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Narcotráfico

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El juez federal de Comodoro Rivadavia, Enrique Guanziroli, pidió la detención de 14 condenados por integrar una banda narco que operaba en Trelew, Puerto Madryn y Comodoro. Habían sido sentenciados en abril de 2017 pero la pena quedó firme tras la confirmación de la Cámara de Casación Penal.

La orden ya se cumplió con Pablo Gabriel “Gaby” García, Gustavo Baltazar “Junior” Colil, Martín Sergio Ocampo y Walter Alberto “Pelo Duro” Torres. Algunos se entregaron y otros fueron capturados por la Policía.

Los diez que restan son Armando Segundo Enrique Tombesi, Beatriz Margarita “Betty” Ulloa, Néstor Eladio “Medio Pollo” Rojas, Hugo Orlando Villagra, Alejandro Rogelio “Tití” Silveira, Paola Andrea Vázquez, Silvia Rosa Seguel, Ramón “Rama” Vicencio, Inés Almandos “La Turca” Almonacid y César David “Colla” Siuffi.

La organización, compuesta en total por 19 personas, vendía cocaína y recibían hasta motos y autos en buen estado y sin deudas como pago. También actuaban en Río Negro y Santa Cruz. La primera condena fue del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.

La investigación se concentró entre enero del 2011 y abril del 2012, con cientos de conversaciones telefónicas interceptadas desde Villa Regina hasta Puerto Madryn, Trelew, Comodoro, Rada Tilly y Caleta Olivia.

El estupefaciente llegaba del norte del país. La banda guardaba, fraccionaba y transportaba la droga en su circuito comercial en esas ciudades.

La causa comenzó por una denuncia anónima en la División Especial de Investigaciones Policiales de Trelew, que acusó a una pareja de vender estupefacientes en su domicilio de Pedro Derbes al 200.

Se detectó un “grupo cerrado”, pues la venta no se daba por típicos pasamanos o en la vía pública, sino que por contacto de conocidos, para entregarles la droga en delivery. Se observó tráfico al menudeo y en “kioscos”. Se revelaron ramificaciones con otros sujetos de prontuario y en otras provincias. Incluso hubo allanamientos frustrados porque la data de los operativos se filtró a los investigados.

Se descubrieron contactos en Fortín Dragones, Salta; y en Cipolletti, General Roca, Lamarque y Las Grutas.

Según el fallo, los involucrados ocultaban la droga enterrándola, depositándola en casa de gente sin antecedentes y moviéndola en vehículos precedido por otro que detectaba y avisaba los controles policiales. “Lo verdaderamente sorprendente no fue no hallar estupefacientes o pocos, sino justamente lo contrario, es decir encontrarlos”.

El grupo sólo negociaba con personas de su entorno con arreglos telefónicos y mensajes de texto. Por eso los frecuentes cambios de chips de los investigados.  “Hubo un plan racional y encubierto destinado a lograr ganancias en las ciudades patagónicas de su aplicación, incluso en especie, que a veces se derivaron a otros lugares”, escribieron en la condena original los jueces Enrique Guanziroli, Pedro de Diego y Nora Cabrera.

Los celulares se usaban y se tiraban, y la droga se guardaba fraccionada para venderla rápido en dosis aptas. El circuito incluyó “sitios de discreción para sus encuentros, cercanos al lugar de expendio, ya que en este tipo de transacciones se abona al contado, aunque la sagacidad de los involucrados admitió el pago en especie, -rodados- como la mejor modalidad para pasar desapercibidos y asegurar sus ganancias”. Algunos escondían las sustancias, otros la preparaban para el expendio y traslado seguros, y otros cobraban.

Por confabulación habían sido condenados Néstor “Caíto” Ferraro y Gustavo Colil a dos años de prisión. Por comercio agravado, César Grosso, Juan “Momia” Almandos Almonacid y Marcelo “Manzanita” Villagra a tres años de prisión y Paola Vázquez, a cuatro años de prisión.

Walter Torres, Martín Sergio Ocampo y Ramón Vicencio fueron sentenciados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización a cuatro años de prisión. Eladio Rojas a cinco años de prisión y Silvia Seguel, 4 años y 6 meses de prisión, ambos por comercio de droga.

Por comercio agravado fueron condenados Walter Rodríguez, a siete años de prisión; Beatriz Ulloa a seis años; Hugo Villagra a siete años y el expolicía Alejandro Silveira a seis años de prisión.

