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La niña de 4 años que murió el jueves a raíz de una brutal golpiza recibida en una casa del barrio Alta Tensión de Puerto Madryn presentaba lesiones provocadas en las horas previas a su deceso, pero también “otras que de días anteriores” informó hoy a Cadena Tiempo el Fiscal Jorge Bugueño.

El caso tendrá este mediodía su audiencia de apertura de investigación, en la cual se imputará formalmente del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento a una mujer de 19 años que se encuentra detenida y para la cual van a pedir la continuidad de la prisión preventiva.

Bugueño dialogó con Cadena Tiempo sobre el hecho y aseguró que a modo de adelanto de información se puede confirmar que “hay una persona detenida, es una femenina, mayor de edad y pareja de la madre de la nena, que hoy va a ser imputada por homicidio agravado, tanto por ensañamiento como por alevosía, y las circunstancias que rodearon al hecho”.

El funcionario de la fiscalía indicó que “se encontraban dos niños menores al exclusivo cuidado de esta mujer, cuando luego aparece la menor golpeada en distintas partes del cuerpo, de modo casi salvaje y con el auxilio de un vecino la llevaron al hospital donde fue revisada, fueron constatadas todas estas lesiones y fue trasladada al Hospital de Trelew, donde fallece cerca de las 16:30”.

En cuanto a si existían datos que pudieran confirmar un maltrato anterior, Bugueño fue cauto al decir que todavía no contaba con elementos para confirmarlo, pero al mismo tiempo indicó que del informe médico “había lesiones de reciente data, de escasas horas, pero habían otras que eran de días anteriores y en eso vamos a trabajar, en el tiempo”.´

Respecto a un posible abuso sexual, señaló que “por el momento tenemos que descartarlo, de acuerdo a lo que tenemos como información oficial del médico forense, es sin signos de abuso”, más allá que hoy se practicará la autopsia y se realizará un informe con mayor profundidad.

Sobre la investigación contó que se concretó un allanamiento en el domicilio donde residía la menor, “y se secuestraron algunos elementos que consideramos de interés, pedimos las pericias correspondientes y vamos seguir sumando elementos”.

Estado de shock

“La madre no se encontraba en el domicilio en su momento, luego se enteró lo que había pasado, y está en estado de shock” dijo el investigador y contó que la misma había salido por cuestiones particulares, “y cuando estaba volviendo a su domicilio la paran unos vecinos y le comentan lo que había pasado. Ahora estamos con el servicio de asistencia a la víctima también asistiéndola, para que atraviese lo mejor posible más allá del luctuoso hecho todo lo que viene hasta ahora” indicó Bugueño.

El fiscal confirmó que la víctima convivía con la pareja de mujeres y en el caso del otro menor “se encuentra en buen estado de salud, con medida judicial e intervención del minihogar y el servicio de protección”, así lo informó Diario Jornada.

Desde el Juzgado N°8 ordenaron la excarcelación del efectivo a pesar de la oposición de la fiscal.

En la tarde del miércoles ordenaron liberar al policía Esteban Armando Ramírez, de 42 años, quien se encontraba detenido luego de provocar la muerte de Jorge Martín Gómez, de 40 años, al pegarle una patada en el pecho en medio de un entredicho que tuvo lugar en el barrio de San Cristóbal.

Yamile Bernán, jueza del Juzgado Nº8, fue quien ordenó la excarcelación del efectivo policial. La funcionaria judicial tomó la medida a pesar de la oposición de la fiscal, al considerar que el policía podía entorpecer la causa si quedaba en libertad.

De acuerdo a lo que se comunicó en el texto de la excarcelación, Bernánconsideró que no existen razones para creer que “el imputado eludirá el accionar de la justicia o entorpecerá la investigación” por lo que determinó su inmediata “excarcelación bajo caución juratoria”.

