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A horas de haberse conocido la denuncia penal que el actual Ministerio de Seguridad presentó contra el exmano derecha de Patricia Bullrich, Pablo Noceti, la familia Maldonado vuelve a ser víctima de ataques.

Sergio Maldonado recibió a las 14:20 de este lunes una seguidilla de mensajes amenazantes por WhatsApp. El remitente, obviamente no agendado por Sergio, es de la ciudad de La Plata, capital bonaerense, y el número es 0221-15-562-5829.

Inmediatamente Sergio decidió subir a sus redes sociales la captura de pantalla de las amenazas.

El relato de una de las nenas apunta a que sufrió un abuso sexual agravado. El ex concejal será peritado psicológicamente el jueves. Se espera que la jueza lo cite a indagatoria.

Mientras espera ser citado a indagatoria, el ex concejal Emilio Maldonado, se encuentra más comprometido en la causa por abuso sexual contra dos nenas de nueve y diez años.

Sucede que este miércoles se realizó la Cámara Gesell, en donde las menores pudieron relatar a un equipo de peritos los detalles de los ataques perpetrados por quien supo ser alguien de confianza para sus respectivas familias.

Hasta ahora, lo que se sabía, en función de las denuncias realizadas en la Comisaría Sexta de Río Gallegos, era que el edil había tocado en reiteradas ocasiones a la hija de una amiga muy cercana.

Luego de que esta acusación se hiciera pública, otra familia se presentó en sede policial para relatar que también su hija había revelado la misma situación.

En ambos casos se hablaba de abuso simple, sin embargo, según pudo conocer La opinión Austral, en la Cámara Gesell una de las nenas manifestó detalles, que dan cuenta de actos agravados por parte de Maldonado.

Además, informaron que la evaluación de las víctimas arrojó resultados “contundentes” y que al ex presidente del Concejo Deliberante le recomendaron declarar, en caso de ser citado por la jueza Valeria López Lestón.

Esto todavía no sucede porque la magistrada primero pidió una evaluación psicológica para el acusado, que se realizará el próximo jueves, en tanto que las familias solicitaron otras medidas de prueba que están pendientes.

Mientras tanto, Maldonado pasa sus días confinado y con una restricción que le impide acercarse a un perímetro de doscientos metros de las viviendas de las víctimas.

Fuentes del caso que fueron consultadas no dudan que el ex concejal terminará detenido luego de la indagatoria y también sostienen que el avance de la causa es el esperado, sobre todo en el contexto actual.

Hay que recordar que la primera denuncia se realizó el sábado 20 de junio por la tarde y siete días más tarde, la mujer que la radicó decidió hacer público el caso en sus redes sociales, donde no sólo mostró fotos que probaban la existencia de una amistad entre ella, Maldonado y su hija, sino que ademas posteó la foto de la denuncia.

La segunda denuncia se hizo al sábado siguiente y sirvió para que quienes todavía mostraban su apoyo al concejal, dejaran que la Justicia actuara.

Esa semana comenzó con el pedido del intendente Pablo Grasso para que Maldonado se tomara licencia, luego para que renuncie y, finalmente, una extraordinaria escandalosa aprobó su salida, con la presencia de familiares en el recinto que cuestionaron a las instituciones y exigieron justicia.

La desaparición y muerte de Santiago Andrés Maldonado tuvo como imputado al gendarme Emmanuel Echazu, pero la causa fue clausurada por el juez Gustavo Lleral luego de la aparición del cuerpo del tatuador anarquista. La familia, representada por la abogada Verónica Heredia, planteará que la investigación debe permanecer abierta, pero sin excluir la hipótesis de la desaparición forzada, como pretendía la Cámara de Comodoro Rivadavia, conformada por los jueces Javier Leal de Ibarra, Hebe Corchuelo de Huberman y Aldo Suárez.

Los Maldonado pidieron a quienes los vienen apoyando que los acompañen hoy a las 11 en Comodoro Py.

