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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat) prohibió el uso y la comercialización en todo el territorio nacional de una botella y de una serie de golosinas porque no cumplen con la normativa vigente. Así lo detalló en el Boletín Oficial.

Según explican en la disposición 10308/2019, se trata del producto rotulado en su envase secundario como «HIDROLIT botella de hidratación Pasión por el Agua KOR GWC Hidrolit Argentina 08106669104 www.hidrolit.com.ar info@hidrolit.com.ar» y en su envase primario parcialmente como «NAVA FILTERED WATER BOTTLE KOR FILTER INCLUDED Turns Tap Water Into Great-Tasting Filtered Water – 24oz/700ml». El producto en cuestión posee, también, un envase flexible en su interior con una unidad filtrante rotulada como «KOR NAVA Replacement Filter 100% pure coconut Shell» y otras leyendas en inglés.

Tal como señalan, tomaron la decisión de prohibirlo porque «ni el envase secundario ni la botella contaban con datos de registro ante esta Administración, como así tampoco datos del lote, vencimiento ni instrucciones de uso en castellano».

En esa disposición señalan: «Por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la república».

En medio de la polémica por el debate del proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el presidente Alberto Fernández agradeció a los gobernadores radicales por pedir a sus legisladores que permitan el tratamiento de la norma.

«Quiero agradecer a los gobernadores radicales Gerardo Morales, Rodolfo Suárez y Gustavo Valdés, por aportar sinceridad al debate político. Nuestra sociedad nos reclama seriedad y diálogo para resolver los problemas. Debemos estar a la altura», escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Previamente, había compartido los posteos de los tres gobernadores opositores, quienes habían llamado a los integrantes de su fuerza a rever la actitud de no dar quorum para que se pueda debatir la norma que busca elevar una serie de impuestos y derogar las actualizaciones de las jubilaciones, entre otros puntos.

Como si se tratara del asalto a una fortaleza medieval, decenas de personas armadas con escaleras entraron desde la calle el primer piso de la sede del sindicato de los chóferes de autobuses de Buenos Aires, lanzaron por la ventana documentos, muebles y computadoras y obligaron al titular del gremio, Roberto Fernández, a ocultarse en la azotea. Desde el otro bando, el opositor Miguel Bustinduy clamaba por la cabeza de Fernández, al que acusaba de no apoyar el reclamo salarial de los chóferes que le responden. Después de 14 horas de guerra de baja intensidad y ocho heridos hospitalizados, los bandos acordaron una tregua. La interna de uno de los sindicatos peronistas más poderosos de Argentina no es una buena noticia para Alberto Fernández, que este martes cumple una semana en el poder.

La pelea estalló el lunes, cuando las comisiones internas que siguen a Bustinduy declararon una huelga en más de 50 líneas de buses, que cada día venden un millón de pasajes en Buenos Aires y su extrarradio (el 15% del total). La protesta no contó con el apoyo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato liderado por Fernández desde hace 12 años y único reconocido por el ministerio de Trabajo. El líder rebelde acusó a Fernández de no apoyar “la lucha de los trabajadores” y lo conminó a “respaldar el paro por tiempo indeterminado” convocado por su gente para reclamar mejoras salariales. Fernández no cedió a la presión y mediante un comunicado aclaró que la UTA “no avalaba” la huelga. Los hombres de Bustinduy decidieron entonces el asalto a la sede del sindicato.

La escena fue de película. Los manifestantes alcanzaron el primer piso del edificio con escaleras que montaron en la calle, luego rompieron los ventanales y desde las oficinas arrojaron mobiliario y papeles. Un coche estacionado en la puerta de ingreso terminó dado vuelta, mientras los chóferes atrincherados en el interior se defendían del ataque con extintores de incendio. La policía formó finalmente un cordón entre los bandos y puso un poco de paz. Fernández, en tanto, recluido en la azotea con algunos colaboradores, amenazaba con “matar a fierrazos” a cualquier opositor que osara pisar la última planta de su bastión y pedía a través de su teléfono móvil que lo rescataran. La toma duró más de 14 horas. Las partes acordaron finalmente una tregua hasta mediados de enero, sin que el gobierno de Fernández haya intervenido en una interna sindical atravesada por las peleas que dividen al peronismo. Tras los incidentes se oculta una larga disputa por el control del gremio.