La defensa del miembro de la fuerza de seguridad, que está representado legalmente por Raúl Alcalde y Manuel Ramallo, dijeron que intentarán lograr el cambio de carátula, que en la actualidad se trata de “homicidio preterintencional”, así lo informó canal 9 Comodoro.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad porteño decidieron que Ramírez sea separado de sus tareas habituales para realizar funciones administrativas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió al policía al brindar una entrevista a Radio La Red: “Ramírez estaba protegiendo a los ciudadanos de una situación amenazante, ese es el marco general que hay que plantear, lo quiso reducir, pero no matar”.

Luego, la funcionaria consideró que el agente podría haber actuado de otra manera, pero reiteró su política de “defender a los que defienden a los ciudadanos”.“¿Qué pasaba si esa persona mataba a alguien y había un policía al lado?”, se preguntó.

La fundación Serving His Children (SHC) instaló en 2010 un centro para el tratamiento de la desnutrición infantil en Jinja, Uganda, donde se practicaba hidratación endovenosa, la oxigenación y hasta se hacían transfusiones de sangre.

Jinja es un nodo para los voluntarios estadounidenses. A orillas del lago Victoria, la ciudad está rodeada de villas rurales en extremo pobres. El sitio es tan popular entre las iglesias evangélicas, de donde cada año viajan muchos jóvenes misioneros, que es el escenario de Kisses From Katie, un best seller entre esos grupos religiosos, así lo informó Telefe Noticias.

«Se cometieron errores y se aprendieron lecciones, pero esos errores y lecciones nunca tuvieron como consecuencia daño a individuos», dijo la misionera a NBC News. Sin embargo, de los 940 niños ugandeses que de 2010 a 2015 pasaron por las camas de SHC, murieron 105.

La documentación interna de SHC reconoce 119 muertes entre 2010 y 2018, pero no las vincula con las prácticas del lugar, según confirmó al canal David Gibbs, abogado de Bach.

Hace diez años, cuando dejó su hogar en Virginia, Estados Unidos, para establecer SHC en Jinja, al este de Uganda, Bach había recibido su diploma de secundario —que había estudiado en su casa, no en un establecimiento público— y un certificado de resucitación cardiopulmonar (RCP). No tenía entrenamiento médico.

Registró sus experiencias en un blog, que ya no se encuentra en línea.

Gibbs, el abogado de Bach, enfatizó a NBC News que su defendida «nunca se presentó a sí misma como médica o enfermera, sino que hizo que el cuidado nutricional que brindaban los profesionales de la salud fuera más accesible para las familias en zonas rurales».

La abogada de derechos civiles Primah Kwagala, directora de Iniciativa Ad Honorem para Mujeres, comenzó un juicio contra Bach en nombre de Gimbo Zubeda y Kakai Annet, las madres de dos niños que murieron en las instalaciones del SHC, Tawali e Elijah.

La demanda alega que Bach operaba una institución médica ilegal, lo cual dio como resultado la muerte de esos dos menores y «cientos» de otros.

Bach lamentó que la publicidad que recibió el caso en Uganda la forzara a regresar a Estados Unidos: «Recibía amenazas de muerte todo el tiempo», dijo a NPR. En 2014 ella obtuvo una licencia sanitaria para su centro, pero al momento de la primera denuncia, en 2015, se había vencido.

La convocatoria estuvo a cargo de los hermanos del tatuador, quienes pidieron el esclarecimiento del caso, ya que para ellos hasta ahora no tuvieron respuestas y todavía no se sabe qué fue lo que verdaderamente pasó el momento que la víctima murió, ni tampoco cómo ocurrieron los hechos.

Acompañado de cientos de personas, y sobre un escenario con la cara de Maldonado en grande, Sergio aclaró que hoy no se «cumplen dos años de la muerte de Santiago sino de la desaparición forzada», al mismo tiempo que explicó que hasta ahora no se ha podido precisar con exactitud la fecha del fallecimiento de su hermano, por lo que pidió que la causa no se cierre para poder seguir con la investigación, así lo dijo Big Bang News.

