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Los exministros y el exsecretario privado de Mario Das Neves que están detenidos quedarán hoy en libertad producto de que vence el plazo de la medida preventiva.

El Juez Sergio Piñeda, en la audiencia que comenzó a desarrollarse esta mañana en Rawson, revocó las medidas preventivas de Carpintero, Oca, Pagani, Cisterna y Ninin, quienes quedaron en absoluta libertad.

Según indicaron los fiscales, esta medida se debe al vencimiento de los plazos que no permiten continuar con las prisiones domiciliarias, y de prolongarse “sería excesivo”

Piñeda además ordenó el retiro de las tobilleras electrónicas a los imputados. Sin embargo, aclaró que deberán presentarse en las comisarías semanalmente y no podrán tener contacto por ningún medio con otros imputados en la causa.

Por su parte, Carpintero, Oca, Pagani y Ninin se prestaron a entregar sus pasaportes en clara demostración de no tener intenciones en salir del país.

Además,se pidió extender el plazo de la investigación hasta el 22 de junio.

En el caso de Correa y Luthers, seguirán detenidos al menos hasta el 7 de marzo.

El Chubut

A sólo 48 horas del cierre del plazo para lograr un acuerdo con sus acreedores para renegociar una deuda de $4.500 millones, el destino del correo privado OCA -y sus 6.500 empleados- sigue siendo una gran incógnita.

La urgencia pasa por llegar al jueves 21 con el visto bueno de los tres grandes acreedores en el marco del concurso preventivo en que se encuentra la compañía. “Con el gremio de camioneros ya logramos un acuerdo. Con otro acreedor internacional, también. Sólo falta la AFIP”, explica a Ámbito Financiero Patricio Farcuh, presidente de OCA.

Pero este no es un detalle menor, ya que el 80% de la deuda concursada es con el organismo de recaudación que comanda Leandro Cuccioli. Esto le da un poder trascendental para definir el futuro de la empresa, en el cual la quiebra aparece como una amenaza muy concreta.

El Artículo 32

“La AFIP está obligada por la Ley a otorgar el 32. Si no lo hace, manda a OCA a la quiebra”, añadió Farcuh. Se refiere al Artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario que autoriza al jefe de la AFIP a otorgar planes especiales de regularización de deudas para empresas en situación de crisis, como el caso de OCA. Pero Cuccioli se niega a otorgar esa facilidad y exige que toda la deuda se pague en sólo 12 cuotas. En cambio, acceder al Artículo 32 le permitiría a la empresa contar con 96 meses para pagar la deuda impositiva y 48 meses para la parte de seguridad social, incluyendo aportes.

Además, si esto se aprobara se destrabaría un embargo sobre $1.000 millones que los accionistas de OCA pretenden destinar a un plan de puesta en valor de la compañía, que permitiría el ingreso de nuevos inversores y la preservación de las fuentes de trabajo. Los proyectos incluyen un relanzamiento del negocio de distribución de paquetes, buscar sinergias en comercio electrónico e incursionar en el segmento fintech. Además, le permitiría cobrar acreencias contra el Estado por unos $500 millones que se usarían también para comenzar a cancelar pasivos.

Como la AFIP se viene negando a estos pedidos, Farcuh asesorado por sus abogados, presentó un recurso de amparo ante el juzgado de Lomas de Zamora donde se tramita el concurso. Pidió que se mantenga el statu quo hasta tanto la AFIP se expida definitivamente y justifique su decisión.

Así, se aseguró que el jueves aunque venza el plazo para acordar con los acreedores, la empresa no quede automáticamente en situación de quiebra –según publica Ámbito-.

“Es evidente que la solución sólo puede llegar por la vía política. El Gobierno está empecinado en que a OCA le vaya mal. Tiene la posibilidad de salvar a la empresa con sólo apretar un botón, pero no lo hace. No tiene en cuenta que hay casi 10.000 empleos, entre directos e indirectos, que están en riesgo. Si se lo piensa en la cantidad de familias que representa, son casi tantas como la población de Tandil donde nació el Presidente Macri”, plantea Farcuh.

El Comodorense

A instancias del Ministerio Público Fiscal, el juez de garantías Sergio Piñeda resolvió la morigeración de las condiciones de detención de tres ex ministros del Gobierno del Chubut involucrados en la causa “Revelación” que investiga un entramado de negociaciones entre funcionario públicos y empresarios de la construcción y que tiene a 37 personas imputadas.

Se trata de los contadores Pablo Oca y Víctor Cisterna, el ingeniero Alejandro Pagani, todos ministros del ex gobernador Mario Das Neves durante su última gestión al frente de la provincia del Chubut.

