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Ñoquis

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La tradición marca que los días 29 de cada mes en la mesa se sirven ñoquis. Pero ¿de dónde viene esta costumbre?

Los Gnocchis o ñoquis de papa son una de las pastas más comunes dentro del menú de la familia argentina. Su historia se remonta al siglo VIII.

Existen dos teorías sobre por qué se comen los 29. Una de origen italiano nace de una leyenda basada en la historia de San Pantaleón, un joven médico de Nicomedia que, tras convertirse al cristianismo, peregrinó por el norte de Italia. Allí practicó milagrosas curaciones por las que fue canonizado

Según cuenta la leyenda, en cierta ocasión en que pidió pan a unos campesinos vénetos, éstos lo invitaron a compartir su pobre mesa. Agradecido, les anunció un año de pesca y cosechas excelentes.

Aquel episodio habría ocurrido un 29 de julio, por tal razón se recuerda ese día con una comida sencilla representada por los ñoquis.

La otra versión mucho más extendida de la historia de por qué se consumen ñoquis de forma tradicional el día 29, hace referencia a que esa fecha, al ser uno de los últimos días del mes, las personas de pocos recursos (las que cobran a principios de mes su sueldo) no tenían dinero más que para comer lo que estuviera hecho de las materias primas más baratas.

La tradición de poner dinero debajo del plato, como símbolo de los buenos deseos, simboliza el deseo de nuevas dádivas. Es costumbre dejar un billete o moneda debajo del plato para poder atraer de esta forma suerte y prosperidad al comensal, señaló El Comodorense.

Para el próximo 11 de agosto está previsto que se realice en la Oficina Judicial de Rawson, la audiencia de apertura de investigación en la denominada investigación judicial conocida como “Ñoquis calientes” en las que se encuentran involucradas 13 personas, entre ellas la ex Ministro de Familia del Gobierno del Chubut, Cecilia Torres Otarola.

Así fue confirmada por la Oficina Judicial de Rawson que ya ha dispuesto de los medios necesarios para que la audiencia se realice en la sala 2 de esa dependencia con parte de los protagonistas de manera presencial y otros por el sistema de video conferencia.

Oportunamente la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración pública a través del fiscal general jefe Omar Rodríguez elevó a esa Oficina el respectivo pedido de imputación en la causa. Está caratulada como “Cecilia Torres Otarola y otros, presunto fraude a la administración pública”. En total son trece las personas involucradas.

Además de Otarola, la apertura de investigación incluye a Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles, Silvana Adriana Cañumil, Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino.

ATE amenaza con dar los nombres de los «ñoquis», así lo adelantó el secretario general Guillermo Quiroga, al recordar que en 2016 acercaron al Gobierno Provincial una lista de empleados que cobraban sin prestar servicio, pero que los funcionarios «miraron para otro lado».

Quiroga diferenció que los “ñoquis” denunciados por el fiscal Omar Rodríguez en la causa que imputa a Cecilia Torres Otarola, “están enmascarados con la figura de personal de Gabinete y por lo general no están en su lugar de trabajo, sino que están al llamado del funcionario que necesita ser asesorado. Hay asesores que ni siquiera están en Rawson, están en Comodoro Rivadavia, Esquel o Buenos Aires”.

En 2016 “dijimos de los ñoquis pero parecía que éramos tirabombas. Pero puede ser que sea el momento para acercarle a la Fiscalía cuál es el personal que no es de Gabinete sino del Estado, en planta transitoria, mensualizado o permanente, que hace años que no presta trabajo pero que cobra salarios”.

Esto dijo el dirigente sindical ante la prensa del valle, donde también confirmó que ATE tiene nuevo asesor legal: Andrés Meiszner.

El fugaz jefe de Gabinete de Mariano Arcioni seguramente cuenta con información privilegiada de su paso reciente por el gobierno provincial, donde también fue secretario de Trabajo y ministro de Educación.

Fuente: El Patagónico

El Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena expresó que llevarán a cabo una investigación en relación a las declaraciones del presidente de Lotería sobre empleados que fichan y no cumplen sus funciones.

Tras la fuerte acusación del titular de Lotería del Chubut, Luis María Aguirre, sobre trabajadores dela entidad que “fichan y se van a atender sus negocios”, el procurador General de la Provincia del Chubut, Jorge Miquelarena aseguró que la situación será investigada por la justicia –según publica Diario Jornada-.