En septiembre, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia aceptó la apelación formulada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de unificar la investigación del operativo ilegal de Gendarmería sobre la Puf Lof de Cushamen como nexo de causalidad de la muerte de Santiago Maldonado.

“Apelamos a los grises y a la falta de cohesión lógica del fallo que reabrió la causa”, explicó el abogado de APDH, Mauricio Rojas, haciendo referencia a la resolución que reabrió la causa por la muerte de Maldonado, luego de que la misma hubiera sido archivada por el juez Lleral como “muerte accidental”, un día antes de que se iniciara la cumbre del G 20 en Buenos Aires, en noviembre de 2018.

“Por un lado, el fallo pedía investigar todas las hipótesis penales de la muerte de Santiago, pero por el otro descartaba la investigación del operativo represivo de Gendarmería que, para nosotros, es uno de los nexos causales ineludibles de su muerte”, indicó Rojas.

La hipótesis que maneja la querella sobre la muerte de Santiago Maldonado es la del “abuso de autoridad seguido de muerte”, producida en el contexto de la represión de Gendarmería sobre una comunidad mapuche en Resistencia Cushamen el 1 de agosto del 2017. La concesión del recurso de Casación acompaña, en este sentido, los intentos de la querella de probar que fue el ingreso “ilegal” de la fuerza de seguridad la causante de la muerte de Santiago.

VARIAS DUDAS

El fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia dijo que había que seguir investigando pero descartando la desaparición forzada de Santiago, había sido apelado también por el gendarme Echazú, con los abogados del gobierno, dado que Lleral lo había sobreseido al cerrar el expediente. “Expondremos nuestro planteo una vez más, y veremos si Casación sostiene la resolución de Lleral archivando todo, si avala el fallo de Comodoro que ordena avanzar pero sin el delito de desaparición, o hace lo que pedimos que es una investigación amplia con la hipótesis de la desaparición forzada”, aclaró la abogada Heredia.

Paradójicamente, el cartel ubicado en el sitio de Memoria de Esquel, con la imagen de Maldonado y Rafael Nahuel que había sido vandalizado hace pocos días con pintura roja, fue intervenido por artistas locales a instancias de la APDH de esa ciudad, que pintaron encima el símbolo de Gendarmería: el sable y el ancla.

En este contexto, ayer Sergio Maldonado –hermano de Santiago- calificó de “provocación” el obsequio de las autoridades de Gendarmería a la ministra de Seguridad que se va, Patricia Bullrich. Le regalaron un sable con la inscripción “No voy a tirar un gendarme por la ventana”.

La frase no es inocente. Es que hacía dos semanas que Santiago Maldonado estaba desaparecido y la funcionaria respondía por ese crimen en el Senado. Cuando le preguntaron por el rol en la represión a la Pu Lof de Cushamen del comandante Fabián Méndez, jefe del Escuadrón 35 de El Bolsón, la funcionaria respondió: “No voy a cometer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana para sacarme responsabilidades; me la banco yo”.

La propia ministra subió el video a su cuenta de Instagram, donde se aprecia que los gendarmes le hacen leer la frase, poco antes de fundirse en un abrazo con las autoridades de Gendamería.

Este episodio se inscribe en una serie de hostigamientos del gobierno macrista hacia las víctimas, la familia Maldonado, y hacia quienes se involucraron con el esclarecimiento de la desaparición seguida de muerte del joven que había acudido a esa comunidad mapuche, que recuperó territorio a manos del empresario Benetton, para reclamar contra el encarcelamiento de su referente, el lonko Facundo Jones Huala. Los Maldonado fueron objeto de seguimientos mientras buscaban desesperadamente a Santiago, padecieron escuchas ilegales e inclusive campañas de trolls contra la marca de té que producen.

