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El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, expresó en su cuenta personal de Twitter, su preocupación por las manifestaciones y el banderazo convocado por la oposición, que violan el aislamiento social y la cuarentena por la pandemia.

Luego de la caravana encabezada por la concejal de Juntos por el Cambio Ana Clara Romero, que partió desde Alsina y San Martín y recorrió la zona céntrica de la ciudad expresando el rechazo hacia la reforma judicial impulsada por el Presidente Alberto Fernández, el intendente Juan Pablo Luque expuso su intranquilidad ante el incumplimiento del aislamiento social y preventivo.

“Les pido a los comodorenses que permanezcamos unidos para seguir cuidando a nuestra gente” reflexionó el jefe comunal.

Seis personas fueron notificadas por el brutal ataque al móvil de C5N que tuvo lugar el pasado jueves 9 de julio en la manifestación que se llevó a cabo en el Obelisco. Las personas identificadas no serán detenidas pero sí deberán presentarse en las próximas horas en la fiscalía.

Un grupo de efectivos llevó a cabo este sábado procedimientos en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires para notificar a cada uno de los acusados por el ataque al móvil de C5N. Hasta el momento, son seis las personas identificadas a través de las imágenes y videos, aunque no se descarta que haya más involucrados.

Los acusados fueron identificados por el cuerpo de investigaciones policiales del Ministerio Público Fiscal a través del reconocimiento facial gracias a las imágenes registradas en un video desde el interior del móvil mientras los trabajadores del canal eran agredidos.

La causa está en manos de la Fiscalía 14 de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Paulo Horacio Gaspani.

También se investiga si los seis acusados portaban el Certificado Único Habilitante de Circulación en el marco de la cuarentena estricta que rige para la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires; de no ser así, también serán notificados por incumplir la medida dictada por el Gobierno nacional.

El ataque se produjo el jueves 9 de julio por la tarde cuando manifestantes anticuarentena se movilizaron en la zona del Obelisco y diferentes puntos del país en rechazo al aislamiento social, preventivo y obligatorio y con críticas al Gobierno nacional.

La manifestación se tornó especialmente violenta con periodistas y equipos técnicos del canal C5N, a quienes intentaron proteger comunicadores de otros medios que estaban presentes en el lugar, ante el brutal ataque que recibieron.

«¡Van a empezar a tener miedo, hijos de puta!», gritó uno de los manifestantes mientras golpeaba la puerta del móvil televisivo, quien fue captado desde dentro del camión por un teléfono celular. «Se tienen que morir todos los de C5N», agregó otro.

Las manifestaciones comenzaron a ser más numerosas a medida que transcurrió la tarde de este 9 de julio. Las mismas se desarrollaron en Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad, como también varios otros puntos del país.

En el Obelisco, la caravana de autos ocupó más de seis cuadras de la avenida 9 de Julio. Desde los vehículos, con los vidrios bajos, los motorizados flamearon banderas y acompañaron, con bocinazos, palmas y cacerolas de los que se encontraban a pie, alrededor del monumento.

Los manifestantes claman por «la libertad, la justicia y el bienestar de los argentinos; por los comerciantes que se están fundiendo debido a la cuarentena; por los productores; por un país sin dirigencia autoritaria ni corrupción», según expresaba el comunicado oficial de la convocatoria, impulsada por la agrupación cordobesa Campo Más Ciudad.

Al igual que en el banderazo del 20 de junio, se realizó una gran movilización en cercanías de las oficinas de la empresa Vicentin en Avellaneda y en Reconquista, en la provincia de Santa Fe. Así lo detalló La Nación.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el movimiento Black Lives Matter presentaron una demanda contra el presidente de EEUU, Donald Trump por el uso de la fuerza durante las manifestaciones desencadenadas por la muerte de George Floyd, informó el periódico The Washington Post.

Según el medio, la demanda, dirigida contra Trump y el fiscal general William Barr, afirma que el uso por parte de la Policía y los militares de caballos, porras, escudos y equipos antidisturbios, como gas pimienta, botes de humo y balas de goma y plástico «violó los derechos constitucionales de los manifestantes, en su gran mayoría pacíficos, y las libertades de expresión y reunión 30 minutos antes de que se hiciera efectivo el toque de queda el lunes [1 de junio]» en Washington.

«El ataque descarado, inconstitucional, no provocado y francamente criminal del presidente contra los manifestantes, porque no estaba de acuerdo con sus opiniones, hace temblar los cimientos de nuestro orden constitucional», declaró Scott Michelman, director jurídico de la ACLU en Washington.

El demandante principal por parte de Black Lives Matter, April Goggans, subrayó que las manifestaciones «no serán silenciadas por el gas lacrimógeno y las balas de goma».