“Ayer vi las declaraciones en el diario Jornada, conversé la situación con el Dr. Rodríguez y éste tema se va a investigar. Lo que debe saber el señor Aguirre y todos los funcionarios públicos que de acuerdo a sus funciones y de sus cargos advierten algún ilícito que es denunciable, lo que tienen que hacer es denunciarlo y si no lo hicieran podrían estar incumpliendo con sus deberes”, apuntó Miquelarena.

Sobre las declaraciones de Aguirre, expuso: “No se puede decir que hay personas que vienen, fichan y se mandan a mudar y después se van a hacer tareas particulares”.

A pesar de que el gobernador Mariano Arcioni aseguró que en su gobierno no hay ñoquis, el presidente de Lotería, Luis María Aguirre, reconoció este jueves que en su organismo hay al menos 150 personas que cobran un sueldo sin prestar servicio alguno.

“Funcionaríamos con 120 personas y hay 275 personas. Hay gente que ficha y se va a atender sus negocios”, admitió Aguirre y destacó que “es un trabajo muy bien remunerado, con un promedio de sueldo bruto de $125 mil bruto”.

El sincericidio del presidente de Lotería contradice a los dichos de Arcioni, quien hace apenas dos días aseveró: “En mi Gobierno no hay ñoquis”. Si solo en Lotería hay 155 personas que cobran por no trabajar, ¿cuántos ñoquis más hay en el resto de las reparticiones públicas? Por lo pronto, momentos después de haber dicho que en su Gobierno no hay ñoquis, Arcioni reconoció que tiene un poco más de 40 asesores directos y que hay unos 186 en total.

¿Sobre qué temas asesoran esas 186 personas? ¿Qué beneficios generaron a la provincia? ¿Son necesarios en este momento económico tan delicado? ¿Cuánto ganan? Este jueves los legisladores aprobaron un pedido de informe para sobres asesores del Gobernador y su entorno. Posiblemente en los próximos días aparezcan algunas precisiones sobre el tema.

Las contradicciones del gobernador y su equipo de gobierno son moneda corriente, todos los días un funcionario refuta lo que algún otro aseguró un rato antes. Los discursos de los funcionarios son confusos y contradictorios como casi todo lo que ocurre de la administración de Mariano Arcioni.

Alberto Gilardino, ex jefe de Gabinete del tercer gobierno de Mario Das Neves, quedó envuelto en otra causa de corrupción dentro del gobierno de la provincia. Su nombre apareció hoy en la elevación que hizo el fiscal Omar Rodriguez a la Oficina Judicial de Rawson por «fraude a la administración pública», siendo la principal imputada la ex ministra de Desarrollo Social, Cecilia Torres Otarola.

Además de la ex diputada y ex ministra, hay 13 personas imputadas, entre ellas Alberto Gilardino.

En el relato de los hechos que efectúa la Fiscalía se menciona la situación de Antonio, Patricia, quien ocupa un cargo de Directora General. La nombrada es madre de Alberto Gilardino. La Motivación de su designación en la planta política tiene que ver con la imposibilidad de nombrar en el cargo a su hijo Alberto, por haber estado relacionado el sindicado con causas de corrupción. La nombrada habría prestado su nombre para que en los hechos sea su hijo quien desempeñase las tareas en el cargo. Del análisis preliminar de los movimientos bancarios, se desprende que la nombrada en el mes de junio del 2020, le efectuó transferencias bancarias al cuil 20294165194, perteneciente a su hijo, un total de 187.200 $, luego de haber ingresado en su cuenta a sueldo el dinero en concepto de haberes por el cargo de Directora».

La secretaria de Alberto Gilardino fue quien llevó el sobre a la Legislatura en el 2018 y lo dejó en un sector del edificio, lo que provocó que se emitiera un alerta porque se creyó que era un artefacto explosivo. Y resultó ser una bomba, pero que explotó en los estrados judiciales, desencadenando la investigación conocida como el «Embrujo», que derivó en otras dos causas: «Revelación» y «Emergencia Climática».

Gilardino no fue imputado en ninguna de las causas, pero su declaración fue fundamental para avanzar en la investigación y posterior condena de quienes en su momento estaban en el mismo equipo de gobierno que él integraba.

