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La jueza de garantías Ivana González coincidió con la postura de los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y dispuso la libertad aunque con algunas restricciones para Bruno Escobar, el hombre contra quien se abrió una investigación por haber baleado en una rodilla a Mario Barrientos, en un hecho ocurrido en el barrio Hunt de Rawson, el pasado martes en horas de la noche.

Si bien tras el incidente Escobar ocultó la pistola 9 mm utilizada para balear a su cuñado, posteriormente se presentó de manera voluntaria en la Comisaría de Rawson donde quedó detenido a la espera de la audiencia de control y apertura de la investigación que se realizó en la mañana de este miércoles en la Oficina Judicial de Rawson.

Escobar, un empleado en una carnicería de Rawson, no podrá acercarse ni mantener ningún tipo contacto con su hermana Emilse Escobar, pareja de Barrientos y testigo del incidente, ni con su cuñado que permanece internado por la lesión considerada grave, ya que uno de los dos disparos que recibió, fue a dar de pleno en la rodilla izquierda.

El plazo de la investigación del hecho es de seis meses y semanalmente el imputado deberá presentarse en la Comisaría de Rawson. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado en la audiencia por el fiscal general Fernando Rivarola y el funcionario de fiscalía Leonardo Cheuquemán. La defensa del imputado estuvo a cargo de la defensora oficial Jeanet Davies que no se opuso a la postura de los acusadores.

Barrientos es un estibador con tareas en el Puerto de Rawson. Permanece internado a la espera de una intervención quirúrgica a realizarse en los próximos días. Aunque con algunas observaciones formales, la jueza González abrió la investigación por el delito de lesiones graves, agravadas además por producirse con un arma de fuego sumado a ello la portación ilegal de arma de guerra. Para la jueza González existe “probabilidad” que Escobar haya sido el autor de los disparo. Consideró que las medidas de coerción dispuestas por los fiscales y aprobado por la defensa, son “razonables”.

Audiencia de revisión por el homicidio de José Oviedo en fracción 14

En horas de la mañana del viernes se concretó la audiencia de revisión solicitada por la defensa de dos de los 9 imputados por el homicidio de José Oviedo en Fracción 14, Franco Bustos y Marina Hernández. El defensor solicitó la libertad con presentaciones de Bustos y subsidiariamente su arresto domiciliario; en tanto que para Hernández su libertad. En contraposición la fiscal requirió se mantenga la prisión preventiva que viene cumpliendo Bustos y el arresto domiciliario de Hernández hasta la fecha que les fuera dictada, el próximo 4 de julio del presente año.

Presidió la audiencia de revisión como juez subrogante, Miguel Caviglia; por el Ministerio Público Fiscal se hicieron presentes Camila Banfi, fiscal general y Belén De La Canal, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa de ambos imputados fue ejercida por Alejandro Fuentes, defensor particular de los mismos.

En un primer momento el defensor recordó que su asistido Bustos ya hace 2 meses y 15 días que viene cumpliendo prisión preventiva. No se han instado algunas pruebas para demostrar que Bustos estaba momentos previos lejos del lugar del incendio. Tampoco su celular está en el grupo de Whatsaap investigado. “Del registro fílmico se ve que colocan una cuerda en las piernas de la víctima y le dicen a Bustos que tire, pero Oviedo ya estaba muerto”, afirmó el defensor. La situación ha variado en favor de mi defendido, por lo cual solicitó la libertad con presentaciones semanales de Bustos, y subsidiariamente su arresto domiciliario. En cuanto a Hernández, solicitó su libertad y subsidiariamente se mantenga su arresto domiciliario