Oca fue ministro de economía y desde que se produjo su imputación, hace casi seis meses, se hallaba privado de la libertad en un centro de detención. Cisterna, ex ministro coordinador, compartía el mismo lugar de encierro. Ahora estarán con arresto domiciliario con posibilidades, según adelantó el fiscal general Marcos Nápoli, de que recuperen la libertad a la espera del juicio oral y público que se prevé se inicie a fines del año que viene. Ambos contarán con permiso para salir a trabajar, Oca a la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad local, y Cisterna a su estudio contable. Mientras que para Oca su esposa será garante del cumplimiento de las condiciones del arresto domiciliario, la situación de Cisterna estará garantizada por dos de sus hijos.

Respecto del contador Pagani para quien su abogado defensor Carlos Villada pidió la libertad, esta posibilidad le fue negada. Por lo tanto seguirá con el arresto domiciliario aunque con posibilidades de salir diariamente a trabajar para controlar la marcha de las obras de refacción del muelle Almirante Storni de Puerto Madryn.

Los tres imputados no tendrán rondines sorpresivos por parte de la policía. En favor de esta medida, el fiscal Nápoli tuvo en cuenta el comportamiento ejemplar que han tenido durante el tiempo en que han permanecido privados de la libertad.

Sin embargo deberán abstenerse de mantener todo tipo de contacto con testigos de la causa en la que se encuentra involucrados, gente vinculada con la militancia política de ambos a fin de no entorpecer lo que queda de la investigación, teniendo en cuenta que en los próximos meses los fiscales Nápoli y Héctor Iturrioz, ya estarán en condiciones de elaborar la acusación que será la base del futuro juicio oral y público. En la audiencia de este viernes realizada en la sala 2 de la Oficina Judicial de Rawson,  el fiscal general Nápoli consideró que el paso del tiempo y el avance de la investigación hizo que ya no existan riesgos de posible entorpecimiento de la investigación o riesgo de fuga, las dos condiciones que impone el Código Procesal Penal del Chubut al momento de morigerar la situación de imputados privados de su libertad.

Oca y Cisterna fueron defendidos por los abogados particulares Fabián Gabalachis y Emilio Galende respectivamente. En la audiencia estuvieron presentes además los abogados de la Fiscalía de Estado, querellantes, que convalidaron la posición del Ministerio Público Fiscal

Fabián Gabalachis, que asesora al ex ministro de Economía, Pablo Oca, y Emilio Galende que patrocina al ex jefe de Gabinete, Víctor Cisterna, presentaron por escrito un pedido de audiencia para solicitar la prisión domiciliaria de ambos imputados en la causa que investiga el presunto pago de retornos de la obra pública.

A principio de semana, Oca y Cisterna dejarán la cárcel y quedarán con prisión domiciliaria. Los defensores Gabalachis y Galende solicitaron una audiencia y esperan que la Oficina Judicial de Rawson fije la fecha.

Oca y Cisterna están imputados de conformar presuntamente una asociación ilícita que se encargaba de cobrar coimas provenientes de la obra pública y que se utilizaban para financiar sobresueldos de la política.

La audiencia será fijada a fines de la semana que viene. La salida de los ex ministros del Centro de Detención de Trelew «ya está acordada» entre los abogados defensores y los fiscales a cargo de la investigación.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron a este Diario que los testimonios para robustecer la hipótesis «ya fueron tomados», con lo cual «quedan descartados los peligros procesales». La decisión final la tomará el juez de Garantías, Sergio Piñeda, aunque difícilmente el magistrado pueda oponerse a una decisión «consensuada» entre las partes.

 

 

El Chubut

A pedido de la AFIP, la Justicia determinó hoy la intervención de la empresa postal OCA, por una deuda tributaria de unos 5.000 millones de pesos.

En mayo del año pasado, el presidente de OCA, Patricio Farcuh, fue embargado por 400 millones de pesos investigado por el delito de retención indebida de aportes de la seguridad social de sus empleados.

En aquel momento Farcuh, supuesto testaferro del sindicalista Hugo Moyano, afirmó que tenía “miedo” de que lo maten y sostuvo que “en dos oportunidades fue advertido por la Policía Federal” sobre posibles atentados contra su vida, aunque no responsabilizó directamente al líder camionero.

Farcuh acusó a Moyano de desviar millones de pesos de esa compañía hacia el gremio de Camioneros.

 

 

Gaceta Mercantil

En las audiencias estarán presentes Diego Correa y el ex ministro de Economía, Pablo Oca. Los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz imputarán a los dueños de las compañías por «cohecho activo».

Los empresarios Mauricio Capandeguy y Patricio Manzanelli de Constructora Capman; Carlos Manuel Castro Blanco de Apicons Elaborados S.A.; Luis Igarzábal de OCP Ingeniería y Construcciones S.R.L.; Gustavo Moretta de Libra Construcciones S.A.; Fernando Quistani de Habitar S.R.L. y Jorge Andrés Barrionuevo, José Rossi y Juan Riquelme de Ingeniería y Proyectos Electromecánicos (IPE) S.R.L. serán imputados formalmente hoy por la causa «Revelación» que investiga el pago de retornos de la obra pública para conformar una caja negra de la política.

