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La multinacional brasileña Odebrecht reconoció que aportó 500.000 dólares a la campaña presidencial de Keiko Fujimori, otros 500.000 para la alcaldesa limeña Susana Villarán y 60.000 dólares para el ex gobernador de San Martín, César Villanueva, a cambio de la adjudicación de Rutas de Lima y de una carretera.

La admisión se dio en la ronda del interrogatorio a los ex superintendentes deOdebrechten el PerúJorge Barata(2001-2012) y Ricardo Boleira (2012-2017) cuando los ex funcionarios de la constructora declararon que los pagos se hicieron mediante el Departamento de Operaciones Estructuradas, así lo detallo el Diario Jornada.

En el caso de Villarán, a ella se le pagó con el seudónimo de“Careca”, en alusión a un conocido payaso brasileño, “Carequinha”, porque estilaba usar una bufanda verde como la ex alcaldesa, dijoJorge Barata, informó el diario limeño La República.

Los interrogatorios de ayer martes en Sao Pablo se organizaron luego de que la prensa revelara transferencias de fondos desde el Departamento de Operaciones Estructuradas que no habían sido declaradas anteriormente por la constructora.

A Villanueva, en cuya gestión como gobernador de San Martín se adjudicó aOdebrechtla construcción de una carretera por 109.5 millones de soles, se le pagó en efectivo una presunta coima de 60.000 dólares, segúnBarata.

Entre el 2 de abril del 2018 y el 8 de marzo del 2019, Villanueva ejerció como primer ministro del presidenteMartín Vizcarra.

Barata además ratificó queOdebrechtabonó US$ 500.000 a la campaña presidencial deKeiko Fujimorien 2011, lo que documentó ante las autoridades.

La declaración afecta seriamente la defensa de la ex candidata presidencial, que alega que nunca recibió un centavo de la constructora brasileña.

La delación de Barata se produce justo cuando la líder deFuerza Popular solicitó una casación contra la orden de detención preventiva por 36 meses por presunto lavado de activos.

La confesión del brasileño influirá en la decisión de laCorte Suprema.

Por otro lado, el ex gerente general de la Empresa Municipal de Peaje (Emape) Martín Bustamante Castro, y ex hombre fuerte de las gestiones del ex alcaldeLuis Castañeda Lossio, es otro de los que según los confesores recibió dinero por lo bajo. Bajo el seudónimo de “Bigode” (‘Bigote’, en español),Odebrechtle abonó US$ 75.527, supuestamente por facilitar la continuidad de la concesión aRutas de Lima.

También trascendió en Sao Pablo que Jorge Barata señaló que la persona que se ocultaba detrás del seudónimo“Almonadinha”era el abogado Horacio Cánepa Torre, a quien el Departamento de Operaciones Estructuradas había abonado US$ 878 mil 364 en sobornos. Cánepa actuaba como árbitro en beneficio de la empresa brasileña.

El expresidente de Perú, Alan García, murió esta mañana tras dispararse en la cabeza en su casa en medio del operativo policial que había llegado para detenerlo por sus supuestos vínculos en la trama de corrupción del caso Odebrecht. Al momento de arribar los agentes, el exmandatario se encerró en su habitación y se pegó un tiro en la cabeza.

La noticia fue publicada por el diario El Comercio, que indicó que tras el episodio el exmandatario «fue trasladado desde su casa en Miraflores hasta al hospital de emergencias Casimiro Ulloa minutos después de que llegaran agentes de la policía para proceder con su detención preliminar».

El actual presidente, Martín Vizcarra, fue el primero en comunicar sus condolencias tras el suicidio: «Consternado por el fallecimiento del ex presidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos». Desde su internación esta mañana, García fue operado y tuvo tres paros cardíacos, que complicaron su estado.

Hoy temprano se había confirmado la orden de la Justicia de arrestarlo por un plazo de 10 días por los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión en el marco del caso Odebrecht, el escándalo de corrupción desatado en Brasil y que afecta a varios países de la región.

