Tag

Martín Buzzi

Browsing

El fiscal Guillermo Marijuan pidió iniciar una nueva investigación para determinar si el exsecretario de Obras Públicas kirchnerista, José López, y los exintendentes de la ciudad petrolera, Martín Buzzi y Raúl Simoncini, cometieron el delito de «defraudación a la administración pública» en la construcción del Estadio del Centenario de Comodoro Rivadavia.

La obra estaba bajo la órbita de las empresas Edisud y Torraca Hermanos y en 2010 se sumó la constructora CPC del empresario Cristóbal López. Para el organismo de control nacional «se trata de un fraude millonario».

Según indicó el canal TN, Marijuán elevó su requerimiento a la jueza María Romilda Servini de Cubría a partir de la denuncia de la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, que basó su presentación judicial en un informe de la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública, a cargo de Fernando Alvarez De Celis, que detalla irregularidades en la construcción del «Estadio del Centenario» como retrasos, sobreprecios y faltantes.

Además del exfuncionario kirchnerista preso por haber sido filmado tirando bolsos de dinero en un convento, José López, fueron imputados los exintendentes de Comodoro Rivadavia, Raúl Simoncini y Martín Buzzi, y el ex subsecretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Abel Fatala. Todos están acusados de participar de la maniobra.

La historia

El proyecto comenzó a tomar forma en 2004 tras un acuerdo entre el municipio y la secretaría de Obras Públicas que dirigía López. La obra se proyectó con una inversión total de $ 30 millones aunque tras 14 años y más de $ 60 millones invertidos, aún resta construir parte de la tribuna norte y se observan faltantes de pisos, barandas, conexiones eléctricas y el propio techo del escenario.

Para entender el motivo por el que este gigante de cemento se erosiona a la vera del Atlántico Sur hay que remontarse en el tiempo.

«El 5 de septiembre de 2006 -describió TN-, López aprobó el contrato con la municipalidad de Comodoro Rivadavia por un total de $ 30.054.914 y nueve días después se adjudicó la obra a la Unión Transitoria de Empresas (UTE), integrada por Edisud S.A y Torraca Hermanos SRL», relató el medio nacional.

El informe confeccionado por Alvarez De Celis indica que entre 2008 y 2013 los trabajos estuvieron prácticamente neutralizados. Los retrasos no solo se debieron a cuestiones financieras: La tribuna norte nunca pudo ejecutarse porque en ese sector del terreno se encontraba la «Estación Reguladora de Presión de Gas Costanera», la que tardó años en removerse.
Para cuando el espacio estuvo libre, el proyecto no contaba con los fondos para levantar la estructura.

«Pese a los nulos avances, en ese período la obra acumuló varias asistencias financieras. Un ejemplo de esto es el acta complementaria que el 13 de noviembre de 2008 firmaron Fatala y Buzzi, en la que se estableció una ampliación del monto total de la obra en $ 13.906.341», precisa el medio de Grupo Clarín.

En medio de la parálisis, Cristóbal López se incorporó al proyecto. Lo hizo el 26 de abril de 2010, cuando la constructora CPC se sumó a la UTE en lugar de Edisud S.A.

Tres años después de su llegada se produjo una nueva asistencia financiera por más de $42 millones y se estableció un nuevo plazo de ejecución de obra de 605 días. En 2014 se aprobaron otros $7.684.363, y ya con Mauricio Macri en el poder, en abril de 2017, se firmó un convenio por otros $15.342.482, que no se pagó debido a que el municipio no entregó la documentación respaldatoria.

De acuerdo al requerimiento de Marijuán, para ese entonces la obra tenía un valor de más de $109 millones, es decir casi $80.000.000 más de lo estipulado en 2006. El Estado entregó, hasta el momento, $60.128.368 y la construcción presenta un avance de solo el 70,55%.

El 12 de junio de 2014 se sancionó la Ley 527 declarando de utilidad pública los bienes de la empresa Alpesca, tras un largo conflicto con el personal, que reclamaba el pago de los haberes adeudados por Omar Segundo, quien en ese entonces era el propietario de la mencionada firma.

