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Se trata de Maya Cikurel Spiller, mujer de Pablo da Silveira, quien estará al frente de la cartera de Trabajo.

Maya Cikurel Spiller, pareja del designado ministro de Trabajo de Uruguay, fue detenida por sus vínculos con la trama internacional de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, confirmaron este jueves fuentes de Interpol a la agencia AFP.

Spiller, una contadora uruguaya de 46 años, fue detenida el miércoles en Colonia cuando intentaba cruzar a Buenos Aires junto a su pareja, Pablo da Silveira, debido a que sobre ella pesaba una alerta roja de Interpol.

La mujer está requerida por la justicia panameña para declarar en la investigación relacionada con Arcadex Corporation, una empresa con sede en Belice acusada de usarse para el pago de sobornos en Panamá. El caso involucra al expresidente panameño Ricardo Martinelli.

Según informó el diario uruguayo El País, el pedido de Interpol fue hecho por un delito «contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales».

Spiller fue trasladada a Montevideo, donde ya declaró ante el fiscal de Delitos Económicos y Complejos Ricardo Lackner, y se le ordenó prisión domiciliaria. Panamá tiene ahora 60 días para solicitar su extradición.

Consultado por los medios, Da Silveira -quien asumirá como ministro de Trabajo en la asunción del nuevo gobierno el 1° de marzo- dijo que si bien está convencido de la inocencia de su pareja, no hará declaraciones públicas para no interferir con la Justicia. Agregó además que los hechos que se le imputan datan de antes de que ambos se conocieran, señaló Clarín.

Un colaborador de la fiscalía peruana, identificado como «N° 04-2019», reveló que el expresidente Ollanta Humala recibió sobornos por un valor de 16 a 18 millones de dólares durante su mandato por otorgar obras de construcción a un grupo de empresas.

Un documento de la Fiscalía publicado por medios locales señala que José Paredes, excompañero de estudios de Humala, conversó con el exfuncionario del ministerio de Transporte, Carlos García Alcázar sobre el tres por ciento de soborno sobre cada obra que estaban dispuestas a pagar las empresas por repartirse los proyectos.

Al comunicar Paredes la información a Ollanta Humala, el expresidente decidió consultarlo con su esposa Nadine Heredia antes de aceptar la propuesta.

“García comentaba que los porcentajes para las partes involucradas como beneficio sería del 3 %, que se distribuirían entre los involucrados, de los cuales hasta 2 % correspondería a Ollanta Humala, el saldo sería una comisión para José Paredes con su hermano Carlos Paredes”, señala el documento.

El colaborador señala que las entregas se realizaban en la noche en la oficina de Palacio de Gobierno en maletines que en algunas ocasiones entregaban a la esposa del entonces mandatario.

La comisión total estimada por las obras licitadas osciló entre los 16 y 18 millones de dólares dado que el expresidente recibió 20 entregas de dinero de constructoras entre el 2011 y el 2014.

Ante esta filtración a la prensa, el expresidente rechazó cualquier vínculo de corrupción con el Club de la Construcción o cualquier otra instancia.

Añadió que el “aspirante a colaborador” pretende lograr beneficios con falsa información.

Asimismo, instó a la Fiscalía a ser profesional y objetiva y a no sustituir la verdad filtrando falsedades y dañando honras.

Humala y su esposa son investigados por un presunto soborno recibido de la empresa brasileña Odebrecht por la concesión del Gasoducto del Sur en 2014.

Ambos cumplieron prisión preventiva, pero fueron liberados y continúan sus procesos a la espera de que la Fiscalía inicie el juicio oral este año y emita la primera sentencia por el caso en Perú.

Humala fue presidente de Perú de 2011 a  2016, tras ser candidato por la alianza electoral Gana Perú en las elecciones generales de 2011.

