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«Como funcionario públicos, debemos adecuarnos a la Ley de Ética Pública», señaló el Procurador General de Chubut.

El exabrupto del fiscal Héctor Reinaldo Iturrioz le costó el inicio de un sumario administrativo. “Iturrioz pedirá disculpas públicas pero nosotros como funcionarios públicos que somos, debemos adecuarnos a la Ley de Ética Pública. Se debe ser muy cuidado al expresarse en las redes sociales. Uno puede estar de acuerdo o no en las decisiones del Presidente, pero se debe respetar la institucionalidad”, sostuvo el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena.

En este sentido, el jefe de fiscales señaló que “Iturrioz se comunicó conmigo aduciendo que tuvo un exabrupto y que pedirá disculpas públicas aunque no obstante mañana (por hoy) se le iniciará un sumario administrativo en donde el podrá ejercer su defensa –de forma escrita- y luego se verá en qué concluye”.

“Nosotros como funcionarios públicos que somos, debemos adecuarnos a la Ley de Ética Pública y la Ley de Ética Pública fomenta no tener conductas indecorosas dentro y fuera de la función. Se debe ser muy cuidado al expresarse en las redes sociales”, dijo en comunicación con A24.

Asimismo, aclaró que “uno puede estar de acuerdo o no en las decisiones del Presidente pero se debe respetar la institucionalidad”.

Finalmente, Miquelarena concluyó que “se debe respetar la investidura del Presidente de la Nación. Hay límites que se deben guardar”.

Este martes, Jorge Miquelarena dictaminó que el intendente de El Hoyo, Pablo Huisman continúe en sus funciones. Esta decisión se da luego de que en una polémica sesión, el Concejo Deliberante de la localidad decidiera destituirlo.

El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena dictaminó que el intendente de El Hoyo, Pablo Huisman, continúe en sus funciones.

El dictamen publicado por el Ministerio Público Fiscal expresa textualmente que “debe decirse que la suspensión de un intendente de sus funciones es un acto institucional de suma gravedad, dado que interfiere de manera directa con la decisión popular y el juego democrático”.

Asimismo, señala que “no puede un intendente ser puesto en suspenso sobre la base de argumentos pueriles, que no se verifican en hechos objetivos. Los hechos deben existir objetivamente y contar con entidad suficiente para justificar una decisión de tamaña gravedad”.

Respecto del caso que denuncia a Huisman, “no parece que ello haya ocurrido. Todo lo contrario”, se indica en el texto. Mientras que sobre lo actuado por el Concejo Deliberante de El Hoyo en las sesiones especiales que se traen a este proceso, según y conforme se denuncia y documenta “se encontraría muy alejado de los estándares democráticos constitucionales”.

Es por ello, que Miquelarena afirmó que “voy a propiciar favorablemente que se declare admisible el presente trámite como conflicto de poderes, dictaminando que corresponde por Ley disponer la suspensión de los efectos de los actos cuestionados. Dado que la declaración de admisibilidad que propicio conlleva la suspensión de la ejecución de los actos atacados (artículo 124 de la Ley XVI Número 46)”.

Ello implica que la suspensión del intendente de El Hoyo, señor Rolando Pablo Huisman resuelta por el Concejo Deliberante, no puede tener lugar. “Si ésta se hubiera efectivizado, habrá de cesar, ordenándose que sea inmediatamente repuesto en el ejercicio pleno de sus competencias, como titular del Departamento Ejecutivo mientras dure el presente proceso y hasta el dictado de la sentencia”.

El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, dictaminó que hay “conflicto de poderes” en la localidad de El Hoyo, por lo que sugiere que la suspensión del Intendente Rolando “´Pol” Huisman debe “cesar”.

Aun resta que los ministros de Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas y Javier Panizzi realicen su dictamen pero acompañarían la decisión del Procurador.

El intendente de El Hoyo, Rolando “Pol” Huisman, formalizó ayer la presentación de un recurso de amparo ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, para intentar dejar sin efecto la suspensión en el cargo que dispuso el Concejo Deliberante local, señaló El Comodorense.

El Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, trató el asunto de la nueva causa de corrupción contra la ex Ministra Cecilia Torres Otarola.

Miquelarena se enfocó en el modus operandis y en lo burdo de las maniobras de la nueva causa de corrupción de Chubutque se denomina «Ñoquis Calientes».

Y explicó que «la corrupción es la historia de la humanidad. Por eso es lógico que estas cosas sigan sucediendo. Cuando decíamos que no se iban a repetir, nos equivocamos. Pero pensar que no iba a volver a suceder es ridículo».

