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Martín Bortagaray

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Tras su declaración con su colega Héctor Iturrioz ante el Consejo de la Magistratura, en el sumario que se les sigue por la cuestionada detención del exministro Martín Bortagaray en el marco de la Causa Revelación, el fiscal Marcos Nápoli ratificó que “desde el primer momento dijimos estar sometidos al control institucional” y que tras dar su versión del episodio “nos vamos satisfechos por estar convencidos de haber podido trasmitir cuáles fueron los motivos y la explicación jurídica y de hecho de porqué se lo detuvo”.

“Iturrioz argumentó en extenso por qué no operaban los fueros en este caso y explicó muy claramente los motivos de la decisión. Por supuesto, y lo dije de manera personal, la sensación de que uno puede equivocarse como cualquier persona y no somos los dueños de la verdad absoluta. Esta cuestión, que es muy opinable, quedó totalmente sentada”.

Uno de quienes declaró fue el exministro del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Pfleger, que avaló la posición de los fiscales. “Es reconocido por su vasta experiencia y sus conocimientos, y dio motivos suficientes para que este sumario quede terminado en tanto coincidió con los argumentos que le expresamos al Consejo. No hay diferencias del exministro con el escrito que presentamos explicando la decisión desde un punto de vista jurídico”.

Según Nápoli, “cuando se discute la aplicación de una norma penal puede haber opiniones encontradas y muchas veces en nuestro trabajo las tenemos, lo cierto es que somos responsables de decidir nuestros actos y uno de ellos fue la detención de una persona cuyos fueros, a nuestro modo de ver, están inconstitucionalmente fijados en la Carta Magna porque violentan los trataos internacionales”.

“Que yo haya dicho que a la distancia hoy no lo volvería a hacer –aclaró- lo digo en el sentido de no complicar el caso, no porque no esté convencido de que la detención fue legal. Fue legal pero si hoy me tocara decidir nuevamente, esto nos terminó restando tiempo y sumó preocupaciones”. Debieron revisar legislación “para poder venir y defendernos de la acusación”.

En cuanto al juez Sergio Piñeda, que admitió haberse equivocado al autorizar la detención, el fiscal recordó que el magistrado, “es un tercero imparcial y en la audiencia de control si esto se hubiese discutido en hábeas corpus probablemente el juez le hubiese dado la razón a la defensa. No lo sabemos porque no ocurrió”.

-¿El balance es favorable?

-No tengo dudas. Pudimos explicar el derrotero del proceso de toma de decisión, que es bastante complejo en circunstancias así, y sin saberlo y tras cartón viene una eminencia intelectual en Chubut en Derecho Penal y ratifica punto por punto, sin habernos escuchado antes, lo que habíamos expresado. Esto le tiene que haber puesto fin.

 

 

 

Diario Jornada

El justicialista Dante Bowen, que busca ser reelecto como intendente de Dolavon, casi duplicó en cantidad de votos a Martín Bortagaray, candidato alineado al oficialismo provincial. Sin embargo, consideró que alguien como el ex ministro que está imputado en la llamada causa «Revelación» haya tenido un caudal considerable de votos, obliga a preguntarse si la sociedad de Chubut toma en consideración la corrupción a la hora de ir a las urnas.

Bowen estuvo ayer en el programa A Primera Hora de FM EL CHUBUT y dijo estar «muy satisfecho» con el resultado alcanzado en las PASO, y estimó que en la general de junio podrían estar más cerca del 60% logrando su reelección como intendente.
Aunque casi duplicó en votos al candidato de Chubut al Frente, el ex intendente Martín Bortagaray, no dejó de marcar que «como dato político nos llama la atención que una persona vinculada a los hechos de corrupción que son de público conocimiento, tenga un caudal de votos interesante en la localidad. Nos hace preguntarnos si la corrupción le importa a la sociedad de Chubut o no».

Incluso, Bowen fue más allá y planteó que «el Gobierno Provincial sacó varios votos, un treinta y pico por ciento, y tenemos que preguntarnos si a la sociedad de Chubut le preocupa o no la corrupción, hay que analizarlo».

El intendente de Dolavon insistió en sostener que «hay algunos personajes de la política que están vinculados a esa situación y han sacado muchos votos, y eso me llama la atención, sobre todo cuando el año pasado se vieron tapas y tapas de diarios donde se mostraba esa situación, y muchos incluso son candidatos, como el propio candidato a intendente de Dolavon por el espacio del Chusoto, que no sé cómo se llama ahora, salió esposado de la Casa de Gobierno y sin embargo todavía hay gente que lo sigue votando».

