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Mario Das Neves

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Solicitan quiten el nombre del ex Gobernador Mario Das Neves a un sitio público en la ciudad de Puerto Madryn, debido a los hechos de corrupción que envuelven al ex gobernador.

Integrantes del FRACh, de la ciudad de Puerto Madryn han entregado en el Concejo Deliberante de la ciudad en mano a cada concejal para ser tratado sobre tablas, una nota donde le solicitamos a este organismo que derogue la ordenanza N° 10.106 por el cual le fuera adjudicado al playón multipropósito, continuo al muelle Luis Piedra Buena, el nombre de Gobernador Mario Das Neves.

Además de considerar una decisión apresurada tal nombramiento porque el mismo fue presentado a menos de un mes de su fallecimiento, entendemos que la profunda crisis que hoy atraviesa la provincia fue causada en gran parte durante la gestión del mandatario fallecido.

“No nos olvidemos que su persona es acusada de actos de corrupción y de acciones poco éticas y morales para con sus deberes en la función pública. Hoy la justicia está investigando su accionar, como la de muchos de quienes fueran sus funcionarios, frente a la indignación y a la sorpresa de miles de chubutenses”.

Asimismo considero Martinelli Germán y el historiador Muzcnik Sergio, apropiado que renombren el mencionado playón con nombre “10 de septiembre de 1984”, haciendo alusión a una jornada histórica para Puerto Madryn conocida como “El Madrynazo”, con el sentido de mantener viva la historia de nuestra ciudad y así lo expresaron en su petición.

Ignacio Ferreyra de las Casas, abogado defensor del empresario Fernandor Quistani de la empresa Habitar S.A. responsabilizó al ex gobernador Mario Das Neves y al gremio de la UOCRA por el armado del sistema de corrupción del que –según sus propios conceptos- fueron víctimas las empresas al obligarlas a pagar determinadas sumas de dinero a cambio de poder cobrar los trabajos realizados.

El pretexto fue el de no dejar obreros desocupados, con la excusa además de mantener el concepto de “la paz social”, de la que también se hicieron eco en esa ciudad “los intendentes de turno”, según los conceptos del abogado en la audiencia de este viernes realizada en la Oficina Judicial de Rawson.

El abogado dijo que en toda la historia de esa empresa que lleva adelante obras públicas desde hace 23 años, nunca fueron intimados. Ni se les pidió retornos en los gobiernos de los ex gobernadores Carlos Maestro y José Luis Lizurume. También incluyó al año 2004, el primer año de la primera gestión de Mario Das Neves. “Desde ese año este sistema absolutamente corrupto y perverso perforó  al Estado provincial de manera sistemática. Terminó recién a fines del año pasado. Por qué persistió tanto tiempo? –se preguntó-. Solo para mantener 30 ó 40 empleos. Si algún empresario quería apartarse del sistema no podía hacerlo por el accionar de la UOCRA y los intendentes de turno que bajo el pretexto de mantener la llamada paz social, aceptaron cualquier mecanismo de violencia. Porque la UOCRA es sinónimo de violencia. Los tiroteos son habituales en esa ciudad. Incluso en una oportunidad balearon a Quistani cuando se encontraba por tareas que se estaban haciendo en una escuela del padre Corti”, destacó.

Agregó que su cliente Quistani tuvo que enfrentar a “Los dragones”, el ala más dura del gremio de la UOCRA. “Ese grupo destruyó el yacimiento petrolero más importante que había, el de Cerro Dragón. Qué podía hacer Quistani contra “Los dragones” si ni siquiera la policía provincial, la Gendarmería o la Policía Federal pudieron con ellos”, se preguntó el abogado.

Fernando Quistani de la empresa Habitar S.A. de la ciudad de Comodoro Rivadavia está investigado por los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz por el delito de cohecho activo. Según la investigación, el Gobierno del Chubut le adeudaba a esa empresa una importante cantidad de obras, sin que confeccionara la orden de pago por parte del Ministerio de Economía. Según la acusación Quistani “sabiendo que Correa en carácter de Secretario de la Unidad Gobernador era quien decidía que empresas constructoras percibían  las acreencias con el Estado Provincial y cuáles no, promediando el año 2016 se reunió con éste y le ofreció pagarle con dinero en concepto de dádiva para que Correa ordene los pagos respectivos”. Correa cumplió a través del ministro Oca. Quistani debió pagar 256.280,90 pesos para poder cobrar casi 13 millones de pesos por las obras ejecutadas”.