«Lo que pasó con nuestros miembros la tarde del lunes, aquí en la capital, fue una afrenta a todos nuestros derechos«, apuntó.

El 25 de mayo el afroamericano George Floyd, de 46 años, falleció después de que un agente de policía blanco le inmovilizara durante su detención presionándole el cuello con la rodilla, pese a que Floyd repetía que no podía respirar.

El hecho, que fue filmado y rápidamente se volvió viral, desencadenó una ola de protestas contra la brutalidad policial y el racismo, algunas de las cuales desembocaron en disturbios violentos. En varias ciudades, incluido Washington, se decretó el toque de queda.

Según los datos del periódico USA Today, esas manifestaciones se celebraron en más de 580 ciudades y pueblos en todos los 50 estados desde finales de mayo.

Bajo la consigna de «sentada por nuestros derechos», trabajadores y trabajadoras nucleados en la administración provincial, volverán a congregarse para profundizar sus reclamos al Gobierno Provincial.

La convocatoria tendrá lugar este domingo 31 de mayo, a las 15 horas en las inmediaciones del Monumento a la Mujer Galesa, epicentro de las últimas movilizaciones de estatales, quienes solicitaron asistir con barbijo o tapabocas, y mantener la distancia social.

La movilización partió desde el Hospital Regional. Un centenar de autos se hizo presente en el recorrido por todo el centro de la ciudad. Esta protesta se extendió por distintos puntos del país, en reclamo a las condiciones laborales bajo el marco de la pandemia de coronavirus.

“Los trabajadores de la salud somos muchos. Ahora somos uno”, ese fue el lema elegido para la protesta nacional, simultánea y autoconvocada que se llevó a cabo este sábado de toda la Argentina, en el marco de la cuarentena por Covid-19.

En Comodoro Rivadavia, los trabajadores de la salud se convocaron en el Hospital Regional para partir desde allí por todo el centro de la ciudad. En sus autos, se movilizaron con bocinazos protestando por las condiciones laborales en las que afrontan la pandemia.

A nivel nacional, es la Red de Médicos Integrada de Argentina (Redima) la entidad que emprendió esta iniciativa. La manifestación se desarrolló en forma pacífica, con todas las medidas de prevención y “sin banderas políticas ni gremios”. Todos marcharon con el objetivo de dignificar el trabajo en salud y con ánimos de visibilizar la situación y precariedad en la que desempeñan sus tareas.

✊🏼🔴🚘 #COMODORO || TRABAJADORES SE MANIFIESTAN PARA VISIBILIZAR SUS RECLAMOS #CholilaOnline #ChubutEnCrisis #ArcioniPagaLosSueldos

✊🏼🔴🚘 #COMODORO || TRABAJADORES SE MANIFIESTAN PARA VISIBILIZAR SUS RECLAMOS Este sábado los Trabajadores de la cartera sanitaria de #Chubut salieron a la calle para visibilizar su trabajo y reclamar por los salarios adeudados por parte del Gobierno Provincial.#CholilaOnline #ChubutEnCrisis #ArcioniPagaLosSueldos

Publicado por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Sábado, 30 de mayo de 2020

Encabezada por el propio Presidente Alberto Fernández, la definición de avanzar con emprendimientos mineros inclusive en provincias que hasta ahora no lo tenían habilitado es un hecho.

Si bien los recursos son de competencia provincial, lo cierto es que hay un guiño para promover esta industria inclusive en contra posición de otras actividades productivas del país. En la última ley de emergencia nuevamente el sector de hidrocarburos y minería salíó bien parado en el cálculo de retenciones en contraposición por ejemplo con el campo.

Sin embargo las medidas que se están aplicando siguen cosechando resistencia en las poblaciones que se han manifestado y han sido reprimidas, como en Mendoza.

En Neuquén se convocó para este jueves a una movilización en rechazo de la llegada de emprendimientos megamineros. En Esquel la movilización será este jueves a partir de las 19 hs con concentración en la Plaza San Martín.

Y si hay una provincia que sigue muy atenta a las definiciones de la Legislatura es Chubut. La posibilidad que en breve se trate la modificación de la ley 5001 que prohíbe la explotación a cielo abierto y con uso de cianuro en toda la provincia, parece estar cada vez mas cerca.

Si bien no está en el temario incluido para la sesión extraordinaria de este viernes 27 de diciembre, podría darse un poco más adelante. No mucho más.

A propósito de esta situación, el miércoles navideño se realizo en Trelew una manifestación en defensa del agua y para expresarse contra la megaminería que, según consigna Radio 3, recorrió las calles del centro de la ciudad y confluyó en la Plaza Independencia, donde se realizó la ronda ambiental, en la que se intercambiaron testimonios e información.

