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Ñoquis Calientes

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El Fiscal Omar Rodriguez, se refirió a la decisión de la jueza de garantías Ivana González quien dejó abierta la investigación en la causa “Ñoquis calientes” y a la vez la consideró como causa compleja “La jueza rechazó la nulidad de la investigación pedida por la defensa y dio lugar a lo que dije yo que esta causa es un delito complejo por las causas que hay en el marco de esta investigación”.

“Se llevará adelante bajo el paraguas de procedimiento complejo, no significa que este un año y medio investigando, llegado el caso yo plantearía la acusación de todos o no, depende de las evidencias”, manifestó el fiscal.

Al ser consultado respecto a las evidencias recabadas al momento dijo
“Tiene una entidad fuerte, gracias a los testigos quienes decían que los obligaban a depositar la mitad del sueldo, y esto está corroborado a través de las transferencias bancarias a la cuenta de la niñera y posteriormente a la cuenta de Otarola”.

“Otarola engañó para poder cobrar fondos del Estado en beneficio propio, lo hacia a través de personas que no trabajaban y a través de delitos de concusión”, manifestó Rodriguez.

Respecto a la figura del gobernador en esta defraudación a la administración pública, el fiscal concluyó diciendo «él no puede salir a controlar a cada unos de los asesores que van a acompañar a un ministro, es casi imposible, uno firma y autoriza desde la confianza”.

Luego de un intermedio, este jueves la jueza Ivana González resolvió la apertura formal de la investigación para la causa conocida como “Ñoquis Calientes” que tiene como principal imputada a la ex diputada provincial (2015-2019) y ex Ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola; entre otros ex funcionarios provinciales.

En la resolución, la Magistrada declaró la causa como “delito complejo” con lo cual extiende el plazo de la investigación hasta por un año. Además de Torres Otarola, se encuentran imputados en la misma otras 12 personas, entre las que se encuentra Alberto Gilardino, ex Ministro Coordinador de Gabinete.

La investigación se encuentra a cargo del fiscal Omar Rodríguez y se investigan irregularidades en la contratación de asesores en la legislatura y posteriormente nombramientos en el Ministerio de Familia.

Noticia en desarrollo…

 

Mañana jueves a las 14 horas se conocerá si la jueza Ivana Gonzalez abre la investigación por la causa “ñoquis calientes”, a la vez que se conocieron detalles de la maniobra investigada y que fue descrita por el fiscal general Omar Rodríguez junto a Lucas Kolsch. Entre ellos que entre los años 2016 y 2020, ingresaron a la cuenta de Cecilia Torres Otarola algo más de un millón y medio de pesos.

La causa «ñoquis calientes» tiene a 13 personas imputadas, entre ellas a Otarola, ex diputada provincial y ministra de familia.

Algunos de los defensores se opusieron a la apertura de la investigación y en general estuvieron en contra de la postura de los fiscales de que la causa sea considerada compleja lo que permitiría extender el plazo de investigación. Estos dos y otros aspectos de la causa «ñoquis calientes», deberán ser resueltos por la jueza de garantías Ivana González.

La causa «ñoquis calientes» está caratulada como “Cecilia Torres Otarola y otros, presunto fraude a la administración pública”. Además de Otarola, fueron llevados a proceso Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles, Silvana Adriana Cañumil, Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino.

Calificaciones legales

Todos estos detalles se encuentran discriminados en trece hechos donde la víctima resulta ser el Estado Provincial y por los que se encuadra el accionar de Cecilia Torres Otarola en el delito de fraude a la administración pública, en calidad de autora, -10 hechos-, concusión, -3 hechos-, todos ellos en concurso ideal, además de incumplimiento de los deberes del funcionario público a su vez concurriendo materialmente, entre ellos, al igual que Jaquelina Rodera, bajo el encuadramiento de los mismos delitos, pero en cinco hechos.

En tanto Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Marcelo César Neira, Claudia Patricia Antonia, Alberto Gilardino, Patricia Claudina Antonio, Pamela Matamala y Facundo Andrés Jofré, por el delito de fraude a la administración pública. Mientras Silvana Adriana Cañumil fue imputada por el mismo delito pero en dos hechos y como partícipe necesaria.

Los defensores y sus asistidos

El conocido abogado penalista Fabián Gabalachis defiende a Torres Otarola y a otros cinco imputados. No se opuso a la apertura de la investigación aunque sí rechazó que la causa «ñoquis calientes» sea considerada compleja, al igual que el resto de los defensores.

El defensor oficial Carlos Pericich defiende a Mara Rodera, su colega Omar López defiende a Patricia Claudina Antonio. El defensor oficial Damian Dantonio defiende a Alberto Gilardino, el abogado particular Jorge Rubiolo asiste a Pamela Matamala y Facundo Andrés Jodré, mientas que Zulma Manyauik asiste a Marcelo Neira, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Retro Trelles y el penalista Fabian Gabalachis a Cecilia Torres Otarola, Jaquelina Rodera, Facundo Solari Rodera, Silvana Adriana Cañumil y Branco Rodera Neira.

La reanudación de la audiencia fue confirmada por la Oficina Judicial de Rawson, lugar donde el martes pasado que se inició el debate y que solo pudo ser ocupada por empleados, fiscales y trabajadores de prensa, por cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios.

