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Las principales obras sociales acordaron en Chubut que las personas que quieran hacerse testeos de Covid por su cuenta tendrán que pagar un coseguro de 5.000 pesos. Los pacientes con al menos dos síntomas deben ser testeados en los hospitales, y los costos los absorbe el Estado. En Comodoro y Rada Tilly cambiaron los criterios.

La mayoría de las obras sociales de la provincia fijaron como criterio cubrir una mínima parte de los testeos de Covid para aquellas personas que quieran hacérselo por su cuenta, y no presentan síntomas ni vínculo estrecho con casos positivos. Según indicaron fuentes a Diario El Chubut, las personas deben abonar un coseguro de 5.000 pesos, y los hisopados cuestan hasta 8.000 pesos.

Según fuentes del ámbito de salud, se supone que todas las obras sociales deberían cubrir estos testeos en un contexto de pandemia, pero no todas se hacen cargo. La salud pública está obligada a absorber los costos de testeos de casos sospechosos y contactos estrechos.

Cualquier persona que presenta al menos dos síntomas compatibles con el coronavirus, por ejemplo una gripe con tos y fiebre, es considerado como caso sospechoso, y el Estado provincial tiene la obligación de hacerle un testeo para corroborarlo o descartarlo. En el caso del personal de salud, que está más expuesto al virus, con solo presentar un síntoma es considerado caso sospechoso.

También el sistema de salud pública se hace cargo de los contactos estrechos. Para ser considerada como tal una persona debe haber estado más de 15 minutos con un paciente positivo de Covid, a menos de un metro de distancia. Desde que el momento en que el contacto estrecho presenta el primer síntoma, se le hace el hisopado.

LO PÚBLICO Y LO PRIVADO

El Ministerio de Salud de la Nación provee a Chubut hisopados PCR, que son el método más fidedigno (con escaso márgen de error), a las áreas programáticas de salud de Trelew, Comodoro Rivadavia y Esquel, que son las tres sedes del área de batecteriología de la provincia.

Los testeos, dijeron las fuentes, pueden hacerse en cualquier otro hospital, pero la distribución está concentrada en esas tres localidades. El caso de Comodoro Rivadavia es excepcional debido a la compleja situación epidemiológica que está atravesando. Allí se aplica otra normativa específica para hacer testeos.

En cambio, aquellas personas que quieren asegurarse que no tienen Covid-19, y no tienen síntomas tienen la posibilidad de testearse en el ámbito privado, y las obras sociales en general cubren una parte menor de los costos. En la zona el único laboratorio a donde se derivan estos testeos está en Puerto Madryn. También en la zona sur en Comodoro Rivadavia hay privados que hacen estos testeos.

Por decisión del Gobierno provincial, los trabajadores de la pesca son los únicos que están obligados a hacerse los hisopados de Covid para subir a una embarcación, aún si no presentan ningún síntoma. En ese caso los testeos se hacen en el ámbito privado y las mismas empresas cubren los costos de los hisopados.

Desde el Hospital Regional se inició el reclamo ante obras sociales y gerenciadoras de salud para que abonen el costo de alrededor de 4.000 test de Covid 19 realizados a pacientes que cuentan con esa cobertura, desde el mes de abril hasta la actualidad.

Aunque el costo de cada análisis es de unos 8.000 pesos, el hospital público acordó con las prestadoras un valor inferior, en base al nomenclador de SEROS, del orden de los 5.000 pesos. Aun así, se trata de un monto de 20 millones de pesos que deberían recuperarse, a fin de seguir cubriendo costos de insumos y funcionamiento. Desde el gobierno municipal también se expresó al Ministerio de Salud la preocupación por el tema, a fin de que el hospital pueda reembolsar fondos que le permiten seguir funcionando.

“La realidad es que a la fecha no hemos recibido cobros de las obras sociales, esta situación nos afecta a todos pero el hospital realmente está necesitando de esos fondos”, describió la directora administrativo contable del centro sanitario, Virginia Alvarenga.