Los primeros en llegar a Plaza de Mayo arribaron cerca de las 17, y una hora después comenzó el acto donde los familiares y las organizaciones de derechos humanos recordaron al joven fallecido.

«El principal responsable de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago es Mauricio Macri. Con su silencio e indiferencia legitima la violencia que imparte a través de su ministra de Seguridad», aseguró Sergio Maldonado, quien además explicó que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich «incumplió en su deber de prevenir para que no sucediera la represión que terminó con la desaparición de Santiago».

En la marcha que se hizo en 2018 por Santiago Maldonado hubo varios detenidos y corridas en las inmediaciones de Plaza de Mayo, por lo que para esta movilización el hermano del joven fallecido pidió que las cosas se desarrollen con tranquilidad. Aunque no hubo forcejeos en esta oportunidad, al terminar el acto un grupo de encapuchados pintó las paredes del Cabildo con inscripciones en contra del Gobierno Nacional y las fuerzas de seguridad.

En diálogo con el canal C5N, Sergio agregó que lo que más quiere es que «mañana se empiece a investigar», mientras que además le agradeció a todos los presentes por el apoyo y la compañía. «Toda la gente que vino no permite la impunidad, lo de Santiago es una deuda que tienen. Es un mensaje para el Gobierno de que lo de Santiago no fue un invento de los organismos, realmente fue un desaparecido durante 78 días y el Estado es el responsable de su muerte», sostuvo.

Según informó el juez federal Gustavo Lleral tras la autopsia realizada en el cuerpo del artesano, la muerte se produjo el 1° de agosto de 2017 por «asfixia por sumersión ayudada por hipotermia».

El joven participó ese día del piquete de los mapuches en la Ruta Nacional 40 para reclamar la liberación de su líder Facundo Jones Huala, y Gendarmería los reprimió, los corrió hacia el Pu Lof Cushamen y los arrinconó en el río Chubut, donde después de 78 días apareció el cuerpo de Santiago Maldonado.

El estanciero que encontraron muerto con una fractura de cráneo en la estancia Peninsula Chacabuco cerca de Tres Lagos, es Ricardo Andrade, uno de los 13 hermanos dueños de la histórica propiedad ubicada junto al Lago San Martín, confirmó La Opinión Austral en su edición impresa de hoy.

El lunes a la tarde un peón de un campo lindero encontró el cuerpo del ganadero Ricardo Andrade con una herida visible en la cabeza que se presume que sería un hacha o similar y que le produjo una fractura expuesta de cráneo.

Por orden del juez de instrucción de El Calafate, Carlos Narvarte, el lugar quedó preservado hasta que lleguen profesionales para avanzar en las pericias de la investigación.

Ricardo Andrade vivía en la estancia de su familia ubicada a 90 kilómetros de Tres Lagos desde hace años y con muy poco contacto con la ciudad. Según lo describe la Revista Aire, Don Ricardo tenía las manos curtidas, porte trabajado por los años de campo y unos profundos ojos azules.

La casa de la estancia es una construcción de machimbre de raulí pintado, sobre una ladera que mira a uno de los brazos del lago. Las formas, los olores, colores y la decoración están detenidas en el tiempo, detalla la revista.

Esa publicación del año 2017 afirma que Ricardo Andrade, llevaba 40 años sin «bajar» al pueblo y que su contacto con el afuera eran las visitas de familiares, amigos y puesteros de otras estancias.

Es la misma casa que habitaron sus padres y hermanos. Al menos hasta hace 2 años vivía junto a su hermana Doña Luisa quien decidió volver a la estancia luego de tener su familia, vivir en el pueblo y enviudar.

