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El Tribunal Supremo de Justicia venezolano paralelo, nombrado por la mayoría opositora del Parlamento y que está en el exilio, condenó este miércoles a 18 años y tres meses de prisión al presidente Nicolás Maduro por corrupción en el caso Odebrecht.

La corte halló “comprobada la comisión de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales” y ordenó que el mandatario cumpla la pena en el centro de detención de Ramo Verde, en el estado venezolano de Miranda, dijo el magistrado Rafael Rommel-Gil en Bogotá.

Además, el tribunal paralelo, cuyas decisiones desconoce el gobierno venezolano, le impuso una multa de 25 millones de dólares por corrupción propia y de 35.000 millones por legitimación de capitales, así como una inhabilitación política por el tiempo de la pena. También solicitó una orden de captura internacional.

La sala plena del tribunal paralelo dictó la sentencia en un recinto del Congreso colombiano, donde desde la mañana escuchó la acusación de la fiscal general destituida Luisa Ortega,quien huyó de Venezuela en agosto de 2017 tras ser removida de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el chavismo y con suprapoderes.

Andrés Felipe Lindo, abogado defensor de oficio de Maduro, expone su argumentos ante los magistrados del Tribunal Supremo de Venezuela "en el exilio". (EFE)
Andrés Felipe Lindo, abogado defensor de oficio de Maduro, expone su argumentos ante los magistrados del Tribunal Supremo de Venezuela “en el exilio”. (EFE)

“Odebrecht resultó beneficiada con innumerables adjudicaciones de infraestructura que se tenían proyectado hacer en Venezuela”, se “pagaron y no concluyeron”, dijo Ortega durante el juicio.

Desde Caracas, el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, desestimó la decisión. “¿Están en Colombia diciendo que pueden condenar al presidente de Venezuela y Nicolás sigue siendo el presidente? Dios mío”, dijo desde su programa de televisión semanal.

La Fiscal General de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega, expone su argumentos contra Maduro. (EFE)
La Fiscal General de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega, expone su argumentos contra Maduro. (EFE)

En mayo magistrados exiliados en Miami habían “suspendido” a Maduro de su cargo por este caso.

El abogado de oficio del mandatario venezolano, Andrés Lindo, aseguró que no se debía condenar a Maduro por unos contratos “que nunca firmó” y en los que “el deber de vigilancia” competía a otras entidades.

“Eventualmente podría hablarse de algún tipo de responsabilidad administrativa, quizá. De responsabilidad penal, no”, afirmó.

El 9 de abril los 13 magistrados principales y 20 suplentes de la corte paralela -exiliados en Colombia, Chile, Estados Unidos y Panamá- solicitaron al parlamento venezolano que autorizara el enjuiciamiento de Maduro por presunta corrupción relacionada con la trama internacional de sobornos de Odebrecht.

El legislativo avaló el juicio, aunque todas sus decisiones sonconsideradas “nulas” por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano en ejercicio, que es señalado de servir a Maduro.

El TSJ declaró al Legislativo en desacato desde que en 2016 la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asumiera 112 de las 167 bancas, invalidando todas sus resoluciones.

Los magistrados ahora en exilio fueron nombrados por la oposición para corregir supuestas irregularidades en la designación de los jueces que ocupan esos cargos en el TSJ.

 

 

Clarín

Días después de convertirse en imputado colaborador en la causa de los cuadernos de la corrupción, Ángelo Calcaterra primo de Mauricio Macri, volvió a los Tribunales de Comodoro Py y presentó un escrito en la causa en la que está imputado en una causa vinculada a Odebrecht.

Se trata de la investigación sobre la construcción del soterramiento del Tren Sarmiento. Según confirmaron a Clarín, el empresario presentará un escrito ante el juzgado.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, tras un pedido del fiscal Franco Picardi, citó a indagatoria al ex dueño de Iecsa junto a otros imputados, todos acusados en la causa que investiga el pago de sobornos e irregularidades en la adjudicación de la obra del soterramiento del Tren Sarmiento.

Las indagatorias pedidas por el fiscal Franco Picardi, se toman en el marco de la investigación por el presunto pago de sobornos y sobreprecios en las obras del soterramiento del tren Sarmiento. Iecsa, la ex empresa de Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri- era parte del consorcio de firmas lideradas por Odebrecht. También fueron citados los demás integrantes de la UTE: representantes de Ghella, Comsa.