El ex secretario de la Unidad Gobernador Diego Lüters relató en una audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson este viernes cómo fueron los pagos de “retornos de la obra pública”. En el marco de la causa “Revelación”, apuntó contra el ex secretario privado del gobernador, Diego Correa, y relató que con el certificado de orden de pago se llamaba al ex ministro de Economía Pablo Oca y que Correa cerraba el grifo y obligaba a empresas a tener que sentarse con él. Dijo que las reuniones con empresarios eran “en una oficina contigua a la de Correa” y aseguró que el ex secretario privado del gobernador tenía “colaboradores en Comodoro (y otras ciudades) para la recaudación”.

Diego Lüters, en la primera audiencia desarrollada en la Oficina Judicial de Rawson/Daniel Feldman
“Él (por Correa) con una clave y usuario me enviaba a mí muchas veces siete números que hacen a una orden de pago. Ahí se consultaba, se imprimía e ingresaba al despacho. Hasta ese momento era una tarea normal. No había nada extraño”, manifestó.

Aclaró que “después acá empieza lo que es la parte de lo que entiendo que eran los retornos que entregaban las empresas constructoras hacia Diego Correa”. Precisó que “una vez ingresado a la oficina encuentro un escritorio con demasiados papeles, carpetas, sin saber cómo ordenarlo y armarlo y me entrega a mí una cierta cantidad de cheques donde me pide que le haga otra planilla más. En esa planilla que armo con los cheques se mencionaban las empresas, el banco emisor del cheque, el monto, la fecha de vencimiento y por mi conocimiento bancario le ponía en otra celda si era para cobro por ventanilla o era para ser depositado en cuenta corriente”.

Relató que “tanto los cheques y las reuniones que mantenía con empresarios eran en una oficina contigua a la oficina de él, que está en el pasillo de los gobernadores”.

Lüters presentó “una copia de parte de los cheques que se recibían” y aclaró: “cuando digo lo de retornos y por qué me doy cuenta o él me dice que esto era de la obra pública es porque si bien los cheques eran todos emitidos para empresas constructoras era porque ya él necesitó que yo le vaya armando las diferentes planillas y me fue explicando un poco más cómo era el mecanismo. Por eso me mandaba constantemente mensajes de Whatsapp con números de órdenes de pago o me decía que iba a venir una persona X que era dueña de una empresa constructora y para que no quede registro en Casa de Gobierno en el ingreso por Vachina y Belgrano yo salga al pasillo y avise a los policías que iba a ingresar por la peatonal Fontana, por donde pueden ingresar sólo el gobernador y los funcionarios, para avisar que iba a ingresar alguien a ver a Diego Correa”.

Sobre una reunión mantenida con el empresario Patricio Musante, dijo que “él les comunicó que todo iba a seguir igual, que no iba a haber cambios en la metodología, que les entregaba su número de teléfono para que cualquiera que necesite lo empiece a llamar”.

“Entiendo yo ahora que es el retorno de la obra pública y que en esa reunión lo que transmite es que hablen con los empresarios para que se vuelva a fijar el sistema ya que iba a estar él, Diego Correa, a cargo de toda la operatoria”, agregó el exfuncionario detenido.

“Lo que se habló y termino ubicando en la planilla que mencioné es que se iba a cobrar el 3% para la obra vieja y el 5% para la obra nueva, lo que se subdividía en el 2,5% si era en efectivo y 3% si era cheque y un 4,5% en efectivo y un 5% si era obra nueva”, especificó y detalló que “obra nueva era lo que se iniciaba en este tercer mandato del gobernador” Das Neves.

“En Comodoro Rivadavia y Esquel tenía una suerte de colaboradores para la recaudación del efectivo o cheques que le entregaban las empresas que se hacían en la oficina contigua al pasillo de la privada del gobernador”, contó Lüters.