En contraposición la fiscal se opuso a la solicitud de morigeración ya que no ha habido ninguna modificación que altere los peligros procesales por los cuales se les dictó la medida. Siguen latentes los peligros de fuga y entorpecimiento por los cuales se les dictó 4 meses de prisión preventiva y 6 meses de plazo de investigación. Bustos y Hernández fueron sindicados por personas que se encontraban en el lugar del hecho, y también por Campos y Farsi, dos miembros de la fuerza policial. Los videos son bastante claros y se ve a Bustos participar en el grupo agresor junto a dos personas y dos menores, aseguró Banfi. Existe el peligro de fuga por las características graves del hecho y el número de personas que han intervenido. Tanto para Bustos como para Hernández-con arresto domiciliario con permiso de salidas para llevar a sus hijos ala escuela- existe peligro de fuga y de entorpecimiento, por lo cual solicitó se mantenga la prisión preventiva del mismo y el arresto domiciliario hasta la fecha que le fue dictada.

Finalmente el juez penal resolvió mantener la prisión preventiva que viene cumpliendo Bustos y el arresto domiciliario de Hernández hasta el próximo 4 de julio ya que persisten los peligros procesales de fuga y entorpecimiento para Bustos y de entorpecimiento solamente para Hernández. Asimismo fundó su decisión en que “no ha sucedido ningún hecho nuevo para modificar la medida como lo propicia la defensa”.

El hecho investigado:

El ilícito contra la vida investigado acontece el día 25 de Marzo de 2.019, siendo las 18.45 horas aproximadamente, cuando G. M. M., Diego Damián Metraillet, F. L. M. (menor de 14 años), Jonathan Barrera, Franco Facundo Bustos, K. S. (menor de 15 años), María Alejandra Hernández, Silvina Vera, Cesar Hueica y Pablo Andrés Arismendi, junto a dos sujetos cuya identidad aún no ha sido establecida, se convocaron de manera organizada, portando palos, fierros y piedras, y acompañados de otras personas en el exterior del domicilio sito en la Manzana C, lote 4, de barrio Los Bretes de esta ciudad, cuando su morador José Jorge Oviedo Cuyul se encontraba en el interior del mismo.

En esas circunstancias, las personas que estaban afuera de la vivienda entre las que se encontraban los arriba mencionados, comenzaron a gritar “salí Matías salí Matías” refiriéndose al hijo de la víctima, Matías Oviedo, a quien este grupo sindicaba como presunto autor de un abuso sexual agravado cometido hacía pocas horas. Al oír que José Oviedo, desde adentro de su casa, les manifestaba que su hijo no estaba y que no era un violador, los sindicados comenzaron a gritarle a éste “salí que te vamos a matar”, “salí que te vamos a cagar matando”, para luego comenzar a realizar destrozos en la vivienda, rompiendo ventanas, puertas e incendiándola. Esta situación obligó a Oviedo a salir de su domicilio, escapando por la parte de atrás hacia el barrio Los Bretes, llevando consigo un machete y un trozo de hierro para defenderse, al tiempo que comenzó a ser perseguido por este grupo, quienes organizados convergieron intencionalmente en la persecución del mismo a efectos de darle muerte.

José Oviedo logró recorrer, mientras era perseguido y agredido físicamente con piedras, palos y golpes de puño, unos quinientos cincuenta metros aproximadamente. Ello así hasta ser encerrado y aparentemente  embestido por un vehículo Renault Sandero, el que era conducido por Pablo Arismendi, lo que conllevó que la víctima, golpeada, lograra dar unos pasos hacia el frente, donde fue interceptado por el Subcomisario Víctor Farcy y el Comisario Inspector Juan Cruz Campos, que se trasladaban en sentido contrario a la víctima y al grupo agresor. En ese momento los funcionarios, quienes observaron a Oviedo con su rostro ensangrentado y el accionar violento de sus acometedores, se pusieron frente al herido intentado auxiliarlo y con el fin de frenar al grupo de gente que lo quería «linchar», entre los cuales se encontraban los nombrados G. M. M., Diego Damián Metraillet, F. L. M.,  Jonathan Exequiel Barrera, Franco Facundo Bustos, K. S., María Alejandra Hernández, Silvina Vera y Cesar Hueica; lo que les resultó imposible por la cantidad de personas en estado de exaltación que únicamente estaban enfocadas en dar muerte a José Oviedo.