En el marco del Lava Jato, los dueños de Odebrecht admitieron haber pagado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015 para manipular diversos contratos de obra pública. Es sólo una porción de los más de 700 millones de dólares que pagaron en otros once países para obtener obras.

En ese contexto, en Comodoro Py hay tres causas sobre licitaciones adjudicadas a la constructora brasileña, sospechadas de irregularidades administrativas, sobreprecios y pago de sobornos.

La obra del soterramiento que investiga Martínez De Giorgi, cotizada en 3.000 millones de dólares, fue otorgada al consorcio constituido por Odebrecht, IECSA (entonces de Calcaterra), Ghella y ComSa SA. Por el escándalo de las coimas, en junio del año pasado la brasileña se fue de la obra.

Las indagatorias que incluyen a Julio De Vido y concluirán el 17 de octubre con el Corcho Rodríguez (señalado como intermediario entre los funcionarios y la firma Odebrecht) bajo la premisa de que hubo un “direccionamiento” de la licitación a favor del consorcio, y luego se generaron “modificaciones en el contrato original” que esconderían los supuestos sobreprecios y coimas.

Para el magistrado las instancias administrativas y una serie de reuniones realizadas previo a la licitación, y el intercambio de e-mail donde “se habla del pago de sobornos”, explicaría “el presunto direccionamiento de dicho proceso, los alcances de la contratación y sus modificaciones en beneficio del consorcio ganador”, que integraba entonces la constructora IECSA.

Todos los imputados están acusados ​de participar en lo que Martínez De Giorgi denominó como “anómalas circunstancias”señaladas por un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que conduce Sergio Rodríguez y que expusieron “sospechas en torno a los sucesos acaecidos en relación proceso licitatorio que se vinculan de manera directa con los pagos efectuados por parte de la empresas adjudicatarias de la obra, a la empresa CAESA y aquellos confesados por la empresa Odebrecht”, indica la resolución.

Sólo en la licitación se consignaron al menos 21 irregularidades: entre ellas, “se efectuó mediante un procedimiento de etapa múltiple, sin presupuesto ni crédito legal y poniendo en cabeza de los oferentes el proyecto de ingeniería y ejecutivo”, además, “no se cumplieron los plazos de publicación del llamado exigidos”, “se modificaron algunas cuestiones esenciales del Pliego de Bases y Condiciones Generales a requerimiento de los oferentes”, entre otras.

El fiscal Picardi cree que los sobornos se pagaron a través de la empresa CAESA de Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime en la Secretaría de Transporte, por unos 600 mil pesos, y por pagos a través de empresas offshore radicadas en el exterior.

Se trata de una red de empresas. Por un lado, las empresas Controles y Auditorias Especiales SL de España (CYAES) y CAESA -, y aquellas que se habrían utilizado para recibir el “pago de sobornos efectuados por parte del grupo Odebrecht, a través de la cuenta de la empresa off shore “Klienfeld Service Ltd”.

En este contexto, el juzgado siguió la ruta del dinero, “los pagos que se han podido identificar con destino a los funcionarios públicos investigados, emanaron directa o indirectamente de sociedades que integraron la UTE contratada y se presentan,a la luz de las pruebas colectadas, como la contraprestación y justificación del desarrollo irregular señalado”.​ En relación a la millonaria obra, se distinguieron al menos dos formas en las que se materializó la maniobra de pagos irregulares. Por un lado, a través de pagos a la empresa CAESA, por servicios de consultoría presuntamente inexistentes, y también, por intermedio de transferencias “que se enmarcan en el esquema internacional de pago de coimas montado por el Grupo Odebrecht a través desde su “División de Operaciones Estructuradas”, concretamente materializadas desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore”, señaló Martínez De Giorgi.

Parte de esta ruta de fondos se investigó en base a unos correos electrónicos entre Vázquez y Marcelo Couri Ribeiro integrante de Odebrecht. Se destacó que “en dichos correos, éste último habría dejado asentado que Javier Sánchez Caballero, gerente de IECSA, mantuvo reuniones para tratar el pago de coimas del soterramiento del Tren Sarmiento”.

Para el Juez ños ex funcionarios y los apoderados de las empresas privadas adjudicatarias “que hubieren intervenido de manera efectiva en el expediente y/o participando en reuniones con los funcionarios públicos intervinientes”. Como así también, los responsables dela firma CAESA S.A., señalados como intermediarios entre la firma brasileña y los ex funcionarios.

 

 

Clarín