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El representante del Sindicato de Trabajadores Viales del Chubut, Carlos Milani, se refirió a la situación extrema que atraviesan los trabajadores estatales de la Provincia ante el atraso en el pago de sus salarios. “La situación es absolutamente crítica. “No damos más por eso salimos a la calle. En vez de mejorar la situación, cada día empeora”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “esta movilización es una medida más ante la situación extrema que vivimos con dos meses y medio de atraso salarial y a una semana de que sean tres meses y medio”.

“La situación es absolutamente crítica, ya los trabajadores directamente no podemos presentarnos a cumplir nuestras obligaciones porque no tenemos dinero ni siquiera para movilizarnos”, dijo en diálogo con El Comodorense.

Asimismo, aclaró que “ni hablar del tema de no poder sostener a la familia. Tenemos tarjetas de créditos, prestamos, alquileres y facturas que están sin pagar por esta situación”.

“Necesitamos respuestas urgentes y que se concrete el avance de una solución a este problema”, indicó.

Asimismo, aclaró que “si no hay respuestas las medidas de fuerza continuarán”.

“No damos más por eso salimos a la calle. En vez de mejorar la situación, cada vez empeora más. No vemos acciones políticas por parte del Gobierno para dar una solución a todo esto”, concluyó finalmente.

Así lo señaló este mediodía en su discurso en Rawson, Carlos Milani, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales del Chubut (SiTraViCh).

El dirigente, quien forma parte de la Mesa de Unidad Sindical, remarcó que “nos reunimos una vez más en esta que ya es una histórica esquina para los trabajadores, porque hace lamentablemente dos años que nos tenemos que concentrar aquí reclamándole a este Gobierno que modifique la política en beneficio de todos los trabajadores y del pueblo del Chubut”.

En tal sentido, indicó que “lo único que han hecho en estos últimos dos años, fue hacer permanentemente lo mismo, y esperan resultados distintos, que no los van a conseguir; por eso seguimos reclamando políticas para modificar la situación económica y social de la provincia”.

Milani pidió “por la unidad todos los trabajadores para defender nuestra dignidad, nuestros derechos de ciudadanos y de trabajadores, seguir luchando y no bajar los brazos”.

“Vamos a seguir reclamando de este Gobierno, que cumpla con todas las obligaciones para con los trabajadores”, cerró.

El juicio al ex jefe del Ejército César Milani por la desaparición del soldado Alberto Ledo entrará esta semana en una etapa decisiva que comenzará con la lectura de los alegatos y la posible formulación de un veredicto del Tribunal Oral Federal de Tucumán el próximo viernes.

Fuentes vinculadas a las querellas le confiaron a Télam que el miércoles Milani prestará una declaración referida a Ledo; el jueves se darán a conocer los pedidos de penas de las partes y es probable que un día después se produzca la sentencia por parte de los magistrados Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal.

Ledo, un estudiante de la carrera de Historia y militante del PRT, desapareció en junio de 1976 en la localidad tucumana de Monteros, donde se encontraba a las órdenes de Milani, por entonces subteniente del Batallón 141 de Ingenieros.

En esta causa, el militar que estuvo al frente del Ejército durante parte de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner está acusado por “encubrimiento y falsedad ideológica”, ya que confeccionó un acta en la cual se daba cuenta que el soldado había desertado.

El otro imputado en este juicio es el ex capitán Esteban Sanguinetti, el oficial salió de patrulla con Ledo el día de su desaparición, y es acusado de “secuestro y asesinato”.

El ex jefe del Ejército César Milani comenzará a ser juzgado a partir del jueves por el Tribunal Oral Federal de Tucumán por la desaparición del soldado Alberto Ledo, un hecho ocurrido en esa provincia durante la última dictadura militar.

Milani, quien fue absuelto en agosto pasado en un proceso oral y público que se le siguió por el secuestro y los tormentos supuestamente aplicados contra Pedro Olivera y su hijo, Ramón, está acusado en esta causa que se sustancia en Tucumán por “encubrimiento y falsedad ideológica».

El general retirado que estuvo al frente del Ejército durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner deberá afrontar este juicio -que comenzará luego de varias postergaciones- junto al ex capitán Esteban Sanguinetti, quien está imputado por el secuestro y asesinato de Ledo.

Los hechos que se analizan en esta causa ocurrieron en junio de 1976, durante el Operativo Independencia, cuando Milani era un subteniente y Ledo, nacido en La Rioja, cumplía con el Servicio Militar Obligatorio en Tucumán.