Las primeras versiones indican que los agentes llegaron temprano en la mañana, pasadas las 6, al domicilio del político y que una vez allí García les dijo que debía llamar a su abogado, se encerró y se suicidó. En ese instante escucharon un disparo a lo lejos, que venía de la habitación del exmandatario. Entonces, forzaron la puerta para entrar y lo encontraron sobre una silla, ensangrentado.

Fuerte operativo policial en la puerta del hospital donde se encuentra internado el expresidente de Perú, Alan García
Fuerte operativo policial en la puerta del hospital donde se encuentra internado el expresidente de Perú, Alan García Fuente: AP – Crédito: Martín Mejía

La causa

García era investigado por presuntos sobornos en la construcción de un tren para Lima, proyecto en el que estaba involucrada la constructora brasileña Odebrecht. Por ello, también hoy, la Policía arrestó a Luis Nava, exsecretario general de Presidencia, y Miguel Atala, exvicepresidente.

El expresidente siempre defendió su inocencia pese a las sospechas en su contra y ayer lo hizo en un mensaje publicado en Twitter: «Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza sólo les queda la ESPECULACIÓN o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado».

García gobernó Perú en dos mandatos -de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011- y en los últimos años hizo frente a las acusaciones vertidas contra él por presunta corrupción. En noviembre del año pasado el Poder Judicial ya había dictado 18 meses de impedimento de salida del país en su contra. Entonces solicitó asilo sin éxito a Uruguay tras refugiarse en la Embajada uruguaya de la capital peruana.

PPK, con presión alta

Anoche, el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski fue trasladado a una clínica privada desde la celda donde cumple 10 días de arresto debido a un cuadro de presión arterial alta. Kuczynski, de 80 años, salió de una base policial en el centro de Lima, donde está detenido desde el viernes también por el caso Odebrecht, y fue llevado a la clínica Angloamericana en el distrito de San Isidro. Durante la jornada estaba programada una audiencia judicial para decidir si se aumentaba o no su detención a 36 meses mientras es investigado.

«Ha sido trasladado por personal policial porque ha sufrido una suerte de descompensación, una alteración cardiaca, un cuadro de presión arterial bastante elevada y a efectos de poder ser monitoreado», dijo a la radio peruana RPP Gilbert Violeta, un parlamentario cercano a Kuczynski.

El exmandatario afronta una investigación por presunto lavado de activos y por su supuesta injerencia en la adjudicación de obras millonarias a la constructora brasileña Odebrecht. El lunes durante una audiencia en la cual los jueces le negaron un pedido de libertad, Kuczynski dijo que tenía una válvula artificial en el corazón que debía revisar cada cierto tiempo.

La fiscalía afirma que Kuczynski realizó supuestos «actos de blanqueo de capital» mientras era ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006). Los presuntos delitos están relacionados con la construcción de una carretera que conecta Brasil con Perú y una obra para irrigar zonas desérticas en el norte del país.

Todos los presidentes que han gobernado Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con Odebrecht. El caso golpeó a la élite política de Perú, al igual que a la de otros países de la región, luego de que en 2016 la compañía constructora admitiera que pagó sobornos para obtener jugosos contratos en casi toda América Latina.

 

 

La Nación

La justicia peruana ordenó este miércoles la detención durante 10 días del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el marco de una investigación de lavado de dinero ligada al caso Odebrecht.

La orden fue solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial que investiga a la élite política peruana acusada de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

De acuerdo a la resolución publicada por El Comercio y RPP Noticias, el juez Jorge Luis Chávez señala que el Ministerio Público presentó como «hecho precedente» los «actos de blanqueo de capital en los que ha incurrido» el expresidente como consecuencia de «su intervención en presuntos actos de corrupción» vinculados a dos proyectos que fueron concesionados a Odebrecht.