Niñera y empleada

Según la imputación en la causa «ñoquis calientes» , Torres Otarola antes de asumir como diputada provincial en diciembre de 2015 era dueña del comercio “5mentarios” en Esquel. Desde 2014 y hasta su asunción empleó a Cañumil. Pero ya como diputada la hizo ingresar a Legislatura como empleada administrativa y luego asistente de bloque, hasta diciembre de 2019. Cañumil figuraba en los papeles trabajando en el parlamento. En realidad era niñera de los hijos menores de la diputada. Vivía en la casa de Otarola en Esquel, según la investigación previa realizada por los fiscales.

Como legisladora, Otarola también gestionó el ingreso a Legislatura de Rodera, actual subsecretaria del Ministerio. “Las unía un estrecho vínculo de amistad”, dice la acusación. También ingresó el esposo de Rodera, Marcelo Neira, actual director de Políticas Sociales. Y logró un contrato en Legislatura para el hijo de ambos, Branco Rodero Neira.

Según el fiscal, gracias a Otarola también ingresaron a la casa de las leyes en 2017 Alexis Ganga, Erica Paludi, y Martín Sandoval. Los obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio. Al cobrar “debían entregar un porcentaje elevado a Cañumil, encargada de la recaudación”. Eran transferencias bancarias. Cañumil giraba la plata a las cuentas de Torres Otalora en el Banco Chubut y Banco Nación.

Mismo modus operandi

Este modus operandi, según la fiscalía, habría cambiado cuando asume como ministra. “En diciembre de 2019 va a emprender un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar contraprestación”. Dicho grupo se diferencia de otro, que ocupan cargos sin vínculo estrecho con Otarola,y “servía para nutrir sus intereses espurios”.

Logró el nombramiento de Rodera como subsecretaria de Desarrollo Social, y de su su hermana Mara Rodera como directora de Control de Auditoría y compras; Facundo Rodera, sobrino de la subsecretaria, fue como director general, Raúl Rodera, -hermano de Jaquelina- secretario de la ministro; Cañumil fue subsecretaria; Carlos Cundari, secretario privado de Jaquelina y Miguel Reto, director general.

Según el fiscal, “surge clara la relación de Otarola con los Rodera-Neira. Su gestión para que puedan ocupar cargos obedece a dicha relación estrecha, que venía desde antes de ser diputada”.

En el caso de Cundari, fue socio de Marcelo Neira en 1998, en Telemec SRL, Talleres de Electricidad y Mecánica. Y en 2005 en Industria Carma SRL. “Surge con claridad que la designación en el cargo de Cundari tiene que ver con la relación de cercanía con Neira”. La designación de Reto también es por una relación preexistente con los Rodera-Neira.

En 2010 Jaquelina y Mara Lorena Rodera constituyen la sociedad Devorebuenosayres Com SRL, para explotar un hostel y residencia estudiantil en Guatemala 4168, de la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez advirtió que el domicilio fiscal de Reto es el mismo. “Esto explica su designación como director, por su vinculación con los Rodera”.

Todos tienen domicilio en Buenos Aires. La única que reside en la zona de manera esporádica es Jaquelina, en el domicilio de Torres Otarola, Costamagna 79, Playa Unión.

Transferencias

En el otro grupo de la planta política nombrada por la exministro se menciona a Pamela Matamala, directora de la Juventud, quien presta servicios en la privada. Facundo Jofré es director general, oriundo de Dolavon y con vínculos con Matamala. El 7 de mayo Jofré realiza una transferencia de $ 75.000 a Matamala. Y ésta transfiere a la cuenta de Cañumil en el Banco Chubut los días 24 de abril por $ 87,816 y el 7 de mayo por $ 84.216.

Por su parte Cañumil le transfiere a Otarola el 27 de abril por $ 100.000. Y el 4 de mayo, otra transferencia a la cuenta sueldo de Otarola por $ 78.656,82. El 8 de junio, Cañumil le transfiere $ 50.000 a Jaquelina Rodera y el 8 de junio, nuevamente a Otarola al Banco Nación por $ 100.000.

El 10 de mayo de 2019, Cañumil transfiere a Marcelo Macayo $ 21.467,63 para pagar cuotas de un Instituto de Inglés, deuda que tenía Otarola. También hay transferencias entre Mauro Sebastian Valenzuela -pareja de Cañumil-, y Otarola En febrero y marzo la exministro le transfiere a Valenzuela $ 10.000 y $ 15.000. Entre 2016 y 2020, Cañumil le realizó transferencias a Otarola por más de $ 1.500.000. Por su parte, el 3 de junio Reto extrae $ 50.000 en efectivo y se lo deposita a Cañumil.

Acción coordinada

“Está claro que todos actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles, siempre bajo la cobertura que da el poder estatal. Otarola no tuvo ningún inconveniente para engañar al gobernador, abusando de su confianza, quien finalmente firmó los decretos de designación de los funcionarios solicitados por la nombrada, en función de una aparente idoneidad invocada”, dice la acusación. “La exministra tuvo en sus manos las riendas de los hechos, y el resto de los coimputados realizó aportes necesarios; los funcionarios del Estado, sumergidos en el error, efectuaron los pagos a personas que no cumplían contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así la maniobra estafatoria”.

Lo dijo el fiscal general Omar Rodríguez, tras la audiencia de apertura de investigación que tiene como imputada a la ex diputada provincial y ministro de familia Cecilia Torres Otarola. Indicó que no hay mecanismos de control en la Legislatura que evite situaciones fraudulentas como se le endilga a la ex funcionaria.

Ayer se concretó la audiencia vinculada a la causa “ñoquis calientes”. Los abogados defensores cuestionaron algunos de sus términos por lo que la jueza de garantías Ivana González se tomó algunas horas para analizar su resolución.