«La pandemia hizo que el hospital tenga que salir a solventar muchos gastos que no estaban previstos con el mismo presupuesto anual que contamos habitualmente”, añadió, en diálogo con Actualidad 2.0.

Si bien reconoció que al inicio de las prestaciones hubo una demora porque el tipo de análisis no estaba nomenclado (es decir, no estaba establecido un precio para un test que no se realizaba habitualmente), luego de sucesivas reuniones se pudo fijar un valor y se avanzó en la facturación, pero todavía no se inició el cobro.

Aunque la directora contable indicó que el valor sería de 8.000 pesos por prestación, desde el Area Programática de Comodoro Rivadavia se informó posteriormente a ADNSUR que el monto finalmente acordado con las obras sociales es de 5.000 pesos. Es que si bien el monto más alto es el que se cobra en el ámbito privado, el sistema público de salud maneja aranceles más bajos para todas las prestaciones.

La diferencia es importante, ya que con el primer importe las prestaciones realizadas serían de 32 millones de pesos, mientras que al valor más bajo el total desciende hasta los 20 millones. Más allá de la diferencia, que habitualmente perjudica al sistema público, se trata todavía de un monto importante para que el hospital pueda seguir realizando las mismas determinaciones.

Preocupación en el Municipio

El tema, que quedó en evidencia a partir de una entrevista realizada por ADNSUR a la bioquímica Noelia Nickels, que se desempeña en el laboratorio hospitalario y describió las difíciles condiciones para su equipo de trabajo (con escasez de recurso humano y una creciente demanda) y marcó la paradoja de la dificultad que tiene el hospital para cobrar las prestaciones, genera también preocupación en el gobierno municipal. Vale recordar que el Municipio adquirió el equipo de PCR, para que los análisis pudieran realizarse en la ciudad y no tuvieran que esperarse hasta su determinación en Rawson o Esquel.

“El intendente Luque le ha pedido un informe al ministro de Salud, para que el hospital pueda recuperar esos fondos, al menos en lo relativo a los test del covid”, confiaron fuentes cercanas al despacho del jefe comunal.

En ese marco, no dejó de observarse que los problemas de auto gestión hospitalaria también inciden a la hora de recuperar recursos por prestaciones realizadas a pacientes con cobertura. Paralelamente, se sumarán nuevos requisitos de las obras sociales, que han requerido al área de arancelamiento un detalle de los análisis realizados y sus resultados, al tiempo que podrían endurecerse algunos requisitos para las realizaciones futuras del test, a fin de evitar un crecimiento exponencial de la deuda.

La deuda equivale a 2 meses de presupuesto

El problema se incrementa al considerar la crisis que atraviesa el sistema público de salud, a partir de los retrasos salariales del gobierno provincial y la insuficiencia del presupuesto anual. Con un monto de 110 millones de pesos por año, lo que representa algo más de 9 millones mensuales, queda claro que el monto a recuperar de las obras sociales equivale a dos meses completos de presupuesto hospitalario provincial.

Para cubrir las necesidades actuales, el centro sanitario necesitaría al menos el doble de esa asignación, pero la crisis que atraviesa la provincia, que ni siquiera puede cumplir con el pago de salarios en tiempo y en forma, hace impensable por ahora alcanzar ese monto.

El presidente del Círculo Odontológico de Comodoro Rivadavia, Mariano Freile, indicó a Actualidad 2.0 que desde este lunes inician la atención de turnos programados, a partir del levantamiento del aislamiento que regía por la pandemia de coronavirus para esta actividad. Sin embargo, comunicaron que no podrán trabajar con obras sociales, ya que para prevenir los contagios de Covid-19 es necesario el uso de ciertos elementos sanitarios descartables que hasta el momento no estaban contemplados, y que muchas de las obras sociales no indicaron que los proveerá».

«Las únicas que nos contestaron -3 obras sociales- nos proponen un bono de 1200 o 1300 pesos, que se incluye en la facturación por lo que el profesional lo va a cobrar en 60 o 90 días, depende de cada obra social», explicó Freile.