A partir de esto, el Juzgado Civil y Comercial a cargo de la jueza María Laura Eroles se hizo cargo del expediente que aún se tramita sin solución.

Se declararon de utilidad pública la planta que se ubica en el Parque Pesquero y los buques de la flota, y el gobierno, en ese entonces encabezado por Martín Buzzi comenzaron a buscarle “una novia” a Alpesca.

La novia llegó tiempo después, con la empresa Red Chamber, a quien la provincia le alquiló la planta, pero en medio habían “pasado cosas” como un feroz temporal que dejó a gran parte de la flota de buques varados en la costa, inservibles, otro amarrado en muelle con daños y dos abandonados en el puerto de Mar del Plata.

Ventas extrañas

Además, hubo una serie de maniobras como mínimo extrañas, con una supuesta venta de las acciones de Alpesca SA y de AP Holding a Federico Otero y su madre Rosa Chico, que posteriormente la Justicia comprobó que era una venta ficticia por parte de Omar Segundo, su hijo Paulo y Otero y su madre. Curiosamente por esto el único que no fue condenado fue Omar Segundo.

También hubo una supuesta venta de acciones de Otero a Renato Aleua, que forma parte del expediente penal, ya que en medio hubo una nueva elaboración de libros contables y de directorio.

Durante años, la Justicia civil tuvo el expediente parado, ya que no se sabía a ciencia cierta quien era el dueño de Alpesca, a quien habría que pagarle la indemnización una vez resuelta la expropiación, sin embargo, a punto de cumplir cinco años, el expediente civil sigue sin resolverse.

Emergencia económica

Mientras tanto, al decretar la emergencia económica el gobierno provincial, dejó previsión presupuestaria en caso de que saliere durante este 2019 la expropiación, cuyo monto ha quedado desactualizado en medio de tantas devaluaciones producidas en los últimos tres años por el Gobierno Nacional, lo que será motivo de discusión.

Mientras se defiende Segundo de una condena a nueve años de prisión por narcotráfico, que ya fue confirmada en dos instancias judiciales, a su vez espera cobrar un monto millonario por la expropiación.

 

 

El Chubut

El exgobernador Martín Buzzi expresó que “convocamos a votar en las PASO a Mariano Arcioni” y consideró que el gobernador “es el dirigente que mejor sintetiza el proyecto de unidad y búsqueda de consensos que necesitamos consolidar para enfrentar la grave crisis producida por las políticas de Macri”.

Buzzi participó con Arcioni en un encuentro que “reunió –según expresó- a importantes expresiones del arco político que trabajamos responsablemente a favor de la unidad y la superación de las peleas personales o de fracción que tanto daño han producido a la provincia y a Comodoro”.

Estuvieron el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, y el dirigente petrolero Jorge “Loma” Ávila. “Todos coincidimos en la necesidad de afirmar un sólido acuerdo y unificar todas nuestras fuerzas, porque la superación de la crisis provocada por las políticas del gobierno nacional nos debe encontrar a todos los opositores a Macri unidos en un gran frente de defensa de Chubut, y en nuestro caso, de Comodoro”.

“En el diálogo con los vecinos -explicó Buzzi- encuentro una gran preocupación e incertidumbre sobre el futuro. Hay una profunda decepción y también un inocultable enojo con Macri y sus promesas incumplidas, pero también un fuerte rechazo a los políticos que en esta situación tan difícil no se ocupan de estar cerca de la gente y de resolver sus problemas”.

Buzzi explicó que “Arcioni no solo demostró ser un buen piloto de tormenta en circunstancias muy difíciles para la provincia, negociando con firmeza ante el gobierno nacional, sino que en lo político hizo una convocatoria muy importante que significa articular a los sectores más representativos de la provincia, incluyendo a expresiones del justicialismo, a los trabajadores petroleros y otras fuerzas de la producción y el trabajo”.

“Desde Comodoro –agregó el exgobernador- sumamos nuestro trabajo para lograr un gran triunfo de Arcioni en las PASO del próximo domingo”.