También por comercio agravado, en 2017 Pablo García, Armando Tombessi y César Siuffi fueron sentenciados a 6 años de prisión y a Inés Almandos “La Turca” Almonacid a 6 años y 6 meses de prisión.

Para quienes se cumpla el pedido de detención se hará el cómputo de pena para descontar el tiempo que ya estuvieron en prisión preventiva o, si sus condenas son bajas, gozar de la libertad condicional.

La causa tenía otros dos involucrados que fueron asesinados con dos días de diferencia: Marcelo Roque Grosso fue acribillado por un encapuchado en Catriel el 1º de mayo de 2015, y a Diego Monsalves lo mató en Trelew Alejandro “El Gordo” Jara, el 3 de mayo del mismo año.

 

 

Diario Jornada

Procuradores y defensores de toda la Argentina se expresaron en favor de las políticas y acciones que llevan adelante el Ministerio Público de la Acusación y jueces de la provincia de Santa Fe, ante condicionamientos de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Asimismo pidieron a la ciudadanía en general y a los actores sociales en general, a que expresen su repudio de manera similar destacando que “el silencio a la inacción deben ser leídos como actos de complicidad”.

El comunicado indica textualmente: “El Presidente del Consejo Federal de Política Criminal Pablo López Viñals  y el presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina Mario Bongianino, acordaron una declaración de ambos consejos. Ambas asociaciones se pronuncian textualmente respecto al intento de condicionamiento del trabajo de los miembros del Ministerio Público de la Acusación (M.P.A.) y magistrados por parte de organizaciones criminales especialmente dedicadas al narcotráfico:

I) Que no vamos a caer en el lugar común de exigir a otros poderes del Estado garanticen la seguridad de aquellos, pues lo damos por descontado en tanto nos anima igual finalidad. Hoy más que nunca somos todos estado y garantes de la lucha contra el crimen organizado.

II) Que sí queremos convocar a los ciudadanos a la toma de conciencia en el sentido que, en esta oportunidad, está en juego la viabilidad de la vida en sociedad, del valor vida, el futuro de nuestras nuevas generaciones.

III) Que el silencio o la inacción por parte de quienes tienen la oportunidad de decir o actuar deben ser leídos como actos de complicidad, comprendiendo ello a la totalidad de los actores sociales.

IV). Que ambos Consejos declaramos estar junto a miembros del M.P.A., Magistrados y fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe, se comprometen al más circunstanciado seguimiento de la situación e invitan al pronunciamiento unánime de las instituciones, haciendo saber de su decisión de convocarse en plenario a esa jurisdicción en apoyo del derecho y la justicia cuando se entienda necesario”.

La Justicia provincial reiteró que la competencia para investigar la desaparición de Gastón “Pitranca” León debe ser del fuero federal ya que el caso está vinculado al comercio y tráfico de estupefacientes.

“Todos los caminos conducen a la existencia de la desaparición de León a manos de personas, sean unas u otras, que se dedican al narcotráfico y al comercio de estupefacientes y cierto es también, que debido al tempo que sientes las personas que tienen algún conocimiento del asunto, no están dispuesto a brindar información exponiéndose a cualquier represalia”, sostuvo en su resolución la jueza penal Stella Eizmendi, quien invitó al juez federal Gustavo Lleral “a trabar contienda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de que allí se dirima la cuestión planteada”.

León desapareció el pasado 24 de Mayo a la tarde. Según “toda la información recabada surgen diversas líneas investigativas que se encuentra abiertas, entre ellas la sustracción o retención de Gastón León por personas vinculadas al narcotráfico y por motivos desprendidos de este tipo de organización criminal”, indica la resolución.

Eizmendi reiteró que “las pesquisas investigativas de las que se ha valido para llevar adelante el esclarecimiento del asunto que tiene entre manos, y en ese derrotero es que han surgido caminos que llevan indefectiblemente a la existencia de la comercialización de estupefacientes”

La jueza aclaró que no puede la Justicia Provincial “investigar estas estructuras jerárquicas (vinculadas al narcotráfico) ya que carece de los medios e instrumentos para hacerlo, sino que además no debe hacerlo pues se estaría provocando una injerencia que le está vedada”.

