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Desde el Ministerio Público Fiscal de Madryn buscan dar con el paradero del sospechoso de un intento de robo y abuso sexual en esa ciudad. El hecho ocurrió este viernes, alrededor de las 20 horas, en inmediaciones de la Escuela N° 192.

La víctima brindó detalles para poder retratar al hombre, quien por estas horas es buscado. Quien pueda aportar más datos o alguna información, se puede contactar al 452684 o 562486.

 

La cámara en lo penal de Trelew, integrada por los Jueces Alejandro Defranco, Roberto Adrián Barrios y Carina Estefanía emitieron hoy la resolución mediante la cual rechazan y confirman la impugnación interpuesta por la defensa pública, representada por Flora Mollard, ejerciendo los derechos del imputado J.O.T., ante lo determinado por el Juez penal César Zaratiegui el 21 de marzo de 2020 y registrado bajo el número 580/20, mediante la cual como cuestión previa a una audiencia preliminar, rechazó la aplicación del instituto de la suspensión de juicio a prueba.

Por la citada resolución, ahora confirman la cámara penal, el citado magistrado no hizo lugar a la solicitud de otorgar la suspensión del juicio a prueba por entender que, conforme a las calificaciones sostenidas que son amenazas y desobediencia, dos hechos en concurso real (artículos 149 bis, 150, 45 y 55 del Código Penal), resultan todos cometidos en un contexto de violencia de género, conforme lo prescripto por las Leyes Nacionales números 26485 y 24632 y Ley Provincial XV número 12.

Todas ellas en consonancia con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, de acuerdo a la convención Belém do Pará. Destaca además el dictamen desfavorable del Ministerio Público Fiscal y lo señalado en dicha audiencia por la víctima.

La defensora señalaba que la denegación de Zaratiegui es contraria al principio de legalidad, siendo que concurren los presupuestos legales para que proceda el mismo, que la pena a aplicar puede ser dejada en suspenso y que su asistido no posee antecedentes condenatorios.

Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal que en la audiencia de impugnación estuvo representado por la fiscal general Carolina Marín, no dio consentimiento para la aplicación del instituto atento a las características del hecho, la gravedad del mismo, la pena en expectativa, las normas nacionales e internacionales y el respeto por la tutela judicial efectiva de la víctima de violencia de género quien se expresara en audiencia en forma negativa a la concesión del instituto brindando sus fundamentos.

Concluyó señalando que la resolución del Juez Zaratiegui de fecha 21 de marzo de 2020 se encuentra debidamente fundada, resulta ser razonable la decisión adoptada y ajustada a derecho solicitando se confirme la misma en todas sus partes.

Los hechos endilgados a J.O.T. ocurrieron entre abril de 2019 y enero de 2020, dos de ellos violando sendas prohibiciones de acercamiento. En todos los casos el imputado accedió a la vivienda donde residía la víctima provocando el lógico temor, lo que culminó en la denuncia efectuada y el posterior proceso.

La cámara en lo penal de Trelew confirman la resolución de César Zaratiegui se dispone denegar la suspensión del proceso a prueba además de dictar auto de apertura del juicio oral por el hecho inserto en la acusación pública encuadrado en la figura de desobediencia en carácter de autor y determina además mantener el estado de prisión preventiva que pesa sobre J.O.T. hasta la realización del juicio oral, en el marco de los artículos 220 inciso 1 y 221 inciso 4 del código procesal penal de Chubut.

A través del sistema de videoconferencia se llevó adelante hoy una audiencia de control donde fueron imputados dos hermanos defendidos por Romina Rowlands, a quienes el Ministerio Público Fiscal representado por la fiscal general Griselda Encina, les endilgó amenazas y lesiones leves por un violento suceso.

El hecho es el ocurrido en las primeras horas del 15 de junio en una vivienda de calle San Martín al 2000 en Trelew donde se encontraban una decena de personas, entre ellas seis menores de edad, donde ingresó una persona que amenazó a uno de los presentes por alguna cuestión familiar.

El agresor fue alejado de allí pero luego de retirarse regresó con su hermano e irrumpieron violentamente portando ambos cuchillos, generándose una gresca donde agredieron a varios de los allí presentes produciendo algunas lesiones leves.

Las víctimas lograron resguardarse en una de las habitaciones y luego de varios minutos de gritos, amenazas explosiones de botellas contra la puerta, arribó personal policial que observaron gente corriendo, entre ellos dos de similares características que intentaban alejarse de allí, uno de ellos con un cuchillo en la mano. Ambos fueron demorados e identificados.

Personal de criminalística realizó inspección ocular y constató los daños generados en la vivienda, secuestrando varios elementos, entre ellos los cuchillos utilizados.