Los proyectos son la Carretera Interoceánica tramos 2 y 3, y el proyecto de irrigación e hidroenergético Olmos, adjudicados en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), prófugo de la Justicia por un millonario soborno entregado por Odebrecht y con pedido de detención.

Además, un juzgado de Lima ordenó el ingreso al domicilio del expresidente, de 80 años, así como de otras dos personas ligadas al político, una de ellas su secretaria personal.

Mercedes Aráoz, segunda vicepresidenta de Perú, afirmó a la radio local RPP que le parecía «sorprendente» la decisión judicial. “No entiendo por qué este tipo de acción, él ha colaborado con todo».

La justicia relaciona a Kuczynski con presuntos delitos relacionados con la construcción de la «Carretera Interoceánica», una vía terrestre que conecta Brasil con Perú así como el proyecto Olmos, una represa en el norte del país.

Kuczynski, un exbanquero de Wall Street, fue presidente de Perú entre 2016 y 2018, cuando renunció por un escándalo ligado a la compra de votos de legisladores de la oposición a cambio de favores políticos.

Es el tercer presidente peruano a quien la justicia ordena encarcelar de forma preventiva. Sobre Alejandro Toledo (2001-2016) pesa una orden de detención pero reside en Estados Unidos. Ollanta Humala (2011-2016) también estuvo preso entre 2017 y 2018.

Ya desde marzo del año pasado, se le había prohibido a Kuczynski abandonar el país. Es que aún antes de renunciar, el ex mandatario era investigado por la fiscalía por los presuntos vínculos de su empresa Westfield con la constructora brasileña Odebrecht y la firma First Capital de su socio chileno Gerardo Sepúlveda, cuando Kuczynski era ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

Kuczynski ha seguido las investigaciones en su contra desde Lima y permanece en su casa, en el distrito de San Isidro, a la expectativa de la prensa de que la Policía judicial se acerque para hacer efectiva la detención.

 

 

 

Clarín

Otra muerte relacionada con el caso Odebrecht sacude Colombia.

Este jueves fue hallado muerto en Bogotá Rafael Merchán, testigo del caso Odebrecht en el país latinoamericano.

Merchán, de 43 años, es el segundo testigo del caso en aparecer muerto en menos de dos meses, luego de que también fuera hallado sin vida Jorge Enrique Pizano.

Pizano falleció de un infarto a principios de noviembre, según el informe del hospital donde fue atendido. Tres días después falleció su hijo Alejandro Pizano Ponce de León, envenenado con cianuro al beber de una botella que halló en el escritorio de su padre.

El director del Instituto de Medicina Legal de Colombia, Carlos Valdés, renunció el 20 de diciembre en medio de la controversia por el manejo de las pruebas sobre el fallecimiento de Jorge Pizano.

 

 

BBC

El Tribunal Supremo de Justicia venezolano paralelo, nombrado por la mayoría opositora del Parlamento y que está en el exilio, condenó este miércoles a 18 años y tres meses de prisión al presidente Nicolás Maduro por corrupción en el caso Odebrecht.

La corte halló «comprobada la comisión de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales» y ordenó que el mandatario cumpla la pena en el centro de detención de Ramo Verde, en el estado venezolano de Miranda, dijo el magistrado Rafael Rommel-Gil en Bogotá.

Además, el tribunal paralelo, cuyas decisiones desconoce el gobierno venezolano, le impuso una multa de 25 millones de dólares por corrupción propia y de 35.000 millones por legitimación de capitales, así como una inhabilitación política por el tiempo de la pena. También solicitó una orden de captura internacional.

La sala plena del tribunal paralelo dictó la sentencia en un recinto del Congreso colombiano, donde desde la mañana escuchó la acusación de la fiscal general destituida Luisa Ortega,quien huyó de Venezuela en agosto de 2017 tras ser removida de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el chavismo y con suprapoderes.