Bustinduy está enfrentado con Fernández desde fines de agosto de 2018, cuando el ministerio de Trabajo impugnó su Lista Azul y lo dejó afuera de las elecciones en el sindicato. Fernández, que lidera el gremio desde hace 12 años, ganó sin oposición y garantizó su continuidad hasta 2023. Bustinduy acusó a Fernández de acordar con el Gobierno de Mauricio Macri la maniobra de escritorio que lo sacó de la carrera y se hizo fuerte en las empresas de transporte con asambleas más combativas. La huelga de esta semana en 50 líneas de buses fue una muestra de su poder como opositor. “Hoy el sindicato es solo un edificio vacío sin el calor de los trabajadores”, dijo Bustinduy.

Los diez diputados del Interbloque Federal, que integran los legisladores que responden a Roberto Lavagna, darán quorum para el tratamiento del megaproyecto de ley de emergencia pública que impulsa el oficialismo, pero advierten que no le cederán un «cheque en blanco» al Gobierno para que avance con la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

El encargado de manifestar la postura del interbloque fue Eduardo «Bali» Bucca, quien en declaraciones de ayer a Futurock aseguró que los legisladores «van a acompañar» el debate de la iniciativa, aunque no están de acuerdo con la letra chica del proyecto, que contempla otorgar superpoderes a Alberto Fernández.

La postura del interbloque fue adelantada por Lavagna, quien anteayer afirmó que si bien conversa con el Presidente, no significa que Consenso Federal le asegure apoyo legislativo

La postura del interbloque fue adelantada por Lavagna, quien anteayer afirmó que si bien conversa con el Presidente, no significa que Consenso Federal le asegure apoyo legislativo. «Como es público, desde la elección tuve conversaciones con el Presidente de la Nación que NO involucran acuerdos por cargos y menos a cambio de apoyo parlamentario. Los diputados de #ConsensoFederal solo votarán leyes que consideren buenas para la sociedad, sin condicionamientos», escribió en Twitter.

El interbloque está compuesto mayoritariamente por diputados de Córdoba Federal (cuatro), Consenso Federal (dos), el justicialismo (dos), el Frente Progresista Cívico y Social (uno) y el Partido Socialista (uno).

Este lunes 16, Felipe Solá​ comenzó a ejecutar algunas de las decisiones que ya tenía en marcha y otras que se irán tomando con el correr de los días pero sin pausa: por empezar, se empezaron a enviar los pedidos de plácet de estilo a gobiernos extranjeros para los nuevos embajadores políticos de la era Alberto Fernández.

Tal como ya publicó este diario, se confirmaron la embajada de Estados Unidos para Jorge Argüello, y la de Uruguay, para el ex ministro de Justicia Alberto Iribarne, ambos amigos, de máxima confianza, del presidente Fernández. Mientras, existe un trascendido de que el plácet de Argüello (que habilita en diplomacia la gestión de un embajador) ya se pidió a Washington. Pero este suele demorar. En el caso de Iribarne salió en los últimos días hacia Montevideo. También se pidió el plácet a Brasilia, para Daniel Scioli, quien igual que Argüello e Iribarne, vienen trabajando antes en lo relativo a su misión.

Este lunes en Cancillería hubo más reuniones, los nuevos funcionarios yendo y viniendo y tomando sus nuevas oficinas. Solá reunió a su equipo que está conformado propios: Guillermo Justo Cháves, jefe de Gabinete; Fernando Asencio, secretario de Institucionales; Martín Yañez, a cargo del que será el presupuesto del Ministerio y Jorge Neme; secretario de Comercio Internacional.

Las sorpresas de los nuevos nombramientos la conforman varios dirigentes peronistas muy conocidos. Entre ellos, Sergio Urribarri, quien gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015, y ahora fue designado para ir a Israel. En esa misión estaba el también peronista Mariano Caucino, quien debió volver en diciembre porque también tenía un cargo político, pero se volvió con honores de los distintos sectores de la política israelí, que destacaron su trabajo.

La de Israel es una de las embajadas prioritarias para Fernández y Solá. El vínculo se sensibilizó en las últimas semanas porque sectores del kirchnerismo afirmaban que el nuevo gobierno iba a derogar un decreto de Mauricio Macri que considera a Hezbollah como grupo terrorista. El canciller Solá ya descartó que eso esté entre los planes, y descomprimió la tensión.