A la espera de la decisión, el fiscal general Omar Rodríguez y explicó que si bien no es habitual que la jueza se tome tanto tiempo para su resolución, se entiende que lo complejo del caso lo amerita. “Hay que sumarle el contexto que vive el país, la pandemia por el Covid-19. Tenemos que requerir informes a Buenos Aires y hay lugares que están cerrados, son una serie de cuestiones que van haciendo más lento el proceso, que lo vuelven complejo”, dijo.

Asimismo indicó que Otarola puede pasar todo el proceso sin declarar. “Puede declarar si quiere en cualquier momento del proceso, pero yo no la puedo obligar”, destacó.

Consultado acerca de si existe un mecanismo de control en la Legislatura para evitar defraudación al Estado por medio de contratación de asesores, explicó: “Hay como una suerte de laguna. No hay ninguna de forma de controlar. Pero debería haber una suerte de control, porque el sueldo del asesor lo paga la comunidad”.

En este marco destacó que la acusada no puede usar ese pretexto para eludir responsabilidad. “Mas allá de que haya caos administrativo, muchas veces con intención para sacar provecho, y que la responsabilidad le pueda caber también a la administración pública, eso no la exime a Otarola”, recalcó.

En la causa existe un total de 13 personas imputadas y está caratulada como “Cecilia Torres Otarola y otros, presunto fraude a la administración pública”. Además de la ex funcionaria, se encuentran imputados Silvana Cañumil, Patricia Claudina Antonio, Alberto Gilardino, Jaquelina Rodera, Marcelo Neira,Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, el ingeniero Carlos Cundari, Miguel Reto Trelles, Pamela Matamala y Facundo Jofré, señaló Mil Patagonias.

La jueza Ivana González debe determinar si se abre la investigación y cuánto durará. Acusaron a la exministro de Familia Cecilia Torres Otarola y otras 12 personas.

Distanciamiento. A diferencia de El Embrujo, donde hubo audiencias multitudinarias, para Ñoquis Calientes hubo menos presencias y se acudió a la videconferencia por el Covid-19.

La jueza Ivana González postergó hasta mañana su resolución sobre la apertura de investigación y el encuadre como “causa compleja” de la denuncia realizada por el Ministerio Público Fiscal contra la exministra de Familia Cecilia Torres Otarola y doce personas más por fraude a la Administración Pública.

En la acusación el fiscal de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, imputa a Torres Otarola, Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Silvana Adriana Cañumil, Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino.

Afirma el fiscal que “Cecilia Torres Otarola antes de asumir en el cargo de diputada provincial en diciembre del año 2015, poseía un comercio denominado 5mentarios, el cual se encontraba ubicado en la ciudad de Esquel”.

A partir del año 2014 hasta su asunción como diputada “empleó en dicho comercio a Silvana Adriana Cañumil. Posteriormente, ya como diputada provincial, gestionó y logró el ingreso a la casa de las leyes, en el cargo de empleada administrativa y luego en el cargo de asistente de bloque, hasta el 12 de diciembre del año 2019”.

Si bien Cañumil, figuraba en los papeles prestando funciones en la Legislatura Provincial “en los hechos cumplía funciones de niñera a cargo de los hijos menores de edad de la diputada”.

“Cañumil vivía en la casa de la diputada, en la ciudad de Esquel, y de esa forma cumplía con las funciones delegadas que precisamente era de cuidar a los hijos de Otarola”.

Por otra parte, en oportunidad del ejercicio como diputada provincial, Cecilia Torres Otarola, “gestionó y concretó el ingreso a la Legislatura Provincial, de Jaquelina Rodera, quien luego asumió como subsecretaria del Ministerio de Desarrollo y Familia, -con quien la unía un estrecho vínculo de amistad- y el esposo de ésta última, Marcelo Neira, quien también ocupó el cargo de director de Políticas Sociales. Asimismo, gestionó un contrato de Locación de Obra, respecto del hijo de los nombrados, Branco Rodero Neira, para que cumpliera funciones en la Legislatura provincial”.

Otarola gestionó la incorporación de distintas personas a trabar bajo su órbita en la Legislatura, según Fiscalía. “En 2017 ingresó a prestar servicios Alexis Ganga, luego Érica Paludi, y Martín Sandoval. A las tres personas mencionadas la diputada Otarola obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio. Para ello, dichas personas al momento de cobrar sus haberes mensuales debían entregar un porcentaje elevado de su sueldo a Silvana Cañumil, quien era la encargada de llevar a cabo la recaudación”.

La operación aludida “se hacía por medio de transferencias bancarias. Cañumil una vez que se hacía del dinero lo giraba a las cuentas de Torres Otalora, que poseía en el Banco de la Provincia de Chubut, y Banco de la Nación Argentina”.

Como ministra

“Este modus operandi va a sufrir cierta modificación al momento que Otarola dejó el cargo de diputada provincial, para pasar a ocupar un cargo en el Ejecutivo, como ministra de Desarrollo Social y Familia”, precisó el MPF.

A partir de ese momento, en diciembre de año 2019, “Otarola va a emprender un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como lo son la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar ningún tipo de contraprestación. Dicho grupo se puede diferenciar de otro, que ocupan cargos que no tienen vínculo estrecho con Otarola, y de alguna manera servían para nutrir los intereses espurios de la nombrada”.