Las asambleas convocaron en este sentido a la vigilia que comenzará este jueves cerca de las 20 frente a la Legislatura, en Rawson, previo a la sesión extraordinaria. Se organizan además para concurrir en caso de no contar con movilidad.

Si bien de manera oficial se indicó que en la misma no se trataría ningún tema vinculado a la actividad minera, las asambleas remarcaron que se quiere visibilizar la postura.

La situación de Mendoza fue clave para marcar el empuje político que el tema tiene a pesar de las manifestaciones comunitarias. La provincia cuyana protagonizó numerosas expresiones en contra de la modificación de la ley 7722. Finalmente, los cambios fueron promulgados el lunes habilitando el uso de sustancias químicas en la minería.

En las modificaciones de los artículos 1, 3, 4, 5 y 7 básicamente se habilita la utilización de cianuro y de ácido sulfúrico, lo que permite separar los metales extraídos de la roca, habilitando la minería metalífera a cielo abierto, mientras que se mantiene la prohibición del uso del mercurio.

Estos cambios fueron rechazados por los vecinos de Mendoza, quienes se manifestaron en las calles y fueron reprimidos por la policía policial, así lo informó EQSNotas.

 Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes; graves abusos en detención.

Miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención, luego de masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019 y continuaron durante varias semanas, señaló hoy Human Rights Watch.

Human Rights Watch se reunió con el Presidente Sebastián Piñera el 26 de noviembre para hacerle entrega de un informe que incluye evidencia sólida de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes y recomendaciones orientadas a prevenir abusos de Carabineros y a fortalecer sus mecanismos de supervisión. Desde que comenzaron las manifestaciones y hasta el 21 de noviembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó ante el Ministerio Público 442 querellas en representación de víctimas de presuntas lesiones, tratos crueles, torturas, abusos sexuales, homicidios y tentativas de homicidios atribuibles a fuerzas de seguridad.

“Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales, que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos. Es justamente por ello que las autoridades deben impulsar una reforma policial urgente”.

#Internacionales | DURO INFORME POR TORTURAS DE CARABINEROS DE #CHILE 💣🇨🇱La organización Human Right Watch, ha realizado una investigación e informe sobre la grave violación de los Derechos Humanos cometidos por las fuerzas de seguridad de Chile y la administración gubernamental actual. Este lapidario informe ha sido dado a conocer hace pocas horas.

Publicado por Cholila Online Portal de Noticias Digitales en Martes, 26 de noviembre de 2019

Las protestas comenzaron como una reacción frente al aumento en las tarifas del transporte público y han continuado durante más de un mes, reflejando un descontento masivo por profundas deficiencias en los servicios públicos y la desigualdad económica.

El 18 de octubre, el Presidente Piñera declaró el estado de emergencia en varias regiones del país, desplegando a los militares para asegurar su cumplimiento. El estado de emergencia, que incluyó un toque de queda y restringió la libertad de circulación, fue levantado el 28 de octubre.

Si bien la mayoría de los manifestantes actuaron de manera pacífica, algunos grupos cometieron graves actos de violencia, como ataques a carabineros y a comisarias con piedras y bombas Molotov, saqueos y quema de bienes públicos y privados. El 21 de noviembre, indicó que más de 1.896 agentes resultaron heridos entre el 18 de octubre y el 20 de noviembre, y que cerca de 127 de estos presentaban lesiones graves.

General de Carabineros la Dirección Human Rights Watch entrevistó a más de 70 personas en Santiago y Valparaíso en noviembre.

Algunas víctimas fueron heridas por perdigones disparados por escopetas o por el impacto directo de cartuchos de gases lacrimógenos disparados con armas antidisturbios; otras señalaron haber sufrido abusos policiales en las calles o en comisarías. Human Rights Watch también entrevistó a carabineros, algunos de los cuales habían sido heridos por manifestantes, así como también a médicos, abogados, académicos, representantes de la sociedad civil y altas autoridades, incluidos el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal Nacional, el Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública, el General Director de Carabineros, y los ministros de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa y Justicia.

Human Rights Watch recabó pruebas consistentes que Carabineros utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no. Los servicios de urgencias médicas del país atendieron a 11.564 personas heridas relacionadas a las manifestaciones entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, informó a Human Rights Watch el Ministerio de Salud. De estas, más de 1.100 presentaban lesiones moderadas o graves.

Una cuestión particularmente alarmante es el uso de escopetas que disparan perdigones en forma indiscriminada y que, dependiendo de la distancia, pueden herir gravemente a aquellos que se encuentren dentro de su amplia zona de impacto, indicó Human Rights Watch. La escopeta antidisturbios causó más de 220 lesiones oculares documentadas por el INDH. El 17 de noviembre, el Ministerio de Salud reportó que 16 personas habían perdido la visión total en un ojo y que 34 habían sufrido heridas graves en un ojo que podrían resultar en pérdida de visión total o parcial, de acuerdo con su evolución en los siguientes tres meses.