Con algunos minutos de retraso terminó arrancando ayer la segunda audiencia del juicio oral y público contra el médico Augusto Werther Aguiar por violación de secretos que se sigue desde el martes en medio de un fuerte operativo de seguridad en el Casino de Oficiales de la Policía del Chubut.

El motivo de la demora tuvo que ver con que la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, no estaba en el listado de las personas acreditadas para ingresar  a la sala de audiencias, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria que tiene a cargo la seguridad no le permitía el acceso.

El propio Sergio Maldonado, hermano de Santiago, intentó interceder ante los uniformados para que permitieran el paso de su representante legal, pero recién a partir de la intervención de las máximas autoridades se habilitó el acceso. Una vez que ingresó Heredia, la jueza de Comodoro Rivadavia Eva Parcio de Seleme dio por iniciada la segunda audiencia y comenzó la toma de testimonios a los testigos que habían sido citados.

Hay que recordar que al Dr. Aguiar se lo acusa de difundir imágenes obtenidas el 17 de octubre de 2017 durante el examen preliminar del cadáver de Santiago Maldonado realizado en la Morgue Judicial de Esquel.

En ese sentido, ayer se destacó el testimonio de la médica forense Silvana Paola Cardinale, quien declaró que aquel 17 de octubre hubo dos personas que tomaron fotografías del cuerpo del joven tatuador: el imputado y el médico forense de la familia Maldonado.

Dijo recordar Cardinale que el juez Lleral pidió colaboración para ingresar a la morgue de Esquel un cuerpo que podía llegar a ser el de Santiago Maldonado. Se produjo el ingreso y luego el juez cerró las puertas y advirtió a los presentes que no podían ventilar lo que allí ocurriera por tratarse de un procedimiento judicial.

“El juez quedó sin batería para sacar fotos desde su celular y el médico forense de la familia y el Dr. Aguiar fueron los que se pusieron a sacar fotos”, dijo la testigo, desmintiendo de esa manera al propio Aguiar, quien en la jornada inaugural del juicio dijo que “muchas personas” habían estado tomando fotografías del cuerpo.

También ayer declaró el fiscal de la justicia provincial Carlos Ricchieri, quien advirtió a las autoridades del Juzgado Federal sobre la  difusión de imágenes que debían mantenerse en secreto, así lo indicó el chubut.

El funcionario judicial recordó que el 18 de octubre del 2017 tomó conocimiento de que se estaban difundiendo las fotografías del cuerpo que se suponía que era de Maldonado.

Ese día dijo que se entrevistó con la Dra. Cardinale, quien le comentó que en la morgue el día anterior había observado a Aguiar sacando fotos.

Ricchieri también testificó que un médico le confió que el acusado en el hospital de Esquel había estado exhibiendo las fotos y haciendo comentarios. A partir tomó contacto con el juzgado federal y se puso a disposición.

MÁXIMA SEGURIDAD 

A lo largo de toda la jornada de ayer se mantuvo el fuerte  operativo de seguridad implementado desde el martes por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en conjunto con la Policía de la Provincia del Chubut y la Policía Federal Argentina.

La circulación vehicular y el paso de los peatones estuvo restringida varias cuadras a la redonda del Casino de Oficiales ubicado en Rivadavia y Mitre de esta ciudad, generando un sinnúmero de inconvenientes a los vecinos.

Fueron numerosas las quejas de comerciantes afectados por mermas en las ventas y dificultades para el abastecimiento o la logística habitual.

A diferencia del martes, tanto el escaso número de personas que sigue el juicio como la prensa acreditada, pudo acercarse por sus propios medios hasta la sala de audiencias, sin la necesidad de concurrir hasta el Juzgado Federal de Esquel una hora y media antes del inicio del debate, a fin de ser trasladados en vehículos de la PSA.

Este martes en el Casino de la Policía dio inicio el juicio contra el médico forense sindicado por difundir fotografías de Santiago Maldonado.

