se llevan adelante en domicilios ubicados en Playa Unión, Rawson y también en Trelew y en oficinas administrativas pertenecientes al mencionado ministerio, donde por otra parte se encontraba presente la ex funcionaria, a pesar de haber sido separada de su cargo desde los primeros días de este mes.

La investigación se inició por una denuncia y la Justicia está investigando si hubo o no defraudación al Estado. Estos allanamientos se suman a los realizados días pasados en el Ministerio de desarrollo social, familia, mujer y juventud, donde se retiraros expedientes. La ex ministra fue diputada provincial entre 2015 y 2019, apoyando la gestión del Gobernador Mariano Arcioni.

El fiscal general jefe, Omar Rodríguez, confirmó que esa es una de las supuestas irregularidades que investiga de la fugaz gestión de María Cecilia Torres Otarola en el Ministerio de Desarrollo Social.

A la exfuncionaria hoy le secuestraron su celular particular. Aunque habían ido a allanarle su casa de Playa Unión, a ella la ubicaron en el mismísimo Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, cuya titularidad ocupó hasta el último día del mes pasado, al menos en lo formal.

Al parecer siguió concurriendo a su oficina esta semana y se hallaba este miércoles con “personas que responderían a la mencionada y que ocuparían cargos de secretarias y subsecretarias”, señaló el comisario Juan Carlos Núñez, a cargo del operativo.

El fiscal Omar Rodríguez especificó que se trataba de procedimientos que seguramente se irán complementando con otros en diferentes lugares donde pueda hallarse documentación vinculada a la presente investigación, donde entre otras cosas se trata de esclarecer el nombramiento de más de 20 personas en forma irregular, informó el Ministerio Público Fiscal.

En la causa se investiga la designación de presuntos «ñoquis» por parte de Torres Otarola, algunos de los cuales ni siquiera conocerían Chubut.

También se investiga el caso de un jardinero peruano, condenado por violencia de género y que prestaba servicios de jardinería para la entonces ministra y que fue designado como asesor; y el de una mujer que había sido niñera de los hijos de la exministra y fue designada como asesora en la Legislatura cuando fue diputada provincial, y más tarde con la misma figura cuando Torres Otarola llegó al ministerio, hace casi siete meses.

En diálogo con la prensa, el fiscal jefe de la unidad especial de Investigación de Delitos contra la Administración Pública, Omar Rodríguez. quien también instruyó las causas “Embrujo” y “Revelación” señaló que la presentación que involucra a la exministra de Desarrollo Humano y Familia de la provincia del Chubut, Cecilia Torres Otarola, se hará entre esta semana y la que viene.

El alejamiento del cargo de la exfuncionaria “no representa ninguna modificación para la investigación que se lleva adelante” y por la que además hay 8 personas más comprometidas.

Torres Otarola, protagonizó un escándalo en el despacho del gobernador Mariano Arcioni el pasado martes 30 de junio, luego de ser informada por el entonces secretario General de Gobierno, Andrés Meiszner, de que debía presentar la renuncia a partir de la investigación por presuntos hechos de corrupción de la que era objeto.

Esa jornada terminó con la ratificación de la ministra y la renuncia de Meiszner, quien se sintió desautorizado. Al otro día también Torres Otarola dejaría el puesto que ocupaba desde el 10 de diciembre, cuando asumió tras concluir su mandato como diputada provincial.

Sobre la exfuncionaria pesa una denuncia de malversación de fondos públicos por haber designado personal en la función pública que no cumpliría contraprestaciones. Se conocen al menos dos casos: la mamá de un abogado involucrado en hechos de corrupción, y un ciudadano peruano que residiría en Buenos Aires.

«Todos actuaron de manera consciente y con conocimiento de lo que estaban haciendo”, dijo el fiscal Omar Rodriguez este martes por la mañana, durante la presentación de alegatos en la Oficina Judicial de Rawson.

El fiscal Omar Rodriguez fue el encargado de describir la forma en que en el juicio quedó probada la administración fraudulenta. Dio cuenta en el inicio respecto de la conformación de las dos empresas creadas para realizar trabajos realizados con obras públicas, entre ellas la reparación de las viviendas oficiales. En este sentido se refirió a la participación de Cristian Gisande, Rubén Reinoso y Giuliana Mc Leod.

“Violaron el deber de lealtad y con el lucro indebido afectaron el bien común”, dijo en su introducción para luego destacar como “muy importante el papel de “Tato” Ramón simulando con su empresa Concretando una falsa competencia en los precios”.

Posteriormente exhibió expedientes iguales que fueron armados para reparar distintas viviendas oficiales. “Se armaron todos los expedientes juntos, los tenía en su poder Correa y los iban sacando en función de las necesidades”, dijo Rodriguez. La exhibición se reforzó con los mensajes de texto entre algunos imputados donde se iban tomando las decisiones “para la trama ilegal investigada”. Los mensajes involucran a “Tato” Ramón, Gisande y Diego Luters.

Todos actuaron de manera consciente y con conocimiento de lo que estaban haciendo”, dijo Rodriguez. Cuando se refirió a Rubén Reinoso, hizo alusión a los dichos de “del testigo Tardugno y el comisario Cerda” además de las gestiones que realizó en la Municipalidad de Rawson para la empresa Dual Core con conocimiento de que pertenecía a Diego Correa.

Concluyó que son todos coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, Daniela Souza como partícipe necesario, mientras que para Domingo Correa –en este delito- pidieron la absolución por el beneficio de la duda, informó ADN SUR.

El encargado de la investigación que apunta a empresas y contratistas, con un señalamiento a la ex ministra Graciela Cigudosa, comentó detalles de las tareas realizadas hoy.

El fiscal Omar Rodríguez encabeza la investigación por las contrataciones directas en escuelas de Chubut y hoy viernes concretó allanamientos y una detención en el curioso caso de un empresario que quiso borrar evidencia tirando un documento por el inodoro. Había connivencia entre las empresas que iban a la compulsa de precios, lo que es un fraude.

“Era un grupo de empresas que pergeniaron con funcionarios del Ministerio de Educación quedarse con estas obras de refacción de las escuelas. La modalidad era dar una apariencia de que estaban compitiendo cuando estaba todo fraguado y estaban de acuerdo previamente. No existió cotización verdadera, ni siquiera la apertura de sobres fue verdadera”, indicó Rodríguez en El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

“En el cuadro comparativo parece que compiten personas que no se conocen cuando en realidad tienen vínculos cercanos. Algunos son ex empleados, otros parientes o amigos. A los ojos de un tercero, no se daba cuenta; cuando surge la investigación, claramente es una maniobra para defraudar más allá de los sobreprecios”, describió Rodríguez.

El fiscal señaló que en la investigación realizada en Rawson y Playa Unión se detectó una defraudación por 1,4 millones de pesos. A su vez, indicó que es sólo un adelanto del 50% y que no fue mayor porque comenzó esta investigación luego de la denuncia surgida desde diputados provinciales y que trabó esta maniobra.

En ese marco, señaló que una resolución le asigna responsabilidad a las delegaciones del Ministerio cuando, y en palabras del fiscal, “esto estaba digitado previamente”. Todavía falta el trabajo para detectar cómo fueron los negociados en otras localidades, en especial en Comodoro Rivadavia.

“El propietario de una empresa hizo desaparecer un documento que lo teníamos listo para ser ensobrado y secuatrado. Ese documento apareció en el interior de la cañeria del baño y otra en la cámara séptica en el patio. Se pudo reconstruir y comparar con las fotografías que ya habíamos hecho. Eso demostró claramente la intención de borrar evidencia”, relató.

 

El Comodorense