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Marcos Napoli

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Lo confirmó el fiscal Marcos Nápoli cuando se refirió a la probabilidad de avanzar en otras investigaciones vinculadas al entramado corrupto en el manejo de fondos públicos. El funcionario recordó que el 22 de junio deberán formalizar la acusación para los imputados de la Causa Revelación y destacó que consideran que el ex ministro Víctor Cisterna es el jefe de una asociación ilícita.

“Tenemos en ciernes aún, en una investigación preliminar, el patrimonio de la familia Das Neves, hay una contadora trabajando en eso”, confirmó Nápoli.

“Las suspensiones de juicio a prueba que hemos aceptado son las mismas de hace un mes y medio. Lo que ha ocurrido son las evaluaciones de las reparaciones que es uno de los aspectos para la aceptación de las probation, si correspondían o no, luego de que respondiera Obras Públicas, lo que demoró mucho porque en el medio hubo un cambio de ministro y modificaciones en distintas áreas de Infraestructura”, explicó Nápoli.

“No sólo era corroborar una obra de mercado, sino que fuera algo razonable y de efectivo cumplimiento respecto a la obligación que asumían, que estuviera en los parámetros normales de una obra de magnitud. Y esa evaluación la podían hacer personas o profesionales que estén ocupados en el tema. Es muy difícil para nosotros como abogados determinar si las obras que ofrecían los empresarios tenían la seriedad técnica”, fundamentó el fiscal.

Sin embargo, anunció que “por esta experiencia que tuvimos en la demora del trámite para evaluación de las obras, decidimos que será la propia fiscalía con la Oficina de Ejecución que depende de la Oficina Judicial de Trelew las que vamos a controlar el cumplimiento, por la generosidad que han mostrado miembros del Superior Tribunal de Justicia que a través del procurador general nos han ofrecido la colaboración de un profesional del área, ya sea un arquitecto, ingeniero civil o maestro mayor de obra que se ocupará de la tarea”.

“Él nos informará mensualmente o bimestralmente el avance de cada obra y nosotros vamos a constatar que se cumpla a rajatabla”, remarcó.

“La suspensión del juicio a prueba se otorgan por un año y medio y en ese lapso las empresas deberán cumplir con las obras”, reiteró Nápoli.

“Son empresas importantes y cuanto más dilaten los plazos les genera un entorpecimiento a su propia estructura y un riesgo para los imputados”, consideró sobre la factibilidad en el cumplimiento de plazos.

Respecto de las falsas noticias en las redes sociales, Nápoli recalcó: “no todos los imputados han accedido a la suspensión del juicio a prueba, sólo el ala de los empresarios, la parte privada de la investigación. Los funcionarios públicos terminarán en el juicio oral”.

En relación a la empresa Apicón, que había ofrecido una red de agua por zonas donde la propia empresa tenía propiedades, se acordó con el empresario que la reparación sea con dinero en efectivo.

“Habría todavía dos o tres empresarios que aún podrían ofrecer la suspensión del juicio a prueba, funcionarios públicos no porque esto no lo permite la ley”, insistió el fiscal.

Nápoli recordó que “estamos a unos 30 días, hasta el 22 de junio, para la presentación de la acusación, en la que se verificará  la imputación exacta a cada uno de ellos, junto con la calificación jurídica, o sea que delitos escogimos para cada uno y que expectativa de pena tenemos para cada uno”.

“Como ejemplo podemos decir que el imputado Cisterna era jefe de una asociación ilícita, queremos probar esa hipótesis,  y que por lo tal merece una pena de 8, 9 años de prisión. Este es el esquema que nosotros debemos presentar en la acusación”, sostuvo Nápoli.

“Probablemente adelantemos la presentación de la acusación, incluso por seguridad para nosotros mismos, lo que abrirá un nuevo período de negociación, en el que sí los funcionarios públicos podrían acceder a un juicio abreviado, en el que los imputados aceptan su responsabilidad y negocian las penas. Uno podría acceder a bajar un poco la pena, pero garantiza que la persona sea condenada”, puntualizó.