La instancia judicial comenzó en el marco de un imponente despliegue de seguridad alrededor del establecimiento.

La imputación es por difundir imágenes obtenidas el 17 de octubre de 2017 durante el examen preliminar del cadáver del joven artesano, así lo precisó el Patagonico.

La jueza de Comodoro Rivadavia Eva Parcio de Seleme está al frente del proceso que comenzó pasadas las 9 horas con presencia del hermano de Santiago, Sergio Maldonado.

Tras analizar una veintena de pruebas, el MPF solicitó que vaya a juicio un funcionario de la Policía Federal que tomó imágenes durante el examen preliminar del cuerpo, en la Morgue Judicial de Esquel, y luego las difundió por Whatsapp.

La Fiscalía Federal de Esquel solicitó la semana pasada la elevación a juicio de la causa por la filtración de las fotografías del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado, en la que se encuentra imputado el médico de la Policía Federal Argentina Werther Aguiar. La representante del Ministerio Público Fiscal Silvina Ávila sostuvo en el requerimiento que fue aquel funcionario público quien difundió las imágenes obtenidas el 17 de octubre de 2017 durante el examen preliminar del cadáver, realizado en la Morgue Judicial de esa ciudad.

Se informó que tras analizar casi una veintena de elementos de prueba, Ávila le solicitó al Juzgado Federal de Esquel que envíe la causa a juicio oral, por el presunto incumplimiento de Aguiar de la obligación legal de guardar secretos derivada de su doble función de médico y funcionario policial. La acción está prevista y reprimida en el artículo 157 del Código Penal.

La fiscal federal subrogante explicó que una de las pruebas más importantes que posee la causa -y que constituye el cuerpo de la imputación- son las fotografías que se filtraron. Al momento de requerir la indagatoria del funcionario, la Fiscalía había analizado y comparado las imágenes difundidas con los videos registrados en la morgue. Allí «se demostró que efectivamente las fotografías que tomó Aguiar en la Morgue Judicial -mientras era filmado por personal de la P.F.A.- son las que se filtraron tanto a redes sociales como a los medios de comunicación». Su actividad fue comprobada con las capturas del video identificado como 0008, que junto a otras filmaciones arrojan que el resto de las personas que estaban autorizadas para tomar fotografías «lo hicieron en ángulos y momentos diferentes a las que muestran las filtradas».

Otro teléfono

La Fiscalía indicó que las fotos tomadas por el acusado fueron luego enviadas por el sistema de mensajería Whatsapp «a gente que no se encontraba en el lugar», lo que no había sido autorizado por el juez Gustavo Lleral. «Asimismo, se demostró que la actitud temeraria del imputado al difundir las fotografías, implicó que se viralizaran en las redes sociales y llegaron a ser publicadas por algunos medios de comunicación en el transcurso de las primeras horas de la mañana del 18/10/2017», agregó Ávila.

El MPF reseñó en el requerimiento que el 27 de octubre se ordenó el secuestro del celular de Aguiar, pero que «la medida no pudo concretarse hasta el 30/10 porque el imputado, intempestivamente viajó a Córdoba», cuando ya se «había hecho pública la denuncia en la Justicia Federal». A su regreso fue interceptado en el aeropuerto y se obtuvo el aparato, pero una vez peritado se comprobó que el teléfono entregado era «propiedad de uno de los hijos del nombrado, menor de edad».

Derecho vulnerado

En cuanto al tipo penal por el que se acusa al médico de la PFA, la Fiscalía explicó que sanciona al «funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos».

Además de que el secreto debe ser mantenido en el ámbito de la administración pública, Ávila expresó que según la doctrina en la materia «puede incidir sobre la intimidad de las personas vulnerando su  esfera  de  reserva». «Justamente éste es uno de esos casos. Es que bajo el  art. 19 de la C.N. [Constitución Nacional] debe ser reconocido a los familiares de Santiago Maldonado una genuina expectativa para que la imagen de su familiar muerto –sobre todo en el estado en el que se encontraba- quedara excluida del conocimiento de terceros», precisó.