Finalmente, en su resolución Eizmendi resolvió “sostener la incompetencia de la Justicia ordinaria en relación al hecho reseñado supra conforme los fundamentos obrantes en los considerandos, debiendo remitirse el presente legajo de investigación con las actuaciones llevadas a cabo por ante la Unidad fiscal local, al Sr. Juez Federal de Primera Instancia de la ciudad de Rawson, invitando a Vuestra Señoría a trabajar contienda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de que allí se dirima la cuestión planteada.

El Procurador General, Jorge Luis Miquelarena, fue convocado por los ministros Patricia Bullrich y Germán C. Garavano para participar de una reunión de trabajo del plan “Argentina sin narcotráfico”. A las 14:30 hs. Patricia Bullrich, Eduardo Casal y Germán Garavano, dirán las palabras de apertura. A las 15:30 hs. las autoridades asistentes se organizarán en mesas de trabajo. 
El plan consiste en una serie de compromisos, organizados en seis capítulos. El primer capítulo refiere a los objetivos operativos, señalando como compromisos: la erradicación del paco; la presencia activa y dinámica de las fuerzas federales y provinciales en todo el país; de recuperación para el Estado de los bienes provenientes del narcotráfico; compromiso para la identificación y persecución de bandas narcotraficantes; compromiso para el desarrollo y la integración de Grupos Especiales Mixtos; compromiso para el desarrollo de tecnología para el combate al narcotráfico, compromiso para la integración del Consejo Federal de Precursores Químicos.
Los objetivos instrumentales fueron reunidos en el segundo capítulo que compromete la formación y capacitación de los oficiales, jefes principales y funcionarios asignados; compromiso hacia la convergencia de un modelo estadístico del narcotráfico; compromiso para la conformación de un mapa georreferenciado del narcotráfico; y compromiso para la federalización de los acuerdos internacionales suscritos por el Estado Nacional.
El tercer capítulo se refiere a la prevención y el abordaje integral de las adicciones, comprometiéndose a: la accesibilidad de los servicios; evitar la baja de la edad del consumo; colaboración activa en campañas de concientización; colaboración activa en la reinserción socio-laboral para personas con consumo problemático de sustancias; articulación intergubernamental e intersectorial; desarrollo de estrategias de reducción de la demanda con una perspectiva de salud pública; no criminalización del consumo y de las adicciones; participación activa en la generación y actualización de estadísticas sobre consumo de sustancias; y compromiso para revertir la pirámide de inversión asistencia-prevención.
Los objetivos para garantizar la transparencia, fueron citados en el capítulo cuarto y refieren al compromiso para homologar un modelo de control de integridad para funcionarios público y fuerzas de seguridad que luchan contra el narcotráfico.
El quinto capítulo es el relativo a los objetivos de cooperación con la Justicia y el Poder Legislativo. Se propone hacer más dinámica y efectiva a la lucha contra el narcotráfico.
El último capítulo fija como objetivo la participación de la sociedad civil. El Estado se compromete a incorporar a los actores sociales en la persecución contra el delito del narcotráfico y el abordaje integral de las adicciones.
Gastón “Pitranca” León fue visto por última vez el mes pasado. La causa pasará a la Justicia Federal porque se sospecha vinculación del narcotráfico en su desaparición.
La causa por la denuncia de la desaparición de Gastón León será investigada por la Justicia Federal. La jueza Stella Eizmendi decretó la incompetencia del fuero provincial y la causa pasará al Juzgado Federal de Rawson, quien deberá aceptar la competencia.
El hecho, a nivel provincial, inicialmente había sido caratulado como “averiguación de paradero”. La jueza Eizmendi dictaminó a favor de la solicitud de los fiscales para que pase al fuero federal, ya que existen sospechas de vinculación del narcotráfico en la desaparición. Ahora, el juez federal deberá aceptar o declinar la competencia.
León (31) fue visto por última vez el pasado jueves 24 en horas de la tarde. El expediente indica textualmente que “surgen diversas líneas investigativas que se encuentran abiertas, entre ellas (hoy con más solidez) la sustracción o retención de Gastón León por personas vinculadas al Narcotráfico y por motivos desprendidos de este tipo de organización criminal”.
La resolución de Eizmendi, firmada el pasado viernes, resuelve “declarar la incompetencia de la justicia ordinaria en relación al hecho reseñado supra, conforme los fundamentos obrantes en los considerandos que hago míos, debiendo remitirse el presente legajo de investigación con las actuaciones llevadas a cabo ante el Sr. Juez Federal de Primera Instancia para su radicación definitiva”. La Justicia Federal ahora deberá aceptar formalmente el expediente.
La “desaparición” de León se podría deber, según los informes policiales, a una confusión por parte de narcotraficantes con otra persona, similar a León, que les habría intentado robar drogas y dinero. La hipótesis es sostenida por allegados y familiares, quienes afuera del Ministerio Público Fiscal el pasado 30, agredieron a una persona al que le decían “hablá, hacete cargo, todo esto es por tu culpa ¿dónde lo tienen? Vos sabés donde está”.