En tanto mañana, continuarán los alegatos en el juicio ESMA IV, en el que se ventilan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados por los grupos operativos de la Armada.

También mañana continuarán en La Plata los alegatos en el juicio a cinco ex militares del Batallón de Comunicaciones de Comando 601 de la localidad platense de City Bell, por su participación en un operativo en el que fueron asesinados un hombre y una mujer, y secuestrados tres niños en la localidad de Berazategui.

Además, mañana, el miércoles y el viernes proseguirán los testimonios en el juicio conocido como «Di Nápoli», por delitos de lesa humanidad cometidos en Zárate, y en el que se investigan los casos de 17 víctimas.

En esta causa están acusados Omar Di Nápoli, médico naval; Santiago Omar Riveros, ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo; y Jorge Bernardo, ex capitán de navío, informó Télam.

El presidente de vialidad, Nicolás Cittadini, aseguró que se mantendrá en el cargo por más que los dirigentes del sindicato hayan tomado el edificio central de esa repartición desde hace dos días, reclamando su renuncia.

Cittadini aseguró que «van por el gobernador Mariano Arcioni», interpretando que esta postura es una escalada que primero busca hacer caer a jefes de entes descentralizados y ministros y luego voltear al propio gobernador.

«Son los mismos que lo intentaron hace un año, ahora con más argumentos porque existe atraso en el pago de los sueldos» reconoció.

Sin embargo explicó que la única sede ocupada es la central y la de Esquel, porque las restantes, como Gaiman y Puerto Madryn están funcionando normalmente, al igual que la campaña.

Reiteró que tal como están las cosas, la situación se empeorará porque en el próximo sueldo no cobrarán lo mismo ya que se practicarán descuentos.

Aclaró que no acudirá a la fuerza para desalojar el edificio central porque «es lo que quiere Milani», y puso bajo su responsabilidad el patrimonio de la sede, así lo informó Radio Chubut.

Denunció además que quienes propician su alejamiento son los que se vieron perjudicados con su llegada, porque desde que está en vialidad se cortaron los privilegios, por ejemplo de quienes cobraban 100.000 pesos de horas extras -además de sueldo- y bonificaciones por trabajo en campaña.

Sin contar los casos de corruptela por certificaciones de obras que no se hacían o la contratación de maquinaria por 1.300 millones de pesos.

El ex jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner , César Milani fue absuelto en el juicio por delitos de lesa humanidad que llevó adelante el Tribunal Oral Federal de La Rioja y quedará en libertad. Las querellas adelantaron que apelarán el fallo.

El fallo -cuyos fundamentos se conocerán el 9 de setiembre-, fue en disidencia para el «hecho 1» correspondiente a la participación del militar en un secuestro y fue por unanimidad en el caso de traslado y hostigamiento y en el de asociación ilícita.

Milani fue acusado de participar en los secuestros, y torturas sufridas por Pedro Olivera (fallecido en 1999) y su hijo, Ramón, en marzo de 1977, cuando era un subteniente y prestaba servicios en el Batallón de Ingenieros en Construcciones 141, de esta ciudad.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Julián Falcucci (presidente), Jaime Díaz Gavier y Enrique Lilljedahl. Inicialmente la lectura del fallo, se había programado la lectura del fallo para las 13 y fue postergada consecutivamente, hasta que llegó tres horas y cuarto después de lo previsto.

Antes del veredicto, en la calle, frente al tribunal, crecía la efervescencia de los militantes de organizaciones de derechos humanos y sectores de izquierda, así lo informó La Nación.

En los momentos previos a que los jueces leyeran la sentencia,Milani -quien asistió a todas las audiencias con su uniforme militar- aseguró: «Estoy de pie, no me van a quebrar». Reiteró su inocencia e insistió en que es víctima de una «campaña política, mediática y judicial» en su contra.

Antes de la lectura del fallo, Milani masticó con vehemencia una pastilla y golpeteo con los dedos en el escritorio. A diferencia de la audiencia de la mañana, se lo vio nervioso.

La abogada de la familia Olivera, Adriana Mercado Luna, había pedido 20 años de cárcel para Milani y lo mismo para Catalán y Santacroce.
La abogada de la familia Olivera, Adriana Mercado Luna, había pedido 20 años de cárcel para Milani y lo mismo para Catalán y Santacroce. Fuente: LA NACION – Crédito: Diego Lima.

