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Lo dispuso el Procurador General, mediante la Resolución 27/09 PG, en ella establece con carácter excepcional una licencia especial para los empleados, funcionarios y magistrados del Ministerio Público Fiscal que regresen al país de áreas con circulación y transmisión de coronavirus. Estas personas podrán permanecer en forma voluntaria en sus hogares, de acuerdo con lo dispuesto en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación.

La medida estará vigente mientras se mantengan las razones de salud pública que la fundamentan. Para tomar la decisión, el Procurador, Jorge Luis Miquelarena, tuvo en consideración que el Coronavirus se propaga aceleradamente a nivel mundial y que esta propagación se está dando de persona a persona. Esta especial condición es la que hace prioritario aislar de modo preventivo a las personas que pudieran haber estado en contacto con el virus.

En este sentido, se consideró necesario atender desde el ámbito laboral las contingencias de esta urgente necesidad de aislamiento de personas en riesgo eventual de padecer la enfermedad. La Resolución 27/09 brinda a los trabajadores del MPF las garantías que derivadas de su relación de empleo pudieran verse afectadas por esta contingencia, de manera tal que la misma no altere los derechos que le son normativamente reconocidos.

En los últimos tiempos, con la proliferación, cada vez más, de las redes sociales parecería hacerse costumbre el “escrache” a determinadas personas por diversos motivos, ya sea por presuntos abusos, deudas impagas o robos, entre otros.

Sin embargo, muy pocas de esas denuncias públicas terminan plasmándose luego en el Ministerio Público Fiscal, lo que demuestra que la gente prefiere la denuncia pública o que estos escraches no son reales: “Es más la utilización de las redes sociales, que las denuncias que se hacen. Si bien es cierto que han aumentado las denuncias, la mala utilización de las redes sociales hace que muchas veces se impute a una persona a través de ellas sin que la Justicia haya intervenido o no hay un fallo definitivo que permita aseverar que esa persona tiene responsabilidad”, expresó el fiscal jefe Daniel Báez a El Chubut.

Calumnias e injurias

En ese sentido, el doctor Báez agregó que “el mal uso de las redes sociales perjudica el buen nombre y honor de las personas cuando no hay una sentencia firme”.

Así las cosas, también se ha dado que, personas que han sido “escrachadas” en alguna red social, se presenta en Fiscalía para denunciar al escrachador: “Ha pasado, pero solo queda hacer una demanda por calumnias e injurias, aunque muchas veces se utilizan facebooks que no se puede determinar de quiénes son, ya sea por nombres falsos o páginas truchas, como se le dice normalmente”.

Es por ello que el fiscal Báez recomendó a la gente “hacer buen uso de las redes sociales y no para agredir o escrachar a alguien. Es una calumnia o injuria el escrache, es un delito de acción privada”, cerró.

Una nena de 10 años sufrió graves lesiones al recibir una descarga eléctrica en un juego inflable cuando festejaba su cumpleaños. El dueño del pelotero fue imputado de “lesiones gravísimas culposas”. El caso ocurrió la tarde del pasado 23 de Febrero en una casa del Barrio San Miguel, donde se festejaba el cumpleaños y para lo cual la familia había alquilado un pelotero inflable.

La menor se encontraba jugando y, al tocar un cable defectuoso, recibió una fuerte descarga eléctrica. Permaneció sin signos vitales por treinta minutos. Y si bien fue trasladada al Hospital, donde se la logró reanimar, sufrió graves secuelas. De acuerdo al informe del Cuerpo Médico Forense, quedó con secuelas neurológicas severas y daño cerebral irreversible.

El hombre fue quien instaló el pelotero y utilizó un alargue con enchufe y zapatilla para hacer funcionar el compresor. Según la investigación preliminar que llevaron adelante la fiscalía, la conexión era defectuosa y no se adecuaba a la normativa vigente.
Según detalló el fiscal, se le imputa al dueño del pelotero por haber “actuado con negligencia e imprudencia al prestar en servicio de alquiler un juego inflable al aire libre para niños”.