Fue así, que ya en el cargo de ministra, “gestionó y logró el nombramiento de Jaquelina Rodera, amiga personal, designada en el cargo de Subsecretaria de Desarrollo Social; el esposo de ésta, Marcelo Neira, en el cargo de Director de Políticas Sociales; Mara Rodera, hermana de Jaquelina, en el cargo de Directora de Control de Auditoría y Compras; Facundo Solari Rodera, sobrino de la Subsecretaria, en el cargo de Director General; Raúl Rodera, -hermano de Jaquelina- en el cargo de secretario de la ministro; Silvana Cañumil en el cargo con rango de subsecretaria; Carlos Antonio Cundari, secretario privado de Jaquelina Rodera, y Miguel Reto, en el cargo de director general”.

Cifras

Según el relato del fiscal “Facundo Andrés Jofré el día 07/05/20, realiza una transferencia dineraria de $ 75.000 al CUIL perteneciente a Pamela Matamala. A su vez, según los informes remitidos del Banco de Chubut, Pamela Matamala le realizó transferencias bancarias a la cuenta de Silvana Cañumil, que posee en el mencionado Banco, los días 24/04/20 por un monto de $ 87,816, y el día 07/05/20, por un monto de $ 84.216”.

Por su parte Silvana Cañumil le hace una transferencia a Torres Otarola a una cuenta de su titularidad, “el 27/04/2020, por un monto de $ 100.000. Asimismo, con fecha 4/5/20 la nombrada Cañumil le hace una transferencia a Torres Otarola, a la cuenta sueldo de la última nombrada, un monto de $ 78.656,82”.

El día 8 de junio de este año, “Cañumil le efectúa una transferencia bancaria a Jaquelina Rodera por un monto de $ 50.000, y nuevamente a Torres Otarola, a la cuenta del Banco Nación, un monto de $ 100.000 el día 8/6/20”.

“También hay que poner de resalto las transferencias entre Mauro Sebastián Valenzuela, -pareja de Silvana Cañumil-, y Cecilia Torres Otarola. En fecha 13/02/2020, le transfirió Otarola a Valenzuela un monto de $ 10.000. A su vez el 14/3/2020, nuevamente Otarola le transfiere al nombrado $ 15.000”.

“A esta altura, cabe destacar que en el período comprendido entre los años 2016 y 2020, Silvana Cañumil le realizó transferencias bancarias a Cecilia Torres Otarola, por un monto superior aproximadamente al millón quinientos mil pesos”.

Por su parte, Miguel Reto el 3 de junio “realiza una extracción de 50.000 pesos en efectivo, para luego hacerle un depósito por ese monto a Silvana Cañumil, en la misma fecha”.

Resta aguardar cuál será mañana la esperada decisión de la jueza Ivana González, señaló Diario Jornada.

Cecilia Torres Otarola, ex diputada provincial y ex ministra de Familia, y otras doce personas están imputadas por presunto fraude a la administración pública y a partir de hoy serán enjuiciadas en la Sala 2 de la Oficina Judicial de Rawson por videoconferencia en la causa de los «ñoquis calientes».

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración pública en la figura del fiscal general Omar Rodríguez, había confirmado durante el pasado mes de julio el respectivo pedido de imputación en la causa; según publicó Mil Patagonias.

De la presentación realizada por la Oficina Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal se desprende que son trece las personas involucradas en la misma cantidad de hechos. Se trata de Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles, Silvana Adriana Cañumil, Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino.

Los hechos 

Como hipótesis de la acusación contra Torres Otarola el MPF señala que en el año 2014 Torres Otarola empleó en su comercio a Silvana Adriana Cañumil. Luego, ya como diputada provincial, gestionó y logró que Cañumil ingresara a la Legislatura como empleada administrativa de tercera, para luego ascender hasta convertirse en asistente de bloque. Sin embargo Cañumil no prestaba funciones en el poder legislativo sino que en los hechos cumplía funciones como niñera a cargo de los hijos de la entonces diputada. De hecho la imputación sostiene que Cañumil, vivía en la casa de Torres Otalora en la ciudad de Esquel.

De manera simultánea, Torres Otarola, también gestionó y concretó el ingreso a la Legislatura, de Jaquelina Rodera, actual Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo y Familia del esposo de ésta última, Marcelo Neira, actual Director de Políticas Sociales. Además, la entonces diputada, gestionó un contrato de locación de obra, respecto del hijo de los nombrados, Branco Rodero Neira, para que también cumpliera funciones en la Legislatura.

A todo lo descrito anteriormente, Otarola gestionó la incorporación más personas a la Legislatura. En el año 2017 ingresó a prestar servicios Alexis Ganga, luego Erica Paludi, y Martín Sandoval.

A las tres personas mencionadas la diputada Otarola obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio.

Para ello, dichas personas al momento de cobrar sus haberes mensuales debían entregar un porcentaje elevado de su sueldo a Silvana Cañumil; la cajera. La operación aludida se hacía por medio de transferencias bancarias. Cañumil una vez que se hacía del dinero lo giraba a las cuentas del Banco de Chubut, del Nación cuya titular es Torres Otalora.

La operatoria luego sufre alguna modificación, cuando Otarola deja su banca como diputada y asume al frente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Desde diciembre del 2019, Otarola emprende un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como lo son la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar ningún tipo de contraprestación.

Dicho grupo se puede diferenciar de otro, ya que ocupan cargos que no tienen vínculo estrecho con Otarola, pero los objetivo espurios eran los mismos.

Ya en el cargo de Ministra, Otarola, gestionó y logró el nombramiento de Jaquelina Rodera, como Subsecretaria de Desarrollo Social, el esposo de ésta, Marcelo Neira, asume como Director de Políticas Sociales, Mara Rodera, (hermana de Jaquelina) se hace cargo de la Dirección de Control de Auditoría y compras, Facundo Solari Rodera, (sobrino de la Subsecretaria) ingresa como Director General, Raúl Rodera, (hermano de Jaquelina) lo hace como Secretario de la Ministro, Silvana Cañumil, como Subsecretaria, Carlos Antonio Cundari, se desempeña como Secretario Privado de Jaquelina Rodera, mientras que Miguel Reto, es nombrado Director General.