Henrique Valladares, ex vicepresidente de Odebrecht y uno de los principales delatores en la causa que investiga los sobornos entregados por la constructora brasil en en varios países de América y África, fue hallado sin vida en su departamento en Río de Janeiro y las autoridades no han podido determinar las causas de su muerte.

El cuerpo de Valladares fue hallado el martes en su departamento del barrio Leblon, en el sur de Río de Janeiro, pero la noticia de su fallecimiento no se difundió sino hasta última hora de ayer.

La Policía Civil del estado informó que el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal, donde se lo sometió a una autopsia que no permitió establecer los motivos de su muerte por lo que se registró como un fallecimiento provocado por «causa indeterminada».

Valladares fue uno de los principales delatores del caso: aceptó confesar sus delitos y señalar a sus cómplices a cambio de una reducción en su condena y otros beneficios judiciales.

Entre sus revelaciones, se destaca el supuesto pago de una donación de 12,5 millones de dólares a la campaña del entonces senador Aécio Neves, aspirante a la presidencia que fue derrotado por Dilma Rousseff en 2014.

También acusó al ministro de Minas y Energía del gobierno de Rousseff, Edison Lobao, de recibir sobornos a cambio de favorecer a la empresa en contratos públicos en el área energética.

Asimismo, admitió haber pagado sobornos a grupos indígenas para evitar protestas contra la construcción de plantas eléctricas en la Amazonia y a sindicalistas para que no se manifiesten por motivos ambientales.

Valladares fue uno de los primeros en aceptar confesar sus delitos para conseguir beneficios de la Justicia.

Su muerte se suma a la del ex presidente peruano Alan García, quien se suicidó momentos antes de que la policía de su país ingresara a su vivienda para detenerlo también como sospechoso del caso Odebrecht.

En Colombia, el controller de la Ruta del Sol II Jorge Pizano, murió en su casa de un infarto y las autoridades hallaron una botella de agua saborizada que contenía cianuro. Pizano también había sido mencionado en la causa que investiga la vasta red de corrupción de la constructora brasileña, informó Diario Jornada.

La Cámara Federal ratificó hoy el procesamiento exfuncionarios kirchneristas como Julio De Vido y José López, y amplió la acusación contra los empresarios involucrados ahora por el pago de sobornos para conseguir la construcción de plantas potabilizadoras de AySA, que forman el llamado caso Odebrecht.

Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi también ampliaron los procesamiento de los extitulares de AySA, Carlos Ben y Oscar Biancuzzo, acusados ahora de haber participado en el delito de cohecho para direccionar la licitación que terminó por beneficiar al consorcio que lideraba Odebrecht.

La decisión de la Cámara Federal dejó firme, además, el procesamiento de Jorge «Corcho» Rodríguez, también acusado de cohecho. El empresario había sido procesado por el juez Sebastian Casanello como parte del entramado que beneficio a la empresa brasileña con contratos con AySA.

Los empresarios Aldo Roggio, Osvaldo «Tito» Biagini y Carlos Wagner, todos personajes clave para la obra pública, también fueron incluidos como acusados por este nuevo delito del cohecho. La Cámara Federal rechazó, además, un pedido realizado por Roggio para transferir en favor de sus hijos las acciones de su empresa, ya que la Justicia había dispuesto un embargo, así lo reseña La Nación.

La defensa del detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, pidió hoy que se le conceda la prisión domiciliaria por razones de edad y salud en la causa por los cuadernos de la corrupción.

El planteo fue hecho por sus abogados, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, en una audiencia que duró unos 40 minutos en la sala I de la Cámara Federal de Apelaciones porteña, donde tramita la causa cuadernos.

Los abogados aludieron a la salud del ex ministro, detenido con prisión preventiva en esa investigación y también por la causa que investiga presunta defraudación en los Yacimientos Carboníferos Río Turbio, a cargo de la otra sala del Tribunal de Apelaciones, la segunda.

