Tag

Masacre

Browsing

El exmarino Roberto Guillermo Bravo, detenido en Miami a pedido de la Argentina para que sea juzgado en Chubut por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Base “Almirante Zar” de Trelew en 1972, ofreció a la Corte del Distrito Sur del Estado de la Florida una fianza de más de 5 millones de dólares para esperar en libertad la importante audiencia en la que se definirá si es extraditado o no a la Argentina para rendir cuentas en la Justicia.

Medios de comunicación accedieron a documentación reservada de este tribunal de la Florida en la que el abogado del exmarino, Neal Sonnett, hace una larga argumentación para tratar de convencer a la Corte de liberar a Bravo hasta tanto se defina su situación, en la que se dan por primera vez detalles inéditos de la vida de este militar que llegó a Estados Unidos en 1973 como parte de un operativo de la Armada Argentina para sacar del país a dos de los principales responsables de la “Masacre de Trelew” en la que fueron asesinados 16 presos políticos: Bravo y el excapitán Luis Emilio Sosa (condenado y ya fallecido).

Paquete millonario

En el escrito presentado por el abogado de Bravo se habla de un “paquete de fianza” para lograr la liberación del detenido, alojado desde el 25 de octubre en una cárcel federal del Estado de la Florida. Hasta ahí fue llevado tras ser detenido en la lujosa mansión en la que reside, con piscina y muelle particular con yate incluido, ubicada en la zona de Sans Souci Estates, en North Miami.

Bravo le ofrece ahora a la Justicia un paquete económico mucho más importante que el que le permitió salir en 2010 de una situación similar, cuando estuvo detenido dos meses a la espera de la extradición por esta misma causa que había solicitado el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, que fue rechazada luego de varias dilaciones.

Para esta ocasión, el exmarino ofrece un bono personal de un millón de dólares en efectivo (con promesa de depositar el 10% de manera inmediata) más otro bono garantizado con propiedades de familiares y amigos por valor total de 4.327.000 dólares. El listado de propiedades que se ofrecen como garantía está encabezado por la mansión de North Miami, valuada en 1,6 millón de dólares, propiedad de Bravo y su esposa, Ana María Giordano.

También bienes raíces de sus tres hijos varones: una propiedad ubicada en Cooper City, Florida, valuada en 527.000 dólares y propiedad de Fernando Bravo; otra a nombre de Pablo Bravo, en Tallahassee, Florida, que vale 297.000 dólares; y otra ubicada en Frederick, Colorado, valuada en 503.000 y propiedad de Andrés Bravo.

Un sobrino del acusado, el empresario argentino Martin Galarce, que hace años reside en Estado Unidos, ofreció en garantía su casa de Coconut Grove, Florida, valuada en 1.000.000 de dólares.

También aparecen como garantes de la fianza dos amigos del exmarino argentino: Armando Valladares, que tiene una propiedad de 400.000 dólares en Miami; y Maria Werlau, que ofrece la suya, ubicada en North Miami y con un valor de 142.000 dólares.

Estos dos amigos son originarios de Cuba y muy activos militantes anticastristas de la comunidad cubano-americana de Miami (conocida peyorativamente como “gusanos”). Inclusive, Valladares llegó a ser embajador de Estados Unidos en la ONU durante la presidencia de Ronald Reagan (ver “Una ayudita de los amigos cubanos”)

Vida y obra

En el escrito que presentó el defensor de Bravo para argumentar el pedido de liberación bajo fianza se aportan datos inéditos sobre la historia personal de Bravo en Estados Unidos.

“Lo primero que queremos informar a la Corte sobre Roberto Guillermo Bravo es que se trata de un ciudadano respetado por la comunidad”, dice el abogado Sonnett.

Allí se detalle que Bravo, de 78 años, nació y creció en la Argentina, asistió a la universidad y a la Academia Naval Argentina, y que llegó a Estados Unidos en 1973 con el grado de teniente.