Los sindicados autores continuaron propinándole golpes y piedrazos a Oviedo, siendo tal el nivel de violencia desplegada que llegaron al punto de atarlo con una soga en la pierna izquierda y arrastrarlo unos metros, mientras el personal policial trataba de evitarlo, siendo éstos también agredidos. Este accionar del grupo agresor tal como se ve en la secuencia fílmica le provocó un dolor innecesario a la víctima, quien agonizaba mientras lo golpeaban, donde finalmente se produjo el deceso. Surge de la autopsia  realizada a quien en vida resultó ser José Jorge Oviedo Cuyún que la causa de su fallecimiento fue por traumatismos múltiples, traumatismo de cráneo, tórax y abdomen.

El fiscal Ezequiel Forti y la abogada de la defensa, Carolina García, expusieron su análisis de la prueba al juez con conclusiones que se contraponen. La Fiscalía concluyó pidiendo la declaración de responsabilidad penal y condena a dos años de prisión de cumplimiento efectivo para ambos imputados, Gutierrez y Cáceres, más la declaración de reincidente respecto de Martín Cáceres. García argumentó procurando convencer al juez sobre la inocencia de ambos en relación al robo en una chacra de Corcovado. El próximo jueves el juez Jorge Criado hará pública su sentencia luego del análisis de la prueba.

Dos lecturas contrapuestas sobre la prueba vertida en el debate, son analizadas por el juez de juicio. Los elementos que a ojos del acusador son suficientes para el dictado de una sentencia condenatoria, a la mirada de la defensa no alcanzan para poner en crisis la versión desencriminante dada por los acusados.

El 3 de agosto del 2017, aproximadamente a las 22:00 hs., se produjo el robo en una chacra del camino a la pasarela en Corcovado. Cuando la policía fue alertada de la presencia de ruidos y se dirigió al lugar, se cruzó en el camino con un vehículo conducido por Gutiérrez. Al llegar a la vivienda constataron que había sido violentada, uno de ellos quedó de custodio, en tanto que el móvil regresó a la comisaría para iniciar la búsqueda del rodado que habían visto y de sus ocupantes.

Una hora y media tardaron en interceptarlo. Forti explica que ese tiempo fue más que suficiente para ocultar el botín. El fiscal se refirió también al conocimiento de la propiedad y de los movimientos de esta que tenía Cáceres y luego de ponderar agravantes, formuló el pedido de declaración de responsabilidad penal y aplicación de pena de dos años de prisión de efectivo cumplimiento.

Carolina García se mostró convencida de que quedó probada la versión ofrecida en juicio por sus defendidos. Relató la reconstrucción de los pasos dados por ellos esa noche, apeló a lo expuesto por testigos, mostró como cuadra el relato con el trayecto en el que la policía se cruzó con el auto y expuso que la vivienda donde fueron hallados los elementos robados, está deshabitada, no pertenece a ninguno de ellos y no se sabe quién la usa.

La publicidad

Al finalizar las declaraciones testimoniales y antes de los alegatos, la letrada planteó que uno de sus defendidos perdió el trabajo debido a la publicidad de su calidad de imputado en un juicio. A este respecto, el Área de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal, aclara que la información difundida por esta página, se ajusta al estado de las etapas procesales indicando siempre cuál es la condición en la que se encuentran los imputados. En el caso concreto, aun sin sentencia, tanto Oscar Gutiérrez y Martín Cáceres siguen gozando de la presunción de inocencia.

La fiscal general jefa Silvia Pereira elevó a la sala penal del Superior Tribunal de Justicia el recurso por el que solicita la impugnación a la resolución emitida por el Juez Fabio Monti el 3 de junio, mediante la cuál dictó el sobreseimiento de Fabricio Parra en una causa donde había sido imputado por el delito de encubrimiento por favorecimiento personal.