 

 

 

El Chubut

El ex ministro de Familia, expresidente del IPV y ex intendente de Dolavon imputado en la causa Revelación, Martín Bortagaray, fue designado por decreto días atrás como personal del Gabinete provincial, dependiente del Ministerio de Coordinación de Gabinete. Bortagaray quedó libre en septiembre pasado.

La información sobre la vuelta al Gabinete provincial de Bortagaray se conoció este jueves a través de un tuit del periodista Rolando Tobarez, de diario Jornada, quien subió una foto con el decreto y se preguntó: “¿Es el exintendente? ¿No habría que esperar el juicio y la sentencia del Caso Revelación”?

Bortagaray fue imputado por ser considerado presunto miembro de una asociación ilícita y por haber cometido cohecho pasivo.

Por la detención del varias veces intendente de Dolavon y exministro de Familia hay un pedido de jury al juez y los fiscales.

En noviembre pasado, el Consejo de la Magistratura resolvió abrir un sumario contra los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, de la Unidad Anticorrupción, además del juez Sergio Piñeda, por la presunta detención ilegal del ex ministro de Familia, Martín Bortagaray, también extitular del IPV. Es porque el ex funcionario contaba con fueros, por lo que no se lo tendría que haber detenido en el marco de la causa Revelación.

La mayoría de los otros exfuncionarios alcanzados por estas causas de corrupción en Chubut fueron despedios o ellos mismos renunciaron. Bortagaray es, de esta manera, el único que se mantiene en un cargo como asesor.

ADN Sur

El Consejo de la Magistratura se reunirá la semana próxima. Los fiscales denunciados fueron Héctor Iturrioz, Marcos Nápoli y el juez Sergio Piñeda.

El ministro de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas, anunció en diálogo con ADNSUR que la próxima semana se reunirá el Consejo de la Magistratura y se podría resolver la admisibilidad o no del pedido de jury a los fiscales Héctor Iturrioz, Marcos Nápoli y el juez Sergio Piñeda por la detención del exministro de Familia, Martín Bortagaray.

El ministro de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas confirmó que mantuvo reuniones con el ministro de justicia Germán Garavano sobre la aplicación de un nuevo Código Procesal Civil para Chubut.

“Estamos trabajando conforme el decreto que oportunamente encomendara la tarea a una comisión de interpoderes. Estamos trabajando en la reforma del Código Procesal Civil, como así también de la Ley de Procedimiento Administrativa y la Ley de Procedimiento de Familia. Estamos bastante avanzados con el proyecto, se están reuniendo las comisiones de coordinadores y tenemos una fecha de vencimiento de los plazos hacia fines de febrero”, detalló.

Se está trabajando intensamente y hemos salido a pedir colaboración en tecnología y todo lo que será la puesta en marcha del proyecto. Nuestra idea es cumplir con los plazos establecidos por el decreto, se eleva a Legislatura y ahí ya no sé los plazos para el debate y aprobación”.

Además, resaltó que “la oralidad implica celeridad, inmediatez para que el juez pueda tener interrelación, que las partes conozcan la cara del juez, se eliminan plazos por escrito, largos y extensos que a veces dan lugar a que el juicio se demore y el juez tiene que resolver en plazos más breves o en el acto. Fundamentalmente implica la inmediatez y celeridad”.

Consultado sobre posibles resistencias, consideró que “todo cambio genera resistencia y la cuestión es que el cambio se requiere. Estamos en el siglo XXI y no podemos tener juicios que demoren 10 años”. Agregó que “en infraestructura vamos a necesitar espacios adecuados y tecnología que acompañe la reforma”.

PRESUPUESTO Y CIUDAD JUDICIAL

Casualmente, en estos días estamos trabajando con los Ministerios Públicos en una especie de borrador para presentar en tiempo y forma al Ejecutivo”, indicó.

Además, sostuvo que “si bien estamos acotados en obras porque la situación de la provincia es crítica, lo que tenemos en claro es el avance de la Ciudad Judicial que se hace con recursos propios y con dinero del Ministerio de Justicia la reforma de tribunales penales en Puerto Madryn”.