En el caso de cuadernos, los letrados expusieron ante el camarista Leopoldo Bruglia y sostuvieron que De Vido cumplirá 70 años el próximo 26 de diciembre, edad prevista para analizar conceder el beneficio.

De Vido quiere que se le permita seguir bajo arresto domiciliario en su casa del partido bonaerense de Zárate.

Los abogados pidieron a la Cámara que se tome una «decisión racional», aludieron a las «condiciones sanitarias» del penal de Marcos Paz, donde está alojado, y reiteraron los problemas de salud que tiene el ex funcionario kirchnerista, así lo reseña Télam.

La constructora brasileña Odebrecht solicitó acogerse al capítulo 15 de la ley de quiebras en Estados Unidos. Esto implica extender a ese país la protección judicial para evitar embargos, en base al pedido de quiebra que tramita en Brasil desde junio pasado.

La compañía que se hizo famosa por haber admitido en 2016 el pago de sobornos a funcionarios de 12 países, entre los que se encontraba la Argentina, presentó el lunes la solicitud de protección por bancarrota en los tribunales de Nueva York.

Según los analistas, ésta sería la mayor quiebra de una compañía en Latinoamérica.

Odebrecht S.A., holding del Grupo Odebrecht, aclaró ayer a través de un comunicado que la medida de protección judicial ante la justicia de Nueva York consiste en un pedido de extensión, en territorio norteamericano, de la protección otorgada a la empresa por el proceso de recuperación judicial que se encuentra en curso en Brasil.

Esto significa que no es la adhesión al tradicional Capítulo 11 de la ley de quiebras de EE.UU., sino al capítulo 15 para “preservar activos en el exterior, evitando embargos por parte de los acreedores a medida que se desenvuelve el proceso principal de recuperación judicial en el país de origen de la empresa”, explica el comunicado.

Si el procedimiento iniciado en Brasil es reconocido en el tribunal de Nueva York, Odebrecht podría disfrutar de los beneficios de las leyes de bancarrota de los Estados Unidos que prevé, entre otros aspectos, la protección contra la incautación de activos en el país.

La firma también aclaró en el mismo comunicado que Odebrecht Ingeniería & Construcción en EE.UU. “no se encuentra abarcada por el mencionado proceso de recuperación y por lo tanto no forma parte del mismo”.

La empresa debe hacer frente a la reestructuración de pasivos por alrededor de u$s25.000 millones, según la información circulante.

En junio la constructora se declaró en bancarrota en Brasil después de verse implicada en una investigación por corrupción, en la que la compañía admitió haber pagado u$s788 millones en sobornos para conseguir contratos durante 2016. En diciembre de ese mismo año, el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que Odebrecht había pagado sobornos a funcionarios en Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, Venezuela y Angola, así lo reseña Ámbito.

Los cinco miembros de la Sala Permanente de la Corte Suprema de Perú coincidieron en que la ex candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tenía pleno conocimiento del aporte no declarado y presuntamente ilegal que hizo a su campaña la constructora brasileña Odebrecht, por lo que rechazaron que sea excarcelada, publica la prensa limeña.

Los magistrados, que habían mostrado disidencias respecto de la extensión de la prisión preventiva que cumple la líder opositoria, una mayoría votó por 36 meses y otros por 18 meses, pero la investigación sobre Odebrecht aunó criterios, informa el diario La Republica.

La defensa de la hija del ex presidente Alberto Fujimori tramita ante la Cámara de Casación la libertad de la dirigente, cuyo encarcelamiento considera “injusto” porque la fiscalía no ha probado que ella recibió fondos para financiar su campaña presidencial.

Sin embargo, de acuerdo con la resolución de la Sala Penal Permanente que publica La República, la ex candidata sí estaba enterada del origen del financiamiento para su postulación presidencial.

