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De acuerdo a los allanamientos realizados recientemente se han producido diferentes denuncias sobre las irregularidades de los procedimientos policiales cometidos en la Provincia del Chubut.

Al respecto, la jueza penal Mariel Suarez, explicó que la función del ministro de Seguridad, Federico Massoni es “diseñar políticas de seguridad, pero no tiene una función policial”.

“Me preocupa la propaganda de la función pública, el show de combatir el delito. Se puede perseguir el delito decentemente, respetando derechos”, dijo.

Sobre lo sucedido, remarcó que “quien está encargado de la seguridad de la Provincia está dando a la sociedad un mensaje peligroso”.

Insistió durante su entrevista con La Cien Punto Uno que “esto tiene que evaluarse con los límites de la ética. En la Justicia no hacemos propaganda de nuestro trabajo. Somos transparentes en la información porque es una obligación, pero no para festejar cuantas condenas tenemos”.

También, aclaró que “los ministros tienen una obligación de transparencia en su función, pero no está relacionado con publicitar su trabajo. Tiene que ver con ser transparente en cuanto a las píticas o contratos por ejemplo”.

Finalmente, la jueza penal Suarez enfatizó que “no quiero entrar en una discusión con el ministro de Seguridad, Federico Massoni porque no me interesa. Me preocupa el desconocimiento del derecho, podría hacer que se plantee la nulidad de un allanamiento. Debemos dar las garantías constitucionales”.

Fuente La Cien Punto Uno

En las últimas horas se supo de una tercera víctima de los violentos allanamientos que por error llevó a cabo el lunes 19 de octubre la Policía, junto al Grupo Especial de Operaciones Policiales y la Brigada de Investigaciones de Comodoro Rivadavia, bajo la supervisión del ministro de Seguridad, Federico Massoni, quien al no poder ingresar a los domicilios por orden judicial, siguió todo desde la vereda.

Además de Diego Quinteros, el vecino del barrio San Cayetano que sufrió la violenta irrupción policial en medio de la madrugada y que fue reducido a golpes mientras le destrozaban la vivienda; y de Walter Godoy, del Máximo Abasolo, a quien también le rompieron la puerta, el auto y asustaron a su familia con gritos y la exhibición de armas, ahora se suma una mujer del barrio San Martín.

La víctima que reside en una vivienda de Los Duraznos sin numeración junto a sus dos hijos menores, padeció también los destrozos de su vivienda por error en las diligencias que llevó adelante la Brigada de Investigaciones en busca de desarmar a dos bandas antagónicas.

La orden judicial con la que irrumpieron los policías decía que en ese domicilio vivía un sospechoso de apellido Barría, aunque este hombre reside en una vivienda ubicada en la misma calle.

Al domicilio de la mujer la Policía ingresó a las 5:30 y le rompieron el portón y la puerta de entrada. En medio del susto, ella y sus hijos menores vieron ingresar a los uniformados, gritando y arrojando al suelo todo lo que se les cruzara.

HAY DENUNCIA

La denuncia de la mujer ya fue radicada ante la Defensa Pública, que a través de su Oficina de Violencia Institucional se ocupa de asesorar a las víctimas de atropellos policiales como los que se produjeron el lunes 19 de octubre en Comodoro, en medio de los 22 allanamientos profusamente promocionados por Massoni en persona.

Además, esas diligencias fueron publicitadas en videos por el Ministerio de Seguridad de la provincia y en uno de ellos se observa la irrupción violenta del GEOP y el terror en el rostro de una niña ante la presencia de los efectivos armados.

Luego el video fue editado pixelando la imagen de la niña y nuevamente colgado en las redes sociales del Ministerio de Seguridad, lo que valió el repudio de distintas instituciones que velan por los derechos de los niños como el Consejo Municipal de la Niñez, Adolescencia y Familia, la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia y el Grupo Pro Derechos de los Niños.

El Ministerio Público Fiscal informó que ya tramita tres causas por estos allanamientos en los que se denuncia las irregularidades de los procedimientos policiales. Una de ellas se trata de la denuncia que realizó la Defensoría Pública sobre la difusión de los videos en los que se vulneraron los derechos de una niña.

Fuente : El patagónico

El Doctor Gastón Bordier habló acerca del poder político en Chubut contra el trabajo de los periodistas.

