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El portal Infobae, a través de su Unidad de Datos, analizó las últimas declaraciones juradas anuales patrimoniales que presentaron ante la Oficina Anticorrupción los legisladores.

Diez diputados nacionales informaron tener más de 1 millón de dólares en su patrimonio, y el ranking lo encabeza el entrerriano Atilio Benedetti de Juntos por el Cambio, con $332,6 millones, equivalentes a 5,5 millones de dólares al cambio de la AFIP al 31 de diciembre.

En el ranking de los diez primeros, aparece en octavo lugar el chubutense Gustavo Menna, de la UCR, con $64.791.938.

El comodorense en su actividad privada, es socio del estudio jurídico “Gutiérrez Hauri & Menna Abogados” en la ciudad petrolera. Además se desempeña como docente a cargo de tres cátedras en la Facultad de Jurídicas, Sede Comodoro Rivadavia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Los datos corresponden al ejercicio 2019 y son los mismos que deben presentar en su declaración de Bienes Personales anualmente ante la AFIP a los fines impositivos, pero la información enviada a la Oficina, incluye solo un detalle general de los bienes y su valuación fiscal.

El diputado nacional Gustavo Menna aseguró que «no dan los números» para cumplir con la promesa del gobierno provincial de dejar de pagar por rangos a partir de fin de año, salvo que se pague el mes vencido y queden colgados las casi tres masas salariales que se adeudan.

«Sería una especie de ahorro forzozo a través de un bono» interpretó Menna en base a declaraciones periodísticas que realizó el ministro de economía del Chubut, Oscar Antonena.

De ser así se estaría ante un mecanismo de «alta complejidad legal» y muy cercano a lo que interpreta como una cuasi moneda.

La deducción de Menna es que si el gobierno de Mariano Arcioni cumple con lo que dijo, debería contar con fondos suficientes para cubrir toda la deuda salarial y hacer una raya que permita una normalidad desde el último mes del año.

Sin embargo en simultáneo espera un refuerzo de 9.000 millones de pesos entre el fideicomiso y las letras en dólares, lo que de ninguna manera cubriría los 15.000 millones que por lo menos le debe a los empleados públicos en materia de salarios caídos y medio aguinaldo.

También dijo desconocer de dónde saca el gobernador que «disminuyó la planta política» y ahorró 600 millones de pesos, tal como lo anunció en conferencia de prensa.

Además recordó que necesita de acuerdo parlamentario para más endeudamiento que todavía no está garantizado y por lo que él sabe, al menos de la bancada de «Juntos por el Cambio» no esperen los votos de los diputados provinciales.

De paso cuestionó al gobierno provincial por no haber pedido abiertamente que se apruebe el proyecto que presentaron junto con el diputado nacional Ignacio Torres para una asistencia para Chubut de 30.000 millones de pesos con lo cual podría enderezar la crisis.

Por el contrario no solo existió un pedido en tal sentido sino que los diputados oficialistas Santiago Igón, Estela Hernández y Rosa Rosario Muñoz votaron en contra el tratamiento sobre tablas, señaló Radio Chubut.

El pacto Menna – Arcioni no es nuevo, y el malestar que genera filas adentro de Juntos por el Cambio tampoco. Son muchos los reclamos que cada vez tensionan más puertas adentro “porque Gustavo no banca a la militancia, solo banca a sus socios” aseguran en el radicalismo Chubutense.

El Banco Búnker

En 2012, Gustavo Menna fue Síndico Titular en el directorio del Banco del Chubut, cargo que ocupó durante años hasta que se consagró diputado nacional en 2017. Una vez asumido en diciembre de ese año, el ahora diputado dejaba una vacante que luego ocuparía Juan Gutiérrez Hauri. En abril de 2018 Hauri asumía la sindicatura del Banco del Chubut para continuar el legado de Menna respetando los mismo Términos y Condiciones que su predecesor. De esta manera, el Banco del Chubut se convierte en un verdadero Búnker que lleva casi una década inyectándole alrededor de 20.000.000 de pesos en los últimos 8 años, una verdadera fortuna.