Para el Procurador General «el modus operandi y las maniobras burdas están ligadas a un sentimiento de impunidad» y extendió que «llama la atención que ese sentimiento de impunidad en algunos casos siga tan marcado».

Miquelarena resaltó que «algunas maniobras delictivas se van perfeccionando, en este caso no fue así y nos aliviana el trabajo».

Falla en los estamentos intermedios 

Miquelarena manifestó que en el 2018 le marcó al Gobernador Mariano Arcioni que la falla está en los controles de los estamentos intermedios.

«Evidentemente están fallando controles en los estamentos intermedios (oficina de compras, director de administración, jefes de departamentos, etc.) donde nace el expediente y se empieza a gestar éste tipo de cuestiones», describió.

Causa contundente 

El Procurador General manifestó la contundencia de la causa Ñoquis Calientes y sostuvo «la fiscalía conforma una teoría del caso, que siempre tiene fortalezas y debilidades. Ahora lo que se hace es decirle a las personas involucradas frente a un juez, que van a ser investigadas por determinado delito».

Y dijo que en poco más de 1 mes de investigación preliminar, el equipo del Doctor Rodríguez ha juntado una cantidad de evidencias muy importante (cuentas bancarias, llamadas, etc.).

El Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena expresó que llevarán a cabo una investigación en relación a las declaraciones del presidente de Lotería sobre empleados que fichan y no cumplen sus funciones.

Tras la fuerte acusación del titular de Lotería del Chubut, Luis María Aguirre, sobre trabajadores dela entidad que “fichan y se van a atender sus negocios”, el procurador General de la Provincia del Chubut, Jorge Miquelarena aseguró que la situación será investigada por la justicia –según publica Diario Jornada-.

“Ayer vi las declaraciones en el diario Jornada, conversé la situación con el Dr. Rodríguez y éste tema se va a investigar. Lo que debe saber el señor Aguirre y todos los funcionarios públicos que de acuerdo a sus funciones y de sus cargos advierten algún ilícito que es denunciable, lo que tienen que hacer es denunciarlo y si no lo hicieran podrían estar incumpliendo con sus deberes”, apuntó Miquelarena.

Sobre las declaraciones de Aguirre, expuso: “No se puede decir que hay personas que vienen, fichan y se mandan a mudar y después se van a hacer tareas particulares”.

Obligado a pronunciarse luego del escándalo de Cecilia Torres Otarola, el gobernador eligió ayer martes brindar una entrevista a un medio de Comodoro para dar su versión de los hechos. «No hay ñoquis, y si están ahora se van a ir en el futuro», sostuvo Arcioni. En tanto, el Procurador General anunció que dio instrucciones para que en la investigación del tema no se hagan excepciones. «Todos los funcionarios, del gobernador para abajo, que hayan intervenido en estas contrataciones irregulares, serán investigados», afirmó Miquelarena, remarcando que «No puede ser que no haya un control de la gente que se contrata».

«Yo tengo más de 40 asesores directos. En total, en Gobierno, hay 186 asesores. Toda la información está en Internet y en los sitios oficiales. No hay ñoquis y si están ahora, se van a ir en un futuro. Quédense tranquilos. Logramos reducir en un 36% la planta del Poder Ejecutivo», le dijo este martes el gobernador Mariano Arcioni a ADN Sur, el portal de Comodoro.

El mandatario chubutense se sintió obligado a pronunciarse casi dos semanas después del escándalo desatado tras el alejamiento de su ministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, María Cecilia Torres Otarola, investigada por la Unidad Anticorrupción que encabeza el fiscal Omar Rodríguez.

La investigación se denomina «ñoquis calientes» a partir de la designación en ese ministerio de ciudadanos que ni siquiera residen en Chubut. Además, esos «ñoquis» no brindaban contraprestación laboral alguna. Uno de los casos top es de de la niñera de Torres Otarola, que según los datos de la Fiscalía carecería de idoneidad para ocupar un cargo de subsecretaria.

«Lo que sucedió en el Ministerio de Familia lo está investigando la Fiscalía, remarcó el gobernador. Hasta ahora están los trascendidos porque no se ha demostrado nada. Que quede bien en claro que las personas que no trabajan conmigo no van. Puedo asegurar que todos los asesores que tenemos en el Ejecutivo están trabajando», enfatizó.

Arcioni aseguró que en su gobierno «aquellos que no trabajan, tienen que dar un paso al costado. El que es el responsable de esa área también tendrá que retirarse».