El poder político en Chubut ha iniciado acciones contra periodistas que realizan crónicas de hechos que son públicos, estos son juicios que son querella por calumnia, son absolutamente atípicos en los códigos penales.

“El código penal no prohíbe que un periodista que está haciendo crónica sobre los hechos que son públicos, se dispone el derecho a hablar de los funcionarios cuando se está frente a los asuntos de interés público, los funcionarios públicos se someten al mayor escarnio de la opinión pública”, indicó Bordier.

Así mismo, el Dr. Gastón Bordier dijo que el medio periodístico atacado por el poder político de Chubut, “Cholila Online” tiene la oportunidad de responder judicialmente y ejercer su derecho de defensa en el juicio que ha rechazado la conciliación con sus querellantes, el sub jefe de la policía de Chubut, el ministro de seguridad Federico Massoni de la provincia de Chubut.

“Este ha sido el único medio periodístico que pide con seriedad que se eleven las actuaciones a funcionarios públicos a la justicia para así poder llevar a juicio a un ministro y a un sub jefe de la policía, que evidentemente actúan de forma ilegal”, destacó.

De igual forma, Bordier dijo que el abogado de los funcionarios públicos es otro funcionario público.

“No son capaces de contratar sus propios abogados prefieren contratar abogados del estado”

Este funcionario público tiene como cargo el de Director General de la provincia y que querella a este periodista por delitos que son personales como las calumnias de llevar a juicio, en el marco de las acciones penales, la ley de ética pública por ser sobrino de un integrante del poder judicial este muchacho que tiene impunidad para actuar, señaló Bordier.

El Dr. Gastón Bordier destacó que se ofenden al ser denunciado, un juez como funcionario público tiene la obligación de elevar las actuaciones al ministerio público fiscal y ejercitar el ejercicio de la denuncia de todos los delitos que se cometen en su presencia, de todas maneras, el abogado comete errores que son absolutamente airosos.

“Hay que decir, que en la provincia son tres juezas mujeres que han comenzado a poner límite al poder político, la jueza Mirtha Moreno de ese hecho de los procedimientos ilegales llevados a cabos por comisarios integrantes de la plana mayor de la policía de Chubut con la participación necesaria, yo diría casi complicidad del integrante del ministerio público fiscal de Chubut”.

La juez María Suarez de Comodoro Rivadavia le puso fin a los allanamientos con presencia activa del Ministro de Seguridad Massoni y su equipo personal periodístico para hacerse propaganda en todos los allanamientos en los que participa.

La juez Ivana González posibilito la investigación de los hechos de corrupción llevados adelante por el ministerio público de Chubut a través del fiscal Rodriguez de todo un ministerio de familia en donde se encontraron una serie de actos de corrupción increíbles, finalizó el Dr. Gastón Bordier.

Ningún funcionario por más importante que sea debe creer que está por encima de la Ley, por el contrario tiene que dar el ejemplo cumpliéndola al pie de la letra. Pero en Chubut un polémico ministro pensaba que podía hacer cualquier cosa y acostumbraba a entrar a las viviendas mientras la policía las allanaba sin tener autorización judicial, hasta que una jueza de Comodoro Rivadavia se lo impidió: le marcó los límites.  

Ahora el fallo de la magistrada sentaría un precedente y por culpa del ministro podrían ser declarados nulos todos los procedimientos en los que él estuvo arrogándose un estado policial que no tiene.

 ¿Qué pasaría si los abogados de esas personas a las que les allanaron las casas empiezan a presentar escritos denunciando la ilegalidad de esas diligencias? 

El ministro de Seguridad debería ser procesado por entorpecer la acción de la Justicia, provocando quizás “la caída” de varias causas penales. ¿Y qué harían los fiscales dirigidos por don “Yolí” Miquelarena?

La verdad que si esto ocurriera, el polémico funcionario –solo, sin que nadie se lo pida—debería dar un paso al costado e irse del Gobierno, además de devolver su matrícula de abogado por haber puesto en evidencia un supino desconocimiento del Derecho y de la Constitución.

 

Un comodorense que integra la Asociación Civil por los Derechos Constitucionales y el Respeto al Ciudadano denunció al ministro de Seguridad de Chubut Federico Massoni de “abuso de poder” entendiendo que “desde un cargo público se creen juez y con licencia para hacer cualquier cosa en desmedro del ciudadano chubutense”.

