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La Federación Nacional de Choferes de Camiones que conducen Hugo y Pablo Moyano exigió este viernes a gobernadores provinciales e intendentes de todo el país «el respeto absoluto a los trabajadores de la actividad» y reclamó «el cese de la revisión a la que son sometidos al ingresar con su unidad de carga, lo que implica demoras e imposibilidad de que se bañen, se aseen o se alimenten», denunció.

«Es un último llamado de atención a los gobernadores e intendentes de ciudades de todo el país ante el maltrato al que son sometidos los choferes de camiones», puntualizó esta tarde en un documento Pablo Moyano, secretario adjunto.

El dirigente sindical explicó que los choferes transportan medicamentos, alimentos, bebidas y otros productos esenciales para que precisamente a «los gobernadores, su familia y sus amigos nada les falte».

«Los camioneros arriesgan su salud, exponen la de su familia y son tratados de forma desmerecida, además de tener que soportar el manoseo ilegal de las autoridades provinciales», remarcó el gremialista.

Moyano advirtió que «los trabajadores están próximos a cansarse por ese maltrato, por lo que puede haber desabastecimiento» y aclaró que el gremio, los dirigentes y los choferes «no desean provocar ningún daño al país», pero «son seres humanos y se sacrifican y cumplen sus tareas a diario para que a nadie le falte nada».

Moyano denunció que fueron varios los lugares en los que los camioneros fueron demorados más de 10 horas para ser revisados y sostuvo que tampoco durante todo ese lapso se les permitió descender del camión para asearse o alimentarse.

«La frontera de las provincias de Salta, Jujuy y San Juan y la ciudad de Azul son algunos de los lugares en los que los funcionarios cometieron un real abuso de autoridad y no valoraron la labor de los camioneros», concluyó el dirigente.

Ignacio Gomez, padre de una de las estudiante que arribó en el vuelo a Trelew, manifestó su indignación por el maltrato que sufrieron los chicos que debían venir hacia Comodoro Rivadavia, ya que una vez que arribaron a la ciudad del valle, desde Defensa Civil los maltrataron y “les pedían dinero en mano para traerlos hacia la ciudad”. Desde Defensa Civil de Comodoro les aseguraron a los padres que ellos los traerían para cumplir con el protocolo, lo que no se cumplió.

“Tengo indignación, no les dieron ni un vaso de agua, los mantuvieron amontonados, con maltrato del jefe de Defensa Civil de la provincia, porque no le dio nombre y quería cobrar 25 mil pesos por cabeza para traerlos de Trelew a Comodoro. Habíamos hecho las gestiones para irlos a buscar, pero la gente de Defensa Civil nos dijo que ellos se encargaban con protocolo, llevándolos casa por casa” afirmó Gomez.

De esta manera, expresó “Cuando llegan a las 14 hs le dijeron que no había ningún protocolo, con maltrato, estudian en La Plata, más de 50 días en cuarentena. Es maltrato solo por ser de Comodoro, se comunica mi hija, yo la estaba por buscar pero la gente de Defensa Civil nos dijeron que se hacían cargo, entre los 10 pibes no juntaban 1500 pesos”.

El padre denunció “Cero protocolo de covid, no se le tomó temperatura, ellos venían con barbijo, guantes, da bronca porque uno venía con todo el cuidado, sabíamos que son dos semanas a respetar, con todo eso este maltrato pidiéndole plata en mano. Son 78 de Trelew, 72 de Puerto Madryn, 5 de Gaiman, 5 de Rawson y 10 de Comodoro Rivadavia”.

Por último, Gomez indicó “No se puede jugar con eso. Mi hija le dice ´pasen por mi casa y mi papá se las va a dar´, y le dijeron que era plata en mano, estaban a punto de desmayarse porque ni un vaso de agua les dieron, los trataron peor que a perros, no merecemos eso, no han cometido ningún delito para ser maltratados de esta forma. No entiendo que le pasa a la gente del valle con ese maltrato, a parte le decían por qué vinieron, hicimos todo como correspondía, cuando mi hija estaba embarcada llama un colectivo de Andesmar que iban a traer a repatriados. Yo estaba por irme”.

“Quiero advertir a la sociedad chubutense, en especial a mis compañeros DOCENTES que, nuestro Estado Provincial utiliza la cuarentena para continuar violando nuestros derechos fundamentales” afirmó Patricia Mariana Sánchez, docente de Trevelin.

La docente de Trevelin, Patricia Mariana Sánchez expresó en las últimas horas a través de una denuncia el maltrato policial que vivió tras hacerse público el depósito de haberes del tercer rango activo del mes de Febrero de 2020.