“Es imprescindible seguir trabajando a favor de la unidad porque es el único camino que ofrece una perspectiva de esperanza hacia el futuro. Ese es nuestro compromiso y seguiremos trabajando por la unidad para ofrecer a Comodoro la mejor alternativa de gobierno”.

“Y lo debemos hacer no solo desde el peronismo sino desde el conjunto de las fuerzas sociales y políticas que se enfrentan a este modelo de verdadera destrucción llevado adelante por Macri”, señaló.

 

 

Diario Jornada

Un testigo en el juicio que se le sigue a Abel Reyna declaró el martes que cuando le contó al entonces presidente del organismo, Ricardo Trovant, sobre las irregularidades en la delegación de Comodoro, el ex funcionario de Martín Buzzi le contestó: “Vos, boludito, mejor metete en tus cosas”.

Finalmente comenzó este lunes pasado el juicio contra Abel Reyna, ex delegado en Comodoro Rivadavia del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) durante el gobierno de Martín Buzzi. El presidente del organismo era entonces el arquitecto Ricardo Trovant.

Fue el propio Trovant quien en octubre de 2014 denunció a Reyna por lo que ocurría en Comodoro. Mientras los cómplices del ex delegado accedieron a suspensiones de juicio a prueba (probation), la jueza Daniela Arcuri no le concedió la misma posibilidad a Reyna porque entendió que no correspondía el beneficio para alguien que fue funcionario público y al que además de incumplimiento de deberes y cohecho, se lo acusa de pedir favores sexuales a cambio de entregar una vivienda oficial.

Mientras en el primer día del juicio declararon como testigos Buzzi y Trovant, quien dijo que alentó la denuncia porque no toleraba irregularidades, el martes un testigo sorprendió a todos cuando dijo que él ya le había contado al presidente del IPV lo que pasaba en Comodoro, recibiendo como respuesta: “vos, boludito, mejor metete en tus cosas”.

Didáctico

Este testigo -de apellido Etchegaray- fue uno de los más didácticos a la hora de deslindar responsabilidades ante la atónita mirada de la jueza Mónica García y la fiscal Camila Banfi. Contó que Reyna le pidió un día que “marcara” a los trabajadores petroleros que pedían viviendas oficiales, ya que descontaba que sus sueldos eran altos. Para intentar convencerlo, no anduvo con vueltas. “¿Vos querés ganar plata? Tenés 5 minutos para pensarlo”, le dijo a quien en menos de medio minuto le contestó negativamente.

Desde ese momento Etchegaray fue perseguido, sumariado y hasta golpeado por una de las cómplices de Reyna, que tenía conocimiento en artes marciales. Agregó que tuvo que afiliarse al gremio ATE para aliviar su situación y que así fue cómo pudo acceder a Trovant en Rawson para denunciarle la situación.

Pero el ex funcionario que había sido secretario municipal de Obras Públicas con Buzzi intendente, entre 2007 y 2011, se desentendió de la situación y solo habría actuado al percibir que el IPV “paralelo” de Reyna podía mancharlo a él –según publica El Extremo Sur-.

 

 

El Comodorense

El vecino José Carestia recibió un «Crédito de Honor» para construir su casa en Playa Unión cuando corría la gestión del gobernador Martín Buzzi. Sin embargo, 4 años después, tanto él como su hijo Gustavo, continúan peleando para poder concretar la obra.

José Carestia y su hijo Gustavo, indicaron que le entregaron a su padre el denominado «Crédito de Honor» cuando se realizaba la «Casa Abierta» en la gestión de Martín Buzzi como gobernador de la Provincia con el fin de construir una vivienda adaptada para discapacitados. Al finalizar ese gobierno, la obra estuvo parada por dos años con el 20 por ciento de los trabajos ejecutados.

«Sin garantía no podían continuar la obra, y el IPV puso como condición para seguir la obra, la totalidad de la propiedad como garantía. De esta manera, quedó el crédito a nombre mío y se reanudó», indicó Carestia.