Andrés Felipe Lindo, abogado defensor de oficio de Maduro, expone su argumentos ante los magistrados del Tribunal Supremo de Venezuela "en el exilio". (EFE)
Andrés Felipe Lindo, abogado defensor de oficio de Maduro, expone su argumentos ante los magistrados del Tribunal Supremo de Venezuela «en el exilio». (EFE)

«Odebrecht resultó beneficiada con innumerables adjudicaciones de infraestructura que se tenían proyectado hacer en Venezuela», se «pagaron y no concluyeron», dijo Ortega durante el juicio.

Desde Caracas, el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, desestimó la decisión. «¿Están en Colombia diciendo que pueden condenar al presidente de Venezuela y Nicolás sigue siendo el presidente? Dios mío», dijo desde su programa de televisión semanal.

La Fiscal General de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega, expone su argumentos contra Maduro. (EFE)
La Fiscal General de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega, expone su argumentos contra Maduro. (EFE)

En mayo magistrados exiliados en Miami habían «suspendido» a Maduro de su cargo por este caso.

El abogado de oficio del mandatario venezolano, Andrés Lindo, aseguró que no se debía condenar a Maduro por unos contratos «que nunca firmó» y en los que «el deber de vigilancia» competía a otras entidades.

«Eventualmente podría hablarse de algún tipo de responsabilidad administrativa, quizá. De responsabilidad penal, no», afirmó.

El 9 de abril los 13 magistrados principales y 20 suplentes de la corte paralela -exiliados en Colombia, Chile, Estados Unidos y Panamá- solicitaron al parlamento venezolano que autorizara el enjuiciamiento de Maduro por presunta corrupción relacionada con la trama internacional de sobornos de Odebrecht.

El legislativo avaló el juicio, aunque todas sus decisiones sonconsideradas «nulas» por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano en ejercicio, que es señalado de servir a Maduro.

El TSJ declaró al Legislativo en desacato desde que en 2016 la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asumiera 112 de las 167 bancas, invalidando todas sus resoluciones.

Los magistrados ahora en exilio fueron nombrados por la oposición para corregir supuestas irregularidades en la designación de los jueces que ocupan esos cargos en el TSJ.

 

 

Clarín

Días después de convertirse en imputado colaborador en la causa de los cuadernos de la corrupción, Ángelo Calcaterra primo de Mauricio Macri, volvió a los Tribunales de Comodoro Py y presentó un escrito en la causa en la que está imputado en una causa vinculada a Odebrecht.

Se trata de la investigación sobre la construcción del soterramiento del Tren Sarmiento. Según confirmaron a Clarín, el empresario presentará un escrito ante el juzgado.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, tras un pedido del fiscal Franco Picardi, citó a indagatoria al ex dueño de Iecsa junto a otros imputados, todos acusados en la causa que investiga el pago de sobornos e irregularidades en la adjudicación de la obra del soterramiento del Tren Sarmiento.

Las indagatorias pedidas por el fiscal Franco Picardi, se toman en el marco de la investigación por el presunto pago de sobornos y sobreprecios en las obras del soterramiento del tren Sarmiento. Iecsa, la ex empresa de Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri- era parte del consorcio de firmas lideradas por Odebrecht. También fueron citados los demás integrantes de la UTE: representantes de Ghella, Comsa.

En el marco del Lava Jato, los dueños de Odebrecht admitieron haber pagado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015 para manipular diversos contratos de obra pública. Es sólo una porción de los más de 700 millones de dólares que pagaron en otros once países para obtener obras.

En ese contexto, en Comodoro Py hay tres causas sobre licitaciones adjudicadas a la constructora brasileña, sospechadas de irregularidades administrativas, sobreprecios y pago de sobornos.