El exfuncionario dijo que “en algunas oportunidades cuando se iba el gobernador a las 14 o 15 horas (Correa) me pidió que vaya al despacho con su mochila o alguna bolsa y me pedía que saque lo que había ahí. Si bien en algunas oportunidades eran sobres, en otras era dinero en efectivo, que lo agarraba, lo guardaba, se lo llevaba a su oficina y se lo entregaba a él”.

“En la gran mayoría de los cheques aparecen las firmas de los choferes”, detalló y añadió que Correa “me pidió a mí y en alguna oportunidad accedí” pero “yo no era partícipe de ir a cobrar (los cheques). Él siempre decía que no importaba, que vaya y se cobren, lo que generó una especie de discusión con Diego”, añadió en su declaración.

“Como el flujo de gente que ingresaba y salía a la oficina del gobernador era bastante siempre me daba los cheques a mí y yo le decía a alguno de los choferes o al cadete que fueran, los mandaba por orden de Diego al Banco del Chubut, hacían el cobro por ventanilla y me traían el dinero en efectivo a mí. Yo simplemente lo guardaba en el cajón o en la famosa mochila”, relató Lüters y agregó que “cuando él quedaba solo en el despacho ingresaba y le entregaba el dinero”.

Sobre los montos de los cheques, mencionó que “él lo que les pedía a las empresas es que sean inferiores a $50 mil para que puedan ser cobrados por ventanilla. Si eran mayores a ese monto lo depositaba en la cuenta corriente de dos empresas de él. Si los cheques eran mayores a $50 mil “me pedía que le saque una fotocopia y que en la planilla se los marque y ponga que se los había entregado a Federico Piccione, de Comodoro Rivadavia)”.

“Al principio lo venía a ver a Diego como una amistad y al tiempo ya era más seguida su visita a Casa de Gobierno,aproximadamente una vez por semana”, sumó el ex funcionario de la Unidad Gobernador y aclaró que su trabajo “no era opinar ni decidir nada en Casa de Gobierno sino simplemente hacer lo que Diego me pedía”.

 

 

ADN Sur

Las anotaciones del chofer Oscar Centeno sobre los viajes de su jefe Roberto Baratta, prolijas y detalladas, abrieron las puertas de un posible entramado de corrupción que funcionó durante los 12 años de gestión del kirchnerismo. Eso investiga la Justicia, monopoliza la actividad en los tribunales federales de Comodoro Py, y es una onda expansiva cuyo impacto para el sistema político y para la economía del país aún no se puede dimensionar.

En las últimas semanas, ex funcionarios y muchos de los principales empresarios de la Argentina reconocieron en la Justicia el cobro y el pago de dinero negro, y hasta el propio Mauricio Macri habló de un proceso que supera en rating a las series de Netflix.

Pero este esquema de retornos y licitaciones a dedo tiene sus ramificaciones, pequeños “Lava Jato” que revelan el sistema de poder  y la vinculación entre políticos y empresarios. Un ejemplo de esto es la provincia de Chubut, donde la Justicia investiga las gestiones del fallecido ex gobernador Mario Das Neves y de Martín Buzzi; y detuvo a funcionarios del actual gobernador Mariano Arcioni y a empresarios vinculados con la obra pública.

En tres causas paralelas, denominadas como “emergencia climática”, “el embrujo” y “revelaciones”, que incluyen los delitos de administración fraudulenta, sobreprecios y asociación ilícita, están siendo investigados Diego Correa, cercano al fallecido Das Neves, y Diego Luthers, ambos secretarios de la Unidad Gobernador;  el ex jefe de Gabinete Víctor Hugo Cisterna; el  ex secretario privado Gonzalo Carpintero; y el ex ministro de Economía, Pablo Oca.  Todos ellos están detenidos con prisión preventiva.

También se encuentran imputados y procesados Alberto Gilardino, ex ministro Coordinador de Gabinete; la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo; y el ex subsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Suárez.