En ese sentido, agregó que al reanudarse el crédito, el IPV continuó con la obra con un contratista pero «me hicieron creer que el IPV me estaba haciendo la casa pero en realidad me habían dado un crédito personal. Ahí empezaron las diferencias con el contratista, él desaparece y el ingeniero Marino, que en su momento estaba como interino del IPV, me negó cualquier relación con el contratista que había ganado la licitación», sostuvo Carestia.

Por otro lado, Carestia indicó que ahora se cortó el resto del crédito porque aparentemente hay un reclamo de este contratista y «si hay que denunciar vamos a hacerlo pero pedimos ayuda para que esto sea claro, nunca entendimos porque pasa tanto tiempo. Necesito que se termine de construir la casa para mis padres».

En tanto, Carestia agregó que su madre se encuentra en un hogar ya que padece Alzheimer y su padre también necesita atención, «esto no lo podemos sostener más y no puedo esperar, necesitamos que se termine si o si de construir la casa porque es una necesidad real».

 

 

El Chubut

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila, se refirió al panorama político de Chubut tras las elecciones del año que viene. “Buzzi tiene mucha aceptación en la sociedad de Comodoro. Esto se ve con buenos ojos, porque empiezan a aparecer los candidatos del Peronismo. Entre todos hay que construir una alternativa para la gente”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “Martin Buzzi es un buen candidato pero se mantuvo reservado en los últimos tiempos y eso no lo compartimos. Un político debe jugar en política cuando lo necesita la ciudadanía, ahí hay que salir a jugar y marcar la cancha”.

“Buzzi viene trabajando desde los últimos tiempos, yo le critiqué muchas cosas pero eso no quita que sea uno de los mejores candidatos que tiene la ciudad. No sé si no puede llegar a conseguir el aval para ser candidato a gobernador. Es un hombre que estuvo, que ya sabe cómo es todo”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “Buzzi tiene mucha aceptación en la sociedad de Comodoro. Esto se ve con buenos ojos, porque empiezan a aparecer los candidatos del Peronismo”.

“El Peronismo para ganar las elecciones del 2019 va a tener que ir a una Alianza electoral. Nosotros no vamos a jugar en política, es el momento de sumar no de restar. Entre todos hay que construir una alternativa para la gente”, indicó el líder gremialista.

En este marco, destacó que “para aquellos que piensan que el Peronismo no tiene candidatos: tiene varios. Muchos y muy buenos que han demostrado que se pueden hacer las cosas bien. Si no, miremos la independencia económica que tiene Comodoro Rivadavia. La única ciudad con independencia es esta, el resto depende de lo que consigan de la Provincia. Hay una administración derecha y que funciona”.

“Nosotros hemos propuesto que debería estar en escena el actual intendente Carlos Linares a nivel provincial”, recordó.

En esta línea, aseveró que “hay tiempo, habrá que seguir conversando y ver adónde terminamos con el peronismo ofreciendo una alternativa distinta a esta de ajuste, achique y falta de inversiones en la región”.

Finalmente, Ávila concluyó que “todo puede ser en política. El jueves tendremos una reunión con un gran referente de política nacional, como lo es Sergio Massa. Ahí se charlará la construcción de una verdadera alternativa”.

 

 

El Comodorense

El ex gobernador de Chubut, Martín Buzzi, se refirió al panorama político en la Provincia de cara a las elecciones del año que viene. “Primero se debe construir un frente político-social y después ver el conjunto de nombres que mejor representen este pensamiento. Por supuesto que el núcleo duro y significativo de este frente debe provenir del universo peronista. Es una posibilidad que me presente como candidato a la intendencia en Comodoro Rivadavia en el 2019”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “creo que hay que formar un gran frente político-social que permita defender los intereses de la región patagónica y en particular de Comodoro Rivadavia. El nivel de deterioro que estamos sufriendo con las políticas nacionales es asombroso. Nunca había visto un Gobierno Nacional tan anti patagónico desde el retorno de la democracia”.