La denuncia de la docente de Trevelin expresa textualmente:

Soy DOCENTE, mamá de dos menores y único sostén de hogar. En el transcurso del día 08 de Abril, se informó por los medios de comunicación, el depósito de haberes del tercer rango activo del mes de Febrero de 2020, pero sólo una porción del mismo, $38.000. Esa parte de mi sueldo del mes de Febrero ingresó aproximadamente a las 21:00 hs. ese día. Dado las necesidades que estamos transitando con mis hijos menores, no dudé en ir a buscar el sueldo junto a ellos por no dejarlos solos. Vivimos en Trevelin, zona de chacras desde hace 3 meses y no tenemos vecinos conocidos o cercanos para que los observaran.

Nos dirijimos caminando porque no tengo auto. Llegamos a la ruta y encontramos la casilla del control policial, ésta nos dejó pasar sin inconvenientes, más adelante nos encontraríamos con la comisaría. Al cruzar por ésta, escuché gritos de 2 agentes policiales que salieron a interceptarnos corriendo, como si fuéramos delincuentes. Los mismos me interrogaron hacía dónde me dirigía y que no era el horario para transitar.

A su vez les respondí que iba hasta el cajero a retirar mi dinero, los cajeros funcionan las 24 hrs y los bancos están cerrados, en ese preciso instante soy interceptada por otro agente de las fuerzas, el Sr. Almonacid, César Julio; éste en tono de voz amenazante me dijo que no podía ir y que debía acompañarlo para realizar un acta nombrándome artículos del código penal. Le dije que yo iba a ir al cajero, les ofrecí que me acompañaran, que imperiosamente debía sacar el dinero ya que cobramos con dos meses de atraso a casi tres y quiénes tenemos deuda con la entidad Banco del Chubut, nos debitan inmediatamente las deudas con este, explicándole que vivo sola con mis hijos de 17 y 9 años respectivamente; hice referencia a la necesidad de alimentos y leña para calefaccionarnos que debo pagar de forma inmediata; que era insostenible vivir en cuarentena, sin sueldo y sin poder adquirir las necesidades básicas.

A su vez le dije que hace 19 días que no salía de mi domicilio, que respetábamos las medidas previstas por el Gobierno, sabiendo que atravesamos una pandemia de covid19 y debemos resguardarnos, pero la situación casi sin alimentos y sin ingresos hacía imperioso el hecho de trasladarme al cajero en forma urgente antes que se realizaran los débitos por sistema y que los mismos se hicieran con el resto de mi salario cuando fuera depositado por la Provincia.

Ante todo esto, el agente Almonacid, continuó gritándome diciendo que el también conocía la situación de los docentes, que su esposa es docente, es allí, que le hice referencia a qué había una gran diferencia con mi situación dado que ellos, los agentes policiales, cobran sin atraso los primeros días del mes y que a su vez él y su esposa poseen dos sueldos.

El agente en todo momento se encontraba enojado; el maltrato fue constante tanto con sus palabras como con sus ademanes y posturas físicas, es allí donde le pregunté qué haría porque a la fuerza no podía llevarnos, que ante todo lo ocurrido y a pesar de no haber cumplido la restricción de circulación, poseemos derechos humanos fundamentales y que entre elegir en poner en riesgo la vida mia y la de mis hijos, elijo arriesgarme a violar dicha restricción por un estado de necesidad justificante, teniendo en cuenta que los cajeros funcionan 24 hrs. y los bancos no están abriendo.

No pude dirigirme al cajero y me obligaron a volver a mi casa, bajo amenaza de arrestarnos como familia.

Repudio totalmente estos abusos de poder, la vulneración de nuestros derechos, al abandono del ciudadano con el no pago de nuestros sueldos ante una emergencia sanitaria, como así también repudio las acciones tomadas por el Ministro de Seguridad Federico MASSONI respaldado por el Sr. Gobernador Mariano ARCIONI.

Ahora bien, ante el maltrato que recibí conjuntamente con mis hijos, pedí el asesoramiento en el departamento de legales de la Fundación “El Páramo”, y respondieron los abogados Dra. Cynthia Castro y Dr. Gastón Bordier quienes me explicaron que, ante todo tenemos como primer derecho garantizado por la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos el Derecho a la Vida, así Nuestra Constitución Nacional Arts 29 y 33, y La normativa con Jerarquía

Constitucional que defiende el derecho a la vida es la siguiente:

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: “Artículo I. – Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”

Convención Americana Sobre Derechos Humanos: “Artículo 4. Derecho a la Vida. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción…”

Declaración Universal de Derechos Humanos: “Artículo 3.ºTodo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”

Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Civiles y Políticos y su Protocolo facultativo. “PARTE III .ARTICULO 6. 1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley…”

Convención sobre los Derechos del Niño: “Artículo 6. 1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.”