La tanda más significativa de capturas tuvo lugar en mayo. Por orden del juez chubutense Sergio Piñeda, a requerimiento del fiscal Marcos Nápoli, también quedaron detenidos los empresarios Patricio Musante, titular de la Cámara de la Construcción de Chubut, y Daniel Russo, Juan Salaberry, Juan Carlos Villegas, Federico Piccione, Esteban Torraca, y Oscar Peña, todos ellos también del rubro de la construcción.

El único de los empresarios que sigue detenido es Piccione, dueño de la empresa Nitens SRL y vicepresidente de la Cámara Constructora de Comodoro Rivadavia. “Está acusado de ser miembro de una asociación ilícita. Su función era recaudar cheques en Comodoro Rivadavia y acercárselos a Correa”, aseguró a Infobae el fiscal Nápoli, que instruye en la causa “Revelaciones” junto a Héctor Iturrióz.

“Nosotros estamos investigando los delitos de cohecho, pago de coimas y asociación ilícita, y teniendo en cuenta el monto que los empresarios declararon pagar nosotros tenemos probado que se trata de una suma de 250 millones de pesos, que comprende el período de tiempo de dos años de la gestión Das Neves”, reconoció Nápoli.

Similitudes con el expediente denominado “cuadernos de las coimas

Uno de los empresarios que declaró como “arrepentido” frente al fiscal Carlos Stornelli fue Carlos Wagner, que fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Entre otras cosas, detalló cómo era el sistema de cartelización de la obra pública mediante el cual las empresas se quedaban alternativamente con los contratos y confesó que pagó coimas.  Habló, reconoció el delito, y se fue a su casa.

Como Wagner,  Musante admitió el pago de “retornos” por la obra pública y describió cómo eran las presiones de la gestión Das Neves. Dijo, ante los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, que Diego Correa era el funcionario que fijaba los porcentajes del dinero negro. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el empresario declaró lo siguiente: “Me llamó Diego Correa. Yo estaba en Buenos Aires. Me pasó con Das Neves y acordamos que al día siguiente nos reuniríamos. Cuando entro a su oficina me dijo: ‘a Sudelco se le acabó la coronita. Tienen que aportar como todos, así que ahora a la platita la tenés que poner. Esto lo tenés que manejar con (Diego) Correa'”.

El empresario habló, incriminó a funcionarios y quedó en libertad. No fue el único.  Juan Salaberry (Arteco SA) y Esteban Torraca (Edisud SA) también reconocieron el pago de coimas. La defensa de los tres empresarios planteó la suspensión del juicio a prueba, lo que significa que podrían ser sobreseídos del delito si cumplen con determinadas condiciones.

Este proceso que se desarrolla en Chubut, ¿puede servir de antecedente para adelantar el futuro de los varios de los empresarios más importantes del país que se arrepintieron ante Bonadio y Stornelli, representantes de firmas como Techint, Electroingeniería, Iecsa, Isolux, EMEPA, o el grupo Roggio?

En esta línea, los tres empresarios de la construcción (los chubutenses Musante, Salaberry y Torraca) propusieron a modo de resarcimiento efectuar obras y reparaciones en establecimientos públicos ubicados en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew y Gaiman. La Oficina Anticorrupción de Chubut y tres diputados del Frente para la Victoria, que forman parte de la querella, se oponen a esta posibilidad. El juez Piñeda fijará su postura en una audiencia que se desarrollará este viernes 24 de agosto.

“La pena por este tipo de delitos es de uno a seis años de prisión en suspenso y tienen el atenuante de carecer de antecedentes; y un recupero económico cuyo monto máximo es de 90 mil pesos, algo que no tiene sentido. Nosotros queremos recuperar el dinero de los empresarios, hablamos de un monto de más de un millón de pesos por cada empresario, según la capacidad de cada empresa”, destacó ante la consulta de Infobae el fiscal Iturrióz. La Justicia tiene en la mira a más de una decena de empresarios.

“Un millón como mínimo para los empresarios chicos. Los grandes entre tres y cinco millones”, agregó el funcionario judicial, y amplió: “Es diferente del proceso que sigue la justicia federal (en relación a la causa de los cuadernos)  porque allí está la posibilidad de la figura del arrepentido colaborador, que reduce las penas de un tercio a la mitad y descarta la posibilidad del recupero económico”, agregó el funcionario judicial.