“Primero se debe construir el frente político-social y después ver el conjunto de nombres que mejor representen este pensamiento. Se debe construir pensando fuertemente en incluir al mundo peronista pero también a otros sectores que sientan pertenencia”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “yo estoy dispuesto a trabajar, a ponerle energía para darle fuerzas a la región. Hay mucho por hacer”

“El Encuentro del 31 de Agosto será muy importante. Yo acompañaré como un patagónico más porque veo la amenaza que significa para la región que continúe esta línea de políticas donde prácticamente existe la negación de la Patagonia”, indicó.

En este marco, destacó que “pararon todas las obras publicas nacionales. Al aterrazamiento del Cerro Chenque le falta solo el 35% para que se termine y no lo hacen”.

Finalmente, Buzzi concluyó que “armando este frente político-social con un núcleo duro significativo del universo peronista, mi sentimiento primario tiene que ver con la ciudad de Comodoro Rivadavia eso sin duda. Es una posibilidad que me presente como candidato a la intendencia en el 2019”

El Comodorense

Comenzó esta mañana la audiencia preliminar al juicio oral y público por la causa Alpesca en la que están imputados el exgobernador Martín Buzzi, los exministros Carlos Eliceche y Gabriela Dufour, el extitular de Ganadería y Pesca, Pedro Zudaire, los directivos de Corfo durante la gestión anterior, el empresario Omar Segundo su hijo Juan Pablo, y el ex gerente de Alpesca, Carlos Molina.

La audiencia se lleva a cabo  en la Oficina Judicial de Rawson y será el paso previo al juicio oral y público que deberán afrontar el exgobernador, la actual diputada del Frente Para la Victoria y querellante en algunas de las causas por corrupción del gobierno dasnevista, Gabriela Dufour y el dirigente pejotista Carlos Eliceche, entre otros.

La investigación estuvo centrada en el préstamo de 10 millones de pesos que hizo el gobierno provincial a través de Corfo a la empresa Alpesca, sin que la compañía no tenga sustento financiero.

El juez Monti había dictado el sobreseimiento de los imputados, pero el fiscal general de Puerto Madryn, Daniel Báez, recurrió a la Corte Provincia, que finalmente revocó la resolución del magistrado.

 

 

Foto: @sebamadryn/ El Chubut

En junio de este año el Superior Tribunal de Justicia había declarado la nulidad parcial de un fallo que sobreseyó a ex funcionarios en la causa por el crédito express de Corfo al empresario Omar «Cura» Segundo por la crisis de Alpesca. El lunes habrá una nueva audiencia retomando la causa.

A las 8:30 de la mañana del lunes 27 dará comienzo una nueva audiencia preliminar en la oficina judicial en Rawson, en la causa por aquel crédito de 10 millones de pesos concedido por Corfo en tiempo récord al «Cura» Segundo y su hijo Juan Pablo, para la empresa Alpesca en 2013.

De este modo, se vuelve al origen de la causa con una nueva audiencia luego que el Superior Tribunal de Justicia declarara procedente las impugnaciones realizadas por la Fiscalía de Puerto Madryn y la Fiscalía de Estado, declarando la nulidad parcial de la resolución del juez Fabio Monti.

Aquella resolución del magistrado había sobreseído del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al ex gobernador Martín Buzzi; el ex ministro Coordinador, Carlos Eliceche; la ex ministra de Economía, Gabriela Dufour; el ex titular de Ganadería y Pesca, Pedro Zudaire; los directivos de Corfo durante la gestión de Buzzi; el empresario Omar Segundo; su hijo Juan Pablo; y el ex gerente de Alpesca, Carlos Molina.

Frente a esa resolución del juez Monti, el fiscal Daniel Báez había planteado que se hizo una valoración de la prueba de forma parcial, arbitraria e ilegal, ofreciendo gran cantidad de documentación requiriendo la presencia de más de 30 testigos pretendiendo demostrar los elementos objetivos y subjetivos que requiere la figura y consignó que, en su fallo, Monti no menciona ningún elemento de convicción que le permita sostener la ausencia de dolo en las conductas investigadas.