La estancia Península Chacabuco fue fundada por los padres de Ricardo y Luisa en 1920. Llegados de España y Alemania o (Gran Bretaña) tuvieron en la estancia sus 13 hijos, 8 varones y 5 mujeres.

 

La Opinión Austral

El ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica, confirmó este sábado el rescate con vida de uno de los tres mineros que quedaron atrapados en la mina San José Tocopilla, en tanto que indicó que otro de los trabajadores fue hallado sin vida mientras que el tercero está desaparecido.

“Lamentablemente uno de los 3 mineros está fallecido y un tercero aún sigue desaparecido”, escribió en su cuenta de Twitter, donde indicó que no bajarán los brazos hasta encontrarlo.

El hombre rescatado fue identificado como Leonardo Condori (62).

 

Los mineros quedaron atrapados a una profundidad que iría de los 100 a los 170 metros porque el derrumbe se produjo a 100 metros bajo tierra. Inicialmente había informado que estaban a unos 70.

Los rescatistas intentaron fragmentar la roca de unas dos toneladas que obstruye el camino, pero fracasaron, por lo que de madrugada empezaron a trabajar con minicargadores para retirar material de una bifurcación para acercarse.

Las autoridades fueron alertadas por un familiar de una posible situación irregular ante la tardanza de su regreso.

 

El recuerdo de los 33

El accidente trajo a la memoria otro derrumbe que hace nueve años atrapó a 700 metros de profundidad a 33 mineros que fueron rescatados con vida después de 69 días. Coincidentemente el yacimiento también se llamaba San José.

Entre los 33 mineros atrapados en el derrumbe de 2010 había uno de nacionalidad boliviana.

No están claras las razones por las que los tres ingresaron a mina.

Se trata del cuarto accidente —el primero mortal— ocurrido en Mallorca en apenas una semana. Los otros tres se registraron ayer, el miércoles y el viernes de la pasada semana.

Un turista británico de 20 años murió en la ciudad española de Mallorca, tras haberse precipitado desde el segundo piso del hotel en el que se alojaba.

Se trata del cuarto accidente —el primero mortal— ocurrido en Mallorca en apenas una semana. Los otros tres se registraron ayer, el miércoles y el viernes de la pasada semana.

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha pasado a hacerse cargo de la investigación del suceso, para determinar las causas exactas de lo ocurrido. Los únicos datos seguros que se conocen hasta ahora es que la víctima se encontraba pasando unos días de vacaciones en Mallorca junto con unos amigos.

En búsqueda de adrenalina, hacer “balconing” se convirtió en una tendencia entre algunos jóvenes que se extendió por varias ciudades de Europa. Esta práctica, que pone en riesgo sus vidas, consiste en saltar entre los balcones de un hotel, un edificio o tirarse del balcón directamente hacia una piscina.

Telefe Noticias

Al resto de los efectivos arrestados los imputaron por los delitos de falsedad ideológica y encubrimiento.

Cuatro de los efectivos de la Policía Bonaerense a los que ayer detuvieron por la trágica persecución de San Miguel del Monte en la que murieron cuatro jóvenes fueron acusados por homicidio doblemente agravado por la jueza Marcela Inés Garmendia, a cargo del expediente que investiga el fiscal Lisandro Damonte.

El capitán Rubén García (48) y los oficiales Leonardo Ecilape (26), Manuel Monreal y Mariano Ibañez, que fueron desplazados de sus cargos por el ministro Cristian Ritondo, fueron imputados por los agravantes de su rol de policías y el uso de armas de fuego.

Cristian Righero, José Domínguez y Juan Gutiérrez, también policías de la comisaría de Monte, fueron acusados de falsedad ideológica y encubrimiento agravado según documentos a los que accedió Infobae.

El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado lunes en la Colectora 9 de Julio a la altura del kilómetro 111 de la Ruta 3 de la ciudad bonaerense. A bordo del Fiat 147 blanco que impactó contra el acoplado de un camión viajaban Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13) y Danilo Sansone (13), todos oriundos de San Miguel del Monte, junto a Aníbal Suárez (22), nacido en Misiones. Los cuatro fallecieron. Una quinta ocupante, en tanto, quedó gravemente herida y pelea por su vida.