El Estudio Jurídico Menna & Hauri

El vínculo entre el Diputado y el Síndico es claro: son socios del estudio jurídico “de los Dres. Juan A. Gutiérrez Hauri y A. Gustavo Menna en donde se atienden empresas de servicios petroleros, transporte, pesca, seguros, comercio, construcción y seguridad privada”.

De esta manera, mientras Gustavo Menna se abraza constantemente con Mariano Arcioni, Juan Hauri se comunica constantemente con su jefe política para consultar qué hacer, cómo y cuándo. Es decir, los casi 3.000.000 de pesos anuales que reciben no son gratis, entre abrazo y abrazo, Menna debe consultar con delicadeza el próximo movimiento con el Gobernador.

El Pacto Menna & Arcioni

El Pacto con el gobernador Mariano Arcioni tiene una explicación muy clara: los tres son oriundos de Comodoro Rivadavia, y entre abogados y escribanos, no es muy difícil pensar los negocios que pueden tener juntos, los clientes que deben compartir, los arreglos que han de negociar, etc.

En la esfera política, y aunque parezcan pertenecer a un espacio político u otro, el acuerdo también se visualiza con claridad. Por ejemplo, apenas unos meses de asumido, Hauri evitó asistir a la Legislatura provincial donde había sido convocado para que informara de forma urgente los saldos diarios que poseyó la provincia en sus distintas cuentas desde el 23 de Mayo al 12 de Junio.

El descontento de la militancia

Tanto desde la juventud radical como en el núcleo de los históricos militantes, corren la voz por los pasillos del partido centenario, cansados ya de los beneficios para unos pocos. El Pacto entre Arcioni y Menna no es algo que solamente enoja, sino que excluye a muchos de los correligionarios que ponen el cuerpo desde siempre sin recibir nada a cambio.

 

El pacto Menna – Arcioni no es nuevo, y el malestar que genera filas adentro de Juntos por el Cambio tampoco. Son muchos los reclamos que cada vez tensionan más puertas adentro “porque Gustavo no banca a la militancia, solo banca a sus socios” aseguran en el radicalismo Chubutense.

El Banco Búnker

En 2012, Gustavo Menna fue Síndico Titular en el directorio del Banco del Chubut, cargo que ocupó durante años hasta que se consagró diputado nacional en 2017. Una vez asumido en diciembre de ese año, el ahora diputado dejaba una vacante que luego ocuparía Juan Gutiérrez Hauri. En abril de 2018 Hauri asumía la sindicatura del Banco del Chubut para continuar el legado de Menna respetando los mismo Términos y Condiciones que su predecesor. De esta manera, el Banco del Chubut se convierte en un verdadero Búnker que lleva casi una década inyectándole alrededor de 20.000.000 de pesos en los últimos 8 años, una verdadera fortuna.

El Estudio Jurídico Menna & Hauri

El vínculo entre el Diputado y el Síndico es claro: son socios del estudio jurídico “de los Dres. Juan A. Gutiérrez Hauri y A. Gustavo Menna en donde se atienden empresas de servicios petroleros, transporte, pesca, seguros, comercio, construcción y seguridad privada”.

De esta manera, mientras Gustavo Menna se abraza constantemente con Mariano Arcioni, Juan Hauri se comunica constantemente con su jefe política para consultar qué hacer, cómo y cuándo. Es decir, los casi 3.000.000 de pesos anuales que reciben no son gratis, entre abrazo y abrazo, Menna debe consultar con delicadeza el próximo movimiento con el Gobernador.

El Pacto Menna & Arcioni

El Pacto con el gobernador Mariano Arcioni tiene una explicación muy clara: los tres son oriundos de Comodoro Rivadavia, y entre abogados y escribanos, no es muy difícil pensar los negocios que pueden tener juntos, los clientes que deben compartir, los arreglos que han de negociar, etc.

En la esfera política, y aunque parezcan pertenecer a un espacio político u otro, el acuerdo también se visualiza con claridad. Por ejemplo, apenas unos meses de asumido, Hauri evitó asistir a la Legislatura provincial donde había sido convocado para que informara de forma urgente los saldos diarios que poseyó la provincia en sus distintas cuentas desde el 23 de Mayo al 12 de Junio.