Luego detalló que «en total, en Gobierno hay 186 asesores. Toda la información está en Internet y en los sitios oficiales. No hay ñoquis y si están ahora, se van a ir en un futuro. Quédense tranquilos. Logramos reducir en un 36% la Planta del Poder Ejecutivo».

Investigación para todos

En las últimas horas, el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, remarcó que «vamos a avanzar en las responsabilidades penales de quienes deben controlar dentro del Estado».

Fue luego de que en la causa «Ñoquis Calientes» se verificara -como ya había ocurrido cuando se investigó recientes hechos de corrupción que llevaron a la cárcel a ex funcionarios del gobierno de Mario Das Neves- un relajamiento en el armado de los legajos del personal de gabinete que había sido contratado por la ex ministra de Familia.

«Hay legajos en donde no hay absolutamente ninguna documentación, ni un currículum; solo hay papeles en blanco. Empezaremos a investigar todas las responsabilidades penales», sostuvo el procurador en FM La Petrolera.

«No puede ser que no haya un control de la gente que se contrata. Hay personas que figuran trabajando en Chubut pero viven en Buenos Aires y, en muchos casos, ni siquiera saben dónde queda nuestra provincia», acotó.

Tras resaltar que «vamos a investigar todas las responsabilidades de todos aquellos que intervinieron», añadió que «podría haber investigaciones internas dentro de la propia administración».

En este marco, aseveró que «no puede ser que no haya el más mínimo control. Se acreditó que mucha de la gente contratada devolvía un porcentaje importante del sueldo».

«Todos los funcionarios, del gobernador para abajo, que hayan intervenido en estas contrataciones irregulares, serán investigados», afirmó Miquelarena.

Finalmente, concluyó que «hay directores de área que al ser interrogados no sabían quiénes eran los subsecretarios contratados porque nunca habían asistido a trabajar».

La sombra de Mammarelli

También se refirió Miquelarena a las advertencias que en 2018 le realizó al gobernador Arcioni. En un extenso reportaje concedido al sitio de noticias Red 43 de Esquel, dijo que «cuando uno escucha algunas declaraciones, parece que es una práctica bastante habitual, muchas veces tan habitual como difícil de probar porque cuando esas devoluciones de dinero se producen en forma efectiva y manual a veces es muy difícil probar».

En el caso de Torres Otarola, «muchas de esas cuestiones están bancarizadas, por lo cual las posibilidades de obtener pruebas son bastante más sólidas».

Miquelarena dijo luego que «uno escucha con bastante frecuencia que, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, hay muchísimos ‘ñoquis’. Lo cierto es que para eso hay determinados organismos que tienen que hacer auditorías; que tienen que denunciar estas cuestiones: y no es el Ministerio Público fiscal el que está facultado, ni con capacidades técnicas ni con recursos humanos suficientes como para ponerse a auditar los distintos ministerios ‘por las dudas’ de que existan ‘ñoquis'».

«Actuamos sobre denuncias concretas»

Miquelarena sostuvo que «nosotros actuamos sobre denuncias concretas o sobre noticias concretas de determinado hecho delictivo. No somos una entidad auditora de nadie: para eso hay otros organismos del Estado, que tendrían que tomar cartas en el asunto. Efectivamente, de demostrarse o de comprobarse que hay contrataciones absolutamente irregulares, se hacen las denuncias y ahí sí, no le quepa ninguna duda que nosotros vamos a intervenir».

En tal sentido, dijo que en 2018 efectuó las recomendaciones del caso al entonces ministro Coordinador, Sergio Mammarelli, quien curiosamente reapareció esta semana con duros cuestionamientos al gobierno de Arcioni.

«Me consta, porque una de las personas que intervino en esa reunión me lo hizo saber, que quien estaba de ministro coordinador, el doctor Mammarelli, convocó a todos los directores de Compras y de Administración de las distintas áreas de la provincia, les leyó el oficio, les recordó cuáles son las misiones y las funciones que debían tener y les advirtió también de que en caso de no hacerlo podrían llegar a tener consecuencias de responsabilidades administrativas, civiles o penales. Evidentemente, mucho caso no le hicieron ni a él ni a mí, porque a las pruebas me remito y hay algunas contrataciones que uno advierte, al menos en esta causa, que son la verdad, sorprendentes», concluyó el jefe de los fiscales de Chubut.

Luego de que en la causa “Ñoquis Calientes” se volvió a verificar un relajamiento en el armado de los legajos del personal de gabinete que había sido contratado por la ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, el procurador general advirtió que dado que el gobierno no hizo caso a las recomendaciones de la justicia, va a haber consecuencias penales para los funcionarios que no controlen.