“En lo demás, es necesario invertir en tecnología y en la necesidad de implementar el presupuesto en lo que hace a la capacitación. Es central y de fundamental importancia no sólo por el proceso del Código Procesal sino también por el quehacer de la justicia”, señaló.

REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

La próxima semana se llevará a cabo la reunión del Consejo de la Magistratura por lo que “esta vez no se eligen jueces, magistrados ni funcionarios por este mes. Creo que sí en noviembre, se van a tratar algunas cuestiones presupuestarias, de orden interno y seguramente alguna conclusión de comisiones”.

Respecto a las denuncias a fiscales por la detención del exministro de Familia, Martín Bortagaray, indicó que “se formó la comisión que tiene un plazo que quizás ya esté en condiciones y tiene como función definir si se abre el sumario o muere acá. Es lo que en teoría debería expedirse pero al no tener el orden del día no sé si ya se llegó a esa conclusión”.

ADNSur

La presentación la realizó el abogado de Trelew, Jorge Valiña. Cuestiona la detención del ministro de Familia, Martín Bortagaray, estando en funciones. Piden que el organismo accione contra los responsables. Desde el MPF sostienen que Bortagaray ya había presentado su dimisión.

Según publica La Tecla Patagonia, la detención de Martín Bortagaray, mientras todavía cumplía funciones como ministro sigue trayendo cola. El abogado de Trelew, Jorge Valiña realizó ayer una presentación contra el juez de la causa “Revelación”, Sergio Piñera y los fiscales Nápoli e Iturrioz. En el escrito pide que el Consejo de la Magistratura accione ya que habrían incurrido en una “grave afrenta a la institución republicana, a la división de poderes y a lo establecido en el artículo 248 de la Constitución provincial”.

El Consejo de la Magistratura sesionará en los próximos días y podría haber novedades al respecto de la denuncia.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal consultadas por La Tecla Patagonia aseguraron que Bortagaray al momento de la detención ya había presentado su dimisión al cargo de Ministro. En este orden agregaron que durante la audiencia de control de detención la defensa del funcionario no realizó ningún planteo sobre esta cuestión.

 

 

El Comodorense

Por consejo de su defensor Carlos Villada, el exministro de Infraestructura Alejandro Pagani no iba a declarar. Lo envalentonó el testimonio de Martín Bortagaray.

Contestó preguntas de los fiscales y reafirmó el esquema que planteó el ministro de Familia: las planillas con empresas listadas se confeccionaban para el control de gastos y deudas que exigía el gobernador Mario Das Neves a través de Diego Correa, y no para puntear el cobro de retornos. Afirmó que esas planillas se siguen haciendo con la gestión de Mariano Arcioni y con Pablo Oca y Alejandro Garzonio al frente de Economía. También invitó a que investiguen su patrimonio a fondo y negó haber embolsado sobresueldos.

“No me consta que nadie haya pedido ni que nadie haya cobrado coimas”, le contestó al fiscal Marcos Nápoli. “Leí que Diego Lüters dijo que Correa nos indicaba a todos qué hacer. No es cierto. Pero no voy a opinar sobre lo que imaginó Lüters sentado en su escritorio a 10 cuadras de los lugares donde estaban los problemas. Realmente no era fácil para el ministro Oca ni para mí definir un esquema de pagos razonable para sostener la obra pública”.

Pagani admitió que a Infraestructura llegaban planillas de todo tipo desde la Unidad Gobernador. Pero aseguró que no se elegían constructoras a dedo para cobrar o para perjudicar. “Si alguna planilla no se pagó completa fue por algún problema económico o administrativo. Además el Ministerio de Economía no era fácil ni tenía recursos para todos. Lo más fácil para nosotros hubiese sido pagar toda la obra cuando lo necesitábamos y hubiéramos evitado el trabajo extra de atender los problemas sociales que se generan”.

Dos empleados de Infraestructura, además de Franco Ferrari, jerárquico del Ministerio,  declararon que Pagani intervenía para sugestivamente bajar pagos y priorizar otros en planillas que ellos armaban. Pero el exministro insistió. “Jamás remiti a Economía planillas resaltadas, y si estaban resaltadas sería para un contralor”.

“Sí recibía a empresarios, porque era el ministro –contó-. Y me pasó de tener que definir si a una empresa se le debían 6 certificados, pagarle 4 o pagarle a otras. Fue una constante en la gestión tratar de favorecer las obras que sostenían empleo y esto puede haber sonado en perjuicio o desmedro de alguien”

 

 

Diario Jornada

El gobernador Mariano Arcioni respaldó ayer a su ministro de Familia, Martín Bortagaray, pocas horas antes que se resuelva su libertad luego de haber sido detenido el miércoles en Casa de Gobierno por la causa «Revelación».