Allí revistó como “agregado militar” en la Embajada de Argentina en Washington, y por primera vez se admite que Bravo fue “entrenado” por el Ejército de los Estados Unidos, “completando cursos en Infantería avanzada; Aerotransportado (conocidos como ‘Pathfinder’), así como un curso de Reconocimiento Anfibio con el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos”.

Siempre según su abogado, a finales de 1979 Bravo se retiró de la Armada Argentina y “recibió un oferta de empleo permanente de parte de una empresa de electrónica norteamericana.

El 24 de marzo de 1980 recibió su estado de “residencia permanente” y algunos años después, el 1° de septiembre de 1987, el exmarino se naturalizó como ciudadano de los Estados Unidos.

Bravo ha estado casado con su esposa, Ana Maria Giordano, durante 52 años y tienen tres hijos: Todos sirvieron en el Ejército o la Marina de los Estados Unidos. Fernando, que ahora tiene 50 años, posee una maestría en Administración; Pablo, de 49 años, tiene una licenciatura en Tecnología de la Información; y Andrés, de 48 años, posee un título de Licenciado en Negocios.

“Bravo y su familia se mudaron a Miami en 1982. Es dueño de su propia casa y cada uno de los miembros de su familia mencionados anteriormente posee propiedades que serán puestas con gusto como garantía de su vínculo”, dice el abogado Sonnett en su escrito a la Corte.

Desde 1979, Bravo se ha desempeñado en varios puestos directivos en empresa de electrónica de consumo y electrónica industrial. Tiene experiencia en ventas, distribución, diseño, programación, compras y marketing. Y también ha trabajado como consultor de negocios en importación y exportación de productos. Desde que se mudó a Miami, ha estado activo en diversos negocios y en distintas actividades comunitarias, asegura su abogado: creó y se desempeñó como presidente de su propia empresa, RGB Group Inc.; y también se ha desempeñado como presidente y CEO de RLM Services; One Fountainhead Center y Stafford Bookbinding; y gerente de Miami Alliance.

RGB Group fue su empresa más exitosa, convirtiéndose durante años en proveedora de servicios médicos para el Pentágono con contratos multimillonarios, tal vez al amparo de sus viejos vínculos con el Ejército y la Marina norteamericana.

Sin embargo, tras su primera detención, en 2010, su reputación se vio seriamente afectada y el negocio declinó. Bravo y su esposa-socia terminaron cerrando la compañía insignia de la familia en 2014.

Por ahora, Bravo espera una respuesta a su pedido de fianza y también aguarda una definición sobe la audiencia en donde se tratará la extradición: “El juez de primera instancia no ha emitido una orden formal sobre la detención de Bravo antes de su audiencia de extradición, pero es seguro que lo hará pronto. Y la fecha de la audiencia de extradición aún no se ha programado”, le dijo a Jornada el periodista Jay Weaver, que sigue el caso de Bravo para el diario Miami Herald.#

Delitos políticos y Ley de Amnistía

Hace más de una década que Bravo viene armando su estrategia para zafar de la Justicia argentina. Sin embargo, por tratarse la “Masacre de Trelew” de un crimen de lesa humanidad, los delitos no prescriben y esa es la última puerta jurídica que podría permitir su extradición para ser juzgado en la Argentina.

Sin embargo, su abogado argumenta que el 27 de mayo de 1973, poco después de que Bravo fuera desligado de los hechos de Trelew por un tribunal militar que evaluó lo sucedido el 22 de agosto en la Base Almirante Zar, en la Argentina se aprobó la Ley de Amnistía 20.508, que se aplica para eventos anteriores al fallo militar de mayo de 1973, y que incluye también a la “Masacre”.

Según Sonnett, esa Ley de Amnistía nunca fue derogada ni declarada inconstitucional, y para defender los intereses de Bravo se ampara en el Artículo 4°, Sección 1, del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Argentina, que exime a cualquier individuo “si el delito por lo que se solicita la extradición es un delito político”.