Sorprendió que ahora apareciera en una causa, utilizando a su madre para cobrar los honorarios como asesor. No existía ningún impedimento legal para que fuera todo en blanco. Una alta fuente judicial confió que «por más que no estuvo en juicio, si fue investigado y su declaración mando al frente a unos cuantos. Su nombre no quedo muy bien en ese ámbito y evidentemente no quisieron o él no quiso aparecer».

Fuente: Mil Patagonias

Alberto Gilardino es el abogado que se mencionaba en la causa «ñoquis calientes» como beneficiario de un alto salario que desde el Ministerio de Desarrollo Social se pagaba a su propia madre, ya que él aún debe responder por su responsabilidad la causa Revelación.

Como se sabe, aquella causa judicial también incluía sobresueldos aunque todavía no fue llevada a juicio.

Otarola y doce imputados más

«Cecilia Torres Otarola y otros p.s.a fraude a la administración pública» se denomina la causa que este miércoles elevó el titular de la Oficina Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal de Chubut, Omar Rodríguez. A través de la misma, se imputó a la ex funcionaria y a otras 12 personas.

En concreto, lo que está en duda es la idoneidad y la efectiva prestación de servicios por parte de quienes dependían laboralmente de Torres Otarola desde la época en se desempeñaba como diputada provincial.

El arrepentido Gilardino

En este contexto reapareció el «arrepentido» Alberto Gilardino, fugaz jefe de Gabinete que últimamente habría accedido a un salario del Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud a través de su madre, Patricia Claudina Antonio, ahora también imputada en esta causa.

Gilardino -que antes de ser jefe de Gabinete fue secretario de Pesca de Chubut- se halla impedido de ejercer cargos públicos en función de las imputaciones que pesan sobre él en el marco de una de las causas de corrupción que estallaron en Chubut cuando cayó en desgracia Diego Correa.

Se trata de la denominada «Revelación», que justamente comprende el pago de sobresueldos, uno de cuyos beneficiarios fue en su momento Gilardino, según él mismo admitió ante dos fiscales buscando mitigar la pena que podría caberle cuando se lleve a cabo el juicio, sucesivamente pospuesto desde comienzos de este particular año 2020.

«Garganta Profunda»

Pocos días después de que estallara la causa «Revelación» -el 22 de mayo de 2018- se supo que un ex alto funcionario del gobierno provincial que encabezó Mario Das Neves había brindado un testimonio clave para entender cómo era el mecanismo de cobro de los sobresueldos. Se trataba ni más ni menos que de Alberto Gilardino, el hombre que sucedió a Víctor Cisterna como ministro Coordinador de Gabinete en noviembre de 2016 y que había renunciado un mes y medio antes de la muerte de Mario Das Neves, ocurrida el 31 de octubre de 2017.

«Empecé a tener ‘ruido’ de los manejos de Correa sobre el final. De hecho, vino (Pablo) Durán, que era el ministro de Gobierno, y me dice ´Beto, hay mucho ruido con Diego (Correa), de que está viniendo gente a dejarle cosas a Casa de Gobierno (plata concretamente); que lo tienen grabado; que lo tienen filmado; que las pide de su teléfono particular´. Como que él tenía el dato de que andaba dando vuelta eso», declaró Gilardino ante los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz.

Contó también que a Cisterna «se lo acusaba de manejar cuestiones de plata y se hizo público que le decían ´toallón´ (porque te abrazaba y quedabas seco), así que parecía que había un sector que lo quería afuera… Das Neves nos convoca a Pablo Oca y a mí. Le dice a Pablo que prefería que él siguiera manejando los números y que yo sea el próximo jefe de Gabinete».

Una vez en el cargo, Gilardino se reunió en la Secretaría Privada con Correa y Gonzalo Carpintero. «Correa me dice: ´no hables nunca de plata con Mario; no se habla de plata con él; todo eso lo manejo yo; a vos te vamos a dar un monto fijo por mes porque hay que venir todos los días, todas las tardes… los sábados nosotros venimos a trabajar; tu teléfono tiene que estar prendido 24 horas por cualquier eventualidad».

Gilardino explicó que «estaban divididos; Gonzalo hacía la parte política y Diego era la parte administrativa y la parte concreta de los pagos. De hecho cada vez que se viajaba Diego era el que pagaba los gastos de Mario. Me dicen que me iban a dar $ 100.000 por mes en concepto de horas extras o algún motivo así, como que venía estipulado. Yo acepté». Dijo que cobró en diciembre de 2016 y en enero, febrero y marzo de 2017.