El descontento de la militancia

Tanto desde la juventud radical como en el núcleo de los históricos militantes, corren la voz por los pasillos del partido centenario, cansados ya de los beneficios para unos pocos. El Pacto entre Arcioni y Menna no es algo que solamente enoja, sino que excluye a muchos de los correligionarios que ponen el cuerpo desde siempre sin recibir nada a cambio.

El diputado nacional por Chubut, Gustavo Menna, emitió su opinión sobre el conflicto en la Municipalidad de El Hoyo.

El gobierno provincial ha demostrado una torpeza e impericia notable en el conflicto suscitado en el Municipio de El Hoyo. En lugar de encauzarlo lo potencia.

El Concejo Deliberante adoptó una decisión enmarcada en un procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Municipios.

Es una decisión que corresponde a la autonomía de cada Municipio que garantiza nuestra Constitución Provincial. Más aún, luego de la reforma de 1994, también la Constitución Nacional reconoce en su art. 123 las autonomías municipales.

No corresponde entonces que funcionarios provinciales –y menos aún nacionales-, se inmiscuyan en la cuestión y pretendan ejercer un tutelaje de lo que deciden quienes han sido elegidos por el pueblo de su comunidad, como lo son los concejales.

A todo evento, si no existiera una causa justificada o si el procedimiento hubiese sido irregular, es la Justicia la que deberá determinarlo.

Desde lo político, no se entiende además cómo el gobernador, que tiene en su propia gestión una crisis sin precedentes, con sueldos y aguinaldo impagos, pueblos sin energía eléctrica, recurrentes recambios ministeriales y una administración paralizada, sale a opinar con tanta liviandad propiciando una intervención, en lugar de generar una instancia previa. Por ej. su Ministro de Gobierno podría tomar contacto con los actores del conflicto, informarse de la situación y procurar una instancia de diálogo institucional.

A ningún gobernante se le pueden escapar dos datos a la hora de ponderar este conflicto: uno, el de la autonomía municipal, que implica precisamente que estas situaciones sean resueltas dentro de la propia comunidad sin intervención de terceros –los de afuera son de palo-; el otro, que la mayoría que dio lugar a la suspensión del Intendente se formó con el voto del propio oficialismo municipal (FdT) y el acompañamiento de los concejales del partido del gobernador (Chubut al Frente) y Juntos por el Cambio.

¿El gobierno provincial no habla ni consulta con sus propios concejales?

¿Cómo es posible que sin conocer detalles ni contar con mayor información, se salga con un pronunciamiento de tanta gravedad como lo es la intervención del Municipio?

Llama también la atención la fragilidad del equipo de gobierno provincial ya que es evidente que nadie le alertó al gobernador del paso en falso que significaba el anuncio de una intervención.

“He decidido intervenir la Municipalidad de El Hoyo” dijo en forma categórica el sábado, sin tomar en cuenta que tal decisión solo puede ser adoptada por la Legislatura, pues así lo establece el art. 243 de la Constitución Provincial. Y con una mayoría agravada de 2/3 del total de los diputados, según lo estipula el art. 127 de la Ley Orgánica de Municipios.

Además, no se tuvo en cuenta que para intervenir un Municipio –lo que conlleva desplazar a todas las autoridades electas por el pueblo, intendente y concejales-, tiene que haber causa. La Constitución contempla dos: acefalía o una expresamente prevista en la Ley Orgánica de Municipios. Ninguna de ellas se da en este caso.

Y finalmente, una intervención no permitiría reponer al intendente en su cargo. Todo lo contrario, el art. 128 de la Ley Orgánica de Municipios obliga al Poder Ejecutivo Provincial a convocar a elecciones dentro de los 45 días de promulgada la ley de intervención.

Como se puede ver, es una cuestión sumamente compleja desde lo jurídico, controversial desde lo político y trascendente desde lo institucional, como para anunciarla sin un análisis profundo y a través de twitter.