Una ayudita de los amigos cubanos

En la solicitud de fianza se incluyen las propiedades de varios familiares directos del exteniente argentino pero aparecen dos amigos ofreciendo sus propiedades para lograr la libertad de Bravo: Armando Valladares y María Werlau.

Ambos son de origen cubano y vienen precedidos de una larga historia como militantes anticastristas, acusados de graves delitos –en el caso de Valladares- y con fuertes vínculos con el Departamento de Estado, la CIA y los grupos económicos que han intentado en vano derrocar al ya fallecido Fidel Castro y a su hermano Raúl. Valladares, de 82 años, es el más conocido de los amigos de Bravo: es cubano de nacimiento pero ciudadano americano, y llegó a ser embajador de Estados Unidos ante la ONU en los años 80, durante la presidencia de Ronald Reagan.

Pero su vida anterior en Cuba es un poco oscura: fue detenido a los 24 años cuando era estudiante de derecho y junto a otras 16 personas condenado en 1960 por poner bombas en La Habana. Según su esposa y muchos exilados cubanos que lo conocieron entonces, eso no era verdad y el suyo habría sido, esencialmente, un “delito de opinión”.

Sin embargo, recibió una condena de 30 años, de los cuales cumplió 22, ya que en 1982 fue liberado por el gobierno cubano tras las gestiones de algunos gobiernos europeos, entre ellos el liderado por el premier francés Francois Mitterrand. Su salida de la isla estuvo llena de controversias. Aunque durante años dijo que tenía una grave enfermedad que le impedía caminar y ponía en riesgo su vida, se subió caminando al avión que lo sacó de La Habana, y en estos 30 años se ha convertido en escritor, ferviente militante anti-izquierdista y empresario. Inclusive, hace algunos años, un grupo empresario con sede en Miami que él presidía fue investigado en España por corrupción y fraude. De la famosa enfermedad, no se supo nada más.

Archivo Cuba

Werlau, en tanto, es la actual presidente de la Junta Directiva y Directora Ejecutiva de Archivo Cuba, un “centro de estudios” basado en Washington, cuya misión en casi dos décadas ha sido militar internacionalmente contra la Revolución Cubana. Werlau también es una influyente mujer de negocios, fue vicepresidenta del Chase Manhattan Bank y tiene una Licenciatura en Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown así como una Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile, con información de Diario Jornada.

El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, renunció este miércoles luego de haberse difundido información sobre la muerte de ocho menores de edad tras un bombardeo en una zona de San Vicente del Caguán (Caquetá), en el sur del país.

«El día de hoy en reunión con el señor presidente de la República para analizar la actual coyuntura política, se acordó que lo más conveniente era presentar renuncia al cargo de ministro de Defensa Nacional», reza un comunicado oficial de su despacho.

Tras aceptar la renuncia de Botero, el presidente Iván Duque informó a través de su cuenta de Twitter que el general Luis Fernando Navarro, actual comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, será el nuevo ministro de Defensa.

En medio del escándalo político, Duque destacó los supuestos logros durante la gestión de Botero, entre los que enumeró el «freno» al crecimiento de los cultivos de coca y la reducción del delito de homicidio en 2 %.

Este miércoles, la Fiscalía General de la Nación detalló que de los 15 cuerpos identificados por equipos forenses tras el bombardeo en Caquetá, 8 eran menores de edad y 7 adultos. Otros dos cadáveres permanecen sin identificar.

La dependencia informó que el fiscal del caso ha autorizado la entrega a familiares de 10 cuerpos identificados.

La operación

El 30 de agosto, Botero informó a través de su cuenta de Twitter que habían muerto nueve integrantes de los Grupos Armados Organizados Residuales’ (GAO), como también son llamados los grupos disidentes de las FARC-EP. «Los delincuentes están advertidos: se entregan o serán vencidos», agregó en su trino.