Menna dijo que el FPV «aseguró la impunidad de la corrupción que hoy sale a la luz en Chubut»

El diputado nacional de Cambiemos, Gustavo Menna, cuestionó enérgicamente el rol de los diputados provinciales Gabriela Dufour y Blas Meza Evans.

A la legisladora del FPV le atribuyó «regalarle» $ 10 millones a una empresa pesquera vinculada con el narcótrafico. Al exfiscal de Estado le achacó la pérdida de $ 5.000 millones por desistir de los juicios contra la Nación.

Menna respondió a cuestionamientos realizados por Meza Evans y Dufour en la última sesión de la Legislatura provincial.

Gustavo Menna

«Hoy nos quieren hacer creer que no son lo mismo, pero estuvieron todos juntos para asegurar la impunidad de la corrupción que hoy sale a la luz en Chubut», aseveró.

El legislador nacional de Cambiemos evidenció que tanto el Frente para la Victoria como Chubut Somos Todos «son de origen justicialista» y gobernaron de manera ininterrumpida a la Provincia desde el año 2003, «con lo cual el mayor nivel de responsabilidad de la crisis es local, y no nacional».

Personalizando las críticas, Menna remarcó que Meza Evans, Dufour y el FPV en general «son parte del problema en que está la Provincia. Claramente no son la solución. Aunque ahora pretendan decir que quieren aportar, en sus acciones se evidencian otras intenciones».

El dirigente radical recordó que en la gestión de Dufour como ministra «les eximieron a las petroleras pagar el impuesto de sellos de esos mismos contratos, perdonándoles millones de dólares. Los mismos que ahora, demagógicamente, quieren ponerles impuestos».

DESISTIO DE JUICIOS

Blas Meza Evans

Menna dijo que el ahora diputado provincial «firmó un convenio con la Asociación de Magistrados tan desastroso y chapucero que jamás se pudo cumplir y dio lugar a más juicios, ejecuciones y embargos que todavía no encuentra solución y que hasta ahora han generado una erogación de más de $ 500 millones», recordó Menna.

Producto de eso, el diputado nacional resaltó que la Provincia «afronta hoy un juicio multimillonario por los honorarios que reclaman los abogados que patrocinaban a la provincia en los juicios contra la Nación que desistió Meza Evans».

Además, como fiscal de Estado «desistió de juicios contra la Nación por más de $ 5.000 millones, que con intereses, hoy serían más de $ 10.000 millones, es decir, un cuarto de un presupuesto anual de la Provincia. Y todo a cambio de nada. Sin negociar ningún reconocimiento a cambio de parte de la Nación y solo por seguidismo partidario a Cristina Kirchner».

Martin Buzzi – Cura Segundo

CREDITO REGALADO

Menna también aludió a Dufour, a quien describió como «la ministra que le regaló $ 10 millones a una empresa pesquera vinculada al narcotráfico», en alusión al crédito exprés otorgado, a través de Corfo, a la entonces Alpesca, que era propiedad de «Cura» Segundo.