“Cualquiera de los funcionarios públicos podrían acceder al juicio abreviado, pero es duro para los imputados aceptar su culpabilidad y comenzar a cumplir la pena”, analizó.

“Tenemos en ciernes aún, en una investigación preliminar, el patrimonio del núcleo de la familia Das Neves, hay una contadora trabajando en eso, y también el manejo de la obra pública en la gestión de Martín Buzzi, aunque quien hizo la denuncia ha fallecido”, rescató Nápoli en el final.

 

 

Radio 3

Tras su declaración con su colega Héctor Iturrioz ante el Consejo de la Magistratura, en el sumario que se les sigue por la cuestionada detención del exministro Martín Bortagaray en el marco de la Causa Revelación, el fiscal Marcos Nápoli ratificó que “desde el primer momento dijimos estar sometidos al control institucional” y que tras dar su versión del episodio “nos vamos satisfechos por estar convencidos de haber podido trasmitir cuáles fueron los motivos y la explicación jurídica y de hecho de porqué se lo detuvo”.

“Iturrioz argumentó en extenso por qué no operaban los fueros en este caso y explicó muy claramente los motivos de la decisión. Por supuesto, y lo dije de manera personal, la sensación de que uno puede equivocarse como cualquier persona y no somos los dueños de la verdad absoluta. Esta cuestión, que es muy opinable, quedó totalmente sentada”.

Uno de quienes declaró fue el exministro del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Pfleger, que avaló la posición de los fiscales. “Es reconocido por su vasta experiencia y sus conocimientos, y dio motivos suficientes para que este sumario quede terminado en tanto coincidió con los argumentos que le expresamos al Consejo. No hay diferencias del exministro con el escrito que presentamos explicando la decisión desde un punto de vista jurídico”.

Según Nápoli, “cuando se discute la aplicación de una norma penal puede haber opiniones encontradas y muchas veces en nuestro trabajo las tenemos, lo cierto es que somos responsables de decidir nuestros actos y uno de ellos fue la detención de una persona cuyos fueros, a nuestro modo de ver, están inconstitucionalmente fijados en la Carta Magna porque violentan los trataos internacionales”.

“Que yo haya dicho que a la distancia hoy no lo volvería a hacer –aclaró- lo digo en el sentido de no complicar el caso, no porque no esté convencido de que la detención fue legal. Fue legal pero si hoy me tocara decidir nuevamente, esto nos terminó restando tiempo y sumó preocupaciones”. Debieron revisar legislación “para poder venir y defendernos de la acusación”.

En cuanto al juez Sergio Piñeda, que admitió haberse equivocado al autorizar la detención, el fiscal recordó que el magistrado, “es un tercero imparcial y en la audiencia de control si esto se hubiese discutido en hábeas corpus probablemente el juez le hubiese dado la razón a la defensa. No lo sabemos porque no ocurrió”.

-¿El balance es favorable?

-No tengo dudas. Pudimos explicar el derrotero del proceso de toma de decisión, que es bastante complejo en circunstancias así, y sin saberlo y tras cartón viene una eminencia intelectual en Chubut en Derecho Penal y ratifica punto por punto, sin habernos escuchado antes, lo que habíamos expresado. Esto le tiene que haber puesto fin.

 

 

 

Diario Jornada

El fiscal de la causa Revelación, Héctor Iturrioz, hizo referencia al proceso que afronta junto a su colega Marcos Nápoli en el Consejo de la Magistratura por el controversial episodio de la detención de Martín Bortagaray cuando era ministro.

Dijo que quieren correrlo porque en la investigación hay mucho en juego.

«Van a hacer lo posible por echarme ya que a algunos les molesta esta investigación. Yo siempre demostré independencia, no les conviene que haya fiscales como yo», disparó Iturrioz en diálogo con la agencia ADN Sur.