Días después, el ministro de Defensa actualizó la cifra a 14 personas fallecidas, entre los que se encontraba ‘Gildardo El Cucho’, quien presuntamente pertenecía a los grupos armados residuales. Esta operación, que fue la primera acción de los cuerpos de seguridad del Estado, tras el anuncio del prófugo de la Justicia colombiana Iván Márquez y un grupo de guerrilleros de regresar a las armas, fue resaltada como una victoria del Gobierno de Duque.

Sin embargo, el pasado martes, durante una moción de censura contra el ministro, el senador del Partido Social de Unidad Nacional, Roy Barreras, presentó un informe de Medicina Legal que puso en entredicho la versión oficial.

«Usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó a siete niños», afirmó Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado. Además, el legislador advirtió que esa cifra podría incrementarse debido a que cuatro cuerpos «llegaron tan despedazados» y las pruebas forenses solo pudieron establecer que tres tenían menos de 20 años.

Después del informe presentado por el senador, Botero alegó que las operaciones militares «siempre se realizan de acuerdo de estándares internacionales de derecho humanitario» y aseguró que cuando se llevó a cabo la operación, «no se sabía la presencia de menores».

Botero, quien llevaba 14 meses de funciones, adujo que ese tipo de operaciones «tienen control judicial y estaban soportadas en investigaciones de dos fiscalías».

Roy Barreras, del Partido de la Unidad Nacional, acusó al ministro de Defensa de ocultar a los colombianos que en una operación militar en septiembre pasado “bombardeó a niños”.

La masacre de ocho menores en un bombardeo militar contra disidentes de las FARC en el departamento del Caquetá, en el sudeste de Colombia, ocultada durante dos meses por las autoridades y revelada por un senador causa conmoción en el país y tiene al borde del abismo al ministro de Defensa, Guillermo Botero.

La denuncia la hizo el martes Roy Barreras, senador del Partido de la Unidad Nacional que fue sustento del Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), durante un debate de moción de censura contra Botero, a quien acusó de ocultar a los colombianos que en una operación militar en septiembre pasado«bombardeó a niños».

Tan grave es la acusación que el director ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, pidió al ministro «una respuesta seria a los colombianos sobre esta denuncia».

«La Fiscalía debe iniciar una investigación para determinar si el Ejército lanzó un ataque a pesar de que podía haber previsto que muertes de civiles serían excesivas», dijo Vivanco en Twitter.

En respuesta a las acusaciones, Botero aseguró este miércoles que «todas las operaciones militares están precedidas de una fase de planeamiento denominada ‘Proceso militar de toma de decisiones'».

Esa figura, detalló, se implementó en todas las Fuerzas Militares desde 2008 «por mandato de la política integral de DD.HH. y del Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa», por lo que calificó la denuncia del congresista como «tergiversada» y «especulativa».

El pasado 30 de agosto, el presidente Iván Duque afirmó que en una operación militar a gran escala murieron nueve disidentes de las FARC, entre ellos un cabecilla de esa organización conocido con el alias de «Gildardo Cucho».

A comienzos de septiembre el Ejército elevó a 14 el número de muertos en la operación que se realizó en la vereda (aldea) Candilejas, en el municipio de San Vicente del Caguán.

No obstante, el senador Barreras denunció el martes que el Gobierno había mantenido oculto que siete de los muertos eran menores de edad: Ángela Gaitán, de 12 años; Sandra Vargas, de 16; Diana Medina, de 16; José Rojas, de 15; Jhon Pinzón, de 17; Wílmer Castro, de 17, y Abimiler Morales, de 17.

Este miércoles la Fiscalía subió a ocho la cifra de menores muertos, pero no reveló las identidades, y aseguró que aún hay dos cuerpos más sin identificar.

El senador Antonio Sanguino, del partido Alianza Verde, aseguró a Efe que la situación para el ministro de Defensa solo tiene dos salidas: «La renuncia como debería ser la consecuencia si es responsable (…) o que el Senado de la República estrene la moción de censura, que tendría como consecuencia la separación fulminante de su cargo».