Antes de chocar, los jóvenes estaban siendo perseguidos por un patrullero. En el móvil iban el subcomisario Julio Franco Micucci (36), en la nómina de pagos de la fuerza desde 2012, García, también en la nómina de la Bonaerense desde 2012, y Ecilape, parte de la Policía de la provincia desde 2015. De estos tres, Micucci, el titular de la comisaría, fue desplazado pero está libre.

Previo al desenlace fatal, los vecinos alertaron sobre la situación con llamados al 911 en los que comunicaron haber escuchado ruidos similares a disparos. «No fue solamente un accidente. Hay una relación causal inmediata e ineludible; sin los disparos no se hubiera producido la colisión», aseguró el Procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand.

Los siete efectivos ahora imputados, fueron arrestados ayer. Los investigadores encontraron contradicciones en sus relatos frente a la división Asuntos Internos, que se volvieron evidentes luego de versiones policiales que indicaban que habían iluminado con linternas en vez de disparado al auto que perseguía y que hasta habían entregado sus cargadores completos.

Sus dichos, para empezar, no resultaron convincentes: «Primero dijeron una cosa, después otra, seguramente por miedo de que los linchen. Dijeron que no los persiguieron, después del video dijeron que sí. Lo que hicieron fue un exceso. Un Fiat 147 con cinco personas adentro. ¿Cómo no lo podían detener con el patrullero?», dijo una fuente a este medio.

 

Infobae

El subcomisario Julio Micucci, el capitán Rubén García y el oficial Leonardo Ecilape incurrieron en fuertes contradicciones en sus relatos ante Asuntos Internos y fueron desplazados de sus cargos. La Bonaerense comenzó una serie de arrestos contra sus propios hombres esta tarde

El subcomisario Julio Franco Micucci (36), el capitán Rubén Alberto García (48), el oficial Leonardo Ecilape, de 26 años, parte de la Policía de la provincia desde 2015, fueron desplazados de sus cargos por protagonizar el confuso incidente que terminó con la muerte de cuatro jóvenes sobre la Ruta 3 en San Miguel del Monte que viajaban en un Fiat 147 que chocó contra un camión y resultó destruido..

Habrían disparado sus armas en la persecución. Al menos uno de los jóvenes fallecidos, un varón, murió con una bala en su cuerpo de acuerdo al procurador Julio Conte Grand. Gendarmería Nacional se prepara para peritar sus armas reglamentarias y el Fiat 147 en el que viajaban las víctimas. Esta mañana, Cristian Ritondo anunció la virtual decapitación de toda la cúpula policial de San Miguel del Monte, 12 policías alejados de sus cargos.

Otros cinco efectivos -el subinspector José Domínguez, los subayudantes Mariano Ibáñez y Christian Righero, los oficiales Juan Gutiérrez y Manuel Monreal- tuvieron ordenes de detención sobre sus cabezas en el marco de la causa instruida por el fiscal Lisandro Damonte. Todos ellos también fueron desplazados por Ritondo en el transcurso del día.

Mientras tanto, cientos de personas se reúnen en la plaza principal de San Miguel del Monte luego de los entierros de los cuerpos de las víctimas: el gatillo fácil y la violencia policial y estatal son el núcleo de la protesta.

Las contradicciones de Micucci, García y Ecilape se volvieron evidentes rápidamente, luego de versiones policiales que indicaban que habían iluminado con linternas en vez de disparado al auto que perseguía y que hasta habían entregado sus cargadores completos.

Según fuentes cercanas al expediente, la división Asuntos Internos de la Bonaerense ya habría entregado un legajo de antecedentes del capitán García, que incluyen faltas como desobediencia y uso ilegítimo de arma de fuego.