Fue así que los integrantes de la Corte Provincial declararon procedentes las impugnaciones articuladas por el fiscal general jefe de Puerto Madryn y por el fiscal de Estado, revocando el punto 4 de la sentencia Nº 840/16 del juez penal Monti y reenviando estos actuados a la instancia de origen para la reedición de la audiencia preliminar sobre este tramo.

 

 

El Chubut

Las anotaciones del chofer Oscar Centeno sobre los viajes de su jefe Roberto Baratta, prolijas y detalladas, abrieron las puertas de un posible entramado de corrupción que funcionó durante los 12 años de gestión del kirchnerismo. Eso investiga la Justicia, monopoliza la actividad en los tribunales federales de Comodoro Py, y es una onda expansiva cuyo impacto para el sistema político y para la economía del país aún no se puede dimensionar.

En las últimas semanas, ex funcionarios y muchos de los principales empresarios de la Argentina reconocieron en la Justicia el cobro y el pago de dinero negro, y hasta el propio Mauricio Macri habló de un proceso que supera en rating a las series de Netflix.

Pero este esquema de retornos y licitaciones a dedo tiene sus ramificaciones, pequeños «Lava Jato» que revelan el sistema de poder  y la vinculación entre políticos y empresarios. Un ejemplo de esto es la provincia de Chubut, donde la Justicia investiga las gestiones del fallecido ex gobernador Mario Das Neves y de Martín Buzzi; y detuvo a funcionarios del actual gobernador Mariano Arcioni y a empresarios vinculados con la obra pública.

En tres causas paralelas, denominadas como «emergencia climática», «el embrujo» y «revelaciones», que incluyen los delitos de administración fraudulenta, sobreprecios y asociación ilícita, están siendo investigados Diego Correa, cercano al fallecido Das Neves, y Diego Luthers, ambos secretarios de la Unidad Gobernador;  el ex jefe de Gabinete Víctor Hugo Cisterna; el  ex secretario privado Gonzalo Carpintero; y el ex ministro de Economía, Pablo Oca.  Todos ellos están detenidos con prisión preventiva.

También se encuentran imputados y procesados Alberto Gilardino, ex ministro Coordinador de Gabinete; la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo; y el ex subsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Suárez.

La tanda más significativa de capturas tuvo lugar en mayo. Por orden del juez chubutense Sergio Piñeda, a requerimiento del fiscal Marcos Nápoli, también quedaron detenidos los empresarios Patricio Musante, titular de la Cámara de la Construcción de Chubut, y Daniel Russo, Juan Salaberry, Juan Carlos Villegas, Federico Piccione, Esteban Torraca, y Oscar Peña, todos ellos también del rubro de la construcción.

El único de los empresarios que sigue detenido es Piccione, dueño de la empresa Nitens SRL y vicepresidente de la Cámara Constructora de Comodoro Rivadavia. «Está acusado de ser miembro de una asociación ilícita. Su función era recaudar cheques en Comodoro Rivadavia y acercárselos a Correa», aseguró a Infobae el fiscal Nápoli, que instruye en la causa «Revelaciones» junto a Héctor Iturrióz.

«Nosotros estamos investigando los delitos de cohecho, pago de coimas y asociación ilícita, y teniendo en cuenta el monto que los empresarios declararon pagar nosotros tenemos probado que se trata de una suma de 250 millones de pesos, que comprende el período de tiempo de dos años de la gestión Das Neves», reconoció Nápoli.

Similitudes con el expediente denominado «cuadernos de las coimas«

Uno de los empresarios que declaró como «arrepentido» frente al fiscal Carlos Stornelli fue Carlos Wagner, que fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Entre otras cosas, detalló cómo era el sistema de cartelización de la obra pública mediante el cual las empresas se quedaban alternativamente con los contratos y confesó que pagó coimas.  Habló, reconoció el delito, y se fue a su casa.