El funcionario aún sigue sometido a proceso, pero «sigo confiando en la honestidad de Bortagaray», afirmó el mandatario provincial.

Desde Esquel, donde cumplía agenda oficial, Arcioni sostuvo que viene siguiendo con atención la situación puntual de su ministro de Familia tras su detención en Casa de Gobierno. «Sigo siendo respetuoso», del accionar de la Justicia, aseveró Arcioni, quien agregó que «ya habrá tiempo para aclarar las cosas -y- espero que se pueda redimir el buen nombre y honor», en caso que se demuestre inocencia, señaló el mandatario.

Reiteró que la detención de Bortagaray «me llamó la atención» y explicó que no hubo pedidos previos de información por parte de la Justicia. «Fue por la declaración de uno de los detenidos, (Diego) Luthers -quién- en ningún momento lo menciona percibiendo sumas de dinero».

Arcioni cuestionó que «a uno le llama la atención que por entregar documentación haya una detención».

«Sigo confiando en la honestidad de Bortagaray», sentenció el Gobernador, al tiempo que reiteró que «hay que esperar que la Justicia se expida».

 

 

El Chubut

El juez Sergio Piñeda resolvió otorgar la libertad a Martin Bortagaray y arresto domiciliario con tobillera electrónica hasta el 24 de noviembre para Alejandro Pagani
Se trata de una nueva audiencia de control detención y apertura de investigación preparatoria en la causa denominada “revelación”. En este caso, dos nuevos imputados, ambos funcionarios de la Provincia del Chubut acusados de pertenecer a una asociación ilícita en perjuicio de la Administración Pública. Los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz ambos integrantes de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal de Chubut, le imputaron a Alejandro Pagani el rol de organizador de la asociación ilícita que se conformó para pedir recompensas a los empresarios de la construcción, a cargo de la obra pública provincial, para que cobraran los certificados de obra ya ejecutados y a Martin Bortagaray, como miembro de la misma. El Dr Villada asistió al Ingeniero Pagani  y el Dr. Jorge Rubiolo lo hizo por Martin Bortagaray. Además estuvieron presentes como querellantes, la fiscalía de estado, representada por los Dres Christian Martínez y Javier Estampone, el Dr Blas Mesa Evans y el diputado Eduardo Conde, asimismo la Oficina Anticorrupción representada por el Dr. Mario Romeo los cuales adhirieron a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Cabe destacar que al momento de declarar, el ministro de Familia reclamó insistentemente, que se lo investigue. También, pidió que verifiquen cada una de sus propiedades para ver realmente lo que tiene. Asimismo menciono en su declaración “no es mucho más de lo que tenía cuando empecé en la administración pública». Por su parte el ing. Alejandro Pagani testificó que siempre ha trabajado de manera honesta. También pido que investiguen su patrimonio durante toda su trayectoria en la política. Y exclamo jamás he formado parte de una banda o asociación ilícita.