Cabe destacar que uno de los agresores vive a pocos metros de la casa que pertenece a una mujer y el hombre tenía una medida de prohibición de acercamiento vigente hacia ella y su domicilio habiendo sido notificado de la prórroga dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia el 2 del corriente mes.

La calificación jurídica provisoria es amenazas con arma blanca y lesiones leves para uno de ellos, mientras que para el restante es amenazas con arma blanca y lesiones leves agravada por el vínculo, además de daño y desobediencia, todo en concurso real.

En su resolución la Jueza Mirta Moreno consideró la necesidad de colectar las pruebas necesarias ante un hecho muy confuso y decidió mantener a los hermanos en prisión preventiva durante quince días y en ese término revisar la situación de ambos.

En la mañana de la fecha se concretó vía videoconferencia la audiencia de formalización de la investigación por un delito acontecido el pasado 28 de abril, que tiene como único imputado a Germán Figueroa.

El fiscal solicitó se le formalice el hecho investigado en su contra bajo la calificación legal provisoria de “homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego” y se dicte su prisión preventiva. Por su parte la defensa se opuso a la formalización y al mantenimiento de la medida de coerción.

Presidió la audiencia Mariano Nicosia, juez penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Marcelo Cretton, fiscal general; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por María de los Ángeles Garro, defensora pública.

El fiscal en un primer momento solicitó se declare legal la detención del imputado ya que la misma fue otorgada por un Juez penal competente.

Seguidamente se refirió brevemente al hecho a investigar cuando el pasado 28 de abril del presente año, siendo aproximadamente las 18.00 hs., el imputado Germán Figueroa, se dirige a bordo de un Renault Logan hacia la calle 853, en intersección con Código 474 del barrio Abel Amaya, de nuestra ciudad. Al llegar inmediatamente descendió del vehículo y persiguió a pie a la víctima, Carlos Figueroa. Sobre la calle 475, a la altura del Número 230, extrajo entre sus prendas un arma de fuego y le manifestó “…..así que vos fuiste el que me robaste el bolso la otra vez, te acordas no …”. Seguidamente le efectuó un disparo a la altura de la cabeza y en la espalda, para posteriormente darse a la fuga del lugar a bordo del vehículo mencionado. Dichos disparos provocaron a la víctima Carlos Figueroa heridas en la cabeza y la espalda por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, encontrándose actualmente internado en el Hospital Regional, con estado de salud crítico.

Solicitando asimismo el fiscal se califique provisoriamente el hecho descripto como “homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego” en calidad de autor para Germán Figueroa. Seguido Cretton requirió el plazo de Ley, 6 meses, para concluir con la investigación; y se disponga la prisión preventiva del imputado por el término de 4 meses en base a la existencia de elementos de convicción para tenerlo como probable autor del hecho, la gravedad del mismo; y los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

En contraposición la defensora no se opuso a la legalidad de la detención, pero si cuestionó la autoría del hecho en cabeza de su pupilo ya que los elementos de convicción, a su entender, no son suficientes.

Finalmente el juez penal resolvió declarar legal la detención del imputado, dando por formalizado el hecho en su contra, dándolo por anoticiado del mismo y por asegurada su defensa técnica. Refiriéndose a la gravedad del hecho acontecido en la vía pública, que puso en peligro la vida de otras personas y el estado delicado en que se encuentra la víctima. Dictando el plazo de tres meses de investigación e igual plazo de prisión preventiva para el imputado Germán Figueroa.

La Justicia resolvió este viernes abrirle una investigación y dictarle prisión preventiva a Hugo Alcucero por el caso del joven baleado en el barrio INTA de Trelew el pasado miércoles por la tarde.

La audiencia de control de detención se desarrolló a través de videoconferencia y la Ivana González resolvió hacer lugar a lo solicitado por la Fiscalía, abriéndole una investigación al sujeto por “tentativa de homicidio”.

La representante del Ministerio Público, Analía Acuña, repasó lo sucedido y sostuvo que el detenido “sabiendo lo que hacía y con intenciones de darle muerte a Cristian Gursky le efectúa varios disparos con arma de fuego”.

Ante lo expuesto por las partes, y haciendo lugar a la solicitud de la Fiscalía, la Magistrada le dictó prisión preventiva al Alcucero por “el plazo que dura la investigación”, subrayando que se trató de un hecho de suma gravedad y al considerar que existe peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Vale señalar que no se definió si el sujeto permanecerá detenido en un establecimiento policial o bien se le concederá la prisión preventiva domiciliaria, ya que la Defensa comunicó problemas de salud y solicitó una revisión por parte del cuerpo médico forense.