Los titulares de las siete empresas serán imputados por «cohecho activo» en concurso real, mientras que la tipicación del delito para Correa y Oca es por «cohecho pasivo» en concurso real, por lo cual deberán responder en carácter de autor (Correa) y partícipe primario (Oca).
EL CHUBUT accedió en forma exclusiva al documento de imputación que leerán los fiscales en las audiencias de hoy.
«Existen elementos de convicción suficientes para tener a Capandeguy y Manzanelli como presuntos coautores de los delitos que se investigan», precisa la imputación para los siete empresarios de la construcción.

RETORNOS POR $ 897.000

Según consta en la imputación, la empresa que está bajo la órbita de Barrionuevo liberó 12 cheques vinculados al pago de coimas por un total de $ 896.929,02.

El primero de ellos fue despachado en abril de 2017 por un total de $ 109.746,03. El 22 de mayo del mismo año, la empresa giró tres cheques por $ 114.487,66, $ 42.936,80 y $ 64.716,80.

«Los aportes ilegítimos se reeditaron en el mes de julio de 2017 cuando el empresario hizo entrega al funcionario de cuatro cheques: dos de $ 64.716,80, un tercero por $ 57.692,61 y el último por $ 74.673», expresa el documento elaborado por los fiscales Iturrioz y Nápoli.

Por último, en septiembre de 2017 hizo circular cuatro cheques más, de los cuales tres fueron por $ 39.697,16 y el último por $ 1.718,82.

De esta manera, entre agosto y diciembre de 2017, desde el Ministerio de Economía inyectaron en las cajas de IPE un total de $ 13.549.318,99.

CON CHEQUES AJENOS

La empresa Apicons también tenía saldos pendientes y en este marco habría recurrido al mismo mecanismo. En total habría librado cinco cheques, con un detalle llamativo, y es que fueron aportados por otras empresas.

El primero de ellos fue en junio de 2017 por $ 47.869,20; en tanto que los otros cuatro fueron el 1 de septiembre de 2017: $ 20.000; $ 20.008; $ 22.150; y $ 122.355.

La sumatoria de todos los pagos efectuados alcanzó la suma de $ 232.582,20. Como consecuencia de esto, Oca y Correa habrían liberado pagos a Apicons por al menos $ 11.972.870,99 entre octubre de 2016 y junio de 2017.

OCP ENTREGO 9 CHEQUES

«Durante los meses de marzo y abril de 2017, la firma OCP entregó a Correa nueve cheques (varios de distinta nominación) que compusieron un monto total de $ 421.300 de acuerdo a los cheques incautados», enumera el documento de imputación al que accedió EL CHBUUT.

Como consecuencia de estos pagos, el gobierno provincial habría destrabado desembolsos por $ 5.818.539 en beneficio de la firma OCP.

HABITAR RECUPERO $ 13,4 MILLONES

Debido a los presuntos pagos de coima, la empresa Habitar habría recuperado $ 13.480.238,47 que el Estado provincial le debía por obras realizadas. La amortización fue realizada entre octubre de 2016 y junio de 2017.

Para eso, el empresario Quistani habría aportado siete cheques. Los primeros cuatro en agosto de 2016 por $ 24.987,69; $ 20.000; $ 20.000 y $ 22.000.

En mayo y junio de 2017, la empresa habría repetido el mecanismo, entregándole a Correa dos cheques por $ 57.543,89 y $ 18.687,32. Por último, el 28 de diciembre de 2017, la compañía efectuó una nueva entrega al funcionario de Unidad Gobernador por $ 93.062 en dinero en efectivo.
Los siete cheques hicieron una sumatoria final de $ 256.280,90.

EL CASO DE CAPMAN

La empresa Capman tenía créditos pendientes con el Estado provincial, producto de certificaciones de obra ya gestadas y respecto de los cuales no se confeccionaban las órdenes de pago.

«Ante tal situación, Capandeguy, y a sabiendas que Diego Correa era quien decidía qué empresas constructoras percibían las acreencias que tenían con el Estado provincial y cuál no, se reunieron y le ofrecieron pagarle una suma dineraria en concepto de ‘retornoï a fin de que ordenen la liberación de los pagos respectivos», detalla el informe de imputación.

Según el documento, Capandeguy habría entregado tres cheques a Correa por un total de $ 98.645. La operatoria se reiteró en al menos dos ocasiones más: cinco cheques por un total de $ 113.640,88. De esta manera, la sumatoria final por todos los cheques ascendió a $ 212.285,88.

«La entrega de las dádivas generó que Oca, alertado por Correa de la efectiva percepción de las sumas, ordenara pagos por al menos $ 3.268.478,62 entre mayo y octubre de 2017, en beneficio de Constructora Capman», reza el documento.

LA DE MENOS APORTES

Según los fiscales, la empresa Libra Construcciones habría liberado solamente dos cheques por 15.000 pesos cada uno.
Como consecuencia del supuesto pago de coima, la compañía radicada en Puerto Madryn habría recibido el pago de certificados de obras por un valor de $ 1.285.276.