La ordenanza municipal 6270, que regula puntualmente los requisitos exigidos, exige habilitación municipal y un certificado de calidad y seguridad, entre otros requisitos. “Se determinó como causa primaria de las lesiones gravísimas que sufrió la niña el hecho de haber recibido una descarga eléctrica de gran magnitud al manipular el enchufe del pelotero inflable totalmente defectuoso”, explicó Baigorria. El delito está previsto por el artículo 91 del Código Penal con una pena de prisión de tres a diez años en caso que sea encontrado culpable en un juicio.

Desde el Ministerio Público Fiscal instaron a no utilizar o contratar servicios de inflables, peloteros o juegos infantiles que no posean habilitación municipal.

En el marco de la investigación que se lleva adelante en la provincia del Chubut por los supuestos sobreprecios e irregularidades en refacciones de distintas escuelas, se pudo saber, que en los próximos días llegarán fiscales a Comodoro Rivadavia para relevar escuelas.

La investigación preliminar la lleva adelante el Ministerio Público Fiscal,  a cargo de los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams.

Antes de comenzar con la apertura de investigación, en los próximos días llegarán los fiscales para relevar las escuelas de Comodoro y Madryn con el fin de conocer –entre otras cosas – cuánta plata recibieron cada uno de los establecimientos, a qué empresa contrataron y qué obras se concretaron, luego de las denuncias en la ciudad petrolera sobre irregularidades en obras.

A su vez, realizarán entrevistas a los directores de escuelas, quienes deberán brindar información sobre las obras en cada escuela y la empresa que hizo cada uno de los trabajos.

Hace dos semanas, estudiantes, docentes y otros trabajadores estatales marcharon por el centro de Comodoro, para pedir mayor presupuesto educativo y arreglos en las escuelas por la falta de calefacción que afectó a más de una docena de establecimientos.

 

 

ADN Sur

Así lo indicó el Procurador General de la provincia de Chubut, Jorge Miquelarena, quien confirmó que “en estos momentos es imposible continuar con la investigación después de la Probation solicitada por la defensa de los empresarios”.

En este sentido, Miquelarena sostuvo que “el precio se tiene que retrotraer a los costos que vale esa obra, lo cual ahora sería una tarea inalcanzable porque no contamos con los recursos económicos, técnico y humano para indagar si existió sobreprecio o no en las obras”.

Aunque dejó en claro que esta decisión es temporal. “Al menos por ahora y hasta tanto no se concluyan las actuales investigaciones. Luego, los Fiscales merituarán si existen elementos para investigar sobreprecios el próximo año y si consideran que es importante hacerlo se tendrá en cuenta”.

Respecto a la probation, el Procurador General dijo que “por este motivo, tal vez se llega a la Probation (la cual no es aplicable a los funcionarios). He escuchado algunas voces que plantean la oposición a la suspensión de juicio a prueba, porque hay una parte de la historia que se desconoce”.

Miquelarena insistió en que para analizar la aprobación de la Probation, hay que tener en cuenta la declaración testimonial que es el motivo de la imputación donde se habla de cohecho y no de sobreprecios o mercantilización de la obra pública.

“En esta causa se investiga el cohecho y las circunstancias en las cuales los funcionarios públicos cobraban las obras, por eso una parte de la querella está de acuerdo y no se opone a la suspensión de juicio a prueba, si dudan en los montos de la reparación que presentan los empresarios imputados”, concluyó el flamante Procurador General Jorge Miquelarena.

 

 

Argentarnoticias.com

La policía del Chubut desmanteló el interior de un furgón Iveco donde se hallaba un costoso laboratorio móvil para la investigación científica del delito, para usarlo como traslado de personal de infantería. La decisión provocó un gran malestar en la Fiscalía de Esquel y en el procurador general del Chubut Jorge Miquelarena.

El laboratorio junto a otros dos móviles similares fueron adquiridos por el Gobierno Provincial en el año 2009. Mediante una importante inversión, fueron destinados a Comodoro Rivadavia, a Rawson para ser usado en todo el Valle y el tercero a la ciudad de Esquel.