Con estos datos, la Jueza Gonzáles resolverá y comunicará a las partes la modalidad de la medida de coerción impuesta.

Se revisó la prisión preventiva de Luis Alberto Ojeda quien está detenido desde el 19 de junio de 2018 por el homicidio de Fabián Cayunao, en una audiencia efectuada por videoconferencia, donde los jueces penales César Zaratiegui y Sergio Piñeda dispusieron la continuidad de la medida de coerción hasta la realización del juicio oral y público.

El fiscal general Enrique Kaltenmeier recordó el hecho ocurrido en la madrugada del 18 de junio de 2018 en el barrio Constitución, cuando el detenido golpeó violentamente a Fabián Cayunao y luego lo ejecutó efectuando dos disparos con una pistola calibre 9 mm., uno en la cabeza y otro en el tórax. Tras matar a Cayunao, el imputado arrastró el cuerpo de la víctima desde el departamento por la escalera hacia el frente del monoblock y lo dejó tirado en la vereda para posteriormente prender fuego el auto que pertenecía al agredido.

Después regresó al departamento, baldeó y limpió con agua pisos, paredes y muebles de la vivienda, además de los espacios comunes que son pasillos y escaleras. Antes que se allanara su casa arrojó por la ventana el arma homicida, un celular de su víctima y la llave de su auto entre otros elementos.

En la audiencia, el doctor Kaltenmeier señaló que no había variado ninguna de las razones por las cuales el doctor Fabio Monti valoró como fundamentos de la prisión preventiva de Ojeda el 22 de octubre de 2019, fecha en que se revisó por última vez y se elevó la causa a juicio oral y público.

Por su parte, el defensor Lisandro Benítez pidió el arresto domiciliario de Ojeda al considerar que lleva casi dos años detenido y que en el marco de la cuarentena con controles policiales y una presencia más fuerte de la fuerza que en condiciones normales era posible evitar los peligros procesales morigerando de esta manera la prisión preventiva.

Los Jueces Zaratiegui y Piñeda entendieron que lo expresado por el defensor no era un argumento suficiente y al no haber variado los elementos analizados en octubre la prisión preventiva de Luis Alberto Ojeda debe continuar en principio hasta el próximo 6 de mayo, fecha fijada para el inicio del juicio oral y público. No obstante, esa fecha puede verse afectada por la situación sanitaria que se atraviesa.

El domingo fue hallado el cuerpo de Juan Domingo Vallejos en Lago Rosario. Vallejos era buscado intensamente desde su desaparición, el 23 de octubre.

El Ministerio Público Fiscal, tomó intervención para averiguar la causa de la muerte. El lunes por la tarde se llevó a cabo la autopsia, que requirió una jornada completa de trabajo debido al avanzado proceso de descomposición. Esta situación exigió al Cuerpo Médico Forense, la toma de muestras para realizar estudios complementarios antes de emitir un informe concluyente. Dichos estudios se realizan fuera de la circunscripción.

El abogado y especialista en aspectos legales e informáticos Daniel Schurjin Almenar, expuso el viernes pasado sobre “Internet, los delitos informáticos y el derecho”. Lo hizo ante casi un centenar de operadores de la Justicia entre profesionales en general, fiscales, defensores y abogados particulares, de manera presencial y por videoconferencia con Comodoro Rivadavia y Esquel.

Almenar expresó que estos avances tecnológicos y la aparición de nuevos delitos, constituyen “un importante desafío para la Justicia. Fiscales, defensores y jueces deben realizar un permanente proceso de capacitación para conocer qué es lo que están investigando o juzgando. Por ello es muy importante el compromiso que asumió el procurador general del Chubut Jorge Miquelarena al momento de promover este tipo de capacitaciones.

La capacitación realizada en Rawson, fue el cuarto de seis encuentros programados y organizados por el Área Capacitación del Ministerio Público Fiscal del Chubut referidos al “cibercrímen” su problemática, evolución y aspectos legales para combatirlo. Almenar es abogado, docente en la Universidad de Buenos Aires, secretario de una fiscalía federal en Buenos Aires y coordinador general en la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, de la Procuración General de la Nación.

Previo a su exposición fue entrevistado en el programa “Esta mañana” conducido por Federico González y Martín Berrade que se emite por Canal 7 de Rawson. En la entrevista planteó la necesidad de la permanente actualización legal que impone el avance tecnológico y el desarrollo de Internet partiendo de las cualidades positivas de esta herramienta, aunque también “además de los beneficios, presenta serios riesgos”. En este último aspecto señaló la variedad de nuevos delitos que han aparecido como por ejemplo el grooming, los delitos sexuales, la pornografía infantil, aspectos discriminatorios, estafas a través de la web y la existencia de hacker en los sistemas.