Cuentas claras

Llegó el recambio de autoridades de las sociedades de las cuales el Estado participa y Transpa era una. «Estaba (Hernaldo Pedro) Crisci, quien se fue junto a Cisterna porque era su mano derecha en la Coordinación de Gabinete».

Gilardino pidió blanquear la plata que recibía porque «me trasladaban el problema a mí donde yo tenía plata que no la tenía blanqueada». Aceptaron su idea. «Hacen renunciar a Crisci y me nombran a mí en una sesión extraordinaria, y también en Hidroeléctrica Futaleufú. Entre los dos eran más o menos 15 (mil) de uno y 30 y pico de otro, casi sumaba 50 mil pesos entre los dos, más allá de que me tenía que pagar los autónomos todos los meses, quedando blanqueado así 50 mil y empiezan a darme 50 y no 100».

Sus declaraciones se hicieron públicas porque desde la misma Fiscalía se hizo circular el video donde era interrogado por los fiscales.

La nueva imputación

«Siguiendo con el relato de los hechos, también debemos mencionar la situación de Antonio, Patricia, quien ocupa un cargo de Directora General. La nombrada es madre de Alberto Gilardino. La motivación de su designación en la planta política tiene que ver con la imposibilidad de nombrar en el cargo a su hijo Alberto, por haber estado relacionado el sindicado con causas de corrupción. La nombrada habría prestado su nombre para que en los hechos sea su hijo quien desempeñase las tareas en el cargo. Del análisis preliminar de los movimientos bancarios, se desprende que la nombrada en el mes de junio del 2020 le efectuó transferencias bancarias al CUIL 20294165194, perteneciente a su hijo, un total de 187.200 peso, luego de haber ingresado en su cuenta a sueldo el dinero en concepto de haberes por el cargo de Directora, con la cual refuerza la hipótesis ensayada», sostiene la presentación hecha este miércoles por el fiscal Rodríguez.

Obligado a pronunciarse luego del escándalo de Cecilia Torres Otarola, el gobernador eligió ayer martes brindar una entrevista a un medio de Comodoro para dar su versión de los hechos. «No hay ñoquis, y si están ahora se van a ir en el futuro», sostuvo Arcioni. En tanto, el Procurador General anunció que dio instrucciones para que en la investigación del tema no se hagan excepciones. «Todos los funcionarios, del gobernador para abajo, que hayan intervenido en estas contrataciones irregulares, serán investigados», afirmó Miquelarena, remarcando que «No puede ser que no haya un control de la gente que se contrata».

«Yo tengo más de 40 asesores directos. En total, en Gobierno, hay 186 asesores. Toda la información está en Internet y en los sitios oficiales. No hay ñoquis y si están ahora, se van a ir en un futuro. Quédense tranquilos. Logramos reducir en un 36% la planta del Poder Ejecutivo», le dijo este martes el gobernador Mariano Arcioni a ADN Sur, el portal de Comodoro.

El mandatario chubutense se sintió obligado a pronunciarse casi dos semanas después del escándalo desatado tras el alejamiento de su ministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, María Cecilia Torres Otarola, investigada por la Unidad Anticorrupción que encabeza el fiscal Omar Rodríguez.

La investigación se denomina «ñoquis calientes» a partir de la designación en ese ministerio de ciudadanos que ni siquiera residen en Chubut. Además, esos «ñoquis» no brindaban contraprestación laboral alguna. Uno de los casos top es de de la niñera de Torres Otarola, que según los datos de la Fiscalía carecería de idoneidad para ocupar un cargo de subsecretaria.

«Lo que sucedió en el Ministerio de Familia lo está investigando la Fiscalía, remarcó el gobernador. Hasta ahora están los trascendidos porque no se ha demostrado nada. Que quede bien en claro que las personas que no trabajan conmigo no van. Puedo asegurar que todos los asesores que tenemos en el Ejecutivo están trabajando», enfatizó.

Arcioni aseguró que en su gobierno «aquellos que no trabajan, tienen que dar un paso al costado. El que es el responsable de esa área también tendrá que retirarse».

Luego detalló que «en total, en Gobierno hay 186 asesores. Toda la información está en Internet y en los sitios oficiales. No hay ñoquis y si están ahora, se van a ir en un futuro. Quédense tranquilos. Logramos reducir en un 36% la Planta del Poder Ejecutivo».