Mansilla goza de prestigio en Comodoro Rivadavia, por lo menos así lo reejan los comentarios que ha recibido en las redes sociales, con motivo de otras presentaciones judiciales.

Él sostiene que ya no se pueden aguantar más los atropellos de quienes desde un cargo público se creen jueces y con licencia para hacer cualquier cosa en desmedro del ciudadano chubutense reriéndose a Massoni y a Gómez, a quienes en un dialogo que mantuvo con Crónica trató de “cuatros de copa”.

“Este scal trabaja con el Gobierno, evidentemente”, dijo señalando al scal Héctor Iturrioz ante quien pretendió ampliar la denuncia, pero terminó yéndose sin hacerlo y muy enojado.

“Me presenté por una invitación que me hizo el scal Iturrioz, del cual ya me habían dicho que era amigo” de Massoni y Gómez, y que “estaba entongado con el Gobierno”, indicó.

“Le dije que quería ampliar la denuncia y salió con que no entendía (lo que decía) el escrito y le expliqué que lo había hecho una abogada que trabaja conmigo, a la que pretendió desacreditar”, contó Mansilla, reseñando momentos de ese desafortunado encuentro con el scal Iturrioz.

Más adelante, sospechando quizás que “no va a pasar nada” con su denuncia, contó que le dijo al fiscal: “Cuando alguien no quiere investigar puede pasar dos cosas, está entongado o es u cagón y le pedí que me explicara dónde lo encuadraba a él.

Muy enojado con Iturrioz, por la actitud intimidatoria que dice que tuvo él y un secretario, al pretender lmarlo mientras hacía la denuncia, Juan Mansilla recordó que tiempo atrás denunció también a un juez que terminó yéndose de la Justicia.

“Esta gente está acostumbrada a atemorizar y conmigo no lo van a lograr; yo pertenezco a una asociación, que es la Asociación Civil por los Derechos Constitucionales y el Respeto al Ciudadano y vamos a hacer la persecución hasta donde tengamos que hacerla”, prometió.

“Yo le pedí abiertamente (al scal Iturrioz) que se apartara de la causa” añadió, “y que si no va a investigar que no investigue, a mí no me importa. Ya estamos acostumbrados a que estos funcionarios se ganen el sueldo sin trabajar”, se quejó Mansilla.

“Hasta cuándo vamos a aceptar el abuso de poder de este ´cuatro de copas´ y de los que están en la Jefatura de Policía, del “Tero” Gómez y su relación con el narcotráco. ¿Hasta cuándo vamos a admitirlo?”, preguntó muy indignado.

Finalmente, dijo que esta gente está cansando a la ciudadanía y que eso podría llevar a que “saliera a la calle, pero en un estado de Derecho no podemos terminar rompiéndonos la cabeza entre los ciudadanos comunes” sostuvo, “o pegándole al policía que está cumpliendo con sus funciones.

Yo echaría a todos estos policías por no defender su salario, por no defender el pan de sus hijos o a su familia porque ellos no están cubriendo las espaldas a estos nabos que son unos “cuatro de copas”, a los que4 me voy a llevar ouestos pero con la ley en mano” aseguró Mansilla.

Fuente: Diario Crónica

El controversial ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni tiene cerca de treinta denuncias penales que llamativamente están “pisadas” por los scales en la Justicia y no avanzan, y viene amontonando hasta la actualidad más de ciento cincuenta pedidos de juicio político que ni bien lleguen a la Legislatura deberán ser tratados. Trelew (Agencia) Es un funcionario que ostenta un verdadero récord de acusaciones por mal desempeño en su cargo que no tiene antecedentes en la historia de la provincia, y seguramente –el día que se vaya de la función pública- será recordado por eso.

A Massoni lo empezaron a denunciar ante la Justicia cuando comenzó la cuarentena por la pandemia; allá por marzo. A él y a altos jefes de la policía del Chubut les tuvieron que interponer un recurso de “habeas corpus colectivo”, desde las organizaciones de Derechos Humanos, para que dejaran de detener a ciudadanos por cualquier motivo.

Aunque antes a Massoni lo habían acusado de haber detenido ilegalmente y a punta de pistola a los dueños de un campo cuando los confundió con ladrones, en un procedimiento plagado de irregularidades que él y el subjefe de policía, Néstor Gómez Ocampo llevaron a cabo en la ruta a Comodoro, a unos 9 o 10 kilómetros al sur de Trelew.