En línea con la idea del presidente Mauricio Macri de avanzar en el plan de incorporar a las Fuerzas Armadas a la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico, el Gobierno dispuso hoy que en los próximos meses serán trasladados 4.000 efectivos militares a la zona norte de la frontera para brindar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad. 
Según confirmaron a Infobae fuentes calificadas de la Casa Rosada, la intención de Macri es reforzar toda la frontera de Salta a Misiones con efectivos militares que trabajen en conjunto con la Gendarmería.”Hay que avanzar en el plan estratégico de seguridad con apoyo militar para frenar el narcotráfico y este es un hecho concreto: el traslado de militares a las fronteras para custodiar los pasos ilegales de frontera”, dijo una alta fuente de la Casa Rosada a Infobae.
De esta manera, en una primera etapa habrá 1.000 efectivos del Ejército que harán apoyo logístico a los gendarmes que ya están colaborando en las provincias del norte, y en los sucesivos meses se sumarán otros 3.000 de la Armada y la Fuerza Aérea.
Así se resolvió ayer tras una reunión que mantuvo Macri, donde participaron el Jefe de Gabinete Marcos Peña, y los Ministros de Defensa Oscar Aguad y de Seguridad Patricia Bullrich, a la vez que estaban los referentes de las tres Fuerzas Armadas, de la Gendarmería y el secretario de asuntos estratégicos del gobierno Fulvio Pompeo.
En esa reunión se avanzó en la organización y despliegue de las FFAA para brindar colaboración y apoyo a las fuerzas de seguridad en la frontera norte del país. Esto no implicará, como adelantó ayer Infobae, que las Fuerzas Armadas transferirán su personal a las fuerzas de seguridad. Solo harán apoyo logístico de movimientos de equipos, camiones y helicópteros.
“Con la atención puesta en los pasos limítrofes ilegales, se están definiendo acciones conjuntas para cubrir el territorio desde Salta a Misiones, con dotación de personal que se incorpore gradualmente y rotación periódica, a efectos de tener mayor presencia de las instituciones del estado”, dijeron desde el ministerio de seguridad.
En la reunión se evaluaron también otras alternativas de apoyo de las Fuerzas Armadas a la seguridad y a la lucha contra el narcotráfico. No está definido aún si se emitirá un decreto que elimine la norma 727/2006 que en su momento emitió Néstor Kirchner para reclamar la ley de defensa en la cual se dispuso taxativamente que las Fuerzas Armadas solo podrán actuar contra un ataque de un Estado. Por ahora no hay definiciones legales de cómo se actuará en el apoyo pleno de los militares con las fuerzas de seguridad.
Analisis Digital
El presidente Mauricio Macri encabezará, junto a jueces federales de todo el país y la Corte Suprema de Justicia, la jornada “Argentina sin narcotráfico”, en la que se presentará un proyecto que contempla la creación de 94 nuevos juzgados federales. 
La cita será desde las 14.15, en el Centro Cultural Kirchner (CCK), y tiene lugar luego de que el primer mandatario regresara de Canadá, donde participó de la reunión del G-7.
En el encuentro, el ministro de Justicia, Germán Garavano, presentará el proyecto de ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal, que prevé especializar y ampliar el despliegue territorial aumentando la cantidad de jueces y fiscales dedicados al combate del narcotráfico.
Más tarde, a las 15.15, está previsto un encuentro con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en tanto que a las 16 Macri presidirá una reunión de seguimiento de gestión del ministerio de Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley, ambas en la Casa Rosada.
Ambito
El Gobierno nombrará a casi 100 nuevos jueces federales en todo el país el próximo año. Será mediante concursos públicos y orales, que no deberán durar más de seis meses y que serán transmitidos en vivo por Internet, con la declamada intención de reforzar la lucha contra el narcotráfico en las zonas de frontera.
La iniciativa tiene la forma de un proyecto de ley que ingresó el jueves pasado en el Senado con la firma de Federico Pinedo y Luis Schiavoni, de Pro; de los radicales Luis Naidenoff, Ernesto Martínez y Silvia Elías de Pérez, y del peronista Rodolfo Urtubey. El amplio acuerdo político que no existe para los temas económicos se convirtió en un hecho en materia de seguridad.
El proyecto será anunciado pasado mañana en una reunión encabezada por el presidente Mauricio Macri y el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti , que tendrá lugar en el Centro Cultural Kirchner y que contaría con la presencia de más de 15 gobernadores, entre ellos, María Eugenia Vidal, que ya confirmó su presencia.
Con este proyecto se propone cubrir una falencia en el funcionamiento de la Justicia Federal del interior, desbordada de causas y con falta de magistrados. De hecho, el 40% de los cargos de jueces federales del interior del país está vacante y, de ellos, el 60% están en zonas de frontera.