Como Wagner,  Musante admitió el pago de «retornos» por la obra pública y describió cómo eran las presiones de la gestión Das Neves. Dijo, ante los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, que Diego Correa era el funcionario que fijaba los porcentajes del dinero negro. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el empresario declaró lo siguiente: «Me llamó Diego Correa. Yo estaba en Buenos Aires. Me pasó con Das Neves y acordamos que al día siguiente nos reuniríamos. Cuando entro a su oficina me dijo: ‘a Sudelco se le acabó la coronita. Tienen que aportar como todos, así que ahora a la platita la tenés que poner. Esto lo tenés que manejar con (Diego) Correa'».

El empresario habló, incriminó a funcionarios y quedó en libertad. No fue el único.  Juan Salaberry (Arteco SA) y Esteban Torraca (Edisud SA) también reconocieron el pago de coimas. La defensa de los tres empresarios planteó la suspensión del juicio a prueba, lo que significa que podrían ser sobreseídos del delito si cumplen con determinadas condiciones.

Este proceso que se desarrolla en Chubut, ¿puede servir de antecedente para adelantar el futuro de los varios de los empresarios más importantes del país que se arrepintieron ante Bonadio y Stornelli, representantes de firmas como Techint, Electroingeniería, Iecsa, Isolux, EMEPA, o el grupo Roggio?

En esta línea, los tres empresarios de la construcción (los chubutenses Musante, Salaberry y Torraca) propusieron a modo de resarcimiento efectuar obras y reparaciones en establecimientos públicos ubicados en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew y Gaiman. La Oficina Anticorrupción de Chubut y tres diputados del Frente para la Victoria, que forman parte de la querella, se oponen a esta posibilidad. El juez Piñeda fijará su postura en una audiencia que se desarrollará este viernes 24 de agosto.

«La pena por este tipo de delitos es de uno a seis años de prisión en suspenso y tienen el atenuante de carecer de antecedentes; y un recupero económico cuyo monto máximo es de 90 mil pesos, algo que no tiene sentido. Nosotros queremos recuperar el dinero de los empresarios, hablamos de un monto de más de un millón de pesos por cada empresario, según la capacidad de cada empresa», destacó ante la consulta de Infobae el fiscal Iturrióz. La Justicia tiene en la mira a más de una decena de empresarios.

«Un millón como mínimo para los empresarios chicos. Los grandes entre tres y cinco millones», agregó el funcionario judicial, y amplió: «Es diferente del proceso que sigue la justicia federal (en relación a la causa de los cuadernos)  porque allí está la posibilidad de la figura del arrepentido colaborador, que reduce las penas de un tercio a la mitad y descarta la posibilidad del recupero económico», agregó el funcionario judicial.

Buzzi, Das Neves y Arcioni

La investigación judicial contra funcionarios y ex funcionarios de la administración provincial cobró fuerza cuando en un allanamiento en uno de los domicilios de Correa se secuestró un registro contable fraudulento que da cuenta de pagos y retornos de dinero negro vinculado a contratistas de obra pública, en donde se menciona, por ejemplo, al propio gobernador Arcioni y también a familiares de Das Neves (a mediados de mayo se allanaron propiedades de su viuda, Raquel Di Perna, y de su hija Mariví Das Neves).

Según los fiscales Parodi e Iturrioz, no solo se investigan los dos años de la última gestión Das Neves (2015-2017, hasta que murió), sino que también el gobierno de Martín Buzzi (2011-2015) y el actual de Mariano Arcioni. Sobre este último, el fiscal Iturrióz señaló: «La constitución veda el sometimiento a proceso del gobernador en curso, pero nada dice de que sea investigado».

Parodi, por su lado, amplió: «Apareció una planilla en donde el actual gobernador aparece cobrando un sobresueldo, pero no lo tenemos corroborado. Es más, tenemos datos de que a partir de su llegada se cortó el pago de las coimas».

Un dato de color u otra similitud con la investigación a nivel nacional: el particular punto de largada. Como la insólita aparición de los cuadernos de Centeno, en Chubut fue un caja anónima dejada en la Legislatura, con documentación sobre sobresueldos en el manejo de la emergencia climática de Comodoro Rivadavia del año pasado, lo que destapó otro esquema de corrupción vinculado a la función pública.

 

Infobae