Semejante anuncio no solo no contribuyó a solucionar el conflicto, sino que lo expuso a quedar políticamente desautorizado, ya que difícilmente obtenga esa súper mayoría en Legislatura. Lo más probable es que, como ocurrió con tantos otros anuncios, ni siquiera sea enviado un proyecto de ley de intervención, señaló El Comodorense.

El diputado nacional de Chubut, Gustavo Menna (UCR-Juntos por el Cambio), participó ayer de un encuentro a través de Zoom para coordinar criterios con prestadores de servicios vinculados al turismo de toda la región patagónica. Pretenden lograr la sanción de la Ley de Emergencia impulsada por el propio Menna y Alfredo Cornejo.

El encuentro se dio en el marco de la propuesta de “Zoom Patagónico” que ha llevado adelante Menna junto a sus pares Lorena Matzen (Río Negro) y Roxana Reyes (Santa Cruz).

La propuesta elaborada por Menna y Cornejo tuvo dictamen de minoría en una reciente reunión de la Comisión de Turismo en la que el oficialismo del Frente de Todos optó por darle dictamen de mayoría a una iniciativa del diputado nacional Ramiro Fernández Patri.

Sobre ésta última, los prestadores coincidieron en calificarla de insuficiente e inadecuada para la grave crisis por la que atraviesa el sector, que emplea a 650.000 personas en todo el país y que ha sido uno de los más afectados por las medidas de prevención de la pandemia.

Durante el Zoom de este jueves, Menna puso en valor que el proyecto de Ley de Emergencia “se construyó colectivamente con conversaciones y decenas de reuniones con distintas entidades y cámaras y, sobre todo, con los autoconvocados, un fenómeno muy importante que recorre el país”.

De la reunión participaron, entre otros, los prestadores y empresarios Rubén Martínez (El Calafate), Ana Casale (Bariloche), Paola Priotti (Tierra del Fuego), Lucila Roth (Autoconvocados, de Puerto Madryn); Víctor Correia, del Hotel Lucania de Comodoro; Gisel Iaccarino, de la Cámara de Comercio de Viedma; y el reconocido empresario madrynense Willie Paats, señaló El Comodorense.

La propuesta alcanza a las otras regiones también alcanzadas por el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas: el Departamento mendocino de Malargüe y la Puna. El último plazo establecido vence el año próximo.

El diputado nacional de Chubut Gustavo Menna, integrante del bloque UCR-Juntos por el Cambio, presentó este lunes en el Congreso un proyecto de ley para prorrogar por diez años más el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, cuyo último plazo establecido vence el año próximo.

Menna fundamentó el proyecto de ley en el hecho de que el Fondo beneficia a las provincias patagónicas, además del Departamento mendocino de Malargüe y a la región de la Puna, zonas que, además de ser productoras de gas, se caracterizan por las bajas temperaturas en los períodos invernales, lo cual hace que el consumo residencial del fluido permanezca invariable a lo largo de los años.

Además resaltó que, en el contexto de la pandemia del Covid 19, se prevé una fuerte caída de la economía, con el consecuente aumento del desempleo y de los ingresos familiares, lo cual hace previsible que las familias alcanzada por el Fondo Fiduciario “no puedan enfrentar un régimen tarifario distinto del que vienen costeando”, argumentó.

La presentación de la iniciativa, bajo el expediente 3.330-D-2020, fue acompañada por Roxana Reyes (Santa Cruz), Lorena Matzen (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Osmar Monaldi (Jujuy), Omar de Marchi (Mendoza), Jimena Latorre (Mendoza), Héctor Stefani (Tierra del Fuego), David Schlereth (Neuquén) y Francisco Sánchez (Neuquén).

Menna recordó en el proyecto de ley que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas fue creado en el año 2002, mediante la Ley 25.565 y que, en ese comienzo, el objetivo fue “financiar, por un lado, las tarifas diferenciales de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo de uso domiciliario para la zona sur del país y del Departamento Malargüe de Mendoza y, por el otro, la venta para uso domiciliario de cilindros, garrafas, o gas licuado de petróleo” también en las provincias de la región patagónica y el Departamento mendocino.

