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Este jueves el Consejo de La Magistratura de Chubut resolvió abrirle un sumario al fiscal general Fernando Rivarola a partir de la denuncia realizada por el Ministro de Economía provincia, Oscar Antonena, por «falta de objetividad», debido a que Rivarola lo imputó del delito de abuso de autoridad en relación a la decisión de avanzar con el pago de salarios a un sector de los trabajadores estatales. La determinación de sumariar a Rivarola se conoció durante la transmisión en vivo de la sesión del Consejo de la Magistratura, que continúa desarrollándose durante esta tarde.

Antonena denunció al fiscal Rivarola por haberle imputado el delito de abuso de autoridad ante su decisión de depositar los haberes a los empleados legislativos antes que al resto de los rangos 3 y 4 durante la primera semana de en marzo.

El ministro provincial denunció la presunta falta de objetividad del fiscal Rivarola, por entender que incurrió en una falta al tratar de impulsar la acción pública y pedir la apertura de una investigación, siendo que pertenece a la misma Asociación de Magistrados que presentó la denuncia en su contra.

La Comisión de Admisibilidad conformada dentro del Consejo de la Magistratura evaluó la denuncia y consideró que debía ser admitida, por lo que ahora resta que se designe un instructor para que lleve adelante el sumario.

La idea de poder sesionar a fines del actual mes de mayo. También se trató la creación de una Comisión de Reforma de la Ley que regula el funcionamiento del Consejo, con la intención de delimitar de manera más clara los roles con el Poder Judicial y el Tribunal de Enjuiciamiento.

Los integrantes del Consejo de la Magistratura volvieron a tratar este miércoles en una reunión por videoconferencia una serie de puntos que incluyen modificaciones a su propio reglamento para habilitar las sesiones por vía remota, con la idea de poder sesionar a fines del actual mes de mayo, y también en la creación de una Comisión de Reforma de la Ley que regula el funcionamiento del Consejo, con la intención de delimitar de manera más clara los roles con el Poder Judicial y el Tribunal de Enjuiciamiento.

En la jornada de ayer se realizó una videoconferencia con la participación de 12 consejeros, que consistió en una reunión de trabajo en la que, según explicó el presidente Enrique Maglione, “se propusieron modificaciones al reglamento relacionadas con el funcionamiento de la nueva normalidad, porque desde ahora vamos a trabajar en forma remota en todos los sentidos, incluyendo las sesiones”.

Indicó el titular del consejo que, junto a los consejeros, “estamos próximos a instrumentar un sistema de videoconferencia que evaluamos como confiable para trabajar”, ya que la idea es “poder sesionar cada uno desde su lugar, mientras que el sistema que nos ofrece el Poder Judicial sólo permite cuatro puntos de conexión”, por lo que “nos quedaría afuera una jurisdicción y no queremos hacer traslados de consejeros”.

Sostuvo Maglione que el objetivo es “utilizar una nueva tecnología que nos permita reunirnos a todos en forma remota, pero que cada uno pueda trabajar desde su lugar de origen, sea desde sus casas o lugares de trabajo” teniendo en cuenta que hay consejeros de Esquel, Trevelin, Sarmiento, Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn, además del presidente del STJ. Explicó que a través de esta nueva modalidad, “yo estaría desde nuestra sede en Trelew, los otros consejeros cada uno en su oficina, y necesitaríamos solamente la presencia de un secretario del Poder Judicial”.

Sesión inminente 

De acuerdo a la idea abordada entre los consejeros, el objetivo sería que, más allá de que estén suspendidos los plazos procesales del Poder Judicial, porque se ha decretado una feria, “en nuestro caso vamos a seguir trabajando desde nuestras casas u oficinas, para que al momento que se vuelva todo a la normalidad estemos al día”, afirmó Maglione.

En ese sentido, explicó el presidente del consejo que la próxima sesión, que podría convocarse en la tercera o cuarta semana de mayo si se pone a punto el nuevo software para videoconferencia, “sería un abordaje meramente administrativo”, pero más adelante, cuando vuelvan a correr los plazos procesales, “podríamos seguir con los sumarios, que podrían seguirse por videoconferencia o por un medio confiable de manera remota, así como también las evaluaciones para los magistrados que han cumplido los 3 años de función”.

Sin embargo, aclaró Maglione que no todos los trámites pueden seguirse de manera on line, ya que por ejemplo los concursos para nuevos magistrados “tienen que ser presenciales, por lo que no se avanzará en ese sentido, teniendo en cuenta que recién a partir de septiembre se habilitarían los vuelos, para traer juristas de otras provincias”.

Nueva ley 

En otro orden, más allá de la modificación a su reglamento para habilitar las sesiones por vía remota, el Consejo de la Magistratura avanzará en un proyecto de modificación integral de la Ley de creación que regula sus funciones y deberes, según se habló también ayer en la reunión de trabajo.

De acuerdo a la explicación brindada por Maglione, ocurre que hay tareas del Consejo de la Magistratura “que a veces colisionan con las funciones de otros poderes, como el Poder Judicial o el Tribunal de Enjuiciamiento”, por lo que se decidió que “vamos a crear una Comisión de Reforma de la Ley, para que queden bien delimitadas esas funciones”, publicó El Chubut.