Respecto a la CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, es pertinente resaltar que la misma repite veintiún veces el término “vida”.

También me asesoran de que mi familia se encuentra amparado por el art. 34 inciso 3 º del Código Penal, lo que se conoce en derecho como causales de inimputabilidad, estado de necesidad justificante y que nos encontramos frente a un Estado Provincial que intenta hacer cumplir una norma federal, el DNU del Presidente Alberto FERNANDEZ, cuando en principio, es un Estado Provincial que viola la normativa Constitucional y la Supremacía del Derecho Federal estatuído en la Constitución Nacional.

Mal puede, la Provincia del Chubut, convertirse en garante de la normativa Nacional con respecto a la CUARENTENA PREVENTIVA Y OBLIGATORIA, cuando previo a eso VIOLA DERECHOS DE LOS HABITANTES COMO EL DERECHO A LA VIDA Y AL SALARIO, el cual también es Normativa Federal; así nuestra CN en el artículo Artículo 14 bis.- “…El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: (…) retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; (…) Queda garantizado (…) la protección integral de la familia;…”

Con esto quiero advertir a la sociedad chubutense, en especial a mis compañeros DOCENTES que, nuestro Estado Provincial utiliza la cuarentena para continuar violando nuestros derechos fundamentales, a través de la fuerza pública como medio de opresión para lograr nuestro silencio.-

Docente PATRICIA MARIANA SANCHEZ

DNI.:23.514.848

El Procurador General, Jorge Miquelarena, expidió expresas directivas a los fiscales para prestar especial atención a situaciones de abuso por parte del personal Policial en el marco del control de medidas dispuestas por la pandemia, en virtud de las denuncias públicas efectuadas por la población.

Un empleado policial, se encontraba en ejercicio de sus funciones, tras ser mordido en su pierna izquierda por un can, decidió en circunstancias en que el animal se alejaba de su persona, efectuar un disparo a la perra mediante la utilización de su arma de fuego reglamentaria.

La fiscalía de Rawson, representada por el Fiscal Osvaldo Heiber solicitó la apertura de investigación preparatoria en contra de E.P.S. empleado policial, tras analizar la denuncia efectuada por M. M. M. C. y considerar que existen elementos suficientes para formular cargos en su contra. Ahora resta esperar que la oficina judicial de Rawson otorgue intervención en legal forma al Juez penal correspondiente y fije fecha para la celebración de la audiencia de inicio de la investigación en los términos del Art. 274 C.P.P. Cabe mencionar que la fiscalía por otra parte también se encuentra investigando una presunta agresión producida por el dueño del perro sobre el móvil y el efectivo policial.

Los hechos

El pasado 26 de marzo de 2020, siendo aproximadamente las 14:00 horas, en el domicilio sito en calle Teniente Coronel de Roa N° 2.202 de la localidad de Playa Unión, el empleado policial, quien se encontraba en ejercicio de sus funciones, luego de haber sido objeto de la agresión de una perra mestiza con rasgos de pitbull de tamaño grande que lo habría mordido en su pierna izquierda, excediendo el marco de sus funciones y en circunstancias en que la perra se alejaba de su persona, realizando un acto de crueldad contra el animal, le efectuó un disparo al can mediante la utilización de su arma de fuego reglamentaria (pistola 9 mm.), el que ingresó al animal en la región posterior lateral izquierda del cuello, en su tercio medio, y salió por la región ventral lateral derecha del cuello, provocándole a la perra una hemorragia pulmonar aguda que determinó la necesidad de practicarle eutanasia con el consecuente deceso del animal. La calificación legal provisional escogida por el fiscal conforme los hechos relatados son constitutivos de los delitos de Infracción al art. 3° inc. 7° de la Ley de Protección Animal N° 14.3476, Daño (art. 183 CP) y Abuso de autoridad (art. 248 CP), todos ellos en concurso ideal (art. 54 CP) revistiendo E P S el carácter de autor de dichos ilícitos (art. 45 del Código Penal). Se acompaña foto ilustrativa (fuente sitio web)

Este miércoles la causa de los ocho rugbiers acusados de asesinar a golpes a Fernando Báez Sosa tuvo algunos avances. Es que los detenidos fueron trasladados desde el penal de Dolores hasta Villa Gesell para declarar frente a la fiscal Verónica Zamboni.