Lucas Richmond, abogado de dos de las familias de las víctimas, aseguró en la marcha de esta tarde en San Miguel del Monte: «Los hechos ya están en un curso legal totalmente distintos a los que se anotició. No estamos ante una situación confusa, si hubo o no tiros, si fue o no un accidente de tránsito. El personal policial disparó y eso obra en la causa, que uno de los cuerpos de los chicos de sexo masculino contiene un proyectil de bala que corresponde a una nueve milímetros, que tenemos los casquillos casualmente correspondientes a una nueve milímetros, que dentro de las armas secuestras al personal policial hay varias nueve milímetros. Falta cerrar el circuito objetivo en cuestión de materia procesal».

 

Infobae

Elba Ibáñez fue estrangulada y golpeada salvajemente antes de morir. Lorenzo Quiroga, un hombre de la municipalidad de Fiambalá, reconoció el crimen ante el fiscal del caso. El hijo de Quiroga, que desapareció de la ciudad, genera sospechas.

El hombre, un turista, caminaba por el costado de la ruta 60, a la altura del pueblo de Fiambalá en el oeste de la provincia Catamarca. Había llegado algunos días antes, comenzaba a conocer los paisajes del lugar que eligió para pasar sus vacaciones. Mientras realizaba la caminata, cerca de las 10 de la mañana, algo le llamó la atención al costado de la ruta. Era una especie de bulto que se veía a lo lejos, sobre el pasto.

Pensó que era una bolsa con residuos que alguien había tirado. Se acercó por las dudas. Cuando estaba a pocos centímetros su cara cambió al horror. Hizo algunos pasos para atrás y, temblando, tomó su celular. La transpiración de las manos no le permitía marcar el número de la Policía provincial. Tenía frente a él un cuerpo sin vida, a simple vista muy golpeado. Cuando los efectivos finalmente llegaron confirmaron que se trataba de una mujer. Algunas horas después se sabría que el cadáver que había encontrado el turista pertenecía a Elba Ibáñez, una mujer de 35 años que, de acuerdo a pericias posteriores, cursaba el segundo mes de un embarazo al morir.

Cuando la división de Policía Científica comenzó a inspeccionar el lugar encontró el bolso de la víctima: en el interior estaba su teléfono celular, algunas pertenencias y documentos. Sin embargo, había algo que a los investigadores les llamó particularmente la atención: una tableta de misoprostol, un medicamento utilizado habitualmente para realizar abortos.

¿Por qué Elba llevaba ese medicamento encima? ¿Tenía algo que ver con la muerte? ¿Quién fue la última persona que había estado con ella? ¿Cuáles fueron sus últimas conversaciones? ¿Dónde había estado la noche anterior? Todos estos interrogantes y más aparecieron en la cabeza del fiscal de la causa, Jorge Barros Risatti. Allí comenzó una investigación extenuante que lleva un mes y que llegó a su punto culmine en las últimas horas con una extraña y desesperada confesión que cambió todo.
La primera pericia que recibió en su escritorio el fiscal fue la autopsia del cuerpo. El documento hablaba de golpes en rostro y cráneo con objeto contundente mientras la víctima estaba con vida. Además, señalaba que la causa de muerte fue una asfixia, producida con algún tipo de soga. Barros Risatti pudo ver claramente las marcas en el cuello en fotos tomadas al cadáver.

Elba Ibáñez trabajaba en la municipalidad de Fiambalá con un contrato temporal y por un sueldo muy bajo, una empleada precarizada en el área de desarrollo social. «Era una persona extremadamente introvertida. Con un perfil bajísimo. Gran parte de la investigación está centrada en conocer más detalles de la vida de la mujer para entender lo que pasó. A su familia prácticamente no le contaba nada. Sólo le decía algunas cosas a una amiga y compañera de trabajo, era a la única que le confiaba las cosas que le pasaban», dice uno de los investigadores.