«No hay ninguna justificación para que hubiesen muerto siete menores de edad en esa operación y mucho menos no hay ninguna justificación para que esa información se hubiese ocultado más de dos meses. No solo la conducta del ministro está comprometida por ese hecho sino por un conjunto de equivocaciones», aseveró.

Con Sanguino coincidió el representante a la Cámara Abel David Jaramillo, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), quien dijo a Efe que Botero «sabe que se equivocó» y que las órdenes que impartió el Ministerio «están generando varias situaciones de violación de derechos fundamentales, de derechos humanos».

«Por ende el ministro debe renunciar y si no lo hace de manera directa, la moción de censura se hará efectiva el próximo miércoles», apostilló.

En su vehemente intervención en el Senado, Barreras también manifestó queal país regresaron los «falsos positivos», como se conoce a las ejecuciones de civiles que en las últimas décadas fueron presentados por militares como guerrilleros muertos en combate.

Citó el caso del joven Flower Jair Trompeta, activista de derechos humanos que según sus allegados fue asesinado por el Ejército el pasado 28 de octubre en el Cauca, departamento azotado por una ola de violencia contra los indígenas que en la última semana se cobró la vida de siete de ellos y de otras seis personas.

El Ejército aseguró la semana pasada y el ministro reiteró este miércoles que la muerte de Trompeta fue en desarrollo de un combate y que la Fiscalía lleva la investigación del caso.

«Pregunto ministro si quieren ocultar que Flower Trompeta nunca disparó, que no hubo combate», cuestionó Barreras, quien agregó que «las ‘equivocaciones’ aquí se cuentan en vidas».

Hasta el momento la Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de «falsos positivos»que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.

El senado decidirá el próximo miércoles si los nuevos casos que por su gravedad han conmocionado al país ameritan el voto del censura al ministro, una posibilidad más que probable ya que distintos partidos han manifestado su apoyo a la moción promovida por Barreras, entre ellos Cambio Radical, que en junio pasado salvó a Botero de ser destituido por su mala gestión, informó EFE.

El ataque tuvo lugar ayer hacia las 13 en pleno corazón de París, en el seno del edificio más emblemático de las fuerzas del orden: la Prefectura de Policía. Cuatro funcionarios, entre ellos tres policías, fueron apuñalados a muerte por un agente administrativo, quien fue abatido. Una investigación fue abierta por «homicidio voluntario», sin intervención de la fiscalía antiterrorista.

El hombre de 45 años, nacido en Martinica, en las Antillas francesas, se había convertido al islam,la religión de su esposa, 18 meses antes de la tragedia. Sin embargo, por ahora no se privilegia la pista terrorista y una investigación fue abierta por «homicidio voluntario».

Trabajaba como técnico informático en la Dirección de Inteligencia de la Prefectura de París desde 2003. De su vida personal, se sabe que estaba casado, era padre de dos hijos y sufría de sordera.

Según una fuente cercana a la investigación, con un cuchillo de cocina,mató a dos policías y a un empleado administrativo en el primer piso del edificio. Atacó luego a dos mujeres en las escaleras, antes de ser abatido minutos después en el patio del edificio.

«No había mostrado nunca dificultades de comportamiento» destacó el ministro de Interior, Christophe Castaner, que aplazó un viaje a Turquía y Grecia a causa de la tragedia. El presidente Emmanuel Macron lamentó por su parte «un verdadero drama» tras haber acudido junto a Castaner al lugar del ataque.

Alucinaciones y voces

La esposa del atacante, detenida el jueves en el marco de la investigación, afirmó que tenía «un comportamiento extraño y nervioso» la víspera del ataque. Según el medio France Info, ella dijo que había tenido alucinaciones y escuchaba voces.

Los registros llevados a cabo el jueves en el domicilio de la pareja en las afueras de París no suministraron pruebas de una radicalización ideológica del autor del crimen.