El hecho por el cual se formuló acusación es el ocurrido en fecha 28 de febrero del año 2018, en la concesionaria “JR Automotores” sita en la calle Pellegrini al 1200 en horas de la mañana, cuando el Sr. Fabricio Parra sabiendo lo que hacía y con claras intenciones de favorecer la situación procesal de Diego Correa, quien era investigado por delitos contra la Administración Publica, engañó a los fiscales Alex Williams y Omar Rodriguez, refiriendo al ser consultado, por una camioneta Hyundai modelo H1 la cual se encontraba estacionada en el playón del mencionado local comercial, que la misma pertenecía a una mujer de nombre Giuliana, titular de la empresa Sepat, a sabiendas que el verdadero dueño era Diego Correa.

Finalmente el declarante, proporcionó su número telefónico a los fiscales siendo posteriormente advertido como el abonado telefónico que mantuvo comunicación el día 9 de febrero del corriente año con Diego Correa, dejando en claro el Sr. Parra durante la conversación que la camioneta era de Correa. Como consecuencia de estas maniobras, el MPF, al ser engañado, no logra secuestrar el mencionado rodado, ya que el día 5 de marzo de ese año fue trasladada por el Sr. Gustavo Andrés Muñoz a la Ciudad de Buenos Aires, donde finalmente se secuestró. El Ministerio Publico Fiscal, ha calificado el mismo como constitutivo del delito de encubrimiento por favorecimiento personal, previsto en el art. 277 inc. 1 “a” del C.P..

Los agravios interpuestos por la fiscal jefa son los previstos en el art. 371 inc. 1 y 2 del CPP, esto es falta de fundamentación suficiente y errónea aplicación de preceptos legales, concretamente de los arts. 296, 297 y 285 del CPP.

Señala que llama la atención que el Dr. Monti al resolver, no pudo adquirir certeza negativa respecto de la solicitud del Ministerio Publico Fiscal de rechazar la elevación a juicio el presente caso, toda vez que para llegar a dicha conclusión, valoró arbitrariamente y parcialmente prueba que aún no se ha producido, tal como: análisis de la inscripción del informe del citado rodado en el R.N.P.A., análisis de los dichos del imputado, análisis de la escucha telefónica, análisis del titular registral del vehículo, análisis de la entrevista de los Fiscales con Parra, violando así las reglas del proceso adversarial, vedando a este Ministerio Publico, la posibilidad de la realización del juicio oral y público.

Sumado a ello, surge del mismo relato del hecho formulado por la Fiscalía que el Sr. Fabricio Parra mantuvo una conversación con Diego Correa (investigado por delitos contra la administración pública, con repercusión en toda la provincia, cuanto menos), el día 9 de febrero del corriente año, reconociendo expresamente que el vehículo era de Correa, situación ésta que le fue ocultada a los fiscales en fecha posterior (28 de febrero del año 2018). Esto se observa claramente del relato del hecho, sin necesidad de análisis de la prueba ofrecida, con lo cual, claramente se desvirtúa el análisis del Dr. Monti, cuando afirma en sus argumentos que el MPF no pudo acreditar el elemento del tipo subjetivo de la figura penal escogida.

Advierte mas adelante que si el magistrado analizó que el bien era propiedad de Giuliana, titular de SEPAT, ignora o al menos desconoce analizar cual fue el motivo por el cual el bien se le entrega al chofer de la Secretaría Privada de la Gobernación y no a su titular registral. Reitero, todo ello surge claramente del relato del hecho, sin necesidad de valoracion alguna de prueba ofrecida por las partes, ya que dicha circunstancia está expresamente prohibida en esta etapa preliminar. Surge con claridad que en el caso, claramente un juez de la provincia decide que el fin justifica los medios, aunque éstos medios tengan la presunción de ser delictivos.

El Juez Monti en forma errónea valoró prueba en forma parcial, arbitraria, y de manera ilegal, porque con una supuesta aplicación de la sana crítica valoró elementos discutidos en la audiencia preliminar pero no lo hizo de forma completa; pues la pieza acusatoria del MPF contiene profusa documentación y testigos ofrecidos para sustentar la teoría del caso fiscal, y acreditar en juicio los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal; la decisión del juez claramente carece de motivación pues adquiere una certeza a la que arriba en forma errónea y sobresee a Fabricio Eric Parra, porque no encuentra el elemento objetivo ni subjetivo del tipo.