Días atrás, ADNSUR dio a conocer el decreto 73 publicado en el Boletín Oficial del último 3 de febrero, en el que se designa al personal de gabinete del ministerio de Familia, en el cual figura la niñera de la ex ministra, Cecilia Torres Otarola, y un jardinero peruano que vive en Buenos Aires. Según los investigadores, al pedir el legajo de cada una de estas personas que fueron designadas, se les entregaron carpetas casi “peladas”, sin ningún papel que acredite los requisitos para asumir como funcionarios públicos. Por esta razón, el procurador general, Jorge Miquelarena, sostuvo que desde el Ministerio Público Fiscal se va a perseguir no solamente a quienes pueden haber cometido un ilícito, sino también a los que debieron haberlos controlado para impedir estos errores, y sin embargo miraron para otro lado.

En diálogo con esta agencia de noticias, Miquelarena sostuvo que “en 2018 y a poco tiempo que empezaran las causa “Embrujo” y “Revelación”, le envié un oficio al Gobernador, con copia a la Contaduría General, para repasar la normativa respecto a las contrataciones públicas en el Estado Provincial”.

En aquella ocasión, dijo que “le hacíamos notar que veíamos con mucha preocupación cómo los organismos encargados del armado de estas contrataciones fallaban en los controles y luego, cuando las contrataciones llegan a los organismos de contralor constitucionalmente diseñados, como la Contaduría General de la provincia, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, ya vienen muy armados como para que se pueda advertir alguna irregularidad”.

Por ello, indicó que el pedido al gobierno era que “la lupa había que ponerla en las Direcciones de Administración, en la Jefatura de Compras, porque tienen responsabilidades y desde ahí se vislumbra el problema”.

Y recordó que “en aquel momento, el ministro coordinador Mamarelli los convocó a todos ellos a una reunión y les hizo saber las observaciones de la Procuración y les advirtió que debían ‘extremar el celo’ respecto de este tipo de contrataciones. Evidentemente , y a juzgar por lo que se está viendo últimamente, Mamarelli no tuvo éxito ni tampoco yo con la recomendación”.

Por esa razón, luego del nuevo caso en el área de Familia, afirmó Miquelarena que “en esta oportunidad, vamos a avanzar en las responsabilidades penales de todos aquellos que pudieron haber intervenido en este tipo de operaciones. Vamos a analizar las eventuales responsabilidades de todos aquellos que hayan tenido intervención en estos legajos que, en algunos casos, son vergonzosos”.

Por último, agregó que desde la Procuración General, “veríamos con agrado la posibilidad de contar con algún mecanismo que sirva para prevenir y evitar ‘andar corriendo’ tras el delito consumado. Precisamente para eso, le enviamos el Oficio en el 2018 para prevenir que se consume algún hecho y luego investigar un delito”.

El jefe de los fiscales del Chubut, Jorge Miquelarena, respaldó al muy controvertido fiscal Fernando Rivarola, quien calificó de “desahogo sexual”, la presunta violación de una joven de 16 años por parte de un grupo de jóvenes hijos del poder en nuestra provincia.

El Ministerio Público Fiscal, que encabeza Jorge Miquelarena, respaldó el escrito de Rivarola, mediando un polémico comunicado que expresa que el “desahogo sexual” es solo un término técnico y que la frase fue sacada de contexto.

“En palabras simples, el abuso sexual es justamente una conducta que busca el desahogo sexual del autor sabiendo que lo hace sin el conocimiento de la víctima, que va a cometer un ataque sexual, que se trata de un delito, y consciente de ello avanza sin consideración del daño que va a provocar en esta”, asegura el comunicado.

Para Miquelarena y su gente, la frase “desahogo sexual” fue sacada de contexto y puso “en riesgo aspectos cruciales del proceso penal”.

La falta de empatía y perspectiva de género en la justicia del Chubut no es nueva, la falta de mujeres en cargos de relevancia y decisión, como el Superior Tribunal de Justicia, son una muestra clara y contundente de que en este ámbito, la igualdad de género es simplemente declamativa.

El Ministerio Público Fiscal, por citar otro ejemplo, cuenta con 9 fiscalías de las cuales apenas dos están dirigidas por mujeres:Trelew y Sarmiento, las otras 7 están encabezados por hombres, entre ellas la Fiscalía de Cibercrimen que comanda el ahora célebre Fernando Rivarola.

Repercusión nacional y Ministra a Chubut

Rivarola utilizó ese término “desahogo sexual” para rebajar la acusación de los 4 hijos del poder de “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal” a “abuso sexual simple”.

La resolución del fiscal fue repudiada por todos los grandes referentes de la lucha en favor de los derechos de humanos y de la mujer.