De los elementos analizados hasta el momento, surge de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la clara la relación de Torres Otarola con los Rodera-Neira. Relación que resulta anterior al ala asunción de Torres Otarola como Diputadas Provincial.

Pero además de todas las personas antes nombradas, la ahora ex ministra se encargó de gestionar la designación de Carlos Antonio Cundari. Este fue socio de Marcelo Neira en varias sociedades. ELEMEC SRL, Talleres de Electricidad y Mecánica, en 1998, y otra sociedad denominada INDUSTRIA CARMA SRL en 2005. Por otro lado, la designación en el cargo de Director de Miguel Reto, también está vinculada a una relación preexistente con los Rodera-Neira.

Ya en el año 2010 Jaquelina Rodera, y Mara Lorena Rodera, constituyen otra sociedad denominada, Devorebuenosayres Com SRL, fijando el domicilio de la sede Social en Guatemala N° 4168, de la Ciudad de Buenos Aires. Al consultar el NOSIS, sitio que registra en otras cosas información de antecedentes comerciales, surge que el domicilio fiscal de Miguel Reto, cuyo nombre completo es Reto Trelles Miguel Angel, es precisamente Guatemala N° 4168, de la Ciudad de Buenos Aires, coincidente con el domicilio de la Sociedad aludida en el párrafo anterior, lo que explica su designación como Director en el Ministerio de Otarola, por su vinculación con los Rodera.

A esta altura, la Fiscalía, no puede dejar de mencionar, que el común denominador que tienen Jaquelina Rodera, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Marcelo Neira, Antonio Cundari, Miguel Reto, es que todos ellos tienen domicilio en Buenos Aires. De los nombrados la única persona que reside en la zona de manera esporádica es Jaquelina, y lo hace en el domicilio de Cecilia Torres Otarola. En el otro grupo de la planta política nombrada por Torres Otarola, se menciona a Pamela Matamala, Directora de la Juventud, quien presta servicios en la privada de la Ministro.

Por su parte, Facundo Andrés Jofre, Director General, es oriundo de la ciudad de Dolavon y tendría vínculos con la nombrada Matamala. Según los registros bancarios, el nombrado el día 7 de mayo de este año, realizó una transferencia de 75.000 $ a Pamela Matamala. A su vez, según los informes remitidos del Banco de Chubut, Pamela Matamala, le realizó transferencias bancarias a la cuenta de Silvana Cañumil, que posee en el mencionado banco, los días 24 de abril de este año por un monto de 87,816 $, y el día 7 de mayo de 2020, por un monto de 84.216 $.

Por su parte Cañumil Silvana le hace una transferencia a Torres Otarola a una cuenta de su titularidad, el día 27 de abril de 2020, por un monto de 100.000 $. Asimismo, con fecha 4 de mayo de 2020 la nombrada Cañumil le hace otra transferencia a Torres Otarola, a la cuenta sueldo por un monto de 78.656,82 $. Además, el día 8 de junio de 2020, Cañumil le efectúa una tercera transferencia a Jaquelina Rodera por un monto de 50.000 $, y nuevamente a Torres Otarola, por un monto de 100.000 $ el día 8 de junio de 2020.

También y de acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público Fiscal, Silvana Cañumil, en mayo de 2019, efectuó transferencias bancarias a favor de Macayo Marcelo, por un monto de 21.467, 63 $, en concepto de pago de cuotas el Instituto de Ingles de una obligación que tenía Torres Otarola con el instituto aludido. También se destacan las transferencias entre Mauro Sebastian Valenzuela (pareja de Silvana Cañumil) y Torres Otarola. Unos meses antes, (febrero y marzo) Otarola transfiere a Valenzuela montos de $10.000 y $15.000 respectivamente.

En el período comprendido entre los años 2016 y 2020, Silvana Cañumil realizó transferencias bancarias a Torres Otarola, por más de $1.500.000.

Por su parte, Miguel Reto el día 3 de junio de este año realiza una extracción de 50.000 en efectivo, para luego hacerle un depósito por ese monto a Silvana Cañumil, en la misma fecha.

Párrafo aparte, merece ser contada la situación de M.N.F., quien figura ocupando un cargo de Directora en el Ministerio aludido. Se trata de la hija Sandra Jaramillo quien prestó servicios como empleada doméstica en la casa de Otarola, desde mediados del 2019 hasta enero del 2020. Torres Otarola, ya como Ministra le ofreció incorporar a la hija de Jaramillo al organismo a su cargo. Dicha situación se concretó, y la nombrada fue designada pocos días más tarde. M.N.F., solamente concurrió al lugar de trabajo un par de días, y no fue más. Dos circunstancias fueron las que determinaron dicha situación. La primera es que M.N.F., se tuvo que presentar en donde funcionaban las oficinas de CORFO, que en ese momento se vivía un clima de tensión. Y, en segundo lugar, la ruptura de la relación laboral entre Jaramillo y Torres Otarola, significó que la primera le dijera a su hija que no concurriera más a trabajar al Ministerio.