Si hay una cuestión que es propia del debate es justamente esta, la acreditación en juicio de los elementos del tipo penal escogido, el tipo objetivo y el tipo subjetivo, si hubo dolo de beneficiar indebidamente o no a Correa, situación ésta que ha sido vedada a la parte acusatoria, al no permitir producir prueba que nos lleve o no a probar dicho extremo.

Este es un grosero error del Juez aplicando de manera errónea la ley y con una clara ausencia de motivación, cuando de manera burda dicta el sobreseimiento de Fabricio Eric Parra, obviando la pieza acusatoria como así la prueba ofrecida a su respecto la que de producirse en un juicio que permitiría demostrar la conducta del encartado. Omite evaluar, que en esta etapa, debe acreditarse por parte de la parte acusadora la probabilidad de autoría y no la certeza de la misma, siendo para ésta última la realización del juicio oral y público.

Pidió además en la nota que se tenga por efectuada la reserva del caso federal en los términos del art. 14 de la Ley 48, toda vez que se estarían conculcando los principios constitucionales de la forma republicana de gobierno, del debido proceso legal adjetivo y de razonabilidad, art. 1, 18 y 28 de la Const. Nacional.

El Ministerio Público Fiscal irá al Superior Tribunal de Justicia para pedir la impugnación del fallo del juez Fabio Monti, quien consideró que no es aplicable la figura de encubrimiento al empresario Fabricio Parra.

La fiscalía había imputado al propietario de la concesionaria JR Automotores por considerar que había filtrado información al ex funcionario Diego Correa y que había «engañado» a los fiscales».

La causa fue un desprendimiento de «El Embrujo» y estuvo al frente la fiscal Silvia Pereyra. Por su parte, uno de los fiscales de la investigación inicial, Omar Rodríguez, dijo ayer a FM EL CHUBUT que estuvo leyendo los argumentos del juez y «no me convencen» y ratificó la postura de que fueron engañados por Parra durante la investigación y que dio aviso a Correa que los fiscales estaban recabando información.

Por lo tanto, adelantó que «la doctora Pereyra va a impugnar la resolución; están trabajando en eso para que llegue al Superior Tribunal y que revisen la resolución de Monti».

Para eso hay un plazo legal y no más allá de la semana próxima se estaría haciendo la presentación por parte de la Fiscalía.
«La intención de la Fiscalía es revertir el fallo porque estamos convencidos de que Parra conocía y realizó conductas concretas para entorpecer las investigaciones y para ocultar bienes de Diego Correa que tenía cosas que no podía justificar», insistió Rodríguez

El procurador general de la Provincia, Jorge Miquelarena, y fiscales, fueron a la Legislatura para precisar los alcances de la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que impulsa el Poder Judicial. Apunta a la readecuación de cargos y funciones, y Miquelarena aclaró que no tendrá incidencia presupuestaria.

Además, prevé que «los nuevos cargos de integrantes del Ministerio Público Fiscal creados serán cubiertos en la medida que sean previstos en cada presupuesto general».

Los cambios estructurales de la reforma están orientados con las necesidades operativas de las oficinas fiscales, con la perspectiva de poner en funcionamiento la sanción de las contravenciones y la adecuación de algunos cargos a un mayor rigor constitucional.

Las reformas consisten en adicionar dos fiscales a la conformación del Consejo de Fiscales; adecuar el requisito de la antigüedad que se exige al fiscal general; reafirmar la posibilidad de los coordinadores provinciales de los Organismos Auxiliares para el ejercicio de la Superintendencia; y otorgar la posibilidad de elección de los fiscales como representantes en el Consejo de la Magistratura, entre otras.