La noticia causó indignación y bronca en todo el país y provocó que la ministra de la Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, viniese este sábado a Rawson a pegarle un tirón de orejas al gobernador, Mariano Arcioni, y a la ministra de Desarrollo Social, Cecilia Torres Otarola, quienes, una vez más, se ocuparon mal y tarde del caso, cuando ya era un escándalo que se reflejaba en medios nacionales e internacionales.

«La cuestión fue sorpresiva, no hubo ocasión de participar en la elaboración, ni efectuar observaciones ni consultas y la oportunidad de la revisión se presenta como manifiestamente inconveniente», consideró el Procurador Jorge Miquelarena sobre el proyecto de Ley que envió el gobernador Mariano Arcioni a la Cámara de Diputados, el cual busca otorgar autonomía en el manejo de fondos a los otros poderes del Estado.

El Procurador General de la provincia de Chubut, Jorge Miquelarena, le envió una carta al gobernador Mariano Arcioni sobre el proyecto de ley que busca otorgar autonomía en el manejo de fondos a los otros poderes del Estado, y que ha generado polémica especialmente con las autoridades del Poder Judicial.

Desde el Poder Judicial aseguraron en el escrito -al que accedió ADNSUR-, que «la cuestión fue sorpresiva, no hubo ocasión de participar en la elaboración, ni efectuar observaciones ni consultas y la oportunidad de la revisión se presenta como manifiestamente inconveniente».

Asimismo, solicitaron al Ministerio de Economía que informe una serie de puntos, entre los que se destaca:

Es que el Proyecto de autarquía establece que la Justicia y la Legislatura recibirían un 9,76 % de Rentas Generales. Así lo estipula en proyecto de ley que el gobierno envió a la Cámara de Diputados en horas de la tarde del viernes. Allí se indica que el 7,46% será para el Poder Judicial y el 2,30% para el Legislativo.

En el escrito, el jefe de los fiscales no deja pasar la oportunidad de cuestionarlo por haberse enterado “por lo medios” de los términos del proyecto de autarquía, y ratifica “en un todo” el comunicado que oportunamente emitió la cúpula de la Justicia sobre el asunto.

“Pero la realidad es que el señor gobernador avanzó” y “la trascendencia que el tema conlleva para la existencia misma del Poder Judicial en la Provincia me impone requerirle que responda de modo urgente la información que seguidamente le detallo”, agrega.

Entre los requerimientos, el procurador incluye “el detalle de ítems que integran el concepto rentas generales de libre disponibilidad» para que se distinga qué conceptos ingresan como recursos propios del Estado Provincial y cuáles corresponden a la Coparticipación Federal de Impuestos.

Miquelarena además, quiere saber sobre las regalías hidrocarburíferas: desde el importe devengado a favor de la Provincia por las empresas petroleras en los últimos 12 meses, hasta el importe que efectivamente ingresa a las arcas provinciales.

En la parte final de su nota al gobernador, Miquelarena requiere, además, la conformación de una comisión de análisis de la situación, “con la más amplia participación, que pueda llevar adelante un estudio serio y consistente del proyecto de Ley de Autarquía.”

El procurador fiscal se refirió en duros términos al proyecto de autarquía financiera anunciado por el gobernador Arcioni para los poderes Legislativo y Judicial.

Al ratificar el pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia y la Defensoría Pública que él suscribió el miércoles, el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, tildó de “oportunista” la iniciativa de Mariano Arcioni que este viernes sería elevada a la Legislatura para su tratamiento.

Puntualmente, el proyecto del Poder Ejecutivo propone que cada poder disponga de su presupuesto, con lo cual los empleados legislativos y judiciales podrían cobrar en tiempo y forma sus haberes una vez que se sancione la ley.

“No estábamos al tanto y por lógica no tuvimos participación en el mismo”, dijo Miquelarena esta mañana en La Cien Punto Uno, acotando que “nos pareció un destrato y una desconsideración no habernos consultado; se tendría que haber discutido previamente”, sobre todo por su inoportunidad.

Más allá de compartir el fondo de la cuestión –que recalcó el funcionario está previsto en la Constitución Provincial-, señaló que “no se entiende por qué si están adeudando dos meses de sueldo, salgan a hablar de autarquía, que no es para nada oportuno”.

Luego se preguntó: “¿qué significa esto? Hay un montón de interrogantes sin respuestas. Nos parece mínimo y elemental, hasta por delicadeza y respeto, haberlo consensuado previamente”.

Por ello, “vamos a pedir tener participación en el debate en la Legislatura, pero una cosa no quita la otra”.