Los Hechos

En el mes de diciembre del año 2.015, un grupo de funcionarios de alto rango, constituido por el Ministro Coordinador de Gabinete Víctor Hugo CISTERNA,  el Secretario Privado del gobernador Gonzalo CARPINTERO PATTERSON, el Secretario de la Unidad Gobernador Diego Miguel CORREA el Ministro de Economía y Crédito Público Pablo Alejandro OCA y el Ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos Alejandro Héctor PAGANI; actuando con el aval sino expreso al menos tácito del por entonces Gobernador de la Provincia; de común acuerdo y con la firme intención de enriquecerse a expensas del estado y de los particulares expoliados, decidieron conformar una Asociación Ilícita destinada, comisión de múltiples delitos mediante, a recaudar dinero proveniente –principalmente- de “retornos” aportados por empresas constructoras contratantes del Estado provincial, las que realizaban obras públicas por montos millonarios y a las que periódicamente se les debía pagar sumas de dinero correspondientes a certificados de obra conformados. Con ese fin gestaron un documento nacido del concierto de voluntades de todos y cada uno de los integrantes de aquel colectivo patibulario, el que si bien pudo haber germinado en cabeza de aquellos que se situaban en la cima de la organización ofensora, fue en definitiva por todos conocido y cohonestado; la que dentro de la administración pública provincial fue conocida como la “Circular”. Esta “orden” cuya propalación fue objeto de especial ahínco determinaba, que ninguna contratación de cualesquier índole  podía hacerse desde la administración pública -centralizada y descentralizada- sin la venia previa de CORREA o CARPINTERO. El documento en cuestión, titulado: “MEMORANDUM CIRCULAR” fechado de modo mecánico el día 28 de Enero de 2.016, en su encabezado de modo expreso preanunciaba quienes debían tomar razón de sus términos y obviamente acatarlos. En el sentido expuesto se lee: “PARA INFORMACION DE: Ministros, Secretarios, Subsecretarios, Presidentes de Entes y Jefe de Policía”, delimitándose de ese modo un amplísimo universo de destinatarios de la manda. A su turno y al tiempo de identificar a los generadores de esta suerte de “bando real” la disposición informa: “PRODUCIDO POR: Secretaría Privada del Gobernador”. A su turno el texto de “la norma” así creada, esta decía: “Por expresa disposición del Señor Gobernador Mario DAS NEVES, se informa que a partir de la fecha todos los contratos de locación de obra, de bienes y servicios que se realicen, como así también los celebrados desde el 10  de diciembre de 2015 y todas las renovaciones de los mismos deberán contar –SIN EXCEPCION ALGUNA- con la autorización previa de la Secretaría Privada del Señor Gobernador. Atentamente. Sr. Diego Miguel CORREA. SECRETARIO PRIVADO GOBERNADOR”, finalmente al pie figuraba estampado el gesto gráfico de CORREA y la identificación ordinal de la resolución MEMO N°: 07/2016/GR  Esta circunstancia brindó la ocasión al quinteto de organizar y dirigir el trámite final del pago a las empresas, de modo tal de ser ellos mismos quienes tuvieran la sobre la decisión que les permita, previa percepción del soborno, librar las Ordenes Presupuestarias de Pago. Del mismo modo, CISTERNA, CARPINTERO, CORREA, OCA y PAGANI; decidieron repartirse las tareas que demandara la concreción del plan sceleris, las que luego cumplirían con celo. En ese sentido acordaron que sería el primero, CISTERNA, quien encargaría de definir la modalidad de recaudación (porcentuales a exigir, determinación de la “base imponible”, ubicación temporal de la demanda los retornos, y finalmente en modo en que debían saldarse estas acreencias anómalas), cumplida esta labor inicial, comenzaba la gestión de PAGANI, quien instruía a sus dependientes para que les confeccionen, mediante la utilización del SIAFYC, planillas donde debían figurar los certificados de obra ya emitidos, y confeccionada la respectiva Orden de Pago Presupuestaria (OPP). Las planillas de mención eran remitidas en ese estado –sin firmas/borrador- a Diego CORREA por los más diversos medios; en ocasiones le eran llevadas en mano por PAGANI, remitidas a través de empleados o a través de mensajes de mail. CORREA previo a verificar si los empresarios mencionados en las planillas habían pagado dádivas o al menos se habían avenido a hacerlo, indicaba cuales empresas debían quedar, ser excluidas y/o agregadas en las listas “definitivas”. Este resultado final era reenviado a PAGANI quien luego de firmarlas junto a su Subsecretario de Coordinación, se quedaba con una copia mientras una segunda era remitida a la privada de OCA, siendo este último quien sin más trámite o luego de verificar con CISTERNA o CORREA (según la época), que efectivamente las demandas espurias habían sido satisfechas, ordenaba en forma personal a sus dependientes de Tesorería que efectivicen los pagos debidos. En tanto CARPINTERO se ocuparía personalmente de la agenda del gobernador de entonces y de la función política para la que había sido designado, mientras que CORREA, se encargaría de administrar parte de los fondos ilegítimos (al menos cuando comenzó a gestarse el contubernio) repartiendo los sobresueldos que beneficiaban no solo a los incusados, sino que a un número mayor de integrantes, que finalmente sumaron sus voluntades al acuerdo criminal, la gestión incluía asimismo realizar pagos relacionados a gastos realizados por cualesquiera de los integrantes del clan y solventar asimismo los gastos que demande el sostenimiento y actividad proselitista del partido político que los albergaba, Chubut Somos Todos. Nada de lo que hiciera cada uno de los organizadores del plan delictivo era desconocido por los restantes, antes bien funcionaban con una coordinación y sincronización de roles tal que era menester el conocimiento cabal de los movimientos de sus consortes, era tal la cohesión que las decisiones trascendentales de esta organización quedaban solo a merced del arbitrio del colectivo delictual. El plan en principio perfecto sufrió variaciones, cuando aparentemente por diferencias de neto corte patrimonial (aunque no se descartan las políticas) CISTERNA se alejó de su rol ministerial. Esta ausencia se suplió fácilmente en los hechos, ya que sin solución de continuidad el rol sobre el que fungía el renunciante, fue rápidamente asumido por CORREA, rediseñándose al menos parcialmente la operatoria inicial. La deserción forzada de uno de los “socios fundadores” lejos de generar una disminución en el grupo recaudador, generó que este se incrementara, pues a fines del año 2.016 se sumó otra “fuente” útil para saciar las incontrolables apetencias monetarias. Asi y tras la designación de Juan Martín BORTAGARAY como Presidente del IPVyDU, este instruyó a su personal a fin que le confeccionen con cierta periodicidad “planillas” de contenido similar a las gestadas por los dependientes de PAGANI; mandando además que se las remitan, primero solo a él, y luego también a CORREA, determinando entre ambos cuales serían las empresas con acreencias que percibirían sus créditos y cuáles no, utilizando idéntico fundamento que el antes pergeñado, quien oblaba el tributo anómalo creado por el clan, cobraba; los remisos no. Coetáneamente a su incorporación, BORTAGARAY, al igual que por entonces CARPINTERO, CORREA, OCA, PAGANI y LUTERS, entre muchos otros, se sumó como beneficiario directo del reparto de sobresueldos que administraban los Secretarios del Gobernador.