De la reunión participaron además de Miquelarena, los fiscales generales Omar Rodríguez, Silvia Pereira y Alejandro Franco; y los diputados Javier Touriñán, Blas Meza Evans del Frente para la Victoria; Adrián López de Chubut Somos Todos; Florencia Papaiani del Frente de Agrupaciones; y Manuel Pagliaroni de Cambiemos.

 

 

El Chubut

En el marco de la investigación que se lleva adelante en la provincia del Chubut por los supuestos sobreprecios e irregularidades en refacciones de distintas escuelas, se pudo saber, que en los próximos días llegarán fiscales a Comodoro Rivadavia para relevar escuelas.

La investigación preliminar la lleva adelante el Ministerio Público Fiscal,  a cargo de los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams.

Antes de comenzar con la apertura de investigación, en los próximos días llegarán los fiscales para relevar las escuelas de Comodoro y Madryn con el fin de conocer –entre otras cosas – cuánta plata recibieron cada uno de los establecimientos, a qué empresa contrataron y qué obras se concretaron, luego de las denuncias en la ciudad petrolera sobre irregularidades en obras.

A su vez, realizarán entrevistas a los directores de escuelas, quienes deberán brindar información sobre las obras en cada escuela y la empresa que hizo cada uno de los trabajos.

Hace dos semanas, estudiantes, docentes y otros trabajadores estatales marcharon por el centro de Comodoro, para pedir mayor presupuesto educativo y arreglos en las escuelas por la falta de calefacción que afectó a más de una docena de establecimientos.

 

 

ADN Sur

María Tolomei juró como nueva jueza penal en Trelew, tras ganar el concurso del Consejo de la Magistratura.

Al acto lo presidió el camarista Adrián Barrios ante una repleta sala de la Cámara Penal, en el 6º piso de tribunales.

Hubo familiares, magistrados, empleados judiciales y fiscales que durante años compartieron el trabajo de investigación y acusación con la flamante jueza. Luego de la ceremonia formaron una extensa fila para saludar a la protagonista de la ceremonia.

Tolomei valoró su experiencia como parte del Ministerio Público Fiscal. “La oportunidad de estar cerca de las víctimas me dio mucho aprendizaje, pero los ciclos se terminan y uno no debe eternizarse en un lugar; creo que como jueza puedo hacer un buen aporte”, definió con emoción.

En su presentación, Barrios destacó el perfil humano y profesional de Tolomei. “En un momento donde la justicia es tan cuestionada, viene muy bien incorporar alguien de su calidad”, elogió frente al aplauso de los presentes.

 

 

Diario Jornada

Una causa en la que se investigan presuntas estafas llevadas adelante en perjuicio de un joven que heredó numerosos inmuebles y varios vehículos, llegó a una instancia en que los jueces deberán resolver sobre la impugnación presentada por las defensas a una decisión del doctor José García, quien no hizo lugar a la posibilidad de la aplicación de medidas alternativas, al no contarse con el consentimiento de la propia víctima, la querella y la fiscalía.

Así quedó en evidencia durante una audiencia desarrollada en sala de la oficina judicial, tercer piso de tribunales, donde los defensores insistieron ante los jueces para que se de validez a la salida alternativa con la restitución de varios bienes afectados. En tal sentido se expresaron la defensora pública Romina Rowlands representando al imputado Diego Armocida, Gustavo Uad que ejerce los derechos legales del escribano Agustín Ojeda Ton y el abogado Daniel González quien asume su propia defensa al ser otro de los imputados en el caso. Se opusieron a la solicitud y piden confirmar la decisión del magistrado García, el fiscal genera Fabián Moyano, la querella representante del jóven perjudicado y la asesoría de familia en las personas de Fernanda Baskov y Pablo Rey.