Buzzi, Das Neves y Arcioni

La investigación judicial contra funcionarios y ex funcionarios de la administración provincial cobró fuerza cuando en un allanamiento en uno de los domicilios de Correa se secuestró un registro contable fraudulento que da cuenta de pagos y retornos de dinero negro vinculado a contratistas de obra pública, en donde se menciona, por ejemplo, al propio gobernador Arcioni y también a familiares de Das Neves (a mediados de mayo se allanaron propiedades de su viuda, Raquel Di Perna, y de su hija Mariví Das Neves).

Según los fiscales Parodi e Iturrioz, no solo se investigan los dos años de la última gestión Das Neves (2015-2017, hasta que murió), sino que también el gobierno de Martín Buzzi (2011-2015) y el actual de Mariano Arcioni. Sobre este último, el fiscal Iturrióz señaló: “La constitución veda el sometimiento a proceso del gobernador en curso, pero nada dice de que sea investigado”.

Parodi, por su lado, amplió: “Apareció una planilla en donde el actual gobernador aparece cobrando un sobresueldo, pero no lo tenemos corroborado. Es más, tenemos datos de que a partir de su llegada se cortó el pago de las coimas”.

Un dato de color u otra similitud con la investigación a nivel nacional: el particular punto de largada. Como la insólita aparición de los cuadernos de Centeno, en Chubut fue un caja anónima dejada en la Legislatura, con documentación sobre sobresueldos en el manejo de la emergencia climática de Comodoro Rivadavia del año pasado, lo que destapó otro esquema de corrupción vinculado a la función pública.

 

Infobae

Oscar Peña, imputado en la causa “Revelación” por los cargos de cohecho y enriquecimiento ilícito, pidió declarar ayer ante los fiscales de la causa y lo hizo acompañado por su abogado, Javier Kadomoto.

El empresario de Esquel brindó una versión de los hechos muy parecida a la que describió en su momento quien fuera presidente de la Cámara de la Construcción en el Valle, Patricio Musante, al sostener que la situación de su empresa en la etapa en que acontecieron los hechos investigados “era catastrófica”, lo que lo llevó a tener un pasivo de casi 80 millones de pesos, producto de los pagos que se veía presionado a realizar.

Sostuvo el empresario que entró en “una bicicleta con certificados, pagos y adelantos que le hacía el Banco”, llegando a la situación de despedir a 200 empleados de Peña Construcciones.

Das Neves lo mandó a hablar con Cisterna

Según la declaración de Peña, en el verano de 2016 le planteó al gobernador Mario Das Neves la situación de ahogo financiero que padecía su empresa, y el mandatario lo mandó a hablar con el entonces ministro Coordinador, Víctor Cisterna (actualmente cumpliendo prisión preventiva por ésta misma causa).

Cisterna le habría dicho que tenía que pagar una coima del 5% de las nuevas obras, 3% por obras viejas o el 1,5% para destrabar los certificados. Y agregó Peña ante los fiscales que el entonces ministro lo derivó a hablar con Pablo Bastida, quien en la actualidad también cumple prisión preventiva domiciliaria sospechado de ser el «valijero».

Dando continuidad en su relato, Peña contó de aquel encuentro con Bastida que éste le indicó que debería mostrar voluntad de pago y empezar a aporar, en principio, 150 mil pesos. Reconoció Peña que empezó a pagar a la caja negra de la política con cheques, a falta de dinero en efectivo, y así logró destrabar los certificados.

El llamado de Correa

Coincidente con el relato de otros empresarios que también buscan el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, Peña relató además que, una vez que Cisterna dejó el Ministerio de Coordinación de Gabinete, recibió el llamado telefónico del subsecretario de la Unidad Gobernador, Diego Correa.

Eso acontenció -según la declaración del empresario- en febrero de 2017, momento en que Correa le habría informado que el modus operandi se mantenía pese a la salida de Cisterna.

Con su declaración, Peña también se presentó como «víctima» de presiones de los funcionarios imputados, accediendo al pago de coimas para poder trabajar con su empresa constructora.