Esa amiga fue una de las primeras en declarar ante la Justicia. La mujer contó ante el fiscal que su amiga Elba le había confesado que había quedado embarazada: «Me habló del bebé pero nunca de quién era el padre. También me dijo que no quería tenerlo.»

Según la reconstrucción de los hechos que hizo la justicia, Elba comenzó a buscar la manera de abortar. Pidió, discretamente y con cuidado, consejos a distintos compañeros de trabajo hasta que alguien le dio la respuesta que estaba esperando. Le recomendaron hablar con una persona que podía ayudarla. Alguien que «sabía cómo hacerlo y sin dolor», un hombre del área de obras públicas de la misma municipalidad llamado Lorenzo Quiroga de 74 años. El hombre supuestamente se dedicaba, además de su trabajo como servidor público, a realizar abortos clandestinos en su domicilio.

El viernes pasado llegó a manos del fiscal el informe de los peritajes que se hicieron sobre el celular de la víctima, un análisis que tardó más de 20 días. Allí se supo quién fue la última persona con la que tuvo contacto Elba antes de morir: Lorenzo Quiroga.

Esa información fue suficiente para que el juez Marcelo González ordenara un allanamiento en el domicilio del funcionario. Allí los efectivos se llevaron una sorpresa. Encontraron varias armas de guerra como un rifle marca Winchester y municiones marca Magtech calibre .44. Si bien no encontraron ningún elemento que pudiera incriminar a Quiroga directamente con la muerte de Elba, decidieron dejarlo detenido por portación de arma de guerra.

«Cuando lo dejaron preso le hicieron una ‘trampita judicial’. No le dijeron por qué lo detenían ni lo notificaron hasta último momento. Buscaban que pensara que estaba detenido por el crimen. Finalmente salió bien», desliza una fuente cercana al caso.

El domingo, minutos antes de ser indagado por el delito de tenencia de arma de guerra, Quiroga pidió hablar con el fiscal urgentemente. Quería contar algo y lo hizo. Frente al doctor Barros confesó su participación en la muerte de la mujer aunque aclaró que no la golpeó ni la estranguló a pesar de las marcas encontradas en el cuerpo: dijo que fue un accidente.

El hombre explicó que conocía a Elba como compañera de trabajo, aclaró que no los unía ninguna relación sentimental más allá de un vínculo laboral. Luego relató cómo se sucedieron, según él, los hechos aquel jueves 28 de marzo.

«Habíamos quedado por teléfono en que la pasaba a buscar por la casa y la llevaba a la mía. Yo me atrasé. Se me hizo tarde. Me llamó varias veces, estaba desesperada y ansiosa. Ella empezó caminar para este lado y la levanté con la camioneta a mitad de camino y fuimos a mi casa», contó Quiroga.

Al llegar a este punto, el hombre de 74 años intentó explicar el tipo de aborto que realizaba. Según sus palabras no se trata de un procedimiento quirúrgico sino que se realiza un tratamiento que incluye una sonda, inyecciones y medicamentos. Contó que se inicia en ese momento pero que el feto es expulsado algunos días después. Eso dio alguna pauta a los investigadores de porque encontraron en la cartera de Elba el comprimido de misoprostol.

Más tarde en su relato, Quiroga indicó que «en un momento del tratamiento la chica comenzó a descomponerse. Se desmayó. No tenía pulso. Intenté  reanimarla pero no pude. Se murió. No supe qué hacer. Cargué el cuerpo en la camioneta Renault Kangoo gris y como le tenía aprecio, la dejé en una zona transitada para que sea encontrada lo más rápido posible».