Para la fiscalía, «este derecho a la intimidad quedó vulnerado en el momento que las fotografías del cuerpo fueron exhibidas a personas que no habían participado del examen del cadáver», y más aún, «cuando estas imágenes tomaron estado público como consecuencia de la difusión generalizada que posibilitó el imputado una vez que las envió a sus contactos de la red de mensajería».

Finalmente, en el requerimiento de elevación a juicio se argumenta que la participación del imputado «no sólo fue por su carácter de funcionario de la Policía Federal Argentina, sino también como médico», en función de la Ley 17.132, que reglamenta el ejercicio de la medicina. Por esos motivos, la Fiscalía consideró que Aguiar «tenía la obligación legal de guardar secretos derivada de su doble función de médico y funcionario policial».

 

 

El Chubut

A lo largo de un año y tres meses, los Maldonado recibieron $1,5 millones. El dinero fue utilizado en viáticos, tickets de avión y alojamiento en hoteles en Buenos Aires y Esquel.

La familia de Santiago Maldonado ya no percibirá una ayuda monetaria por parte del ministerio de Justicia de la Nación, que la había incluido dentro del programa que estipula la ley de Derechos y Garantías a las Víctimas de Delitos.

El 29 de noviembre pasado el juez federal Gustavo Lleral dejó establecido en un fallo que el artesano murió ahogado y no fue víctima de una desaparición forzada por parte de agentes de seguridad del Estado, y con este elemento el Ministerio suspendió definitivamente la asistencia que mantenía hacia la familia.

A lo largo de un año y tres meses, los Maldonado recibieron 1,5 millones de pesos. El dinero fue utilizado en viáticos, compra de tickets de avión y alojamiento en hoteles en Buenos Aires y Esquel, dijeron a Télam fuentes judiciales.

“La familia no recibía un monto fijo sino que ellos nos iban informando de los gastos que tenían previstos. Por ejemplo, si necesitaban un pasaje de avión nosotros se lo comprábamos, si necesitaban dinero para viáticos se les transfería un monto”, explicó a Télam Juan José Benítez, Subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia.

“En este tiempo se le ha dado un sólido cumplimiento a la ley de Víctimas. Entendemos que hasta aquí llegamos”, agregó Benítez.

Para el juez Lleral no hubo delito involucrado en las circunstancias que rodearon a la muerte de Maldonado. En un extenso fallo, el magistrado narró de manera minuciosa los segundos finales del joven que ocurrió sin la participación de terceros. En su escrito también fundamentó porqué resultaba innecesario insistir con nuevas pericias.

“Corresponde descartar por completo la hipótesis criminal acerca de la presunta desaparición forzada de Santiago Andrés Maldonado”, dice Lleral en el fallo.

“Es que resultaría abiertamente ocioso y estéril disponer la realización de diligencias a priori incapaces de conmover la arquitectura probatoria construida con los categóricos y copiosos elementos ya reunidos. Además, ello prolongaría inconstitucional y de modo no convencional la duración de un proceso judicial que se encuentra cierta e irreversiblemente definido por la vehemencia de los hechos acreditados”, agrega.

La familia apeló el fallo de Lleral ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, comunicó este miércoles la abogada defensora Verónica Heredia.

Fuente: Jornada

Dicen que las comparaciones son odiosas pero en este caso ayudaran a traer luz sobre la brutal represión ordenada por el Ministro Federico Massoni contra trabajadores de la pesca que reclaman por sus derechos mientras el Gobierno Provincial criminaliza la protesta social y utiliza las fuerzas públicas y los medios para estigmatizar estos reclamos.