Hechos

De acuerdo a la acusación ya elevada por la fiscalía, se hace saber que de acuerdo a las disposiciones del artículo 291 del código procesal se entiende que la investigación proporciona elementos suficientes para someter a los investigados a juicio. Así se hace saber que el jóven víctima es hijo único que se domicilia en la localidad de Gaiman. A raíz de la muerte violenta de su madre, hecho de público y notorio conocimiento, ocurrida el 21 de agosto de 2009, quedó de un día para otro desvalido y sin personas cercanas que lo aconsejen y orienten ya que era su madre la única que se encargaba del control de los bienes, del cobro de alquileres, del pago de las deudas y el manejo de fondos depositados en entidades bancarias. A su trágica muerte, desconocía todo manejo al respecto y no tenía noción de la cantidad de bienes, propiedad de sus padres. En la necesidad de organizar su situación, inició y concluyó los trámites sucesorios y a partir de allí tomó cabal conocimiento de los bienes que componían el acervo hereditario, sumando doce propiedades inmuebles localizadas en Gaiman,

Trelew y Playa Unión, además de dos vehículos automotores

A mediados de 2011, el damnificado conoció a Diego Sebastián Armocida, quien junto a su familia se fueron acercando manifestándole que lo apoyarían con su ayuda. El citado tenía en ese momento un negocio de venta en la calle, una panchería que funcionaba en la plaza central de Gaiman. Encontrándose totalmente solo el joven perjudicado, Armocida se fue ganando su afecto y confianza, y antes de fin de año le manifiesta que lo desalojaban de la chacra donde vivía en ese momento y le manifiesta la posibilidad de ocupar un espacio donde vive la víctima y es así que se instala en el lugar, pone llave y se maneja como dueño del sitio a partir de la posesión.

Rápidamente Armocida empieza a interesarse por los bienes sucesorios, mantiene interés por ver las escrituras y contratos de alquiler que celosamente guardaba la madre en la chacra donde vivían accediendo el imputado a esos documentos. De esta forma, empieza a presionarlo para ver a su letrado manifestándole que era importante recuperar el vehículo propiedad de su madre y que se encontraba secuestrado, dado que fue utilizado por los delincuentes que la asesinaron. Finalmente lo convence de cambiar el abogado para lo que era necesario firmar unos papeles y entre otros trámites, le hace otorgar un poder judicial en la escribanía de Ojeda Ton, a favor del abogado Daniel González.

Ya instalado en la chacra donde vive, de un día para otro Armocida se hace de todas las escrituras, documentos y contratos de alquileres que su madre, antes de fallecer, guardaba en su domicilio y en diciembre de 2011 comienza a firmar varios documentos inducido por el imputado sin tener pleno conocimiento de las consecuencias legales de los mismos, comprendiendo recién ahora cuál fue la implicancia. La acusación se basa en varios hechos, como ya se expresara ocurridos a partir de 2011, siendo el más importante aquel en el que se imputa a Diego Armocida, el abogado Daniel González y el escribano Agustín Ojeda Ton, todos actuando con la misma finalidad, con un plan común consistente en hacer firmar al damnificado documentos con efecto jurídico dañino a su patrimonio, repartiendo tareas, abusándose de la inexperiencia y la incapacidad del afectado, previo convencerlo que iba a firmar instrumentos beneficiosos para su patrimonio, el día 18 de junio de 2012, Armocida y el abogado González lo llevaron a la ciudad de Rawson, con la excusa de firmar una documentación de importancia para su patrimonio y en la escribanía de Agustín Ojeda

Ton le hicieron firmar varios instrumentos, ignorando completamente la víctima lo que estaba rubricando, pero convencido que resultaría beneficioso para su patrimonio. Así, a través de la firma simultánea de varias escrituras, todas el mismo día ya señalado, la víctima ante el escribano público y sin recibir suma alguna de dinero, vendió e hipotecó casi todas sus propiedades

Calificaciones

El Ministerio Público Fiscal imputa a Diego Armocida la comisión del delito de estafa por captación de incapaz del artículo 174 inciso 2 del código penal, diez hechos en concurso real ( artículo 55 del código), al abogado Daniel González y el escribano Agustín Ojeda Ton, de acuerdo a estafa por captación de incapaz, nueve hechos en concurso real. También se imputa a Aristóbulo Villegas por el delito de estafa por captación de incapaz en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta del artículo 173, inciso 7 del código penal, ya que este último participó en la administración de un bien inmueble perteneciente al jóven, el cuál vendió haciéndose de un poder, obteniendo un vehículo y varios cheques de tal operación. Villegas no participó del pedido de medidas alternativas, como si lo hicieron el resto de los imputados.