Tres de los cinco se negaron a declarar, pero el caso de Luciano Chano Pertossi fue el más llamativo porque acusó maltratos dentro de la sede judicial.

El camión que los trasladaba del Servicio Penitenciario Bonaerense salió de Dolores cerca de las 6.30 y arribó a la ciudad balnearia a las 8.20. Los rugbiers estuvieron declarando casi 12 horas hasta que regresaron en el mismo vehículo a la cárcel alrededor de las 22

Luciano Pertossi fue el último en declarar por lo que debió esperar que pasen los otros acusados y estuvo varias horas dentro de la sede judicial. Una vez que estuvo frente a los fiscales Zamboni y Mancinelli dijo que no iba a hablar por sentirse “aturdido” por el tiempo transcurrido y, sobre todo, por las condiciones en las que lo hicieron esperar.

«No voy a declarar pero quiero dejar constancia que vine con la intención de declarar. Estoy despierto desde las 5 de la madrugada y esposado desde las 5.30. Llevo doce horas esposado con las manos atrás y diez horas tirado en el piso en la fiscalía. Sin comer. Me duele la cabeza, estoy aturdido”. Fueron las únicas palabras que utilizó Pertossi luego de negarse a hablar puntualmente del homicidio, según relató Infobae.

Sumado a Pertossi los otros 5 rugbiers declararon estar viviendo en malas condiciones dentro de la cárcel de Dolores. Esto corresponde a la estrategia de conseguir prisión domiciliaria.

“Recibimos muchos insultos y amenazas de parte de los otros internos por las ventanas a la madrugada. Nos quieren asustar afilando las puntas debajo de nuestras ventanas, gritando nuestros apellidos reiteradamente, grabando videos esperándonos en los pabellones”, fueron las palabras que utilizó otro de los detenidos, Enzo Comelli, para graficar lo que, según ellos, sucede dentro de la cárcel.

Infobae se comunicó con fuentes de la fiscalía que desmienten rotundamente lo que Luciano Pertossi denunció en su indagatoria: “Es todo mentira. Tuvo que esperar hasta declarar y un preso nunca está bien. Pero de ahí a que lo maltraten hay un largo trecho. En cuanto a la comida, no tenemos servicio de catering y el preso está preso. Si pide comida o agua se le da. Tampoco están esposados ni en el piso”. Dos versiones bien diferentes de la misma situación.

Dos turistas europeos aseguraron que sufrieron maltrato por parte del personal que se encontraba en el scanner de la terminal de la ciudad de Trelew.

Ambos relataron que pasaron un mal momento cuando llegaron a la terminal de ómnibus de Trelew.

“Cuando llegamos al scanner preguntamos si había que sacar los líquidos que llevábamos en la mochila y nos respondieron que no. En un momento, la policía agarró al revés una de las mochilas que tenía líquido y se rompió una de las botellas llenando de aceite la notebook”, explicaron.

Asimismo, los jóvenes manifestaron que el piso se llenó de aceite y al pedir colaboración para limpiarlo, nadie les brindó ayuda. “El policía responsable nos trató de mala manera cuando le intentamos explicar que se nos había roto la notebook por lo que habían hecho, e incluso había otra persona ayudando que no se identificó. A la hora aparece otro policía y dijo que iba a tratar de arreglar la notebook y nos facilitó el transporte al hostel”, dijeron Fonseca y Bettarello.

Los jóvenes explicaron que llamaron al técnico y les dijeron que la reparación salía 15 mil pesos, que tenían que hablar con el policía que estaba a cargo. Luego, fueron a la Oficina de Turismo y los mandaron a hablar con el director de la Terminal junto a las autoridades que habían estado en el scanner.

“Nadie se hizo cargo del arreglo de la notebook. Nosotros trabajamos con la computadora, lo necesitamos para nuestro viaje. No queremos que la Municipalidad pague esto, pero necesitamos que nos devuelvan el importe para comprarnos otro o que nos den una notebook que no se utilice más para poder continuar con nuestro viaje”, manifestaron a Diario El Chubut.

Tras someterse a cuatro operaciones de reconstrucción de mandíbula, el animal de aproximadamente 8 meses se encuentra actualmente en recuperación y a la espera de una última cirugía pendiente que le permita respirar sin dificultad.

La historia de Braveheart, un perro al que un grupo de hombres en la ciudad de Sonora, México, destrozó la mandíbula tras amarrarle fuegos artificiales en su hocico y hacer que explotaran, tuvo un final feliz luego de que la fundación estadounidense Saving Huey ayudara en su recuperación.