Para empezar, los vocales supremos acordaron que la instancia anterior a la Corte Suprema pudo establecer que la fuente del dinero no era legal, por lo que resolvió correctamente a favor del pedido de los fiscales del Equipo Especial del Caso Lava Jato de imponer la detención preventiva para Keiko Fujimori con la finalidad de no interferir u obstaculizar la investigación del caso.

“La Sala Superior cumplió con precisar y analizar los elementos de convicción válidamente incorporados que acreditarían la procedencia ilícita del dinero de parte de la empresa Odebrecht”, señalaron los vocales supremos Hugo Príncipe Trujillo, Jorge Castañeda Espinoza, Zavina Chávez Mella, Iván Sequeiros Vargas e Iris Pacheco Huancas, por lo que rechazaron la pretensión de la defensa de declarar nula la detención de Fujimori.

“Los hechos determinan que la investigada, por el lugar que ocupaba en la agrupación política, tenía conocimiento de las actividades que se desarrollaban (en el partido). También tenía conocimiento de la procedencia del dinero para financiar la campaña electoral”, precisaron los vocales supremos.

Entre los elementos a los que se refieren los vocales supremos –señalados por el fiscal José Domingo Pérez– están los documentos presentados por el representante de Odebrecht sobre las dos entregas de US$ 500 mil, cada una para la campaña presidencial fujimorista.

También las confesiones del ex operador de la empresa brasileña en el Perú Jorge Barata; la declaración del ex presidente de Odebrecht, Marcelo Bahía Odebrecht, quien autorizó la entrega de un millón de dólares; la manifestación del ex director de la empresa en América Latina Luiz Antonio Mamerí, y el testimonio del ex ejecutivo Fernando Migliaccio Da Silva.

En el mismo sentido volvió a declarar Jorge Barata, el 6 de agosto pasado, cuando indicó que quien le pidió el dinero para Keiko Fujimori fue Jaime Yoshiyama Tanaka, y que fue a éste y a su mano derecha en la campaña presidencial, Augusto Bedoya Cámere, a quienes proporcionó el dinero en efectivo, señaló la Fiscalía.

La multinacional brasileña Odebrecht reconoció que aportó 500.000 dólares a la campaña presidencial de Keiko Fujimori, otros 500.000 para la alcaldesa limeña Susana Villarán y 60.000 dólares para el ex gobernador de San Martín, César Villanueva, a cambio de la adjudicación de Rutas de Lima y de una carretera.

La admisión se dio en la ronda del interrogatorio a los ex superintendentes deOdebrechten el PerúJorge Barata(2001-2012) y Ricardo Boleira (2012-2017) cuando los ex funcionarios de la constructora declararon que los pagos se hicieron mediante el Departamento de Operaciones Estructuradas, así lo detallo el Diario Jornada.

En el caso de Villarán, a ella se le pagó con el seudónimo de“Careca”, en alusión a un conocido payaso brasileño, “Carequinha”, porque estilaba usar una bufanda verde como la ex alcaldesa, dijoJorge Barata, informó el diario limeño La República.

Los interrogatorios de ayer martes en Sao Pablo se organizaron luego de que la prensa revelara transferencias de fondos desde el Departamento de Operaciones Estructuradas que no habían sido declaradas anteriormente por la constructora.

A Villanueva, en cuya gestión como gobernador de San Martín se adjudicó aOdebrechtla construcción de una carretera por 109.5 millones de soles, se le pagó en efectivo una presunta coima de 60.000 dólares, segúnBarata.

Entre el 2 de abril del 2018 y el 8 de marzo del 2019, Villanueva ejerció como primer ministro del presidenteMartín Vizcarra.

Barata además ratificó queOdebrechtabonó US$ 500.000 a la campaña presidencial deKeiko Fujimorien 2011, lo que documentó ante las autoridades.

La declaración afecta seriamente la defensa de la ex candidata presidencial, que alega que nunca recibió un centavo de la constructora brasileña.

La delación de Barata se produce justo cuando la líder deFuerza Popular solicitó una casación contra la orden de detención preventiva por 36 meses por presunto lavado de activos.