Investigación para todos

En las últimas horas, el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, remarcó que «vamos a avanzar en las responsabilidades penales de quienes deben controlar dentro del Estado».

Fue luego de que en la causa «Ñoquis Calientes» se verificara -como ya había ocurrido cuando se investigó recientes hechos de corrupción que llevaron a la cárcel a ex funcionarios del gobierno de Mario Das Neves- un relajamiento en el armado de los legajos del personal de gabinete que había sido contratado por la ex ministra de Familia.

«Hay legajos en donde no hay absolutamente ninguna documentación, ni un currículum; solo hay papeles en blanco. Empezaremos a investigar todas las responsabilidades penales», sostuvo el procurador en FM La Petrolera.

«No puede ser que no haya un control de la gente que se contrata. Hay personas que figuran trabajando en Chubut pero viven en Buenos Aires y, en muchos casos, ni siquiera saben dónde queda nuestra provincia», acotó.

Tras resaltar que «vamos a investigar todas las responsabilidades de todos aquellos que intervinieron», añadió que «podría haber investigaciones internas dentro de la propia administración».

En este marco, aseveró que «no puede ser que no haya el más mínimo control. Se acreditó que mucha de la gente contratada devolvía un porcentaje importante del sueldo».

«Todos los funcionarios, del gobernador para abajo, que hayan intervenido en estas contrataciones irregulares, serán investigados», afirmó Miquelarena.

Finalmente, concluyó que «hay directores de área que al ser interrogados no sabían quiénes eran los subsecretarios contratados porque nunca habían asistido a trabajar».

La sombra de Mammarelli

También se refirió Miquelarena a las advertencias que en 2018 le realizó al gobernador Arcioni. En un extenso reportaje concedido al sitio de noticias Red 43 de Esquel, dijo que «cuando uno escucha algunas declaraciones, parece que es una práctica bastante habitual, muchas veces tan habitual como difícil de probar porque cuando esas devoluciones de dinero se producen en forma efectiva y manual a veces es muy difícil probar».

En el caso de Torres Otarola, «muchas de esas cuestiones están bancarizadas, por lo cual las posibilidades de obtener pruebas son bastante más sólidas».

Miquelarena dijo luego que «uno escucha con bastante frecuencia que, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, hay muchísimos ‘ñoquis’. Lo cierto es que para eso hay determinados organismos que tienen que hacer auditorías; que tienen que denunciar estas cuestiones: y no es el Ministerio Público fiscal el que está facultado, ni con capacidades técnicas ni con recursos humanos suficientes como para ponerse a auditar los distintos ministerios ‘por las dudas’ de que existan ‘ñoquis'».

«Actuamos sobre denuncias concretas»

Miquelarena sostuvo que «nosotros actuamos sobre denuncias concretas o sobre noticias concretas de determinado hecho delictivo. No somos una entidad auditora de nadie: para eso hay otros organismos del Estado, que tendrían que tomar cartas en el asunto. Efectivamente, de demostrarse o de comprobarse que hay contrataciones absolutamente irregulares, se hacen las denuncias y ahí sí, no le quepa ninguna duda que nosotros vamos a intervenir».

En tal sentido, dijo que en 2018 efectuó las recomendaciones del caso al entonces ministro Coordinador, Sergio Mammarelli, quien curiosamente reapareció esta semana con duros cuestionamientos al gobierno de Arcioni.

«Me consta, porque una de las personas que intervino en esa reunión me lo hizo saber, que quien estaba de ministro coordinador, el doctor Mammarelli, convocó a todos los directores de Compras y de Administración de las distintas áreas de la provincia, les leyó el oficio, les recordó cuáles son las misiones y las funciones que debían tener y les advirtió también de que en caso de no hacerlo podrían llegar a tener consecuencias de responsabilidades administrativas, civiles o penales. Evidentemente, mucho caso no le hicieron ni a él ni a mí, porque a las pruebas me remito y hay algunas contrataciones que uno advierte, al menos en esta causa, que son la verdad, sorprendentes», concluyó el jefe de los fiscales de Chubut.

El gobernador Mariano Arcioni se refirió por primera vez este martes a la causa Torres Otarola, que investiga un presunto fraude al Estado por parte del Ministerio de Familia que conducía la exdiputada provincial, también investigada por supuesto enriquecimiento ilícito.