Tras someterse a cuatro operaciones de reconstrucción de mandíbula, el animal de aproximadamente 8 meses se encuentra actualmente en recuperación y a la espera de una última cirugía pendiente que le permita respirar sin dificultad.

En un video publicado en la página de Facebook de la fundación, se observa la mejora que ha tenido Braveheart, quien luego de las intervenciones quirúrgicas pudo ladrar, algo que no podía realizar antes debido al grave daño que había tenido en su hocico.

La fundación informó que han recibido varios mensajes de personas interesadas en adoptar a Braveheart, pero que esperarán hasta que terminé la última cirugía para poder encontrar a la familia indicada que acoja al can.

Tras hacer la denuncia, los efectivos rescataron al menor y se llevaron detenida a su madre.

Hay conmoción en Jujuy por el caso de una mujer que dejaba atado a su hijo de 8 años porque «se portaba mal». La policía la llevó a la Comisaría de la Mujer, donde se le abrió una causa por maltrato.

El caso salió a la luz cuando una vecina, por casualidad, pasó por el frente de la vivienda y a través de la ventana vio al chico maniatado con precintos de plástico. Tras hacer la denuncia, los efectivos rescataron al menor y se llevaron detenida a su madre.

Al ser interrogada en la comisaría, la mujer explicó que tenía que salir a trabajar y como su hijo tenía “problemas de conducta”, no le quedaba otra alternativa que dejarlo atado. Ahora, fuentes cercanas a la causa informaron a la agencia Télam que se está investigando desde cuándo ocurría esto y si lo hacía cada vez que se iba a su trabajo.

 

Telefe Noticias

Se lo anticipó la Secretaría de Trabajo a la Municipalidad, que trata de mediar entre los dueños de la cadena y los empleados en conflicto, a quienes no dejan ingresar a su labor.

Trabajadores de la Panadería Dorita fueron recibidos ayer por la mañana por el titular de la Agencia de Desarrollo Productivo y Social, Marcelo Olivera, quien por mandato del intendente de Trelew, Adrián Maderna, busca un acercamiento de las partes que permita la solución del conflicto laboral que mantienen desde hace varios días.

El conflicto comenzó el miércoles de la semana pasada motivado por presunta mala liquidación de sueldos, precarización laboral, falta de aportes y obra social, entre otros puntos que son reclamados por el personal.

Olivera indicó que el planteo del personal está vinculado con que “a pesar de la vigencia de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, la semana pasada, continúan sin poder ingresar a sus lugares de trabajo, en donde están trabajando otras personas, de las que no se sabe si fueron contratadas recientemente o provienen de otras sucursales”.

El funcionario aclaró que al tratarse de un conflicto laboral en el ámbito privado, el municipio de Trelew sólo puede intentar contribuir al diálogo entre las partes en conflicto, siendo el ámbito en el que debe resolverse la situación la Secretaría de Trabajo de la Provincia.

“Por eso se convocó al representante de la delegación de la Secretaría de Trabajo, Luis Candia, quien confirmó que mañana (por hoy) se realizará una inspección en todos los locales, para constatar las condiciones de trabajo y si hay incumplimientos a la conciliación obligatoria”, precisó Olivera.

Diario Jornada

Es el caso del menor que ingresó internado este lunes por la madrugada en el hospital Regional de Comodoro Rivadavia con evidentes signos de maltrato y del que diéramos cuenta en la jornada de ayer.

Este lunes por la noche, policía de esa ciudad puso en marcha el protocolo de búsqueda de personas tras conocerse que el chiquito había sido retirado sin consentimiento de la sala pediátrica de ese nosocomio por parte de su padre.

Minutos antes de la una de esta madrugada, efectivos de la seccional tercera tomaron conocimiento que el nene, de dos años, se hallaba en el domicilio de su padre que se había comunicado con las autoridades.

Al dirigirse hasta el sitio una comisión policial con efectivos de las seccionales primera, tercera y comisaría dela mujer, el hombre se negó a entregar al niño.

Además, se mostró ofuscado por la presencia de uniformados y, según se indicó, dio a entender que utilizaría armas contra los policías.

El individuo ya resulta conocido por los efectivos, quienes saben de la existencia de armas legalmente asentadas en la morada.

Finalmente se decidió, para evitar situaciones de peligro para el nene que estaba en la vivienda así como para el resto de la familia, que los uniformados se retiren del lugar informando lo ocurrido a la justicia.

Radio Chubut