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“El Estado argentino fue denunciado internacionalmente por los incumplimientos del Gobierno de Arcioni”, titula hoy un comunicado de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut -delegación local- del gremio docente provincial, en referencia a la Organización Internacional del Trabajo.

“Esta respuesta de la OIT pone de relieve la gravedad institucional de la política de (Mariano) Arcioni. Los incumplimientos del Gobierno en el pago de los salarios, que afectan, directa o indirectamente, la vida de las y los habitantes de la provincia, son reconocidos por este organismo internacional, el más importante en cuestiones laborales. Sus resoluciones -en este caso la RES. Nº 95- tienen rango constitucional, por lo que, incumplirlas reviste, la máxima gravedad”, aseguraron.

Más adelante en su mensaje, expusieron:

“El gobierno argentino tendrá que dar explicaciones ante la OIT

¿Hasta cuándo se le va a permitir a Arcioni que dañe a nuestra provincia (y al país)?

¿Hasta cuándo, diputados intendentes, jueces y el propio gobierno nacional van a avalar al gobierno provincial?

¿Hasta cuándo tendremos que soportar los chubutenses tantos atropellos?

Como si fuera poco, una docena de funcionarios y ex funcionarios son procesados y condenados por corrupción…. ¿Y el gobernador no sabía nada? ¿No tiene nada para decir?”

Como cierre, al pie del comunicado, remataron con la siguiente frase, que escribieron en mayúsculas:

“Llamamos al conjunto de la sociedad a expresarse por una política que, al revés de lo que hace Arcioni, beneficie a la mayoría y deje de privilegiar a unos pocos”.

El secretario general de la Atech Santiago Goodman aseguró que tras la presentación ante el organismo internacional, el gobierno nacional deberá dar una solución al conflicto en la provincia, que se hace extensivo a todos los empleados estatales que no cobran en tiempo y en forma.

Luego de conocerse la decisión de la Organización Internacional del Trabajo hacia el gobierno nacional para que empiece a atender la situación de la provincia, desde la Atech Santiago Goodman opinó que “en su momento nos presentamos en virtud de lo que venía sucediendo con la presentaciones que hicimos en 2018 y 2019, en los fueros de la provincia de Chubut con respecto a nuestro salario”.

En este sentido, el dirigente sindical aclaró que “más del 87% de los trabajadores de la educación son mujeres, por lo tanto, en la presentación también denunciamos una cuestión de género”.

Goodman resaltó “No solo denunciamos la situación de los trabajadores de la educación, sino también del resto de los trabajadores estatales en su conjunto, por lo que ahora el gobierno nacional tendrá que notificar ante la OIT las medidas que tomará para revertir esta situación”.

Finalmente, el dirigente gremial de los docentes indicó que “Si bien reconoció que los tiempos para una resolución se ven alterados por la situación de la pandemia, auguró que quizá en los próximos 90 días, pero ante la situación presurosa, volvimos a reiterar que es necesario que la OIT apresure al gobierno nacional en la respuesta y que la misma sea eficaz para resolver la cuestión salarial”.

La Cámara Argentina de Turismo (CAT) adhirió al programa Ganar-Ganar, de Naciones Unidas (ONU) Mujeres, desarrollado en asociación con la Organización Internacional del Trabajo y cuyo objetivo es promover la igualdad de género a través del sector privado, informó la entidad empresaria.

El presidente de la CAT, Aldo Elías, firmó la adhesión en el marco del segundo encuentro online de la Comisión de Género y del grupo de trabajo de Perspectiva de Género de la Comisión Académica de la organización.

La Cámara afirmó en un comunicado que «la iniciativa marca un hito de involucramiento institucional de la entidad en la temática de igualdad de género para la actividad turística en la Argentina».

El objetivo general de Ganar-Ganar, un programa de ONU financiado por la Unión Europea, es contribuir al empoderamiento económico de las mujeres, al reconocerlas como beneficiarias y socias del crecimiento y el desarrollo, y aumentar el compromiso del sector privado con la igualdad de género.

Este programa, que busca compromiso con la responsabilidad y la sostenibilidad, se implementa actualmente en la Unión Europea y en seis países de América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y Uruguay, y aunque en principio se aplicaba a empresas, luego abrió su espectro a organizaciones y cámaras empresariales.

Del acto de firma participaron también el secretario de la CAT, a cargo de la Comisión de Género, Marcelo García, y Verónica Baracat, responsable del programa Ganar-Ganar de ONU Mujeres a nivel nacional.