Si el objetivo era despejar la ruta Massoni se excedió más de la cuenta ya que como muestran las fotografías la ruta estaba totalmente despejada cuando reprimieron, es más a los detenidos se los atrapo muy lejos de la ruta incluido a los dirigentes gremiales Ricardo Franco y Juan Gabriel Aguilar abogado de la entidad sindical SUPA.

En el caso del presunto asesinato a Santiago Maldonado la gendarmería ya tenía despejada la ruta, ya poseía el control sobre la mismas, ¿Entonces porque correr a Santiago hasta el río en donde presuntamente lo ahogaron?.

En este corte parcial de ruta de los trabajadores de la pesca como muestras las fotos dejaban pasar a los que la transitaban a intervalos de 15 minutos. Cuando Federico Massoni dio la orden a la policía de Chubut de reprimir esta fue despejada por los trabajadores portuarios a los cuales fueron a capturar hasta en propiedad privada del otro lado de los alambrados en donde los cazaban como animales.

Las comparaciones son odiosas pero Cholila Online viene advirtiendo al Gobernador Arcioni que Federico Massoni no se encuentra en sus cabales, ya advertimos sobre el arma que había transportado de manera presuntamente ilícita el Ministro y luego de esto Massoni protagonizó un hecho tremendo apuntando a la cabeza a un vecino de Trelew.


Volvemos a advertir al Gobernador sobre estas represiones y acciones de su amigo, en las próximas manifestaciones Cholila Online pondrá el drone a disposición de la sociedad y todos nuestros recursos para que el Gobernador y la Justicia puedan observar esta nueva advertencia para evitar así males mayores que ensucien la institución policial y a nuestra provincia a nivel nacional con tragedias voluntarias evitables.

A un año del hallazgo del cuerpo del joven artesano, todavía hay incógnitas sobre su muerte. La investigación judicial no muestra avances significativos

“Fue un día muy triste”, recuerda Sergio Maldonado sobre aquella tarde de hace un año, cuando los buzos de la Prefectura hallaron un cuerpo en las frías aguas del río Chubut, a sólo trescientos metros del lugar en el que Santiago había sido visto por última vez. Faltarían unos días todavía para confirmar que se trataba de él.

Santiago, de 28 años, desapareció el 1 de agosto de 2017 después de una represión de Gendarmería a miembros de la comunidad Mapuche.

Integrantes de la Pu Lof Cushamen en Resistencia habían cortado la ruta 40; Maldonado participó en aquel piquete.

“Hoy ya no habla nadie más de los Mapuches, no existe más ese terror que generaban hace un año atrás”, reflexiona el hermano de Santiago. Y se pregunta: “Explicame por qué Gendarmería ingresó al lugar en forma ilegal, sin orden y cuando la ruta ya había sido despejada”.

“Fue una provocación la forma en la que apareció”, se lamenta Sergio.

“El cuerpo no estaba ahí”, insiste Sergio. “Habían rastrillado en ese mismo lugar el 5 de agosto y no había nada. Fueron el 18 de septiembre y no había nada, y lo encuentran finalmente allí, a la vista de todos, el 17 de octubre”, plantea.

La investigación, a un año

  • La autopsia concluyó que Santiago murió ahogado, «por hipotermia» y sin signos de violencia. Sin embargo no se pudo determinar la data de muerte y por lo tanto tampoco el sitio preciso.
  • El expediente principal sigue caratulado como «desaparición forzada».
  • La familia Maldonado pidió la incorporación de un perito criminalista para investigar el rol de la Gendarmería en la represión sin orden judicial que terminó con la desaparición y la muerte de Santiago. El juez Lleral lo rechazó.
  • «La fuerza en un primer momento negó haber llegado al río, después lo admitió. Necesitamos saber por qué lo ocultaron», plantea la querella.
  • La Cámara Federal de Casación Penal de la Nación debe resolver si da lugar a la decisión del juez Lleral de declarar nulas las intervenciones telefónicas a varios testigos mapuches y a Sergio Maldonado.

 

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