Logró así acceder a la audiencia que se realizará hoy en Rawson (lo hará por videoconferencia desde Esquel), donde se debería definir el pedido de «probation» de los empresarios Musante, Torraca y Salaberry.

 

 

El Chubut

Causa Revelación: el empresario Peña también solicitará el beneficio de la «probation»

Oscar Peña, imputado en la causa «Revelación» por los cargos de cohecho y enriquecimiento ilícito, pidió declarar ayer ante los fiscales de la causa y lo hizo acompañado por su abogado, Javier Kadomoto.

El empresario de Esquel brindó una versión de los hechos muy parecida a la que describió en su momento quien fuera presidente de la Cámara de la Construcción en el Valle, Patricio Musante, al sostener que la situación de su empresa en la etapa en que acontecieron los hechos investigados «era catastrófica», lo que lo llevó a tener un pasivo de casi 80 millones de pesos, producto de los pagos que se veía presionado a realizar.

Sostuvo el empresario que entró en «una bicicleta con certificados, pagos y adelantos que le hacía el Banco», llegando a la situación de despedir a 200 empleados de Peña Construcciones.

DAS NEVES LO MANDO A HABLAR CON CISTERNA

Según la declaración de Peña, en el verano de 2016 le planteó al gobernador Mario Das Neves la situación de ahogo financiero que padecía su empresa, y el mandatario lo mandó a hablar con el entonces ministro Coordinador, Víctor Cisterna (actualmente cumpliendo prisión preventiva por ésta misma causa).

Cisterna le habría dicho que tenía que pagar una coima del 5% de las nuevas obras, 3% por obras viejas o el 1,5% para destrabar los certificados. Y agregó Peña ante los fiscales que el entonces ministro lo derivó a hablar con Pablo Bastida, quien en la actualidad también cumple prisión preventiva domiciliaria sospechado de ser el «valijero».

Dando continuidad en su relato, Peña contó de aquel encuentro con Bastida que éste le indicó que debería mostrar voluntad de pago y empezar a aporar, en principio, 150 mil pesos. Reconoció Peña que empezó a pagar a la caja negra de la política con cheques, a falta de dinero en efectivo, y así logró destrabar los certificados.

EL LLAMADO DE CORREA

Coincidente con el relato de otros empresarios que también buscan el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, Peña relató además que, una vez que Cisterna dejó el Ministerio de Coordinación de Gabinete, recibió el llamado telefónico del subsecretario de la Unidad Gobernador, Diego Correa.

Eso acontenció -según la declaración del empresario- en febrero de 2017, momento en que Correa le habría informado que el modus operandi se mantenía pese a la salida de Cisterna.

Con su declaración, Peña también se presentó como «víctima» de presiones de los funcionarios imputados, accediendo al pago de coimas para poder trabajar con su empresa constructora.

Logró así acceder a la audiencia que se realizará hoy en Rawson (lo hará por videoconferencia desde Esquel), donde se debería definir el pedido de «probation» de los empresarios Musante, Torraca y Salaberry.

El legislador radical Manuel Pagliaroni desmintió de manera tajante la grave acusación que le hizo en la Sesión Ordinaria del jueves de la Legislatura, el legislador del PJ-FPV, Blas Meza Evans, de figurar en la lista de los pagos en negro que hacía el ex titular de la Unidad Gobernador, Diego Luthers, quien se desempeñaba en la Secretaría Privada del entonces Gobernador Mario Das Neves.

Meza Evans criticó en sesión legislativa la “hipocresía y caradurez” del legislador radical y según expresiones del diputado justicialista, Pagliaroni sería “Iván” (tal el nombre del legislador de Cambiemos) que figura en la lista que confeccionaba Luthers donde se registraban pagos de sobresueldos y montos en negro a ex funcionarios, legisladores y personas que por algún motivo habrían cobrado dinero de la “caja negra” en la gestión dasnevista.

Conferencia de prensa de Pagliaroni en Legislatura

En conferencia de prensa que tuvo lugar en el bloque de Cambiemos, Pagliaroni estuvo acompañado de las dirigentes partidarias María Rosa Evans y Margarita Green, presidenta de la Convención UCR, y también de militantes que trabajan en el poder legislativo.