La confesión del brasileño influirá en la decisión de laCorte Suprema.

Por otro lado, el ex gerente general de la Empresa Municipal de Peaje (Emape) Martín Bustamante Castro, y ex hombre fuerte de las gestiones del ex alcaldeLuis Castañeda Lossio, es otro de los que según los confesores recibió dinero por lo bajo. Bajo el seudónimo de “Bigode” (‘Bigote’, en español),Odebrechtle abonó US$ 75.527, supuestamente por facilitar la continuidad de la concesión aRutas de Lima.

También trascendió en Sao Pablo que Jorge Barata señaló que la persona que se ocultaba detrás del seudónimo“Almonadinha”era el abogado Horacio Cánepa Torre, a quien el Departamento de Operaciones Estructuradas había abonado US$ 878 mil 364 en sobornos. Cánepa actuaba como árbitro en beneficio de la empresa brasileña.

El expresidente de Perú, Alan García, murió esta mañana tras dispararse en la cabeza en su casa en medio del operativo policial que había llegado para detenerlo por sus supuestos vínculos en la trama de corrupción del caso Odebrecht. Al momento de arribar los agentes, el exmandatario se encerró en su habitación y se pegó un tiro en la cabeza.

La noticia fue publicada por el diario El Comercio, que indicó que tras el episodio el exmandatario «fue trasladado desde su casa en Miraflores hasta al hospital de emergencias Casimiro Ulloa minutos después de que llegaran agentes de la policía para proceder con su detención preliminar».

El actual presidente, Martín Vizcarra, fue el primero en comunicar sus condolencias tras el suicidio: «Consternado por el fallecimiento del ex presidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos». Desde su internación esta mañana, García fue operado y tuvo tres paros cardíacos, que complicaron su estado.

Hoy temprano se había confirmado la orden de la Justicia de arrestarlo por un plazo de 10 días por los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión en el marco del caso Odebrecht, el escándalo de corrupción desatado en Brasil y que afecta a varios países de la región.

Las primeras versiones indican que los agentes llegaron temprano en la mañana, pasadas las 6, al domicilio del político y que una vez allí García les dijo que debía llamar a su abogado, se encerró y se suicidó. En ese instante escucharon un disparo a lo lejos, que venía de la habitación del exmandatario. Entonces, forzaron la puerta para entrar y lo encontraron sobre una silla, ensangrentado.

Fuerte operativo policial en la puerta del hospital donde se encuentra internado el expresidente de Perú, Alan García
Fuerte operativo policial en la puerta del hospital donde se encuentra internado el expresidente de Perú, Alan García Fuente: AP – Crédito: Martín Mejía

La causa

García era investigado por presuntos sobornos en la construcción de un tren para Lima, proyecto en el que estaba involucrada la constructora brasileña Odebrecht. Por ello, también hoy, la Policía arrestó a Luis Nava, exsecretario general de Presidencia, y Miguel Atala, exvicepresidente.

El expresidente siempre defendió su inocencia pese a las sospechas en su contra y ayer lo hizo en un mensaje publicado en Twitter: «Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza sólo les queda la ESPECULACIÓN o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado».

García gobernó Perú en dos mandatos -de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011- y en los últimos años hizo frente a las acusaciones vertidas contra él por presunta corrupción. En noviembre del año pasado el Poder Judicial ya había dictado 18 meses de impedimento de salida del país en su contra. Entonces solicitó asilo sin éxito a Uruguay tras refugiarse en la Embajada uruguaya de la capital peruana.

PPK, con presión alta

Anoche, el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski fue trasladado a una clínica privada desde la celda donde cumple 10 días de arresto debido a un cuadro de presión arterial alta. Kuczynski, de 80 años, salió de una base policial en el centro de Lima, donde está detenido desde el viernes también por el caso Odebrecht, y fue llevado a la clínica Angloamericana en el distrito de San Isidro. Durante la jornada estaba programada una audiencia judicial para decidir si se aumentaba o no su detención a 36 meses mientras es investigado.