Otro peronista que tendrá una embajada importante por su cercanía, por la agenda de trabajo dentro del Mercosur, con temas económicos y de seguridad, entre es Domingo Peppo, que irá a Paraguay. Peppo gobernó Chaco entre 2015 y 2019, sucedió a Jorge Capitanich, y será sucedido por Capitanich.

Otro nombramiento confirmado es el del abogado platense Carlos Alberto Raimundi para la misión de la Organización de Estados Americanos, que ya anticipó Clarín este lunes. Diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires en cuatro períodos (el último 2011-2015), ex militante radical, ex Coalición Cívica y actual secretario general del Partido Solidaridad e Igualdad en el Frente Grande, Unidad Ciudadana, Raimundi reemplazará a un diplomático de carrera, Daniel Raimondi.

El embajador Raimondi, es de alta trayectoria y experiencia, de los pocos diplomáticos de la cancillería que manejan las complejas negociaciones internacionales, pero fue destinado a la OEA en una polémica decisión del ex canciller Jorge Faurie. En el cargo estaba Paula Bertol, ex funcionaria de la gestión Macri, y quien decidió renunciar a su puesto a sólo dos meses de terminar la misión en el organismo, central para la política regional hoy. Espacio donde se discuten temas como las crisis en Bolivia y Venezuela. Bertol quiso incorporarse a la campaña electoral de Mauricio Macri y dejó el puesto vacío, que Faurie cubrió con Raimondi a sólo un mes de terminar el gobierno. Error: de hecho Solá utilizó su caso varias veces como uno de los nombramientos polémicos de la gestión Cambiemos que rápidamente iban a ser modificados. Raimondi volverá a Buenos Aires, sin haber estado ni tres meses en la OEA.

Los embajadores políticos deberán igual pasar por la aprobación o no de la Comisión de Acuerdos del Senado, donde quien enfrenta oscuros antecedentes es Urribarri. El ex gobernador, cristinista de la primera hora, fue procesado por fraude a la administración pública en el manejo de la publicidad oficial durante su gobernación.

Mientras los nombramientos seguirán en estos días -el Gobierno no desmiente ni confirma las versiones de que el ex presidente Eduardo Duhalde podría ir a la embajada en Madrid, para suceder al también peronista Ramón Puerta. Tampoco se confirma o desmiente la posibilidad de que Archibaldo Lanús vaya a Francia, o el ex ministro Carlos Tomada sea destinado a Chile o México.

Los nombramientos seguirán en los próximos días. Luego hay nombramientos que terminaron resolviéndose de otra manera. La ex embajadora en Francia Marilita Squeff, fiel aliada de la hoy vicepresidente Cristina Kirchner, y quien había sido relegada durante la gestión Cambiemos a Nigeria -de allí volvió enferma- finalmente será destinada a los asuntos del Mercosur.

Transcurridos los primeros días de gestión, el intendente Juan Pablo Luque ya planteó los temas que son prioritarios en su agenda: la planificación de la ciudad, la atención en la cuestión social, la consolidación de una municipalidad moderna y transparente y la defensa de los intereses de la región por sus aportes productivos. Lo marcó en su discurso de asunción, lo confirmó en la primera reunión de gabinete y lo ratificó en el acto del día del petróleo.

En cuanto a las primeras recepciones de su mandato, Luque expresó que «me emociona el respaldo y la confianza de la gente. El pueblo nos eligió y nosotros debemos cumplir nuestro compromiso de trabajar para que vivan en una ciudad cada vez mejor. Digo nosotros porque esta no es mi gestión personal, sino que pensé minuciosamente cada nombre de este gabinete, cada área, cada función alrededor de ese proyecto de ciudad que necesitamos transformar entre todos».

«Quiero aprovechar para agradecer nuevamente a la gente por confiar una vez más, por mantener la esperanza a nivel local y nacional, después de cuatro años lamentables de un gobierno central que no estuvo a la altura de las necesidades de la gente y que la gente se lo hizo saber en las urnas», destacó.