Pagliaroni expuso el interés en salir al cruce de la delicada acusación, y se refirió a un encuentro que tuvo en la mañana con los fiscales intervinientes en las causas donde se investigan la comisión de delitos en anterior gestión dasnevista.

Al respecto, el legislador radical dijo que visitó a los fiscales Daniel Báez, en Pto. Madryn, ante quien presentó un escrito en procura de esclarecer su situación, circunstancia en la que -afirmó- el citado fiscal le confirmó que no figuraba en ningún listado, y posteriormente, el legislador se entrevistó con los fiscales Nápoli e Iturrioz, quienes le hicieron saber que no había sido mencionado en lista alguna.

Considerándose afectado en lo personal y político, Pagliaroni reprochó duramente la actitud política del diputado Meza Evans, y ante consultas periodísticas dijo que evaluaba con asesores legales la posibilidad de querellar al legislador justicialismo como así también de impulsar una “cuestión de privilegio” por los dichos acusatorios que juzgó infundados y de gravedad en el marco de las funciones institucionales que desempeñan.

La dirigente convencional radical María R. Evans cuestionó, por su parte, de manera severa la actitud del legislador del PJ-FPV, a quien hizo responsable como así también de anteriores gestiones políticas por la situación que atraviesa la provincia.

“Él sabe también cómo duelen estas falsas denuncias, y está en su conciencia y conducta política cómo será su comportamiento en próxima sesión legislativa”, manifestó la dirigente radical en sus expresiones solidarias ante el trance que atraviesa  Pagliaroni por la dura acusación en su contra en el ámbito parlamentario.

Tres empresarios de la construcción ofrecieron ejecutar obras en un jardín maternal y en dos comisarías a cambio de ser sobreseídos en la causa “Revelación” que investiga el Ministerio Público Fiscal del Chubut por el pago de coimas al gobierno del ex gobernador Mario Das Neves. El ofrecimiento fue aceptado por los investigadores y los cuatro querellantes coincidieron en general con el acuerdo pero se tomarán dos semanas para analizar las características técnicas de las obras ofrecidas.

Se trata de Patricio Musante que prometió ejecutar tareas en un centro de acción familiar de Gaiman,  Ignacio Salaberry que ejecutará un paredón perimetral de 70 metros, colocará un tanque de 1200 litros de agua y pintará toda la Seccional Cuarta de Policía de Trelew. Por su parte el empresario comodorense Andrés Torraca prometió mejorar las condiciones edilicias general de la seccional de policía de General Mosconi en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Los fiscales argumentaron que en lo que va de la investigación, no hallaron más pruebas que agrave la situación de los tres imputados. De investigarlos como posibles integrantes de una “asociación ilícita” que prevé penas de prisión efectiva, ahora están imputados de “cohecho activo”, con penas menores y de carácter excarcelables.

El acuerdo que se terminará de sellar el próximo día 23 luego de que los cuatro querellantes –Fiscalía de Estado, Oficina Anticorrupción, denunciantes y las agrupación Iniciativa Ciudadana- analicen las obras a ejecutar desde el punto de vista económico y técnico.

El acuerdo fue sellado en parte en una extensa audiencia que se realizó este viernes en la Oficina Judicial de Rawson y que fue presidido por el juez Sergio Piñeda.

Los fiscales estuvieron de acuerdo con los defensores de los  imputados Torraca, Musante y Salaberry. Agregaron que en representación del Estado en la persecución penal, deben ser coherentes con el principio de objetividad a la vez que destacaron la predisposición de los imputados a someterse y colaborar con la  investigación.

Al momento de plantear la aplicación de la figura de la “reparación” prevista en el Código Procesal del Chubut, el abogado defensor de Torraca dijo que de haber llegado a la instancia de juicio oral, hubiese sido una  estigmatización innecesaria de su cliente.