El plan prevé que los juzgados federales del interior, que en su mayoría reúnen en un solo juez múltiples secretarías con diversas especialidades (penal, civil, laboral, previsional, contencioso), alberguen el trabajo de más de un juez. Así, cada secretaría será elevada al rango de juzgado y se le dará al juez la posibilidad de elegir con qué especialidad se queda. En el resto serán convocados concursos para elegir un juez para las otras especialidades.
Esos concursos, según la nueva ley, deberán estar listos en seis meses y tendrán una sola instancia de examen que será oral. Se transmitirán en directo por Internet y se corregirán en vivo para ahuyentar suspicacias.
La consecuencia técnica de esta decisión es la creación de 94 nuevos juzgados que se sumarán a los 116 existentes en todo el país.
Se distribuirán la mayoría en la frontera del noroeste (Salta y Jujuy), por donde ingresa la cocaína; en las provincias del noreste (Corrientes, Misiones y Chaco), por donde ingresa la marihuana, y en la zona central, que abarca Córdoba y fundamentalmente Rosario, epicentro del narcotráfico mafioso.
En el NOA la cantidad de jueces federales se incrementará un 121% con la llegada de 17 nuevos funcionarios. En el NEA el crecimiento será del 100% con el ingreso de 23 nuevos jueces, y en el centro el incremento será del 78%, con 14 nuevos jueces.
En la provincia de Buenos Aires, donde se da el 51% de las causas de drogas del país, habrá 16 nuevos jueces federales, un 67% más que los existentes.
El colapso de la Justicia Federal en el interior alarma: en el NEA hay casi 57.000 causas en trámite y solo 457 sentencias. Allí se sumarán 23 nuevos jueces federales.
En el NOA hay 38.800 causas en trámite y solo 321 sentencias, mientras que en Rosario y Córdoba hay 16.007 causas y solo 211 sentencias.
Los números consideran no solo las causas penales, sino las de todos los fueros. Faltan jueces que tomen decisiones.
Los que se destacan son los casos penales, pero también los previsionales y la reparación histórica. Hay en el interior muchos recursos de amparo por cuestiones de salud, reclamando tratamientos o medicamentos. Estos son los casos en los que hay mayor demanda de justicia.
Este estudio de lo que hay y lo que hace falta lo realizó en los últimos dos años Juan José Benítez, subsecretario de Política Criminal, tras recorrer con su equipo todo el país y relevar las causas. Así se establecieron las prioridades.
“Estamos buscando el fortalecimiento del sistema penal en las provincias y preparándonos para la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que contempla la oralidad. Comenzamos a fin de año en Salta y Jujuy”, explicó Benítez.
Desde el punto de vista político, la llegada de nuevos jueces federales en el interior se traducirá en licuar el poder de los únicos jueces federales actuales, pero por otro lado abre una negociación política con los gobernadores y la Casa Rosada. No por nada fueron presentados en el Congreso, desde 2008, 114 proyectos de ley para la creación de juzgados federales en todo el país.
El gasto que demandará la puesta en funciones de casi 100 nuevos jueces federales será de unos 363 millones de pesos; 180 millones de pesos menos de lo que significaba poner en marcha el Código Procesal Penal con los 220 cargos que proponía crear el kirchnerismo.
“Pretendemos ayudar a los jueces del interior, apoyarlos para que puedan trabajar en casos penales, previsionales y contenciosos”, dijo Benítez.
El proyecto no incluye ni una letra sobre los jueces federales de Comodoro Py 2002. En el Gobierno creen que ahí no hay necesidades. De hecho, hay una sola vacante: el juzgado que ocupaba Norberto Oyarbide. Los federales de Comodoro Py no verán licuado su poder.
La Nación

Durante la gestión de Ricardo Echegaray , la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ) incorporó al contador del Rey de la Efedrina y lo envió a trabajar a Orán, la ciudad del narcotráfico y del contrabando, según consta en múltiples documentos judiciales y de la AFIP a los que accedió LA NACION.

Para el momento en que la AFIP lo incorporó a su planta permanente, el contador Roberto Guerini ya había sido detenido en 2008 como parte del entramado que rodeaba a Mario Segovia, el llamado Rey de la Efedrina . Así, la AFIP no podría alegar desconocimiento de esta situación. Guerini fue indagado en 2011 y desde entonces circula de manera recurrente por tribunales. Hasta que lo procesó la Justicia en 2017 por su presunto rol en el narcolavado.

El ingreso de Guerini a la AFIP permaneció en las sombras desde 2015, pero abogados del organismo solicitaron a la Justicia durante las últimas semanas que investigue la posible manipulación de los exámenes de ingreso. Quieren determinar si Guerini cumplió con todos los pasos exigidos por ley o si alguien lo infiltró para luego enviarlo cerca de la frontera con Bolivia.

La Nación