En este sentido, el intendente reconoció tener plena confianza en el gobierno de Alberto Fernández «porque nos va a generar un vínculo federal que habíamos perdido. La Patagonia sur y central prácticamente no existió para la gestión saliente». Y puntualizó que «en los primeros días de gobierno ya se decretaron medidas concretas, que algunos pueden estar de acuerdo o no, para eso estamos en democracia, pero son resoluciones pensando en los más desprotegidos y en tratar de ir solucionando todos los gravísimos problemas sociales que dejó Macri».

«En Comodoro -apuntó- también iremos en esa línea. Atender la cuestión social es fundamental, en paralelo a la planificación de la ciudad. Por eso ya advertimos que queremos que se discuta la coparticipación. Los municipios y provincias petroleras merecemos recibir mucho más y con esos fondos mejorar notablemente la calidad de vida de la gente que vive en este suelo productivo».

El juez tucumano Facundo Maggio también se declaró incompetente para investigar al ex gobernador José Alperovich en la denuncia de violación que presentó una sobrina y dispuso que la causa vuelva a estar a cargo del magistrado porteño Osvaldo Rappa, quien había declinado ayer hacerse cargo de la investigación con el argumento de que tanto la denunciante como Alperovich tienen domicilio en esa provincia, al igual que la mayoría de los eventuales testigos.

Según explicó el juez de Tucumán, le pidió a su par de Buenos Aires que reconsidere su decisión y que en caso de mantener la postura, eleve la causa a la Corte para que resuelva cuanto antes el destino de la grave denuncia contra el ex gobernador, que por ahora sigue sin juez. Maggio también dijo que tuvo en cuenta el planteo de la titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, quien pidió que toda la investigación quede concentrada en la Capital Federal. Una solicitud que también hizo el fiscal de instrucción Santiago Vismara.

La denunciante es una joven de 29 años, hija de un primo del dirigente y empleada en el Senado, quien hizo dos presentaciones judiciales, una en Buenos Aires y otra en Tucumán, ya que las violaciones habrían ocurrido en ambos lugares. La mujer ya se presentó en los tribunales de Tucumán y de Buenos Aires para ratificar la acusación y para declarar. Cuando se conoció el caso, se le asignó custodia policial.

La designación se produjo durante la asamblea realizada esta tarde, en la que estuvo presente quien acompaña al flamante ministro Matías Kulfas como secretario de Energía, Sergio Lanziani.

«Soy un representante de las provincias e invito a todos los actores del sector eléctrico a trabajar en conjunto y fortalecer el diálogo para el desarrollo de nuestro país», expresó el secretario de Energía en el evento.

Cammesa es una empresa de gestión privada con propósito público, cuyo paquete accionario es propiedad de los agentes del Mercado Mayorista Eléctrico en un 80%, y el 20% restante está en poder del Estado, desde la cual es responsable de la administración técnica, económica y regulatoria del sistema de interconexión y del mercado en general.

Kiper formó parte de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEDA) y del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-Ar).

El encuentro se desarrolló en la sede de Cammesa y también estuvieron presentes el subsecretario de Energía Eléctrica, Osvaldo Arrúa, y representantes de la Asociación de generadores (Ageera), la Asociación de Distribuidores (Adeera), la Asociación de Transportistas (Ateera) y la Asociación de Grandes Usuarios (Aguerra).

Con el objetivo de llevar adelante una política de precios para incentivar el consumo, el Gobierno les pidió a los supermercados que revisen los aumentos de precios de algunos bienes que se dieron en los últimos meses.

La decisión fue acordada este jueves en la primera reunión de funcionarios del Ministerio de la Producción con los dueños y los CEO de los supermercados, luego de considerar que hubo “incrementos inusuales” en distintos productos desde las elecciones de agosto.

Además, acordó con los ejecutivos del sector la venta de una canasta navideña económica y la extensión desde enero del programa Precios Cuidados. Según relataron los participantes del encuentro, las conversaciones tuvieron tres ejes a trabajar en una agenda de corto, mediano y largo plazo.

En primer lugar, los aumentos que las grandes superficies de venta aplicaron a distintos productos en los últimos meses. Al respecto, consultoras privadas aseguran que durante noviembre se registraron incrementos “preventivos” ante la posibilidad de un pacto social que congele valores de distintos bienes.

En diálogo con TN, fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo consideraron que “se analizó la evolución de los precios en los últimos dos meses a partir de la información que los supermercados presentan y se detectó una evolución inusual en algunos productos”.