Luego, la Ley 25.725 modificó en 2003 la normativa anterior e incluyó a la zona de la Puna; en tanto que “más tarde, en 2009, la Ley 26.546 prorrogó el sistema de financiamiento del Fondo Fiduciario por 9 años a contar desde su vencimiento en el ejercicio 2012, lo que da lugar a que el beneficio caduque el año próximo”, explicó Menna.

Agregó el legislador que la prórroga del plazo por 10 años adicionales contados desde el vencimiento en 2021 propuesta en su proyecto de ley “reconoce una cuestión básica: el patrón de consumo de la región, el cual no se ha modificado con el paso de los años simplemente porque obedece a una cuestión climática”.

“Por otro lado -añadió- y ante el sombrío panorama económico que anticipa la post-pandemia y los pronósticos para Argentina que auguran un derrumbe de hasta el 10% del Producto Bruto Interno, una alta tasa de desempleo y, consecuentemente, una caída de los ingresos familiares, lo esperable es que las familias” de las regiones involucradas “no puedan enfrentar un régimen tarifario distinto del que vienen costeando”.

“Ello sucederá por bastante tiempo, si nos atenemos a las bajas perspectivas de crecimiento para nuestro país y la lentitud con que el mismo se daría, de acuerdo a los análisis de expertos”, añadió.

Mencionó en este contexto que “la cuestión del inminente vencimiento del sistema establecido por la Ley 25.565 suscita una enorme preocupación entre los usuarios y consumidores”, y que esta preocupación “debe ser atendida y despejada con anticipación en atención a la complejidad y plazos que demanda el trámite legislativo”.

Acto de justicia

Además, puso en valor que “la prórroga resulta un acto de estricta justicia federal”, ya que “el subsidio alcanza a usuarios y consumidores que residen en las provincias productoras de gas, como es el caso de Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Mendoza y Salta”.

“Si bien son en su mayoría zonas de alto consumo de gas en razón de su clima extremo, y que por ello una tarifa plena afectaría la capacidad de consumo de los usuarios”, dijo Menna, también debe considerarse “que esos consumidores residen en las provincias que aportan el gas a todo el país, con lo cual su situación debe ser considerada, atendiendo el mandato de contribuir al crecimiento armónico de la Nación y equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones que dispone el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional”, señaló El Comodorense.

El legislador nacional que responde a la oposición acusó al gobierno de no dar señales de superar la difícil situación por la que atraviesa y opinó que la crisis se profundiza con el paso del tiempo.

Advirtió que lo único que ha intentado hacer por ahora el gobierno es renegociar la deuda externa, aunque no se explica cómo será ese procedimiento porque los bonos emitidos tienen garantías autoejecutables a través de las regalías petroleras, con lo cual los acreedores saben que sí o sí lo van a cobrar.

Por eso pidió que los diputados provinciales tengan muy en cuenta qué se está negociando para que los acreedores abran la negociación, porque si es estirar los plazos a costa de una mayor tasa de interés se está contrayendo deuda, por lo cual será una solución a corto plazo pero a la larga se terminará pagando más, señaló Radio Chubut.

El diputado nacional Gustavo Menna (Chubut) anticipó que elevará este lunes al Jefe de Gabinete de Ministros una nota en la que pedirá explicaciones acerca del traslado de la sede administrativa de YPF, actualmente instalada en Comodoro Rivadavia, hacía la localidad santacruceña de Las Heras. La decisión fue anunciada este fin de semana por la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

Además, pide detallar «las razones que se tuvieron en cuenta para motivar la determinación de trasladar la sede de la administración de Comodoro Rivadavia».

Está posición adoptada «por los directores representantes del Estado Nacional en relación a la determinación de traslado de la sede administrativa», deja ver que «se considera a las provincias de Santa Cruz y Neuquén para la definición de las sedes de la región Sur, obviándose a la provincia del Chubut».

Menna pedirá las «razones por las cuales la compañía no hizo una comunicación pública dando cuenta de la determinación» y «por las cuales el CEO de la compañía, Sergio Affronti, comunicó la decisión únicamente a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, sin hacer lo propio con el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni».