En todo este contexto, debemos destacar una situación relatada por la testigo. Es que, al momento de que Torres Otarola le ofrece el cargo para su hija, la misma le habría referido que cumpliría funciones de secretaria privada de la funcionaria, y que el sueldo sería de 20.000 $, sin tener conocimiento la deponente que los haberes correspondientes al cargo que fuera designada su hija eran de 43.558 $. Situación que pone en evidencia la intención de quedarse con más de la mitad del salario, por parte de la funcionaria.

Lo dicho cobra fuerza, al analizar la documentación respecto de la cuenta sueldo de M.N.F., del cual se desprende que no hubo ningún tipo de movimiento del dinero, los cuales permanecen intacto en su cuenta sueldo. Tanto la hija como la madre desconocían que existían pagos de haberes por el cargo que ocupaba, que dicho sea de paso prácticamente no concurrió.

La Fiscalía también menciona la situación de Antonio Patricia, quien ocupa un cargo de Directora General. La nombrada es madre de Alberto Gilardino. La Motivación de su designación en la planta política tiene que ver con la imposibilidad de nombrar en el cargo a su hijo Alberto, por haber estado relacionado el sindicado con causas de corrupción. La nombrada habría prestado su nombre para que en los hechos sea su hijo quien desempeñase las tareas en el cargo. Del análisis preliminar de los movimientos bancarios, se desprende que la nombrada en el mes de junio del 2020, le efectuó transferencias bancarias al cuil 20294165194, perteneciente a su hijo, un total de $187.200, luego de haber ingresado en su cuenta a sueldo el dinero en concepto de haberes por el cargo de Directora, con la cual refuerza la hipótesis ensayada.

Está claro que todos los nombrados actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles, siempre bajo la cobertura que le da el poder estatal.

En ese contexto Torres Otarola no tuvo ningún inconveniente, para lograr engañar al gobernador, abusando de su confianza, quien finalmente firmó los decretos de designación de los funcionarios solicitados por la nombrada, en función de una aparente idoneidad invocada. La ex ministra tuvo en sus manos las riendas de los hechos, y el resto de los coimputados realizaron aportes necesarios para lograr su consumación. Los funcionarios del estado, sumergidos en el error, efectuaron los pagos a personas que no cumplían ningún tipo de contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así, la maniobra estafatoria. Ya con el dinero a disposición en sus respectivas cuentas sueldo, los cómplices, no en todos los casos retornaban parte del mismo a manos de Otarola, generalmente a través de transferencias o depósitos bancarios, dirigidos a su persona de confianza Silvana Cañumil, en algunas ocasiones a Pamela Matamala, circunstancia ésta, que robustece el contenido de la conducta final emprendida, que no era otra que hacerse de manera ilegal de fondos públicos.

Calificaciones legales 

Todos estos detalles se encuentran discriminados en trece hechos donde la víctima resulta ser el Estado Provincial y por los que se encuadra el accionar de Cecilia Torres Otarola en el delito de fraude a la administración pública (art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de autora, -10 hechos-, concusión art. 266, -3 hechos-, todos ellos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes del funcionario público, art. 248, art. 54), y a su vez concurriendo materialmente entre ellos, art. 55, y 45 del código penal, al igual que Jaquelina Rodera, bajo el encuadramiento de los mismos delitos pero en cinco hechos.

En tanto Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Marcelo César Neira, Claudia Patricia Antonia, Alberto Gilardino, Patricia Claudina Antonio, Pamela Matamala y Facundo Andrés Jofré, por el delito de fraude a la administración pública art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de partícipes necesarios, -1 hecho-, art. 45 del código penal. Mientras Silvana Adriana Cañumil fue imputada por el mismo delito pero en dos hechos y como partícipe necesaria.

Medida cautelar 

Por último el Ministerio Público Fiscal, solicitó una medida cautelar sobre los bienes de Torres Otarola, a los fines de las eventuales reparaciones que en el futuro podrían tener lugar, en función de la extensión del daño ocasionado que se vislumbra prima facie, y en la inteligencia que surge como una medida razonable y proporcional a los hechos atribuibles.

Esta mañana comenzó la audiencia contra la ex ministra de Familia de Chubut, Cecilia Torres Otarola y otros ex empleados de la cartera provincial.

En la Oficina Judicial de Rawson se lleva a cabo la audiencia de apertura de investigación en la causa judicial denominada como “Ñoquis calientes”, en la que se encuentran involucradas 13 personas, entre ellas la ex Ministro de Familia del Gobierno del Chubut, Cecilia Torres Otarola.

Este martes desde las 10 está convocada la audiencia de apertura de investigación en la causa conocida como “Ñoquis Calientes” en la que se imputará a la ex ministra de Desarrollo Social, Cecilia Torres Otarola y a otras 12 personas por los presuntos delitos de fraude al Estado y concusión. La jueza será la doctora Ivana González y el fiscal Omar Rodríguez tendrá a su cargo la lectura de los hechos por los cuales se pretende llevar a juicio a la ex funcionaria, que debió renunciar a su cargo a comienzos de julio.

La audiencia se realizará en la sala 2 de la Oficina Judicial ubicada en la capital provincial, con parte de los protagonistas de manera presencial y otros –probablemente la mayoría- por el sistema de videoconferencia. Según trascendió Otraola no se haría presente, sino que junto a su abogado participará desde su domicilio de manera virtual.

Oportunamente la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública a través del fiscal general jefe Omar Rodríguez elevó a esa Oficina el respectivo pedido de imputación en la causa. Está caratulada como “Cecilia Torres Otarola y otros, presunto fraude a la administración pública”. En total son trece las personas involucradas.

Según el pedido de apertura de investigación, se acusa a Torres Otarola con domicilio fijado en Playa Unión; Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles, todos domiciliados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Silvana Adriana Cañumil, con domicilio en Rawson, y Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino, de Trelew.