«Ha sido trasladado por personal policial porque ha sufrido una suerte de descompensación, una alteración cardiaca, un cuadro de presión arterial bastante elevada y a efectos de poder ser monitoreado», dijo a la radio peruana RPP Gilbert Violeta, un parlamentario cercano a Kuczynski.

El exmandatario afronta una investigación por presunto lavado de activos y por su supuesta injerencia en la adjudicación de obras millonarias a la constructora brasileña Odebrecht. El lunes durante una audiencia en la cual los jueces le negaron un pedido de libertad, Kuczynski dijo que tenía una válvula artificial en el corazón que debía revisar cada cierto tiempo.

La fiscalía afirma que Kuczynski realizó supuestos «actos de blanqueo de capital» mientras era ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006). Los presuntos delitos están relacionados con la construcción de una carretera que conecta Brasil con Perú y una obra para irrigar zonas desérticas en el norte del país.

Todos los presidentes que han gobernado Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con Odebrecht. El caso golpeó a la élite política de Perú, al igual que a la de otros países de la región, luego de que en 2016 la compañía constructora admitiera que pagó sobornos para obtener jugosos contratos en casi toda América Latina.

 

 

La Nación

La justicia peruana ordenó este miércoles la detención durante 10 días del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el marco de una investigación de lavado de dinero ligada al caso Odebrecht.

La orden fue solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial que investiga a la élite política peruana acusada de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

De acuerdo a la resolución publicada por El Comercio y RPP Noticias, el juez Jorge Luis Chávez señala que el Ministerio Público presentó como «hecho precedente» los «actos de blanqueo de capital en los que ha incurrido» el expresidente como consecuencia de «su intervención en presuntos actos de corrupción» vinculados a dos proyectos que fueron concesionados a Odebrecht.

Los proyectos son la Carretera Interoceánica tramos 2 y 3, y el proyecto de irrigación e hidroenergético Olmos, adjudicados en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), prófugo de la Justicia por un millonario soborno entregado por Odebrecht y con pedido de detención.

Además, un juzgado de Lima ordenó el ingreso al domicilio del expresidente, de 80 años, así como de otras dos personas ligadas al político, una de ellas su secretaria personal.

Mercedes Aráoz, segunda vicepresidenta de Perú, afirmó a la radio local RPP que le parecía «sorprendente» la decisión judicial. “No entiendo por qué este tipo de acción, él ha colaborado con todo».

La justicia relaciona a Kuczynski con presuntos delitos relacionados con la construcción de la «Carretera Interoceánica», una vía terrestre que conecta Brasil con Perú así como el proyecto Olmos, una represa en el norte del país.

Kuczynski, un exbanquero de Wall Street, fue presidente de Perú entre 2016 y 2018, cuando renunció por un escándalo ligado a la compra de votos de legisladores de la oposición a cambio de favores políticos.

Es el tercer presidente peruano a quien la justicia ordena encarcelar de forma preventiva. Sobre Alejandro Toledo (2001-2016) pesa una orden de detención pero reside en Estados Unidos. Ollanta Humala (2011-2016) también estuvo preso entre 2017 y 2018.

Ya desde marzo del año pasado, se le había prohibido a Kuczynski abandonar el país. Es que aún antes de renunciar, el ex mandatario era investigado por la fiscalía por los presuntos vínculos de su empresa Westfield con la constructora brasileña Odebrecht y la firma First Capital de su socio chileno Gerardo Sepúlveda, cuando Kuczynski era ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

Kuczynski ha seguido las investigaciones en su contra desde Lima y permanece en su casa, en el distrito de San Isidro, a la expectativa de la prensa de que la Policía judicial se acerque para hacer efectiva la detención.

 

 

 

Clarín