Baracat señaló que la principal plataforma del Programa Ganar-Ganar son los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPs), creados por la ONU Mujeres y el Pacto Global de Naciones Unidas, en 2010, y firmados por casi 2.000 empresas en todo el mundo.

Elías expresó que «desde la Cámara, donde las mujeres son minoría tanto en el Comité Ejecutivo como en el Consejo Directivo, estamos trabajando y empezando a generar conciencia para que las entidades que nos integran propongan cada vez más mujeres para participar».

Durante el encuentro también explicaron que los WEPs brindarán a la organización la oportunidad de adoptar políticas e invertir en la promoción de la igualdad de género y servirán de base para promover un importante cambio de las prácticas empresariales.

 

Según la OIT, la caída de los empleos es tan marcada que ni siquiera una recuperación en la segunda mitad de 2020 sería suficiente para volver a los niveles de empleo previos a la crisis.

La pandemia de coronavirus provocó una caída del 14% de las horas de trabajo en el mundo durante el segundo trimestre de 2020, lo que equivale a 400 millones de empleos a tiempo completo (48 horas semanales), casi cien millones más de lo que se había estimado anteriormente.

El dato surge de un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que agregó que la caída es tan marcada, en comparación con el último trimestre de 2019, que ni siquiera una recuperación en la segunda mitad de 2020 -por otra parte «altamente incierta»-, sería suficiente para volver a los niveles de empleo previos a la crisis sanitaria.

Lo más probable, es que las pérdidas de trabajo se ahonden en los próximos meses, dependiendo de la evolución de la pandemia, de las medidas nacionales que tomen los gobiernos y de la cooperación internacional funcione o no, resume el último análisis de la OIT sobre el impacto de la Covid-19 en el mercado laboral global.

Hace poco más de un mes, el organismo técnico de la ONU había estimado que la pérdida de horas de trabajo equivaldría al 10,7% (305 millones de empleos menos), pero la rápida expansión de la crisis dejó rezagado a ese pronóstico, informó la agencia de noticias EFE.

La evaluación de la OIT expone el agravamiento de la situación del empleo en las últimas semanas y por regiones, siendo América el continente más afectado, con una pérdida total de horas de trabajo del 18,3% hasta el momento.

Europa, que fue el mayor foco infeccioso entre marzo y abril, así como los países de Asia Central llegan como el segundo grupo de países más perjudicados, con una reducción el 13,9 % de horas de trabajo, apenas 0,4% más que China y el resto de Asia.

Fuente: Télam

El Poder Ejecutivo envió «a la Cámara de Senadores y Senadoras de la Nación el proyecto que promueve la adopción de políticas para prevenir y reducir las violencias por razones de género en los lugares de trabajo.

El Poder Ejecutivo envió hoy «a la Cámara de Senadores y Senadoras de la Nación el proyecto de ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra la violencia y el acoso en el mundo laboral, dando cumplimiento al compromiso que asumió el 1 de marzo el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones», se informó hoy.

«Hasta el momento ningún país en el mundo completó el proceso de ratificación de este instrumento que promueve la adopción de políticas para prevenir y reducir las violencias por razones de género en los lugares de trabajo», agrega un comunicado oficial.

“El envío del proyecto de ratificación del Convenio 190 de la OIT al Congreso es fundamental por ser el primer tratado internacional en abordar de manera específica y exhaustiva la violencia y el acoso en el ámbito laboral y en desarrollar el alcance de las obligaciones que al respecto tienen los Estados y también los particulares”, señaló la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta.

Y agregó: “El enfoque propuesto se distancia de la visión tradicional de la violencia laboral y el acoso, que en general requieren la repetición en el tiempo de las conductas lesivas para que se configuren estos ilícitos a la vez que ponen el foco en la intención del agresor, cuya actuación tiene que tener como fin la exclusión de la persona de su ámbito de trabajo».

La funcionaria también advirtió que «el Convenio contempla el efecto que puede generar la violencia doméstica en el empleo y dispone en este sentido el deber de los Estados, las empresas y las organizaciones de personas empleadoras y trabajadoras de adoptar medidas para abordar la violencia y mitigar ese impacto».

«Por otra parte, si bien el tratado aborda la violencia contra todos los trabajadores y todas las trabajadoras, sostiene que la violencia y el acoso por razón de género afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas. De este modo, insta a adoptar un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta las consideraciones de género y aborde las causas subyacentes y los factores de riesgo, entre ellos los estereotipos de género, las formas múltiples e interseccionales de discriminación y el abuso de las relaciones de poder por razón de género, para acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”, abundó Gómez Alcorta.