Varias voces lo describen como un empleado ejemplar. Para el sindicato Unité SGP Police – Force Ouvrière, este drama podría no tener nada que ver con el trabajo de policía. Además de una posible crisis de demencia, se dibuja también la tesis de un conflicto profesional. También se investigará si hubo premeditación o no, informó La Nación.

Se realizó el acto conmemorativo por los 47 años de la Masacre de Trelew y la ex-detenida e integrante de la Comisión de Solidaridad a Familiares, Encarnación Díaz de Mulhall, reforzó el recuerdo de los jóvenes asesinados revitalizando su lucha: “No se puede soportar el cinismo”.

En el Museo de la Memoria, rodeada de imágenes de los combatientes, como también de los rostros de la actual juventud, Encarnación tomó el micrófono para explicar por qué aquellos chicos fueron fusilados: “Hay quienes tuvieron la valentía de enfrentarse a las desigualdades sociales.

Hoy hemos vuelto al capitalismo feroz, el neoliberalismo y los modelos desindustrializadores que hambrean a nuestro país. Hay que tolerar que se refieran a los Derechos Humanos como un ‘curro’. ¿Eso hubieran tolerado los muchachos que fueron masacrados? ¡Jamás! Por eso los asesinaron”.

“Vivimos con mentiras sistemáticas contra el pueblo. ‘Vamos bien’; ‘estamos atravesando un túnel’; ‘segundo semestre’; He escuchado al jefe de jefes decir que nunca algún Presidente hizo tanto por el empleo nacional como él.

¡La mentira recontra duplicada! Yo analizo mucho las palabras y cuando hablan de no volver al pasado tenemos que tener en claro que el pasado son ellos”, continuó Mulhall con los paralelismos y afirmó que la lucha de aquellos chicos iba en ese sentido.

Héctor Tosco, hijo de Agustín Tosco -exdirigente del gremio de Luz y Fuerza y de la CGT durante el Cordobazo, fue en la misma línea: “Ellos fueron ejemplo. Faro de lucha por la redistribución de la riqueza, contra la espoliación y la entrega de recursos nacionales a la que nos han sometido y continúan sometiéndonos”.

“Es parte de nuestra tarea traerlos al presente. Nuestros chicos, el pueblo tiene que conocer de dónde venimos. Ellos fueron los continuadores de la libertad de la tierra, los obreros de la Patagonia”, dijo y agregó que para las escuelas debiera ser un material obligatorio y de divulgación conocer la historia de resistencia popular.

“Desde que tengo uso de razón, mi mamá (Hay que reconocer la tarea de lucha de las mujeres) siempre me explicó los riesgos de lo que hacía mi viejo y las razones por las que lo hacía. Siempre vine con orgullo a verlo. Yo sabía que él era un tipo comprometido con el bienestar de los trabajadores y sus hijos, con un futuro para nosotros. Siempre los vi a ellos inmensos, igual que los veo ahora”, recordó emocionado.

Este año se cumplieron 50 años del Cordobazo. Aquel disparador que inició una ola de reclamos estudiantiles y de revoluciones obreras en todo el país.

La onda llegó a Trelew e impactó en el ‘71 y ’72. Al respecto, Tosco recordó el trabajo de su padre y a aquellos como Mario Santucho y Humberto Toschi, referentes en la fuga del penal de Rawson y militantes políticos desde la adolescencia: “nosotros debemos recuperar la esencia de esos reclamos. Córdoba aportó muchos votos para el gobierno actual y ahora tiene más del 30% de sus chicos en la pobreza. Podemos equivocarnos. Por suerte la situación parece revertirse”.

Más información sobre la Masacre de Trelew, en el siguiente link: “https://www.trelew.gov.ar/47-anos-la-masacre-del-sentimiento-muerte-al-amor/”

El hijo del ex-dirigente sindical señaló que “en el último período de tiempo se ha borrado la historia y la memoria” y que es preciso “reivindicarla con orgullo”.