Así fue la confesión. Los investigadores creen que es verosímil hasta cierto punto.El tramo de la muerte choca de lleno con lo que dice la autopsia: golpes y asfixia. Ante esta evidencia, y consultado por el fiscal, el acusado no pudo responder mucho. «Cuando la estaba dejando en la ruta se me cayó y se golpeó la cabeza con el piso, por eso deben ser los golpes», dijo. No cierra. No encaja. Los médicos que realizaron la autopsia dejaron en claro que los golpes fueron en vida.

«En base a lo que pudimos reconstruir creemos que dice la verdad hasta el momento puntual de la muerte. Las evidencias y las prueban muestran que la muerte no se dio como él dice. Algo pasó durante o después del procedimiento del aborto. Eso es lo que todavía no pudimos descubrir. Tampoco tenemos en claro quién es el padre del bebé. No creemos que sea Quiroga», concluye un investigador que sigue de cerca el caso.

Algunas otras preguntas que todavía se hace la Justicia catamarqueña por estas horas: ¿Quiroga, un hombre mayor de 74 años, trabajaba sólo haciendo estos abortos clandestinos? Teniendo en cuenta su avanzada edad, ¿pudo cargar y transportar el cuerpo de Elba sin ayuda de nadie?

El funcionario tiene un hijo que ronda los 40 años. Los detectives que siguen el caso detectaron que el hombre desapareció del pueblo luego del crimen y dejó de frecuentar la casa del padre mientras este aún permanecía en libertad. Llama la atención porque dejó de mostrarse aunque por el momento no hay ninguna prueba que lo una al crimen.

Un cargo municipal

Cuando la noticia de la detención de Quiroga tomo trascendencia mediática, desde el entorno de la intendenta Roxana Paulon salieron a desmentir que el hombre fuera funcionario o pertenezca al gabinete municipal: «Está circulando una información errónea, que menciona a Quiroga como integrante del gobierno. Esto no es correcto. El sólo tiene un contrato de locación de servicio. No era jefe y no tenía ningún cargo jerárquico», se defendió Romina Carrizo, directora de gobierno, en dialogo con La Isla FM.

Sin embargo, son muchos los empleados que declararon en la justicia con respecto a este tema y todos coinciden en que Quiroga tomaba decisiones y hasta formaba parte de las reuniones de gabinete. Inclusive en una foto se lo ve sentado a escasos centímetros de la intendenta en una conferencia de prensa cuando se estaban anunciando una serie de medidas de ámbito municipal. No parece ser alguien ajeno al núcleo.

El martes 30 de abril, el juez de garantías de la zona confirmó el encierro de Quiroga y la Justicia tendrá 10 días para recabar más pruebas para que la detención se convierta en prisión preventiva. Poco después, Quiroga sufrió una descompensación y tuvo que ser trasladado a un hospital zonal. «Estamos esperando que lleguen unos resultados claves de pericias que mandamos a hacer. Tienen que ver con algunos rastros que se encontraron en la casa y muestras que se le extrajeron a al víctima. Se están analizando en otra provincia y por eso los plazos se extienden», dice una persona con accedo al expediente.

La Justicia tiene aún un misterio que central que resolver: qué fue lo que pasó aquella noche de jueves dentro de la casa del acusado. Algo sucedió en aquel procedimiento de aborto, algo que precipitó las cosas, que llevó a que Elba fuera golpeada y asfixiada hasta morir.

La familia de Elba ya realizó tres marchas pidiendo justicia por la muerte de la joven: «Estamos destruidos, queremos saber que pasó. Tenemos miedo de que si fue Quiroga salga de la cárcel por falta de pruebas. No queremos impunidad como en tantos otros casos».

Por lo pronto, el abogado de la familia, Luciano Rojas, no está de acuerdo con la calificación legal que consta en la causa: «Homicidio simple nos parece poco. Consideramos que hay muchos agravantes que deberían ser incluidos. El hecho de que la haya llevado sola a un lugar donde no podía pedir ayuda a terceros es alevosía, por lo que vamos por la cadena perpetua», dice Rojas.

Fuente: Infobae