Después, una denuncia casi similar fue realizada por una sicóloga a la que el polémico ministro habría querido bajar por la fuerza del vehículo en uno de esos operativos que encabezaba en Trelew, similares a las razias que se hacían en la época de la dictadura, con la excusa de controlar que se cumpliera con la cuarentena.

De ahí, las denuncias contra Massoni y las máximas autoridades de la policía provincial comenzaron a incrementarse, siendo acusados de graves delitos contra la ciudadanía en presentaciones que –extrañamente- a más de ocho meses de haberse realizado continúan “cajoneadas” en la scalía.

Con respecto a los pedidos de juicio político contra Massoni también están “parados” porque en la Legislatura no los tratan: son cerca de doscientos que van a ir llegando paulatinamente al parlamento con la pretensión de que el funcionario sea destituido por mal desempeño.

No son pocos los juristas que sostienen que el hoy ministro de Seguridad va a tener que ir seguido a dar explicaciones a tribunales una vez que deje la función pública.

Algunos hasta no descartan que pueda ir preso si tiene a las organizaciones de Derechos Humanos como acusadores.

Fuente: Diario Crónica

El controversial ministro de Seguridad que tiene Chubut llamó por teléfono al millonario gremialista Héctor Rubén González para avisarle que iban allanarle la casa, creyendo que estaba viviendo todavía en la imponente propiedad en la que el pasado 19 de mayo, la policía descubrió el famoso “bosque de marihuana” que dio origen a una causa federal, en la que la ex pareja de González y uno de sus hijos terminaron procesados sin prisión preventiva, a la espera del juicio oral.

Ahora bien, ¿es normal que un ministro llame por teléfono a alguien a quien van a allanarle la vivienda, poniéndolo sobre aviso de la ejecución de una diligencia judicial? ¿Eso no constituye un delito?

Fue el propio sindicalista que confesó el hecho, en declaraciones que hizo hace unos días a una radio de Comodoro Rivadavia, al periodista Ricky Astete, cuando contó en un tramo de ese reportaje que Massoni lo había llamado por teléfono para avisarle que estaban por entrar a allanarle la casa.

“A mí ese día me llamó (Federico) Massoni. Me dijo: ‘Héctor, cómo te va. Te llamo para avisarte que estamos entrando a allanar tu casa”. “¿Mi casa? – le dije yo-. Acá no veo ningún movimiento”. ‘No’, me dice, ‘en la casa tuya de la calle Cangallo’. Esa es la casa de mi hijo y de la madre de ellos, le respondí”, contó González.

Si hay algo que le ha sobrado a Massoni, desde que asumió como ministro de Seguridad hasta ahora, es impunidad. Ha cometido todo tipo de ilegalidades, desde entrar sin orden de un juez a propiedades privadas, hasta participar del armado de causas y de detenciones ilegales, y ningún fiscal se ha dignado de hacer su trabajo: todo lo contrario, la indiferencia que se evidencia en la mayoría hace pensar que lo están protegiendo.

Massoni debiera estar siendo investigado por un posible encubrimiento agravado o un eventual entorpecimiento de una causa federal, por el caso del “bosque de marihuana” de los González, pero por el contrario como si llamar por teléfono a alguien al que iban a allanar para avisarle del procedimiento fuera normal, más aun tratándose de un funcionario como es él; continua cometiendo ilegalidades con cada operativo que hace con la policía. Y nadie, le pone el cascabel al gato.    

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En las últimas horas ingresó a la Legislatura de Chubut una denuncia con pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad de la provincia, Federico Massoni y el ministro de Salud, Fabián Puratich.

Según el documento presentado por Nancy Fabiana Sánchez Mercado, al que tuvo acceso ADNSUR, la denuncia es por mal desempeño del cargo, incumplimiento de los deberes y comisión de delitos constitucionales. El motivo del pedido del juicio político a los dos funcionarios provinciales, se deba a las resoluciones ministeriales y los decretos provinciales emitidos por el gobierno de Chubut, “que pusieron en práctica una serie de imposiciones por encima de lo dispuesto a nivel nacional”.