“En las ciudades la gente se muere en la calle. Vergüenza da la mezquindad de los cachafaces que nos gobiernan. Los Derechos Humanos han sido distorsionados. Lo han manifestado desde que quisieron meter el 2×1 y a los jueces de la corte suprema por la ventana, las declaraciones del presidente demuestran que no es una materia pendiente para ellos, porque directamente nunca van a presentarse a rendirla. Ellos claramente no están con los derechos humanos, sino que son unos atropelladores de ellos y han puesto a la Ministra Bullrich, que es partícipe de los asesinos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y tantos otros”, siguió, “necesitamos un gobierno que se haga cargo”.

“Estos actos son políticos. Para nosotros reivindicar a estas personas es reivindicar un sentido de país y un modelo político, social y cultural”, cerró contundente con sus definiciones.

Encarnación sostuvo la misma idea: “Necesitamos un gobierno que haga suyo el lema Memoria, Verdad y Justicia, no psicópatas y alienados de los Derecho Humanos. El mejor homenaje que podemos brindarle a estos muchachos y a su sangre derramada es completar la revolución en las urnas del 11 de Agosto”.

Este 22 de agosto se conmemoran 47 años de la Masacre de Trelew. El acto se realizará, como cada año, en el Museo de la Memoria del Aeropuerto viejo, a partir de las 11 de la mañana. Contará con la presencia de familiares y -entre otros- del hijo de Agustín Tosco, quien fuera dirigente del gremio de Luz y Fuerza y de la CGT durante el Cordobazo.

“Hemos logrado transformar el sentimiento de muerte en amor”, dijo en Radio Ciudad (87.9 Mhz) Hilda Bonardi, viuda de Humberto Toschi, asesinado.

“Cada año nos unimos en abrazos entre familiares y ciudadanos. Ha dejado de ser nuestro dolor para pasar a ser la memoria colectiva”, continuó en el programa Mañana es Mejor de la emisora municipal.

Nacido en Córdoba, Toschi vivió su adolescencia entre militancias estudiantiles que lo llevaron a participar del Cordobazo en el ‘69, con sólo 22 años. Y a los 23, como obrero y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, conformó el Ejército Revolucionario del Pueblo, brazo armado de guerrilla contra el gobierno dictatorial de Alejandro Agustín Lanusse.

En 1971, fue detenido junto a Mario Santucho y otros líderes, en un congreso. Trasladado luego al penal de Devoto, y de ahí al penal de máxima seguridad de Rawson.

Trelew era una ciudad menos comunicada. La Ruta Nacional Nº3 no estaba pavimentada. Pero la Patagonia tiene marcas históricas de revoluciones obreras desde principios de siglo. La ciudad tenía un masivo polo obrero y una concepción solidaria y humanitaria entre los vecinos, que vinculaba fuertemente a la comunidad con los presos políticos.

Mientras la sociedad se solidarizaba, la dictadura militar lanzaba la Operación Vigilancia: detención ilegal de colaboradores y castigo a sus simpatizantes.

Mientras en las calles se llevaba adelante el Trelewazo, pidiendo por la repatriación de aquellos, tras las rejas de Rawson se planeaba es escape de integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el ERP y Montoneros.

El 15 de Agosto se realizó la fuga, en la que asesinaron al guardiacárcel Juan Gregorio Valenzuela, que se resitió. Un primer grupo encabezado por Santucho llegó al aeropuerto de Trelew en una camioneta. Ahí los esperaban para tomar un vuelo a Chile -previamente secuestrado por otro grupo- (donde gobernaba Salvador Allende) y luego exiliarse en Cuba.

El segundo contingente, en el que se encontraba Toschi, tuvo dificultades –aparentemente un error en las señales entre ellos y quien los trasladaría (una frazada colgada de una reja)-, por lo que llegaron tarde en tres taxis y perdieron la oportunidad de abordar el avión.

Los 19 guerrilleros decidieron tomar entonces la terminal aeroportuaria de la ciudad y, después de una conferencia de prensa, entregaron las armas.

El capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, segundo jefe de la Base Aeronaval Almirante Zar, los tomó nuevamente prisioneros, pero con la justificación de que la revuelta continuaba en Rawson, los llevó para su base. Allí, le ordenó a aquellos que eran garantes de la seguridad de los detenidos (el juez Alejandro Godoy, el director del diario Jornada, el subdirector del diario El Chubut, el director de LU17 Héctor «Pepe» Castro y el abogado Mario Abel Amaya) que se retiraran.

Por la madrugada del 22 de Agosto, Toschi fue despertado y sacado de su celda. Lo formaron junto a los otros detenidos y lo forzaron a mirar hacia el suelo. Instantes después, Sosa dio la orden y todos fueron ametrallados.

La mayoría falleció en el acto. Los heridos fueron trasladados al día siguiente a Puerto Belgrano para ser atendidos. Sólo tres sobrevivieron.

“El momento en el que nos dirigimos hacia el lugar donde fueron fusilados es el más fuerte de todos”, continuó Hilda, “Pero nos sentimos unidos. Al poco tiempo de la masacre aparece un poema anónimo que termina diciendo que ’16 rosas rojas caídas de madrugada florecerán cada Agosto en la tierra liberada’. Nosotros lo tomamos como propio. Así es en Trelew”.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Educación, ha invitado a participar de ese evento junto a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Asociación de Familiares de la Masacre de Trelew y la Comisión por la Memoria.

Al respecto, la directora de Información de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Chubut, Karina Velázquez, manifestó que «el día 22 de agosto tenemos actividades planificadas desde las 11 de la mañana; comenzaremos con el acto oficial, donde estarán presentes familiares de las víctimas de la Masacre, funcionarios y organizaciones civiles».

Agregó que además «se dará inauguración a una muestra, Ráfagas de Aire, que refleja todos los sitios de Memoria del país, y será exhibida durante 15 días en el Centro Cultural por la Memoria para que todos puedan visitarla», así lo informó El Chubut.

Asimismo, la funcionaria provincial explicó que «se va a realizar una video instalación artística con imágenes tomadas del Museo de la Memoria, realizada por la artista plástica Celia Gómez, y a las 16 horas se realizará el acto de la Comisión por la Memoria del Pueblo, junto con organizaciones sociales y organismos de derechos humanos».

El ataque ocurrió en la ciudad de Belém, del estado de Pará. Las víctimas fatales son cinco hombres y seis mujeres.

Al menos 11 personas murieron en la tarde de este domingo en Brasil cuando encapuchados abrieron fuego contra las personas que estaban en un bar de la ciudad de Belém, según indicó la Secretaría de Seguridad Pública (Segup) del estado de Pará.

La Policía Militar informó que todo comenzó cuando siete hombres armados llegaron al lugar y empezaron a disparar contra las víctimas. La institución señaló también que, entre los muertos, figuran cinco hombres y seis mujeres. Entre las víctimas estaría la dueña del bar.

La Policía Civil del Estado abrió una investigación y aclaró que, de momento, no hay informaciones oficiales sobre los motivos o presuntos autores del crimen.

Una fuente policial explicó a la agencia Efe que los agentes trabajan con la posibilidad de que se trata de una disputa entre facciones criminales por el control del tráfico de drogas en la región, conocida por su altos índices de violencia. Otra hipótesis, según el informante, es que podría tratarse de una venganza por la muerte de dos policías militarizados la semana pasada.

Testigos que estaban en el local al momento del ataque declararon a los medios locales que los siete hombres efectuaron múltiples disparos, sobre todo en la cabeza de las víctimas. Algunos de los clientes que se encontraban en el lugar lograron esconderse, no fueron heridos por los balazos y fueron atendidos por las ambulancias que se trasladaron al local.

Con el objetivo de combatir la fuerte ola de violencia que azota el estado, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Sérgio Moro, atendió el pedido del gobernador del Pará, Helder Barbalho, y autorizó el pasado marzo el envío de centenares de agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad.

 

 

 

Fuente: TN Noticias