El Ministro de Gobierno dijo que plantearán una reunión con el Procurador, los Fiscales y el STJ porque entienden que existió un abuso de autoridad en el proceso de detención de Bortagaray

“Hay tareas que desde Poder Ejecutivo no vamos, ni podemos impedir, pero también les dijo que vamos a convocar a una reunión por pedido del gobernador, con el Procurador, con los Fiscales y con el STJ para plantear este tema” dijo el Ministro Massoni, quien aseguró que desde la visión del gobierno existió abuso de autoridad en el procedimiento realizado dentro de Casa de Gobierno para detener al Ministro Martín Bortagaray.

El funcionario señaló como claro “lo que establece el artículo 148, veremos los caminos a seguir, porque entendemos que existía un abuso del juez que emitió la orden y de los fiscales que la llevaron a cabo” dijo Massoni.

En cuanto Bortagaray, afirmó que está alojado en la Comisaría Tercera de Trelew, “está solo, no lo mezclamos con la población carcelaria”.

Tareas en las cuales este poder jecutivo no podemos impedir, le puedo decir, vamos a convocar a una reunión por pedido del gobernador, fiscales, procurador stj, no clarificar, es claro lo que dice articulo 248, caminos a seguir, entendemos que edistia un abuso del juez de la orden, y fiscales que la llevan a cabo

 

 

Diario Jornada

Hoy a las 12 se hará la audiencia de control de detención. Los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz los imputarán por asociación ilícita.

La audiencia es el correlato de las detenciones que se produjeron este miércoles por la mañana en Casa de Gobierno en Rawson en el caso de Bortagaray y en el puerto de Puerto Madryn en el caso del Ingeniero Alejandro Pagani.

En los allanamientos secuestraron documentación, expedientes, computadoras, material digital y teléfonos celulares.

La instancia que se desarrollará este mediodía será para que los imputados conozcan los hechos que se les reprochan y los elementos que tienen los investigadores para entender que están involucrados en una asociación ilícita.

En este sentido trascendió que los fiscales Iturrioz y Napoli van a pedir la prisión preventiva entendiendo que su libertad puede entorpecer el desarrollo de la investigación.

En la audiencia de hoy Pagani, será representado por el abogado Carlos Villada, y deberá ser trasladado desde Madryn hasta Rawson, mientras que Bortagaray, que designó a la Defensa Pública, fue alojado en una dependencia policial  de Trelew.

Por la misma causa Revelación están detenidos hasta el momento Diego Correa, Víctor Cisterna, Pablo Oca, Gonzalo Carpintero, Diego Luthers y el empresario comodorense Federico Piccione.

 

 

EQS Notas