Según el fiscal, Otarola incurrió en fraude a la administración pública como autora en 10 hechos y en concusión en 3 hechos, además de incumplimiento de los deberes del funcionario público. Los mismos delitos para Jaquelina Rodera pero en cinco hechos. El resto será imputado por fraude a la administración pública.

COMO DIPUTADA

Según la imputación, Torres Otarola antes de asumir como diputada provincial en diciembre de 2015 era dueña del comercio “5mentarios” en Esquel. Desde 2014 y hasta su asunción empleó a Cañumil. Pero ya como diputada la hizo ingresar a Legislatura como empleada administrativa y luego asistente de bloque, hasta diciembre de 2019. Cañumil figuraba en los papeles trabajando en el parlamento. En realidad era niñera de los hijos menores de la diputada. Vivía en la casa de Otarola en Esquel.

Como legisladora, Otarola también gestionó el ingreso a Legislatura de Rodera, actual subsecretaria del Ministerio. “Las unía un estrecho vínculo de amistad”, dice la acusación. También ingresó el esposo de Rodera, Marcelo Neira, actual director de Políticas Sociales. Y logró un contrato en Legislatura para el hijo de ambos, Branco Rodero Neira.

Según el fiscal, gracias a Otarola también ingresaron a la casa de las leyes en 2017 Alexis Ganga, Erica Paludi, y Martín Sandoval. Los obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio. Al cobrar “debían entregar un porcentaje elevado a Cañumil, encargada de la recaudación”. Eran transferencias bancarias. Cañumil giraba la plata a las cuentas de Torres Otalora en el Banco Chubut y Banco Nación.

TAMBIÉN COMO MINISTRA

Este modus operandi, según la fiscalía, habría cambiado cuando asume como ministra. “En diciembre de 2019 va a emprender un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar contraprestación”. Dicho grupo se diferencia de otro, que ocupan cargos sin vínculo estrecho con Otarola,y “servía para nutrir sus intereses espurios”.

Logró el nombramiento de Rodera como subsecretaria de Desarrollo Social, y de su su hermana Mara Rodera como directora de Control de Auditoría y compras; Facundo Rodera, sobrino de la subsecretaria, fue como director general, Raúl Rodera, -hermano de Jaquelina- secretario de la ministro; Cañumil fue subsecretaria; Carlos Cundari, secretario privado de Jaquelina y Miguel Reto, director general.

Según el fiscal, “surge clara la relación de Otarola con los Rodera-Neira. Su gestión para que puedan ocupar cargos obedece a dicha relación estrecha, que venía desde antes de ser diputada”.

En el caso de Cundari, fue socio de Marcelo Neira en 1998, en Telemec SRL, Talleres de Electricidad y Mecánica. Y en 2005 en Industria Carma SRL. “Surge con claridad que la designación en el cargo de Cundari tiene que ver con la relación de cercanía con Neira”. La designación de Reto también es por una relación preexistente con los Rodera-Neira.

En 2010 Jaquelina y Mara Lorena Rodera constituyen la sociedad Devorebuenosayres Com SRL, para explotar un hostel y residencia estudiantil en Guatemala 4168, de la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez advirtió que el domicilio fiscal de Reto es el mismo. “Esto explica su designación como director, por su vinculación con los Rodera”.

Todos tienen domicilio en Buenos Aires. La única que reside en la zona de manera esporádica es Jaquelina, en el domicilio de Torres Otarola, Costamagna 79, Playa Unión.

TRANSFERENCIAS

En el otro grupo de la planta política nombrada por la exministro se menciona a Pamela Matamala, directora de la Juventud, quien presta servicios en la privada. Facundo Jofré es director general, oriundo de Dolavon y con vínculos con Matamala. El 7 de mayo Jofré realiza una transferencia de $ 75.000 a Matamala. Y ésta transfiere a la cuenta de Cañumil en el Banco Chubut los días 24 de abril por $ 87,816 y el 7 de mayo por $ 84.216.

Por su parte Cañumil le transfiere a Otarola el 27 de abril por $ 100.000. Y el 4 de mayo, otra transferencia a la cuenta sueldo de Otarola por $ 78.656,82. El 8 de junio, Cañumil le transfiere $ 50.000 a Jaquelina Rodera y el 8 de junio, nuevamente a Otarola al Banco Nación por $ 100.000.

El 10 de mayo de 2019, Cañumil transfiere a Marcelo Macayo $ 21.467,63 para pagar cuotas de un Instituto de Inglés, deuda que tenía Otarola. También hay transferencias entre Mauro Sebastian Valenzuela -pareja de Cañumil-, y Otarola En febrero y marzo la exministro le transfiere a Valenzuela $ 10.000 y $ 15.000. Entre 2016 y 2020, Cañumil le realizó transferencias a Otarola por más de $ 1.500.000. Por su parte, el 3 de junio Reto extrae $ 50.000 en efectivo y se lo deposita a Cañumil.

Párrafo aparte es la situación de M.N.F., quien figura como directora en el Ministerio. Es la hija de Sandra Jaramillo, empleada doméstica en la casa de Otarola desde 2019 hasta enero. La exministro le ofreció incorporar a su hija a Familia. Le pidió foto y DNI por WhatsApp. La designó pero sólo fue a trabajar un par de días. Sucede que M.N.F. se tuvo que presentar donde funcionaban las oficinas de CORFO, justo cuando se vivía un clima de tensión. Además, la ruptura de la relación laboral entre Jaramillo y Otarola significó que la primera le dijera a su hija que no fuera más.