Asimismo espera explicaciones para saber «si la determinación implica despedir personal que se desempeña en la sede de Comodoro Rivadavia» y si «implica rescindir contratos con proveedores domiciliados en la Provincia del Chubut», sentenció.

Para ello, el diputado nacional presentó este viernes un proyecto de Resolución en el Congreso. Además solicita que se aumente la dotación de personal en esa sucursal y en la de la vecina José de San Martín. La sucursal de Gobernador Costa se encuentra sin servicio porque su único empleado está en aislamiento social preventivo y obligatorio en Trelew.

El diputado nacional chubutense Gustavo Menna presentó un proyecto de Resolución en el Congreso por el cual pidió que el jefe de Gabinete de ministros de la Nación intervenga para rehabilitar de “manera inmediata” el Correo Oficial en la localidad de Gobernador Costa, cuyo servicio se encuentra suspendido desde hace diez días. El pedido incluye la dotación de mayor personal a esa dependencia, y a la de la vecina José de San Martín.

La iniciativa se basa en el hecho de que el único empleado de la sucursal del Correo Oficial de la República Argentina S.A. en Gobernador Costa se encuentra en Trelew donde debe cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio por 14 días, ya que viajó a esa ciudad en el momento en el que se la declaró de transmisión comunitaria del virus.

El proyecto, presentado este viernes bajo el número de expediente 2805-D-2020, tuvo como cofirmantes a los diputados Roxana Reyes (Santa Cruz), Lorena Matzen (Río Negro), Karina Banfi (Buenos Aires), Gabriela Lena (Entre Ríos), Álvaro de Lamadrid (CABA), Brenda Austin (Córdoba), Estela Regidor (Corrientes) y José Luis Riccardo (San Luis).

Al fundamentar el reclamo, Menna reseñó que “el Correo Oficial de la República Argentina S.A., como prestador oficial del servicio público postal, telegráfico y monetario, nacional e internacional de nuestro país, es una Sociedad Anónima cuyo único accionista es el Estado argentino y se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

El Correo cuenta “con una red de más de 1.400 sucursales y unidades postales diseminadas por todo el país, siendo la única empresa con llegada a todos los domicilios, habitantes y organizaciones argentinas”, agregó el diputado.

“Sin embargo -explicó- existen ciertas deficiencias del servicio brindado por el Correo Argentino que se manifiestan con mayor intensidad en el contexto de pandemia global que atravesamos”.

En el caso de Gobernador Costa, dijo, “actualmente, este servicio esencial se encuentra suspendido porque el único empleado con el que cuenta la empresa está cumpliendo aislamiento obligatorio por haber viajado a la localidad de Trelew, declarada ciudad de transmisión comunitaria del virus SARS-CoV-2”.

Así, “hasta tanto el trabajador no finalice el aislamiento, la sucursal permanecerá cerrada y la sucursal vecina de José de San Martín -ubicada a solamente 12 kilómetros- tiene un servicio reducido por circunstancias similares”.

Ante ello, las autoridades locales de Gobernador Costa, precisó Menna, “vienen reclamando un aumento en la dotación del personal de la sucursal, debido a que el servicio se suspende por enfermedad, licencia o cualquier otra vicisitud que pueda afrontar el único empleado”.

Y agregó que “hasta hace unos meses, la empresa sostenía relaciones laborales con otros empleados que podían realizar reemplazos, pero actualmente ya no cuenta con esta posibilidad y lo mismo ocurre con la vecina localidad de José de San Martín”.

Menna explicó que “el servicio de correos resulta imprescindible” en este tipo de localidades del interior chubutense, “donde los vecinos necesitan recibir paquetería con remedios, artículos de primera necesidad y, fundamentalmente, cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia”.

Por ello, concluyó Menna, “resulta fundamental que el Poder Ejecutivo Nacional intervenga en forma urgente, ante el Correo Oficial de la República Argentina S.A. como sociedad bajo su órbita, con el objeto de incrementar el número de empleados en las sucursales de Gobernador Costa y José de San Martín, cuyos servicios se están brindando de manera deficiente o, en el peor de los casos, se suspenden temporalmente”, señaló El Comodorense.