La abogada de la familia Olivera, Adriana Mercado Luna, había pedido 20 años de cárcel para Milani y lo mismo para Catalán y Santacroce. En su alegato aseguró, que se acreditó que el ex jefe del Ejército formó parte del grupo de inteligencia. «que se movía con autonomía, no sujeto a los controles de rutina, que participaba en allanamientos, detenciones, torturas y detención de personas».

Los fiscales Virginia Miguel Carmona y Rafael Vehils Ruíz habían reclamado 18 años de prisión para Milani; 12 para Santacrocce y 20 para el exjuez Catalán. La fiscal instó a que la ciudadanía, «nunca más pase cosas como éstas, que no tengan que esperar más de cuarenta años» y a que el sistema de administración de justicia le dé «una respuesta a gente que espera tanto tiempo un pronunciamiento». Los querellantes por las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia, Claudio Orosz y Enrique Biaffore también habían solicitado 18 años para el exjefe del Ejército.

Un funcionario político que gestiona para los trabajadores y un gremio que funciona como patronal, pide menos aumento del que le otorgan y bloquea el pase a planta de trabajadores precarizados.

La paradoja quedó sumamente expuesta en el acuerdo salarial firmado este lunes en la sede central de Vialidad. Pocas veces, y hasta me animaría a arriesgar que nunca, se da una situación de este tipo, el gremio conducido por Carlos Milani hizo una demanda de recomposición salarial por debajo de lo que ofreció la conducción de Vialidad a cargo de Nicolás Cittadini.

El pedido sindical fue de un 20% en marzo y un 15% a partir de abril. Sin embargo, por gestión del titular del organismo, se le otorgó a los trabajadores un 15% de aumento retroactivo a marzo, que se suma a un 21% acumulativo a partir de abril, esto hace un total de un 39% para todo el personal. Además, el acuerdo incluye la famosa cláusula gatillo asociada al IPC (Índice de Precios al Consumidor) Patagonia para el resto del año, aplicada trimestralmente.

Durante la rúbrica del acuerdo, pudo verse a “dirigentes sindicales” cabizbajos, pese a lograr una recomposición salarial por encima de otros sectores, mientras que en simultáneo se notaba el júbilo entre los trabajadores y la conducción política del organismo.

Pero este, no es el único ejemplo de esta inversión de roles. Durante el año pasado también se dio otro caso particular, la conducción de Vialidad dio de baja la totalidad de alquileres de equipos que se realizaba en diferentes lugares de la provincia.

De acuerdo a lo que manifestó Cittadini, la decisión se tomó porque las sumas que se gastaban en alquiler de equipos era millonaria y con esa plata se podían comenzar a comprar equipos para renovar la maquinaria añeja de Vialidad. De hecho, se activaron varias licitaciones públicas que lo dejan a la vista.

En estos tiempos, donde desde el Gobierno Nacional se esparce una visión neoliberal de la realidad y sobre todo de lo ineficiente que es el Estado. Valoramos este tipo de decisiones que dotan a los trabajadores de maquinaria porque respalda el trabajo estatal y protege la fuente laboral de muchas familias chubutenses.

Sin embargo, Sitravich ha dejado pasar durante años esta situación perjudicial para Vialidad sin alzar la voz y mucho menos utilizar “los bombos” para defender los intereses del Estado. Quizás existía algún interés particular o algún vínculo estrecho con los proveedores dueños de los equipos, pero no lo podemos asegurar…

Como frutilla del postre, Sitravich bloquea el ingreso a planta de trabajadores precarizados

En este sentido, la conducción política de Vialidad ha mostrado gestos para dar de baja los “contratos” que todos sabemos, es una forma de precarización laboral enquistada en el Estado. Sin embargo, la dirigencia sindical se ha transformado en la patronal y se escuda en un sistema de concursos, que desde que se implementó permitió el ingreso de 115 personas sin pasar por ningún tipo de examen.

La lucha contra la precarización laboral es una de las banderas del sindicalismo en nuestro país, pero parece que para Milani y compañía, no es una prioridad. Pero bueno el segundo del gremio “Cacho” Campos se jubiló con una clase profesional sin haber ni siquiera usado el estacionamiento de una universidad, según lo manifiestan algunos de sus ex compañeros, usufructuando fisuras del Convenio Colectivo de Trabajo, tal como lo hacen funcionarios inescrupulosos que toman el Estado como propio.