Sin embargo destacó también el compromiso que debe asumir la sociedad en general, la familia y el sistema educativo. “No cabe duda que hay gente más vulnerable que otra. Por eso la capacitación, actualización y los aspectos preventivos, es una responsabilidad de todos”, señaló.

La jueza de Comodoro Rivadavia, Daniela Arcuri resolvió autorizar la apertura de la investigación preparatoria en contra de Enzo Uranga y Marcelo Guenumán, imputados por evadirse de la Alcaidía Policial de esa urbe petrolera el 31 de noviembre de 2018.

A su vez, le concedió al Ministerio Público Fiscal el plazo de seis meses para finalizar con la investigación del caso.

El escape

El hecho investigado aconteció el 31 de diciembre de 2018, entre las 22.50 y las 23.15 horas, cuando Enzo Martín Uranga, junto a Marcelo Fernando Guenuman y mediante la utilización de un trozo de hierro envuelto en trapos de colores, rompieron un cristal de una ventana de 50 centímetros por 1,10 de alto ubicada en el sector de celaduría del Pabellón N° 4 de la Alcaidía Policial de esa ciudad, lugar donde ambos se encontraban cumpliendo condenas.

En tales circunstancias, atravesaron los barrotes de la ventana, entre los cuales hay una distancia de 22 centímetros, desde donde presumiblemente accedieron a la celaduría, y techo del módulo descripto, para posteriormente darse a la fuga a través de los techos, desde donde resulta factible saltar hasta llegar al exterior, para luego evadirse del centro de detención.

Posteriormente fueron recapturados, Enzo Martín Uranga,y Marcelo Fernando Guenuman el 9 de enero y el 29 de junio de este año respectivamente. El episodio fue calificado por la funcionaria de Fiscalía, Gabriela Gómez como “evasión” en calidad de “coautores” para Uranga y Guenuman; y requiriendo el plazo de ley para concluir con la investigación, informó un comunicado de prensa de la Fiscalía comodorense.

La defensora oficial, Vanesa Ver,por su parte, cuestionó el plazo de investigación solicitado por la Fiscalía, pero no se opuso a ello y solicitó la aplicación de un criterio de oportunidad para futuro.

La jueza resolvió autorizar la apertura de la investigación preparatoria en contra de ambos imputados, dándolos por anoticiados del mismo y por asegurada su defensa técnica; concediendo por último al Ministerio Público Fiscal el plazo de seis meses para finalizar con la investigación, informó Diario Jornada.

Los denunciados son docentes y directores de escuelas, por presunta retención indebida de haberes; es decir: por haber recibido haberes que no les correspondían y no haberlos devuelto.

Este lunes el Fiscal de Estado Adjunto, Cristian Martínez, en representación del jefe de gabinete, Federico Massoni, presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se abra de manera genérica una investigación contra directores de escuelas y docentes. El presunto delito que motiva la denuncia es el prejuicio al Estado que resultaría de una metodología habitual en un pago indebido de salarios, que estiman en $ 38 millones mensuales, es decir, unos $ 456 millones al año.

A través de expedientes de algunas escuelas y una auditoría realizada por la Contaduría General, el Gobierno Provincial busca demostrar que se estaría ante acciones que podrían encuadrar en la presunta violación de los deberes de funcionario público –en el caso de los directores responsables- y presunta retención indebida, para aquellos docentes que se demuestre que lo han percibido.

Según esta denuncia, la maniobra es “un manifiesto ardid” de los directores de los establecimientos que omiten o retardan realizar los respectivos informes hacia el Ministerio de Educación para que el mismo organismo efectúe la baja de los haberes, como así también de aquellos agentes de la educación pública que reciben haberes indebidos en su cuenta bancaria y no los informan a través de los informes de devolución que deben presentar.

LA MANIOBRA

De acuerdo a la denuncia del gobierno, la maniobra consistiría en una “omisión por parte de los directores de los establecimientos educativos de informar al Ministerio de Educación el pago de haberes indebidos a los agentes cuyos cargos han dejado de prestar servicios, ya sea por renuncias, cambios de funciones, ceses de suplencias o licencias sin goce de haberes y sin embargo se les continúa abonando por varios meses los sueldos de los cargos como si los hubieran continuado prestando”, así lo informó ADN Sur.

Y a los docentes -aunque en ningún caso da un nombre y apellido en forma puntual-, los acusa porque “a sabiendas de que reciben mensualmente en su cuenta bancaria haberes indebidos por cargos u horas cátedras que no cumplen, no efectúan el trámite administrativo respectivo a los efectos de dar conocimiento de tal irregularidad y por ende de evitar de que lo sigan percibiendo”.