En tanto, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, expresó: “Con este proyecto de ley enviado por el presidente Alberto Fernández, nuestro país se pone a la altura de lo que nuestra historia manda: a la vanguardia de la protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, debiendo adecuar la legislación al contenido del Convenio 190 procurando cuidar de la violencia laboral a las y los trabajadores que vivan en nuestro país”.

“Es un paso muy importante que la prevención y el abordaje de la violencia y el acoso laboral se incluyan en las leyes de nuestro país, y que alcance a trabajadores y trabajadoras de los sectores públicos y privados, formales e informales, en zonas urbanas y rurales, para lograr erradicar esta problemática que está sumamente vigente, y que requiere de nuestra atención y de un accionar rápido y eficiente”, concluyó Moroni.

Convenio 190 aprobado en Ginebra

El Convenio 190 de la OIT fue aprobado en la Conferencia Internacional del Trabajo que se realizó en Ginebra en junio de 2019 por representantes de gobiernos, sindicatos y empresas de los 187 países miembros del organismo. La norma proporciona un marco claro para la adopción de medidas y brinda la posibilidad de forjar un futuro del trabajo sobre la base de la dignidad y el respeto, exento de violencia y acoso.

Si bien las definiciones de “violencia” y “acoso” varían de país a país, la OIT definió esos conceptos como “un conjunto de comportamientos y acciones inaceptables” que “tengan por objeto provocar, ocasionen o sean susceptibles de ocasionar, daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos”.

De ese modo, se abarcan el abuso físico o verbal, la intimidación y el hostigamiento, el acoso sexual, las amenazas y el acecho, sin perjuicio de otros actos. Asimismo, la norma contempla que el trabajo no siempre se realiza en un lugar físico específico y, por lo tanto, sus disposiciones abarcan las comunicaciones profesionales, en particular las que tienen lugar mediante las TIC, concluye el comunicado oficial.

La recesión por el COVID-19 alcanzará todos los rincones del continente americano este año con la única excepción de Guyana, donde los descubrimientos petroleros mantendrán la economía a flote. Ese debilitamiento generalizado va a generar un terremoto de grandes proporciones sobre los mercados laborales de América Latina y el Caribe: más de 11,5 millones de trabajadores perdieron o perderán su trabajo este año y pasarán a engrosar las listas del desempleo en la región, según los cálculos presentados este jueves por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los 26,1 millones de desocupados de cierre de 2019 (cuando el desempleo también creció, aunque en mucha menor medida) subirán, así, hasta los 37,7 millones a finales de este año, un ejercicio marcado por la crisis sanitaria del coronavirus que llevará la tasa de desocupados del 8,1% al 11,5%. Este incremento ocurre en una región ya de por sí atravesada por la desigualdad, en la que los seguros de desempleo brillan por su ausencia y en la que más de la mitad de la población se desempeña en la informalidad y los ingresos de quienes tienen la fortuna de mantener su puesto de trabajo bajan, todo un cocktail social de difícil digestión.

En medio de la mayor contracción del PBI regional desde la década del ’30 del siglo pasado y tras siete años de muy bajo crecimiento, estas proyecciones de aumento del desempleo son incluso “conservadoras”, en palabras de la secretaria ejecutiva del brazo de Naciones Unidas para el desarrollo económico del bloque, Alicia Bárcena. Y se van a traducir irremediablemente en un aumento en el número de personas en situación de pobreza, que subirá hasta los 214 millones (casi 30 millones más). “Son números muy preocupantes, aterradores y son solo la punta del iceberg por la informalidad. Solo si conseguimos mantener el tejido social en hibernación, será más rápida la recuperación”, remarcó el director regional de la OIT, Vinicius Carvalho Pinheiro. Una vuelta de la economía a la vida que, según Bárcena, será «lenta por miles de razones, pero sobre todo porque vamos a tener que coexistir con este virus, obligando a las empresas a adoptar un cambio muy profundo”.