Subsidiariamente, para el caso de estimar el tribunal que no se dan los extremos para captar la conducta de los imputados en la figura del artículo 174 inciso 2 del código penal, el fiscal Moyano solicitó sean condenados por el delito de estafa, habiendo mediado abuso de confianza y engaño hacia la víctima

Ofrecimiento de solución alternativa

En la audiencia de impugnación los defensores hicieron saber que existieron reuniones donde se habría llegado a un acuerdo para una solución alternativa, admitiendo que se ofrecieron algunas propiedades para ser restituídas al jóven, y así dejar sin efecto el proceso penal, sin perjuicio de una causa civil. Pidieron ir a una instancia de mediación.

Sin embargo, tanto el fiscal como la querella manifestaron que si bien se llevaron adelante reuniones buscando arribar a algún acuerdo, en ningún momento existió el compromiso para aceptar una oferta de tal naturaleza. La fiscalía expuso un peritaje determinando que el perjuicio al año 2017 era de casi 28 millones de pesos, lo que al día de hoy aumenta considerablemente. En tanto, la asesoría de familia informó que fue convocada en su momento por el Juez para contener y asesorar al jóven y no estaba al tanto de ningún ofrecimiento al respecto, por lo que adhería a la oposición fiscal y de la querella.

Resolverán el 6 de mayo

Los Jueces Adrián Barrios, Alejandro Defranco y Carina Estefanía, que participó desde Esquel a través de video conferencia, deberán resolver acerca de la decisión adoptada por el doctor José García, quien no hizo lugar al pedido de solución alternativa en el marco de los artículos 47 y 48 del código procesal, dando cuenta que no se cuenta con el aval de la parte acusadora ni de la propia víctima. En tal sentido, los integrantes del tribunal comunicaron que la resolución la darán a conocer el 6 de mayo a las 12,30.

Fue mediante una audiencia de control desarrollada, en horas de este mediodía, en sala de oficina judicial en los tribunales de Trelew,. El Ministerio Público Fiscal, a través dela fiscal general jefa Silvia Pereira y la funcionaria de fiscalía Julieta Gamarra, presentó los hechos e imputó a una persona de 76 años por abuso sexual agravado, solicitando la medida de coerción.

Los hechos que fueron relatados resultan captados por la figura de los artículos 119, primero y último párrafo del código penal, esto es abuso sexual simple agravado por el vínculo, en perjuicio de una menor, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, 119 tercero y cuarto inciso b del código en perjuicio de otra menor, ambos en la modalidad de delito continuado, 55 contrario sensu, en concurso real con abuso sexual simple, cuatro hechos, en perjuicio de una tercera menor, 119 primero y último párrafos y 54 del código penal, todo ello enmarcado en la ley de violencia de género, Ley 26845.

Entre los elementos colectados y presentados por las representantes del Ministerio Público Fiscal se expuso un informe intervención del servicio de asistencia a la víctima del delito, allanamiento y secuestro en el domicilio del imputado, además de la denuncia respectiva, dando cuenta que al momento de los sucesos las tres víctimas, nietas del abusador, eran menores de edad.

Si bien el defensor Lisandro Benítez pidió el arresto domiciliario, a partir de la edad del imputado, el Juez César Zaratiegui acordó con lo expuesto por la fiscalía, dando lugar a las características gravísimas de todo lo sucedido y los riesgos procesales existentes, para resolver la prisión preventiva por el término de cuatro meses, mientras dure la investigación, acerca de lo cuál también determinó su apertura. El imputado por los aberrantes hechos permanecerá en dependencias del centro de detención de esta ciudad.