«Lo que sucedió en el Ministerio de Familia lo está investigando la Fiscalía -remarcó el gobernador-. Hasta ahora están los trascendidos porque no se ha demostrado nada. Que quede bien en claro que las personas que no trabajan conmigo no van. Puedo asegurar que todos los asesores que tenemos en el Ejecutivo están trabajando», enfatizó.

Arcioni aseguró que en su gobierno «aquellos que no trabajan, tienen que dar un paso al costado. El que es el responsable de esa área también tendrá que retirarse».

Detalló: «Yo tengo más de 40 asesores directos. En total, en Gobierno, hay 186 asesores. Toda la información está en el Internet y en los sitios oficiales. No hay ñoquis y si están ahora, se van a ir en un futuro. Quédense tranquilos. Logramos reducir en un 36% la Planta del Poder Ejecutivo», remarcó el gobernador de Chubut.

En las últimas horas, el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, remarcó: «Vamos a avanzar en las responsabilidades penales de quienes deben controlar dentro del Estado”. Luego de que en la causa “Ñoquis Calientes” se volvió a verificar un relajamiento en el armado de los legajos del personal de gabinete que había sido contratado por la ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, el procurador general advirtió que dado que el gobierno no hizo caso a las recomendaciones de la justicia, va a haber consecuencias penales para los funcionarios que no controlen.

El Fiscal General Omar Rodriguez confirmó que se investiga de manera preliminar a la actual ministra de Desarrollo Humano y Familia, Cecilia Torres Otarola, por la presunta retención de sueldos en su etapa como diputada provincial y por presunto ‘fraude al Estado’ a través de la supuesta contratación de ‘ñoquis’.

En diálogo con ADNSUR, el fiscal jefe de la Unidad de Delitos contra el Estado, precisó que se avanza en la recolección de elementos probatorios en torno a la denuncia que realizó Martín Sandoval (vecino y ex funcionario) de la actual ministra de Familia Cecilia Torres Otarola que también incluyen su etapa anterior como diputada provincial.

“Estamos recogiendo información para verificar si los dichos de Sandoval tienen sustento en elementos probatorios. Fuimos a la Legislatura, a la Dirección de Personal del Ministerio de la Familia y también a otros organismos para buscar la información correspondiente”, añadió el Fiscal.

“A partir de los dichos de Sandoval, surge que había una retención indebida de un porcentaje de los sueldos del Personal de Legislatura que se remitían a una secretaria de la entonces diputada», explicó, y agregó que también se investiga a personas que cobraban elevados sueldos y no eran de la zona. En tal sentido, constituiría un ‘fraude” advirtió Rodriguez.

Por otro lado, agregó que se relevan movimientos bancarios y que se pueden rastrear las rutas del dinero con bastante facilidad. Asimismo, dijo que se busca verificar la contratación de personas que no realizaron ninguna contraprestación y que cobraban sus haberes en un importante monto, y que hay dos casos puntuales que se han detectado en la oficina de legajos de personal del gobierno.

“Hay un asesor que cobró 340.000 durante este año”, dijo el funcionario judicial, y señaló que «detectamos a una persona de nacionalidad peruana, que cumple un cargo de asesor en el Ministerio de la Familia y no tiene domicilio en la zona», y que en realidad se dedicaría a hacer changas como jardinero en Buenos Aires. Indicó que este hombre «tampoco tiene sus registros de antecedentes penales ni chequeos médicos, y no cumple los requisitos formales» para integrar como personal del Estado Provincial, y «está certificado que esa persona cobró más de $340.000» de manera irregular.

Asimismo, agregó Rodriguez que también «se contrató a la madre de un ex funcionario que estuvo vinculado a las investigaciones en causas de corrupción». Se trata de una “cobertura” o “máscara” para abonarle al ex funcionario que es abogado y que «ocupó importantes cargos en los últimos años en el Gabinete provincial”.

La investigación, dijo Rodríguez, abarca a una serie de contrataciones por parte de cargos en el gobierno de un número llamativo de casos vinculados con el mismo grupo familiar, incluso relaciones de amistad, con un apellido que se repite mucho, según reconoció el fiscal.

Si bien aclaró que «todavía estamos en una etapa preliminar de recolección de evidencias información, especificó que se investiga un “fraude al Estado” por el presunto cobro de «dineros del erario público por servicios que nunca se realizaron” concluyó Rodriguez.