El golpe será severo para los asalariados, los que sufrirán la mayor carga de despidos. Pero también para los trabajadores por cuenta propia, que representan más de la cuarta parte del empleo total en América Latina y el Caribe, y que en algunos casos vieron sus entradas de caja reducidas a la mínima expresión. Y para los empleados domésticos, casi todas mujeres, que están mayoritariamente en casa hasta el fin de los desconfinamientos. Según los cálculos de la Cepal y la OIT, más de cuatro de cada 10 empleos de la región se desempeña en los sectores más afectados por las medidas de distanciamiento social encaminadas a reducir los contagios por el coronavirus y el número total de horas trabajadas este año caerá en algo más de un 10%, en línea con la media mundial. El “fuerte deterioro” en las percepciones de los estratos intermedios de la sociedad provocará, además, un movimiento a la baja en el ascensor social: todo lo contrario de lo que necesita un bloque de ingresos medios y medio-bajos.

Hace poco más de una semana, el brazo de Naciones Unidas para Latinoamérica proponía la puesta en marcha de una garantía mínima de ingresos equivalente a la línea de la pobreza de cada país que cubriese a las capas de la población más expuestas al vendaval económico y que fuese puente hacia una verdadera renta básica universal. “Se está explorando seriamente: los países están analizando con cuidado esta propuesta y Brasil es una muestra de que sí se puede. Igual con la protección social universal”, subrayó Bárcena en su comparecencia virtual de este jueves.

De esta crisis, argumentó en la misma línea Carvalho Pinheiro, “vamos a salir más pobres y con más desempleo, y en este escenario, políticas como el ingreso básico saldrían muy baratas». El jefe de la OIT en la región llamó también a la universalización de los sistemas de salud. “Tenemos que aprovechar la situación para buscar una nueva normalidad que sea mejor que la anterior”, concluyó.

La denuncia del gremio docente de Chubut se extiende también contra el Estado argentino. Se trata de una queja «por lesión al convenio de protección al trabajo». Le pide a la Organización Internacional del Trabajo que interceda para que se garanticen los derechos laborales de los trabajadores de la educación y que los salarios se abonen en tiempo y forma.

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), con el respaldo de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), presentó una denuncia por violación de los derechos ante la Oficina Internacional del Trabajo, que es la secretaría permanente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se trata de una queja “por lesión al convenio de protección al trabajo”, contra el Estado de la Nación Argentina y el Estado de la Provincia de Chubut.

La denuncia hace referencia a que en marzo de 2018 el Poder Ejecutivo de Chubut, en medio de una crisis económica, estableció la modalidad de pago escalonado de sueldos a los diferentes sectores de trabajadores estatales de la provincia. Ese pago fraccionado de haberes se ha traducido con el correr del tiempo en un atraso que en el caso de los docentes llega hoy a una deuda de dos salarios completos, dimensiona la queja presentada ante la OIT.

También se hace referencia a otros incumplimientos del Estado chubutense, como la deuda que mantiene con prestadores de la obra social SEROS, encargada de la salud de los trabajadores estatales provinciales, lo que trae como consecuencia problemas de atención sanitaria o incluso el corte directo de ese servicio esencial. A la vez, denuncia restricciones a la libertad sindical.

De esa manera, la ATECh le pide a la OIT que interceda para que el Estado de Chubut, les garantice a los trabajadores de la educación “respeto a su dignidad de trabajadores, se garanticen sus derechos laborales y consecuentemente le abonen los salarios en tiempo y forma”.

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech) confirmó que a raíz del retraso y el pago escalonado de los sueldos por parte del gobierno provincial, elevarán el reclamo a la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Marcela Capon expresó por FM Del Mar que se terminó de confeccionar en consonancia con CTERA y se llama “Queja” a la OIT y es por el incumplimiento que lleva delante la provincia pasando por encima de la Constitución están los convenios de la OIT”.

Puntualmente se refirió al “Convenio 95, donde habla de la prioridad del salario y en ese sentido es lo que viene ocurriendo en la provincia por estos años, porque se priorizan los pagos de la deuda antes que el salario de los trabajadores”.

La dirigente gremial aseguró que “Es un organismo que puede intervenir para que se pueda ordenar y salir del conflicto que llevamos hace más de dos años y esto es ante el problema que tenemos con la justicia porque los jueces siempre se escuchan acá ya lo habíamos presentado en el 2018 con la MUS, el amparo, como son parte se excusan y es complejo que la Justicia accione en la provincia”.

En cuanto a la fecha del pago del tercer rango indicó que no tienen novedad de cuando se realizará “la verdad es un de las cosas peores que le están ocurriendo a los trabajadores la incertidumbre de cuando van a pagar. No sabemos nada, últimamente anunciaban el día anterior, pero aún no han informado nada”.