El 19 de noviembre, Carabineros suspendió en forma provisoria el uso de escopetas antidisturbios durante manifestaciones, mientras no se determine la composición de los perdigones. Debido a la falta de precisión propia de estas armas, su impacto indiscriminado y las pruebas de las graves lesiones que han causado, su uso debería suspenderse en forma indefinida en todas las circunstancias, hasta que autoridades idóneas e independientes lleven a cabo una amplia auditoría para determinar los riesgos que entrañan, sotuvo Human Rights Watch.

Miembros de Carabineros también golpearon ferozmente a manifestantes, dispararon con municiones llamadas “bean bag” (que consisten en perdigones de plomo dentro de una cartuchos de gases lacrimógenos dirigidos directamente a los manifestantes, y a algunos con vehículos o motocicletas oficiales.

La Fiscalía Nacional está investigando 26 muertes. Entre ellas está el caso de un manifestante que murió después de presuntamente recibir una golpiza de carabineros en la calle, tres personas que habrían recibido disparos letales con armas de fuego por militares y una persona que fue atropellada por un vehículo de Infantería de Marina, según información de la Fiscalía Nacional.

Personal médico indicó que un manifestante con una afección cardíaca murió al no poder recibir atención de emergencia adecuada, debido a que algunos carabineros emplearon armas contra manifestantes y profesionales de la salud que lo estaban atendiendo. La Fiscalía Nacional también está investigando la muerte de dos hombres bajo custodia de carabineros, que actualmente consideran suicidios.

Human Rights Watch tomó conocimiento de al menos otras 18 personas que murieron en incendios durante los saqueos, fueron atropelladas por vehículos particulares durante las manifestaciones, o murieron por otras causas sin que haya pruebas, hasta el momento, de que estuvieran implicados agentes del Estado.

Carabineros detuvo a más de 15.000 personas y cometió abusos contra algunas de ellas.

De las 442 querellas presentadas por el INDH en representación de víctimas de abusos, 341 se refieren a señalamientos de torturas y trato inhumano, y 74 a denuncias de abusos sexuales. Numerosos detenidos afirman haber sido golpeados brutalmente por carabineros. Otra de las acusaciones más frecuentes fue que carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías. Esta práctica de desnudamientos se encuentra prohibida en los protocolos de Carabineros desde marzo de 2019 pero todavía ocurre, y ocurría incluso antes de las manifestaciones.

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El centro de Neuquén se convirtió en un caos de tránsito por distintas manifestaciones: los chóferes de ambulancia cortaron la calle Alderete frente al hospital Castro Rendón y Barrios de Pie organizó una marcha desde el monumento a Casa de Gobierno, así lo informó el diario Río Negro.

Los chóferes retomaron su reclamo por personal. Afirman que no se realizan concursos para reemplazar a los trabajadores que se jubilaron y que el plantel actual no es suficiente para dar respuestas a las demandas de Salud. Detallaron que de 14 conductores, hay 9 en actividad, por lo que se dejaron de cubrir algunos servicios.

El delegado Raúl Baigorria explicó que el corte de la calle Alderete se mantendrá por dos horas o hasta que «al menos» se comunique el director del centro de salud, Adrián Lammel.

Además, Barrios de Pie también reanudó uno de sus reclamos y es el de que se declare la emergencia alimentaria en Neuquén. La dirigenta Gladys Aballay explicó que esperan que la Provincia actúe sin esperar a que se reglamente la emergencia declarada a nivel nacional.

Aballay, además, denunció que se les recortó el envío de alimentos a los comederos y merenderos en los que atienden diariamente a unos mil niños y que esto ocurrió luego de que difundieran su relevamiento que reveló que la mitad de las personas que asisten sufren malnutrición.

En el monumento también se concentraron vecinos de la cooperativa 127 hectáreas del barrio La Sirena quienes denuncian retrasos en los trámites referidos a sus terrenos.

La Defensoría del Pueblo de Ecuador confirmó hoy la muerte de un manifestante durante las protestas de ayer contra el ajuste del gobierno, algo que ya había sido informado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en un mensaje en el que repudió la «represión brutal y desmedida» a los manifestantes.

Según la Defensoría, la víctima es un dirigente indígena de la Conaie que falleció por un trauma craneoencefálico durante las multitudinarias protestas, que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad con gran cantidad de gases lacrimógenos.

Con este caso, ascienden a cinco los muertos en las protestas, después de que el fin de semana un hombre muriera atropellado cuando supuestamente escapaba para protegerse de la represión en el sur del país, mientras que otras tres personas fallecieron al «caer» de un puente en Quito.