El fiscal explicó que la detención a Bortagaray siendo ministro de Familia tuvo sustento legal, fundamentalmente porque los fueros para el ministro, según la letra de la Constitución Provincial, «son para delitos comunes» y aclaró que lo que están investigando «no son delitos comunes» porque «atentan contra el orden democrático».

«No es un delito común, lo dicen los juristas más renombrados. Eso no me libera del temor de ser sometido a juicio político. Creo que harán lo posible por echarme. Hay a quienes les molesta esta investigación», advirtió Iturrioz en torno a la causa que busca comprobar el pago de retornos de la obra pública para conformar una caja negra de la política.

Iturrioz dijo que lo que molesta en el ámbito político y económico «es la independencia que siempre demostré», por eso resaltó que «no les conviene que haya fiscales como yo».

 

 

El Chubut

El fiscal Marcos Nápoli, de la Unidad Anticorrupción, calificó de “lamentables” las apreciaciones del diputado nacional Gustavo Menna y su par provincial Manuel Pagliaroni, ambos de Cambiemos. El primero advirtió que la posible probation para empresarios vinculados a la Causa Revelación “no es clara y da lugar a suspicacias”.

Según publica diario Jornada, Nápoli dijo que “se tendrá que hacer cargo el diputado de las cosas que dice; por supuesto tiene inmunidad verbal de poder expresar lo que su intelecto no filtra, porque decir sin conocimiento ninguno sobre el caso semejante disparate, o comentario, no solo es lamentable desde lo institucional”.

Napoli indicó que Menna “juega con una causa en la que nos estamos jugando profesionalmente muchas cosas. Esto es inédito en la provincia pero se la utiliza desde muchos costados para hacer política; lamentamos que sea así pero no nos vamos a prender en ningún juego de esta naturaleza”.

El fiscal indicó que tanto él como sus colegas “debemos acogernos lisa y llanamente a los lineamientos institucionales que desde el Ministerio Público Fiscal se nos orienta a partir de resoluciones generales y también del Consejo de la Magistratura, que es el cuerpo orgánico y constitucional legitimado para verificar el trabajo de los fiscales”.

Sobre los dichos de Pagliaroni para crear una comisión fiscalizadora en Legislatura que revise el trabajo de los fiscales, sostuvo que “es lamentable darse cuenta que desconoce el primer artículo de la Constitución Nacional, que el sistema republicano de gobierno genera tres poderes, que tienen sus propios controles diseñados de un modo preestablecido en la Carta Magna”.

Nápoli dijo que no se puede salir a contestar todos los comentarios, pero opinó que “los de la gente es más comprensible, entiendo que a la ciudadanía hay que explicarle, contarle y debemos dar cuenta de nuestros actos públicos; pero esto no está terminado. Estamos avanzando, tenemos cuatro o cinco políticos detenidos de primera línea desde aquella gran conformación de la asociación ilícita que investigamos. Esto que la ciudadanía no lo pierda de vista”.

“No fuimos a buscar perejiles sino que tenemos detenidos a quienes detentaban la mayor cuota de poder durante los últimos años; este toque de fibras tan sensible como es el poder, esta palabra que tanto conlleva, dispara opiniones e intereses de todo tipo”.

“Le preguntaría a los diputados: ¿dónde estuvieron en los últimos 8 o 10 años, cuando esto transcurría y toda esta maquinaria delictual se generaba en la provincia a través de la matriz productiva de la construcción?, ¿dónde estaban Menna y Pagliaroni?”, expresó Nápoli, quien también se preguntó por el rol de “los organismos del Estado, como la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Estado, los órganos encargados de controlar esto”.

El fiscal anticorrupción Marcos Nápoli brindó una entrevista a Radio Del Sur y adelantó que se encuentran investigando el mecanismo de la obra pública en la gestión del exgobernador Martín Buzzi.

El fiscal aseguró que encontraron que el mecanismo de corrupción que investigan y que tiene a varios funcionarios y empresarios presos se repetía en la administración del anterior gobernador, Martín Buzzi.