La obra del soterramiento que investiga Martínez De Giorgi, cotizada en 3.000 millones de dólares, fue otorgada al consorcio constituido por Odebrecht, IECSA (entonces de Calcaterra), Ghella y ComSa SA. Por el escándalo de las coimas, en junio del año pasado la brasileña se fue de la obra.

Las indagatorias que incluyen a Julio De Vido y concluirán el 17 de octubre con el Corcho Rodríguez (señalado como intermediario entre los funcionarios y la firma Odebrecht) bajo la premisa de que hubo un “direccionamiento” de la licitación a favor del consorcio, y luego se generaron «modificaciones en el contrato original» que esconderían los supuestos sobreprecios y coimas.

Para el magistrado las instancias administrativas y una serie de reuniones realizadas previo a la licitación, y el intercambio de e-mail donde «se habla del pago de sobornos», explicaría «el presunto direccionamiento de dicho proceso, los alcances de la contratación y sus modificaciones en beneficio del consorcio ganador», que integraba entonces la constructora IECSA.

Todos los imputados están acusados ​de participar en lo que Martínez De Giorgi denominó como «anómalas circunstancias»señaladas por un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que conduce Sergio Rodríguez y que expusieron «sospechas en torno a los sucesos acaecidos en relación proceso licitatorio que se vinculan de manera directa con los pagos efectuados por parte de la empresas adjudicatarias de la obra, a la empresa CAESA y aquellos confesados por la empresa Odebrecht», indica la resolución.

Sólo en la licitación se consignaron al menos 21 irregularidades: entre ellas, «se efectuó mediante un procedimiento de etapa múltiple, sin presupuesto ni crédito legal y poniendo en cabeza de los oferentes el proyecto de ingeniería y ejecutivo», además, «no se cumplieron los plazos de publicación del llamado exigidos», «se modificaron algunas cuestiones esenciales del Pliego de Bases y Condiciones Generales a requerimiento de los oferentes», entre otras.

El fiscal Picardi cree que los sobornos se pagaron a través de la empresa CAESA de Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime en la Secretaría de Transporte, por unos 600 mil pesos, y por pagos a través de empresas offshore radicadas en el exterior.

Se trata de una red de empresas. Por un lado, las empresas Controles y Auditorias Especiales SL de España (CYAES) y CAESA -, y aquellas que se habrían utilizado para recibir el «pago de sobornos efectuados por parte del grupo Odebrecht, a través de la cuenta de la empresa off shore “Klienfeld Service Ltd”.

En este contexto, el juzgado siguió la ruta del dinero, «los pagos que se han podido identificar con destino a los funcionarios públicos investigados, emanaron directa o indirectamente de sociedades que integraron la UTE contratada y se presentan,a la luz de las pruebas colectadas, como la contraprestación y justificación del desarrollo irregular señalado».​ En relación a la millonaria obra, se distinguieron al menos dos formas en las que se materializó la maniobra de pagos irregulares. Por un lado, a través de pagos a la empresa CAESA, por servicios de consultoría presuntamente inexistentes, y también, por intermedio de transferencias «que se enmarcan en el esquema internacional de pago de coimas montado por el Grupo Odebrecht a través desde su “División de Operaciones Estructuradas”, concretamente materializadas desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore», señaló Martínez De Giorgi.

Parte de esta ruta de fondos se investigó en base a unos correos electrónicos entre Vázquez y Marcelo Couri Ribeiro integrante de Odebrecht. Se destacó que «en dichos correos, éste último habría dejado asentado que Javier Sánchez Caballero, gerente de IECSA, mantuvo reuniones para tratar el pago de coimas del soterramiento del Tren Sarmiento».

Para el Juez ños ex funcionarios y los apoderados de las empresas privadas adjudicatarias «que hubieren intervenido de manera efectiva en el expediente y/o participando en reuniones con los funcionarios públicos intervinientes». Como así también, los responsables dela firma CAESA S.A., señalados como intermediarios entre la firma brasileña y los ex funcionarios.

 

 

Clarín