Cada uno de estos tres vehículos está compuesto por un complejo equipamiento de última generación clave para el levantamiento de rastros en la escena del delito. Poder contar con estos vehículos en el mismo lugar donde se produjo un delito grave, permite la realización de pericias científicas claves para que se tomen decisiones judiciales inmediatas en procura del rápido esclarecimiento del hecho. Miquelarena destacó respecto de cómo afecta la decisión de la Policía del Chubut destacando que “en cada investigación compleja ganar tiempo significa tener más posibilidades de contar con mayores resultados positivos”. En su momento la adquisición de esos vehículos además de otros equipamientos, puso a la policía científica del Chubut, como a una de las mejores equipadas de la Argentina.

Malestar en el fiscal jefe de Esquel

A mediados del mes de septiembre pasado, fue desmantelado por la policía provincial para ser usado para el traslado de policías, especialmente del área Infantería. El fiscal jefe de la ciudad de Esquel Marcelo Cretón, se enteró por boca del subcomisario Pedro Leyes, jefe del área criminalística de esa ciudad. Inmediatamente Cretón impuso de lo ocurrido al procurador general Miquelarena. En su nota Cretón indicó que “el móvil resulta indispensable para el correcto desempeño de los profesionales de la División Criminalística de esta circunscripción para realizar su tarea en el lugar y teatro de los hechos y repercute de manera directa en la investigación y esclarecimiento de un hecho delictivo”. Agrega Cretón que “la sociedad en general y las víctimas de los delitos en particular, no solo demandan seguridad, sino también justicia. Esa justicia depende muchas veces de que los miembros del Ministerio Público Fiscal contemos con los elementos necesarios para investigar y esclarecer los hechos” para finalmente concluir y calificar como “desafortunada a la decisión que tomó la Jefatura de la Policía  “que no hace más que privarnos de una herramienta sumamente útil para nuestro trabajo diario”.

Sobre la base de estos conceptos, Miquelarena le envió una nota formal al Ministro de Gobierno y Seguridad, Federico Massoni indicando que “adhiero en sus términos” confiando en que “sabrá considerarla con buen criterio”.

Ante casi medio centenar de oficiales de policía de Rawson, Playa Unión y de Trelew, en la mañana del último sábado la fiscal general de Rawson Florencia Gómez, expuso acerca de la necesidad del trabajo en conjunto entre policías y los representantes del Ministerio Público Fiscal en procura además de agilizar los canales de comunicación.

El trabajo en equipo, partiendo de que la Policía es auxiliar del Ministerio Público Fiscal en la persecución del delito y la necesaria legalidad de las pruebas que recolecta la Policía a fin de lograr éxito en el combate del delito, fueron el eje de la exposición que posteriormente se transformó en un enriquecedor debate.

En tal sentido se profundizó respecto de los detalles a tener en cuenta para la realización de las actas de intervención policial, las órdenes de requisa y la legalidad de los allanamientos. Las partes expusieron e intercambiaron opiniones además de las condiciones necesarias para producir un allanamiento domiciliarios, aspectos legales, la necesaria autorización por parte de un Juez y el respeto por las garantías individuales.

Sobre el final del encuentra se destacó que la dirección de las investigaciones corren por cuenta del Ministerio Público Fiscal tal como lo establece el Código Procesal Penal que se aplica en Chubut. Se coincidió en mantener encuentros similares con mayor asiduidad.

Continuando con las actividades tendientes a la profundización del conocimiento respecto a la tarea que se cumple en diferentes ámbitos de la Justicia, el Ministerio Público Fiscal abrió sus puertas a estudiantes universitarios de Derecho que
actualmente cursan la materia Prácticas Penales, relacionada con el ámbito penal, a cargo del Dr. Gustavo Lleral.