Señaló que, atendiendo un paciente por hora, estiman un gasto mensual de $150.000 en descartables. «Si pagan a 90 días eso quiere decir que el profesional tiene que pagar unos 500 mil pesos antes de empezar a cobrar lo que gastó, y no podemos nosotros financiar así a las obras sociales», sostuvo.

Por otro lado mencionó que el gasto en los descartables para cumplir con los protocolos sanitarios es mayor a lo que proponen pagar. «Un kit quirúgico, el camisolín que se le pone ahora al paciente, al profesional y al asistente, va entre 700 o 1000 pesos cada uno, luego está el protector facial para profesional y asistente que ronda los $600 cada uno», dijo, citando como ejemplo sólo dos de los elementos de protección personal usados.

Debido a que «esta es una profesión que está en contacto directo con una de las vías de contagio más importante, como es la boca», apuntó que tuvieron una reunión -virual, por videollamada- con los socios del Círculo el pasado viernes, en la cual acordaron elevar una nota planteando este tema a las obras sociales, de las cuales sólo tres respondieron con el pago de un bono que mencionó.

«Lamentable tuvimos que tomar esta decisión (de no atender por obra social) porque no podemos afrontar ese gasto», enfatizó Freile a Actualidad 2.0, y aclaró que la decisión no incluye a las obras sociales OSDE ni SEROS, ya que estas se manejan con contratos individuales con cada odontólogo.

Natalia González, asistentes del Instituto Nuevo Instituto de Custodia y Adaptación para Disminuidos Piscofísicos, denunció a través de un contacto telefónico con un medio radial que “desde Obras Sociales no nos pagan”.

“Nosotras trabajamos para varias Obras Sociales, entre ellas la de salud. Muchas están esperando el pago de ellos, para poder pagarnos a nosotros”, señaló.

Aclaró que “tenemos una promesa de pago para estos días. Somos 16 asistentes, y somos las que estamos aquí haciendo la retención de servicio”.

Enumeró las actividades que hacen. “Dentro del rol que cumplimos, nosotros les damos el desayuno en la mañana, los bañamos, cambiamos y les hacemos el acompañamiento.  En la tarde les damos la merienda”, expresó.

En ese establecimiento se atienden cerca de 30 personas en Trelew.

El gobierno transfiere 3.000 millones de pesos a las obras sociales. La decisión fue oficializada este jueves en el Boletín Oficial a través del Decreto 700/2019 firmado por el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Los 3.000 millones de pesos tiene como destino complementar el financiamiento de los Agentes del Seguro de Salud, enmarcados en las Leyes N° 23.660 y N° 23.661, sus modificatorias, reglamentarias y complementarias.

El Gobierno tomó esta decisión como «medida urgente» para «aliviar la carga económica» que, en la actual coyuntura de crisis económica, pesa sobre las obras sociales en cuanto al sostenimiento de la cobertura de salud de sus beneficiarios.

La Superintendencia de Servicios de Salud transferirá la suma prevista durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, dice la medida dictada por el jefe de Estado dos semanas antes de las elecciones presidenciales.

La suma establecida se distribuirá de manera directamente proporcional al número de afiliados de cada obra social controlada por los gremios y sindicatos que representan a los trabajadores formales.

El 90% de los recursos será destinado a aquellas Obras Sociales cuyo ingreso promedio por afiliado sea menor o igual a la suma de 1.450 pesos; y el 10% de los recursos restantes será destinado a aquellas cuyo ingreso promedio por afiliado sea mayor a esa suma.

El ingreso promedio por afiliado deberá calcularse a partir de los ingresos previstos en los incisos a) y b) del artículo 16 de la Ley Nº 23.660 y sus modificatorias, los ingresos provenientes de los Regímenes de Trabajo Especial y los afiliados mencionados en el artículo precedente, dice el decreto.

Los agentes del seguro de salud deberán destinar los recursos que reciban por aplicación del presente Decreto al otorgamiento de las prestaciones de salud de la población beneficiaria, agrega el decreto presidencial.