Por su parte Federico Ruffa, defensor del imputado Patricio Musante, coincidió con el querellante Alfredo Pérez Galimberti (representante de los diputados denunciantes y de Iniciativa Ciudadana) al indicar que el sistema de corrupción en la obra pública siembre existió y es generalizado. “Por ello considero que también se deberá sentar en el banquillo de los acusados a los órganos de control del estado, porque este pequeño grupo de empresarios no pueden hacerse cargo de la corrupción en todo el sistema”, destacó. Al momento de los efectos prácticos, ofreció la construcción de un salón de usos múltiples en un jardín maternal de Gaiman al que concurren niños de familias de escasos recursos. La obra incluye acciones complementarias, como veredas y cercos.  Pidió además que lleve un cartel indicativo de la causa judicial que se está resolviendo.

Carolina Salaberry defendió a su hermano Ignacio Salaberry, titular de la empresa Arteco de Trelew.  Ofreció la construcción de un paredón de 70 metros de largo por dos metros de altura, la instalación de un tanque cisterna de 1.200 litros y pintar toda la comisaria cuarta Trelew. Todo a cambio de que sea sobreseído.

Las obras deberán ejecutarse en tres meses y el seguimiento  será realizado por un técnico idóneo de la Justicia. Los fiscales pidieron además que durante un año y medio los imputados deberán seguir estrictas pautas de conducta y no cometer nuevos delitos.

Los tres querellantes estuvieron de acuerdo con las obras propuestas por los empresarios imputados. Coincidieron además en el cambio en la calificación legal. Pero los querellantes pidieron un par de semanas para analizar las propuestas desde el punto de vista técnico y económico.

Hasta el 24 de agosto los tres imputados estarán en libertad con el compromiso de acreditar periódicamente sus respectivas presencias en las ciudades de Chubut donde residen. Torraca, Musante y Salaberry estaba con arresto domiciliario, los dos primeros con autorización a concurrir a trabajar.

El vicepresidente del Banco del Chubut, Pablo Das Neves, se refirió a las elecciones partidarias en el Partido fundado por su padre, Mario Das Neves, Chubut Somos Todos. “Hoy nadie de mi familia forma parte del Partido. No tenemos ningún tipo de participación. Yo me siento totalmente alejado, desde lo ideológico hasta lo operativo”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “desde lo personal y no arrastro a nadie en los comentarios, creo que el Partido hoy por hoy ha perdido el rumbo, independientemente de que adentro de la Lista de los 25 representantes como así también en la gran cantidad de militantes, hay gente muy valiosa”.

“Hoy nadie de mi familia forma parte del Partido. No tenemos ningún tipo de participación, no compartimos absolutamente nada con Máximo Pérez Catán”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “hoy charlé con Limarieri y uno en el fondo desea lo mejor porque es el Partido que en su momento fundó mi padre pero está claro que hoy Chubut Somos Todos no representa en absoluto el pensamiento de Mario Das Neves”.

“Lamento hoy por hoy que el Partido no tenga adentro de su conducción a ninguno de quienes fuimos los apoderados iniciales. En lo particular, yo me siento totalmente alejado de Chubut Somos Todos, desde lo ideológico y lo operativo. Le falta una conducción fuerte”, indicó

En este marco, destacó que “hoy las cuestiones judiciales son cuestiones que atraviesan a todos los Partidos Políticos. Lo cierto es que para las elecciones falta mucho tiempo y en el camino hay muchas cosas por resolver”.

“Chubut Somos Todos perdió el Norte y no tiene capacidad de conducción que pueda ordenar el Partido hacia adentro para poder ser una oferta competitiva”, manifestó.

A su vez, expresó que “Mariano Arcioni tenía todo el apoyo del Partido para asumir el cargo de gobernador. Veremos con el tiempo si el Partido se logra enderezar”.

“Arcioni lleva adelante el Gobierno con las circunstancias que puede. Creo que todos deberíamos aportar y apoyar desde el espacio que nos toca. Si ponemos el hombro la Provincia va a andar bien”, comentó.

“La desafiliación de Ricardo Sastre de Chubut Somos Todos para afiliarse al PJ es todo un síntoma de lo que pasa puertas adentro. Te da una pauta de los problemas que hay”, recordó.

Finalmente, Pablo Das Neves concluyó que “la causas de corrupción que afectan a Chubut Somos Todos también afecta a otros Partidos Políticos. El elemento de la corrupción perjudica y tiñe a todo el sistema político”

 

 

 

El Comodorense