Ayer, en horas de la tarde, cerca de cuarenta alumnos se hicieron presentes en el edificio de Avenida Rawson 262, donde fueron recibidos por buena parte del personal de Fiscalía, encabezado por la fiscal general jefe, Silvia Pereira. En la oportunidad, quienes trabajan en los diferentes sectores fueron explicando los procedimientos que se llevan adelante ante los requerimientos de la comunidad, teniendo en cuenta el rol que le cabe al Ministerio Público Fiscal, en la búsqueda de  respuestas ante las diferentes denuncias que habitualmente llegan, las formas en que son tratadas y las derivaciones que las mismas tienen, de acuerdo a la marcha del proceso.

Así, los estudiantes tuvieron posibilidad de acercar sus inquietudes respecto a los procederes en tal sentido, interiorizándose en forma directa con responsables de distintas áreas de la oficina única Trelew. En ese aspecto, se expuso sobre la diversa complejidad del delito, que requiere respuestas de acuerdo a su magnitud, para lo que están dispuestas las diferentes agencias dentro del organismo.

De esta manera, se referenció sobre el trabajo que se realiza habitualmente en las áreas de depuración, respuestas rápidas y delitos complejos, además de ejecución y soluciones alternativas. La fiscal jefe, acompañada por los funcionarios de fiscalía
Rubén Kholer, Claudia Ibáñez y el integrante de servicios alternativos Alejandro Bonicato, aportaron su experiencia en el manejo de las situaciones que se presentan, respondiendo interrogantes y observando que al fin, el Ministerio Público cumple el rol acusador, en defensa de los derechos de las víctimas, que se contrapone con el defensor, en defensa del imputado, y todo es evaluado por la tarea de los Jueces, particularizando sobre estas circunstancias.

Luego, los visitantes tuvieron la posibilidad de recorrer las instalaciones de la Fiscalía, donde fueron informados acerca de la recepción y derivación de denuncias. Tanto la doctora Pereira, como funcionarios y el personal presente, se mostraron  predispuestos en todo momento para responder y dar a conocer aspectos que al fin refieren a necesidades de la comunidad.

La funcionaria María Elena Cimadevilla asistió el jueves por la tarde, a la reunión convocada para tratar cuestiones relativas a seguridad, en el Centro Comunitario de Aldea Escolar. Entre otros funcionarios, participaron el Intendente de Trevelin Omar Aleuy, el Jefe de la Comisaría de la localidad, Ariel Jara, la presidente de la sede vecinal, Nilda Aguilera y gran cantidad de vecinos que colmaron el salón.

Los vecinos expresaron sus preocupaciones y necesidades, para evitar que se incrementen los delitos contra la propiedad y revertir situaciones de inseguridad que se observan en la actualidad. Las necesidades relevadas fueron desde el pedido de iluminación pública en varios sectores, talleres y/o actividades culturales y deportivas destinadas a los niños, adolescentes y jóvenes que actúen como ámbitos de contención, la asignación de operadores de salud en terreno, hasta asesoramiento para la implementación de acciones de prevención ciudadana.  También hubo varias consultas a la Fiscalía sobre el estado del trámite de investigaciones iniciadas por delitos contra la propiedad.

Cimadevilla escuchó cada una de las consultas y el viernes por la mañana se contactó con los damnificados para brindarles detalles del estado de esos trámites. La Fiscalía, a través del área de Comunicación Institucional, ofreció un canal de diálogo para colaborar con acciones enmarcadas en el programa Fiscalía Abierta.

La Fiscal Jefe de Sarmiento expuso su experiencia en el panel referido a “Investigaciones complejas, medios de prueba y resultados”. Junto a ella disertó el Contador Sebastián Russo, de Salta, de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad.

Los panelistas de las Jornadas, fueron fiscales, peritos y profesionales que integran los equipos de los Ministerios Públicos de todo el país y del extranjero. Entre las temáticas sobre las que versaron los múltiples paneles, destacan la policía judicial, violencia de género, lavado de activos, responsabilidad penal empresaria, gestión, comunicación, litigación oral, procedimiento de flagrancia e investigaciones complejas.