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La Policía controla el tránsito y ola de inseguridad se multiplica.

Por disposición del Ministro de Gobierno de la provincia, Federico Massoni, los agentes policiales pierden horas y horas de su trabajo en controles rutinarios de tránsito, mientras los comerciantes y propietarios se “acostumbran” a que los amigos de lo ajeno se apoderen de su trabajo.

La sociedad chubutense descreída de la Justicia ni siquiera pierde tiempo denunciando los hechos de inseguridad que vive a diario. Este viernes los vecinos de Treorky, entre Gaiman y Trelew, realizarán un “tractorazo” cansados de la desidia del Estado que no le brinda respuestas ante los innumerables robos que sufren en sus propiedades.

Massoni Inseguridad

A pesar del blindaje mediático no logran tapar la realidad. Daniel Taito ni con el dinero de la pauta oficial a los grandes medios puede tapar la ola de inseguridad sin precedentes que vive la provincia.

Hace un tiempo atrás, en Trelew por ejemplo, los robos en los vehículos existían y sobre todo en el centro de la ciudad había casos de vidrios rotos para robar alguna pertenencia olvidada a la vista. Sin embargo, en los últimos meses lo que desaparecen son los vehículos completos que son utilizados para delinquir o directamente no aparecen más.

Esto indudablemente, genera un malestar social peligroso, porque de la mano de la inoperancia gubernamental promovida por la incapacidad manifiesta de sus funcionarios, va creciendo una delicada y escalofriante aceptación social ante los casos de justicia por mano propia.

Si continuamos con un ministro de Gobierno como Federico Massoni, preocupado por los delincuentes que ya están presos y no por los que están libres robándole a nuestros vecinos o instruyendo a los agentes policiales a que controlen documentación vehicular estamos siendo conducidos a un territorio gobernado por lo que Darwin denominó como la “supervivencia del más fuerte”.

Cuando alguien calumnia, injuria o perjudica a alguien según Massoni lo tiene que resarcir económicamente, entonces la pregunta es ¿Quién resarcirá a las víctimas de la inseguridad por la incapacidad de Massoni? ¿Será Massoni con el dinero de su propio bolsillo? ¿Si por las malas decisiones e incapacidad del Ministro de Gobierno para brindar seguridad alguien sufriera perdidas económicas, lo más lógico no sería que responda con su propio patrimonio?

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En diálogo con FM Tiempo Trelew (91.5), Massoni explicó que “cuando comenzamos nuestra tarea y el gobernador nos dio la responsabilidad, lo primero que buscamos en el plan de seguridad fue ver los elementos que van a dar acompañamiento al recurso humano, elementos materiales y tecnológicos. Y una de las mejores inversiones era la creación y fortalecimiento de los centros de monitoreo. Y me encuentro que ninguno de los centros estaba funcionando como corresponde para la prevención del delito”.

Afirmó que “no funcionaba habiendo realizado una inversión de 35 millones y existiendo un expediente que se iba a comenzar por 70 millones. Por ello analice el expediente para ver las falencias”.

Al ser consultado si fue adrede o por negligencia, el funcionario no dudó en afirmar que hubo intencionalidad.

“Y cuando menciono a los funcionarios que podrían tener responsabilidad, como Rafael Williams (exministro de Gobierno) o Pablo García y a funcionarios dependientes de modernización del Estado (cartera en su momento a cargo de María Victoria Das Neves) es porque los mismos constan en el expediente”.

Y planteó que puede haber similitudes con el caso Correa, donde se investiga diferentes maniobras fraudulentas con plata del Estado.

“Podría tener una vinculación en cuanto al mecanismo. El delito que se investiga es el mismo delito de defraudación, un perjuicio económico al Estado. Las cosas que hemos encontrado en el expediente son graves”.

Y reflejó que “la Fiscalía de Estado menciona algo que llamó la atención que en principio es la licitación para las compras. En este caso por 35 millones y en el cual se estableció un 25% de anticipo. Casi 9 millones. Todo eso de forma directa, se direccionó la compra de forma directa a una empresa. El principio dice que no se puede hacer esto, pero hay excepciones. Una excepción es que se haya decretado una emergencia en la seguridad. Y como la había, creyeron que por eso se podía direccionar y eso es una irregularidad grave”.

Ejemplificó: “La firma de algunos funcionarios fue generadora de actos administrativos de compromisos del Estado que después no se cumplían. Si se realizaba determinado trabajo que la empresa quería cobrar, había una persona que daba fe de que ese trabajo se realizó. Cuando íbamos a constatar el trabajo, veíamos que no se realizó, o que no se habían recibido las cámaras. Todo eso junto con la mala instalación y tecnología que era obsoletas”.