“Tenemos verificado ante varios testimonios que esto (el pago de sobreprecios en la obra pública) ocurría tal cual. Seguramente, no nos vamos a encontrar con los mismo actores pero sí con los mismos mecanismos porque sabemos que esto viene arraigado hace tiempo y que la maquinaria delectual funciona casi matemáticamente”.

Al respecto, el fiscal Napoli aseguró que se encuentran investigando de oficio sobre la gestión Buzzi a partir de algunos testimonios. Sin embargo aclaró que todavía no hay una apertura de investigación sobre el exgobernador.

 

 

ArgentAR

El fiscal Marcos Nápoli aseguró que ya mantuvieron una reunión con los familiares del gobernador Mario Das Neves y su defensor por la investigación sobre el incremento patrimonial

El funcionario judicial afirmó que “hay inconsistencias en el patrimonio de la familia” y es por eso que se llava adelante la investigación. En la primera reunión, la familia ofreció a acercar la documentación de todas las operaciones inmobiliarias y modificaciones de los estados de cuenta.

“Nosotros consideramos que puede haber un delito. Por eso no descartamos de plano ni archivamos la investigación” dijo.

Asimismo, el fiscal aprovechó a hacer una llamamiento a los organismos de control y a los otros poderes que se encargan de controlar al poder ejecutivo.

 

ArgentAR 

Luego de que tres empresarios quedaran libres en la causa “Revelación, a cambio de una serie de obras para “compensar” el daño por el pago de coimas, el fiscal Marcos Nápoli manifestó que la Unidad Anticorrupción sostiene que los funcionarios públicos organizaron una asociación ilícita y usaron la matriz productiva de la construcción para sustentarla.

“La ‘probation’ es un sinónimo técnico que está establecido en el Código Penal y se aplica cuando la persona cumple con los requisitos establecidos en la ley. Muchos fiscales y jueces no podemos hacer oposición a eso. Si dan los requisitos, la ley da el derecho a acceder a una suspensión de juicio”, indicó  en una entrevista radical con La 100.1.

“Hubo que hacer un cambio de carátula pero no en función del juicio de suspensión de prueba sino que se hace de acuerdo a las constancias del caso”, agregó. “Ya se había imputado cohecho activo; no se ha modificado la plataforma fáctica en general, seguimos sosteniendo que los funcionarios públicos organizaron una asociación ilícita y usaron la matriz productiva de la construcción”.

“Cambian los actores de las organizaciones, el mecanismo es similar en todos los casos y por lo que uno va descubriendo, y hasta donde nos permita la acción penal trataremos de trabar el velo y ver que hay debajo de todo esto. Cada vez que depuremos documentos o abrimos una computadora es una caja de pandora, y tenemos que ir barajando sobre el momento la estructura que tenemos para lograr mejores resultados”, informó.

“Lo que viene a mellar la administración pública en su rol como entidad y persona jurídica responsable pero no afecta el erario público sino el bolsillo del empresario que paga la coima. Pero creemos que eso se encargaba anteriormente”, planteó el fiscal de Trelew afectado a la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal de Chubut.

“Quiero aclarar que en la suspensión de juicio a prueba dejamos abierta la posibilidad del Estado a iniciar juicio civil por reparación. El Estado a través de la Fiscalía de Estado va a tener la posibilidad de enjuiciar a los empresarios para que se restituya el daño provocado”, remarcó Nápoli. Además, planteó: “la suspensión del juicio a prueba se aplica con determinados requisitos, entre ellos no tener condenas anteriores. La suspensión es un planteo y pedido de la defensa que se puede dar al inicio del caso y la causa en trámite nunca podrán afectar esta causa”.

“Íbamos a revisar es la reparación y marco de la misma, y quedó una audiencia fijada para el 23 donde terminaremos de diseñar esta forma de diferencia que nos permita tener a los empresarios controlados y hacer imputaciones a mayor cantidad de empresarios”, subrayó. Por último, aclaró que no se trata de una asociación ilícita “porque es una figura compleja en cuanto a poder especificar los roles. Son participes de algunos hechos, pero no son miembros”.

 

 

El Comodorense