Por un lado, se pide imputar a Massoni por haber violado los deberes a su cargo, haber cometido delitos en el desempeño de sus funciones, violando el orden constitucional y los derechos y garantías de las personas. Y al ministro Puratich, se le imputa haber faltado al cumplimiento de los deberes a su cargo, la inobservancia del orden constitucional, abuso de autoridad, usurpación de autoridad, realización de actos ejecutados contra los poderes públicos y el orden constitucional provincial.

Parece que el grueso de la investigación lo hizo la policía rionegrina y que la causa derivó en allanamientos, detenciones y secuestro de bastante cocaína en Chubut. Y Massoni, ni lento ni perezoso aprovechó para sacarse la foto y figurar; en su desesperado intento por salir del “pozo ciego” al que cayó con la causa trucha que él y sus secuaces quisieron armarle al director de Cholila Online, Darío Fernández; en una maniobra delictiva que ya es conocida en todo el país (Ver nota Crónica TV) y por la que tarde o temprano deberá responder ante la Justicia.

Ahora bien, por el operativo anti-narco que Massoni y sus cómplices de la jefatura de Policía quieren adjudicarse se realizaron treinta allanamientos en Río Negro y Chubut. Con el desarrollo de los mismos se detuvieron a veinte personas, a las que se vincula con la distribución y venta de droga y dicen que se incautaron más de 20 mil dosis de cocaína que representarían unos 30 millones de pesos.

El megaoperativo fue bautizado como “White Horse” y en ese marco se hicieron 15 procedimientos entre Trelew, Rawson, Puerto Madryn y Arroyo Verde en donde se habría secuestrado droga en un vehículo, se hablaba de un camión que venía ingresando a la provincia. También hubo 5 operativos en Villa Regina, Río Negro.

De los veinte detenidos, quince cayeron en las diligencias efectuadas en las distintas localidades de Chubut y cinco en Villa Regina. A cada uno les incautaron el vehículo y la causa aparentemente será sustanciada en la provincia de Río Negro.

Massoni seguirá mintiéndole a la ciudadanía en la conferencia de prensa que seguramente dará en las próximas horas.

Son dos de los integrantes de esa “cofradía de ilegales” que está gobernando la atribulada policía del Chubut y que ahora está en cuarteles de invierno planificando la próxima ilegalidad, después que le saliera mal “la cama” que le quisieron hacer a Darío Fernández, el director de este portal de noticias.

Mientras estos “tipos” se sientan protegidos por la Justicia van a seguir cometiendo delitos y atropellos. Los hechos que han ocurrido demuestran que son malvados, que ocultan su verdadero perfil y sus antecedentes detrás de un uniforme o de un cargo político.

El otro día, con Darío Fernández, los delitos que cometieron son gravísimos y van desde haber intentado armar una causa en base a un montón de ilegalidades, con la supuesta complicidad de un fiscal. Pretendiendo además engañar a una jueza y también a la sociedad con una campaña para la que se prestaron varios medios de difusión y alguna comunicadora social que seguramente –al igual que ellos—va a tener que ir seguido a dar explicaciones a los tribunales.

Ahora, cómo puede ser que después de todo lo que pasó y que está debidamente documentado “los Gómez”, “El Tero” Gómez Ocampo y Massoni sigan representando la Ley y el orden en la provincia, luego de haber quedado delatados incluso ante la opinión pública.

Ahora cualquier juez debería dudar si por ejemplo, piden una orden de allanamiento para clarificar un supuesto ilícito o una solicitud de detención. ¿Cómo un magistrado les va a creer si ellos representan la ilegalidad? Más aún si le toca intervenir a alguno de los tres jueces que fallaron en el escandaloso caso del dueño de Cholila Online.

Habrá que acudir entonces a la Corte Suprema de Justicia o a la Federación Internacional de los Derechos Humanos, o a la Corte Internacional de Justicia de la HAYA a denunciar estos casos, si la Justicia chubutense sigue mirando para otro lado. Si los fiscales –que ya tendrían que estar pidiendo medidas a un juez, para investigar a estos personajes–, continúan haciéndose los distraídos.

Este fin de semana, Massoni y los Gómez usaron al GEOP para salir nuevamente de casería. Hasta cuándo!!!

La sociedad chubutense, los honestos, señor Miquelarena, esperan de usted y de sus fiscales una demostración de que –efectivamente—están del lado del bien.