Según relató la testigo, Torres Otarola dijo que su hija trabajaría en la Secretaría Privada con un sueldo de $ 20.000. Sin embargo el haber real era de $ 43.558. “Esto pone en evidencia la intención de quedarse con más de la mitad del salario por parte de la funcionaria”. En la cuenta sueldo de M.N.F. no hubo movimiento del dinero, que sigue ahí. Madre e hija desconocían que existían pagos de haberes por el cargo.

“Está claro que todos actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles, siempre bajo la cobertura que da el poder estatal. Otarola no tuvo ningún inconveniente para engañar al gobernador, abusando de su confianza, quien finalmente firmó los decretos de designación de los funcionarios solicitados por la nombrada, en función de una aparente idoneidad invocada”, dice la acusación. “La exministra tuvo en sus manos las riendas de los hechos, y el resto de los coimputados realizó aportes necesarios; los funcionarios del Estado, sumergidos en el error, efectuaron los pagos a personas que no cumplían contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así la maniobra estafatoria”.

Así lo aseguró el abogado, Fabián Gabalachis, quien representa a la ex ministra y diputada Cecilia Torres Otárola en el marco de la causa «Ñoquis Calientes».

El 11 de agosto se llevará adelante la apertura de investigación por la causa conocida como «Ñoquis Calientes» que investiga a la ex ministra y diputada provincial, Cecilia Torres Otárola, por defraudación al Estado. Es que habría tenido asesores que no trabajaban y cobraban un sueldo.

Su abogado, Fabián Gabalichis, explicó que » los que no estamos en la administración pública por ahí nos chocan algunas situaciones». Sin embargo, «aparentemente en el ámbito del funcionamiento de la administración pública se dan situaciones de esta naturaleza y son normales».

«Ella interpreta que no constituye ninguna clase de delito, sino que es propio del funcionamiento de la administración pública»,dijo en diálogo con LaCienPuntoUno. Sobre los asesores contratados, explicó que «la ministra explica que no es así, que han sido nombrados y han trabajado».

Por lo que ahora se deberá demostrar si hubo o no una «contraprestación», si se realizó en dónde fue y si existieron retornos de dinero y/o movimientos bancarios de sueldos de estos «asesores» hacia la cuenta de la ministra o hacia sus secretarias.

El penalista Fabián Gabalachis será el defensor de la exministro de Familia Cecilia Torres Otarola y de otras tres imputadas por la Causa Ñoquis Calientes: Jaquelina Rodera, Silvana Cañumil y Pamela Matamala. La audiencia de apertura de investigación será el 11 de agosto a las 10 en la Oficina Judicial de Rawson. La jueza será Ivana González.

El abogado reveló que al hablar del caso, Otarola “me dio explicaciones en función de los comentarios que escuchó del fiscal Omar Rodríguez y está completamente convencida de que todo esto es un error y que interpretaron mal la normativa de la administración pública”. Sin embargo, Gabalachis advirtió que “antes de escuchar y analizar lo que me manifestó, quiero tener un conocimiento acabado de la imputación”.

-¿Quiere hablar?

-Ella quiere hablar pero ante las declaraciones del Ministerio Público Fiscal quiere salir a contestar pero le aconsejé que no lo haga y que el ámbito para declarar eventualmente es en la justicia y no en los medios.

En cambio, las otras tres acusadas “son más pasivas, la que más siente la necesidad de explicar públicamente es ella”. En este sentido, “analizaremos lo que suceda en la apertura porque si fuera por ella, no tengo ninguna duda de que quiere declarar, pero tengo que analizar cuáles son los elementos de prueba y le aconsejaré”.

“No la noté con un alto grado de preocupación, más que nada la noté con un alto grado de querer tratar de explicar, de salir a contrarrestar lo que dice el MPF”, agregó. “Se parece a la ansiedad, pero tampoco está desesperada”.

Parte de la audiencia de la Causa Ñoquis Calientes será por videoconferencia ya que hay imputados en Capital Federal. “Una declaración de ese tipo donde puede haber preguntas de Fiscalía sería interesante que sea presencial y cara a cara, así que seguramente será un poco más adelante”, consideró. Gabalachis no ve problemas en las audiencias virtuales para, por ejemplo, notificar imputaciones. “Pero para ejercer la defensa con interrogatorios a testigos lo noto muy complicado. No funciona con la efectividad de lo presencial, para advertir rasgos y tiempos”.

“Otarola es una persona acostumbrada a la función pública que tiene una exposición, y es en ese sentido que siente la necesidad de hablar, pero no siempre las cosas dentro de la administración pública funcionan de modo similar a una causa judicial, y por eso le digo que sea más prudente por eso.

El defensor dijo que la exministro “admite las contrataciones” que realizó. Y de lo que sabe hasta ahora de la Causa Ñoquis Calientes, “mi primera impresión es que hay una suerte de desorganización en la administración pública en general, y que lo que tendremos que analizar es si esa desorganización constituye delito. Debe haber otros estamentos del Estado con situaciones similares, y si los hay parece injusto que todos los cañones apunten a ella. Pero hay que avanzar con la prueba”.

Sentimiento

-¿Sostiene que en estas causas arranca con cancha inclinada?

-Estamos en una época que todo aquello que implique defensa de funcionarios públicos en materia de defraudaciones al Estado implica necesariamente jugar con la cancha inclinada. Es el sentimiento general de la sociedad en este momento, una suerte de desmanejo de parte de los funcionarios. Es el rol que me toca ejercer de la manera más efectiva posible.