Inicia hoy lunes la primera sesión ordinaria del año 2020 del Consejo de la Magistratura. La misma se hará en la localidad de Sarmiento, con el fin de tratar un temario compuesto de 6 puntos, de acuerdo a la resolución de convocatoria que lleva la firma del presidente del cuerpo, Enrique Maglione.

Según lo expresado en la Resolución Administrativa 9/20, se resolvió “convocar al Pleno del Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut a la sesión ordinaria a realizarse a partir del día 17 de Febrero del 2020 a las 15:00 horas, y hasta el 18 de Febrero 2020”, la que se realizará en el Salón de los Intendentes de la Ciudad de Sarmiento, sito en San Martin Nº 722 de esa ciudad.

De acuerdo al texto de la convocatoria, se avanzará en el tratamiento de un Orden del Día compuesto de seis asuntos: el primero de los puntos será el Informe de Presidencia, que estará a cargo del propio Maglione; a continuación, el segundo tema será un informe de la situación económica y financiera del Consejo de la Magistratura; mientras que la tercera de las cuestiones a abordar será el Arancelamiento de los Concursos.

Posteriormente, en cuarto lugar del Orden del Día, está previsto el tratamiento de la Reforma de los Reglamentos del Consejo de la Magistratura; luego como quinto tema se avanzará con la reunión de la Comisión de Presupuesto e informe.

Finalmente, el último de los puntos de la sesión será el abordaje de un proyecto de Acuerdo Marco y Específico en Materia de Género, según reza la nota de convocatoria fechada el pasado 11 de febrero en la ciudad de Trelew, nuevo lugar de funcionamiento del Consejo en la flamante sede ubicada en Coronel Rosales Nº 11, casi Avenida Hipólito Yrigoyen, informó El Chubut.

La Junta Electoral Provincial proclamó este miércoles a las autoridades del Consejo de la Magistratura en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno en Rawson.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas, el Procurador General, Jorge Miquelarena, y la Diputada provincial, Jacqueline Caminoa en representación del Tribunal Electoral Provincial, acompañados por el gobernador Mariano Arcioni y el vicegobernador electo, Ricardo Sastre, realizaron la entrega de los diplomas correspondientes a las autoridades electas del Consejo de la Magistratura.

En esta oportunidad, fueron proclamados como Consejera titular de Puerto Madryn Mirtha Lewis; como suplente; Roxana Barrera; Consejero titular de Comodoro Rivadavia; Juan Coyopay y suplente Fernando Mercado; Consejera titular de Sarmiento, Mirta Pacheco y suplente Anabel Chiappano .

En tanto que Raúl Alfredo Fourgeaux y Emilio Miguel Cacciavillani, como abogados titular y suplente de Puerto Madryn.

Como magistrados y funcionarios de Trelew – Puerto Madryn fueron proclamados Sonia Haydée Donati y Florencia Cordon Ferrando, mientras que de Comodoro Rivadavia – Sarmiento recibieron su diploma Tomás Esteban Malerba, Ricardo Rubén Hayes. Como empleados judiciales, Esteban Eduardo Defelice y Luis Javier Mundet.

Lo hizo el diputado macrista Pablo Tonelli, integrante del Consejo de la Magistratura.

El diputado oficialista Pablo Tonelli propusoredistribuir los recursos asignados por la ley de autarquíaal Poder Judicial, disminuyendo los correspondientes a la Corte Suprema de Justicia y aumentando los recursos del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de administrar el Poder Judicial.

Esto ocurrió durante una reunión de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura en la que se analizaba la emergencia judicial, que se realizó este jueves. Tonelli es miembro del Consejo en representación del bloque de Cambiemos.

La ley 23.853 asigna al Poder Judicial el 3,5%«de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central». Y de acuerdo con el decreto de necesidad y urgencia 557/2005, dictado por Néstor Kirchner, el 0,57% es asignado a la Corte Suprema de Justicia y el 2,93% al Consejo de la Magistratura.

La modificación propuesta implica que del 3,5% del presupuesto asignado, el 0,35% sea para la Corte Suprema de Justicia y el 3,15% para el Consejo de la Magistratura.

“Este esquema de distribución de recursos ha demostrado ser inadecuado, dejando al Consejo de la Magistratura de la Nación y a los tribunales bajo su administraciónen una situación de desequilibrio estructural y vulnerabilidad financiera crónica. Ello, con el consecuente impacto negativo sobre la autarquía e independencia del Poder Judicial», sostuvo Tonelli.

Esta discusión se produce en momentos en que la relación entre el Gobierno y la Corte Suprema se ha politizado, producto de que el tribunal viene emitiendo fallos de manera exprés y consecutiva, en contra de la Casa Rosada.

Tonelli defendió su postura al argumentar que «tan inadecuada ha sido la asignación de recursos presupuestarios en cabeza del Consejo de la Magistratura, que más del 95% de ellos se destina al pago de salarios, lo que hace imposible aplicar fondos para hacer inversiones mínimas. Por otro lado, la situación presupuestaria y financiera de la Corte Suprema es diametralmente opuesta. A partir del desequilibrio presupuestario introducido mediante el decreto de necesidad y urgencia 557/2005, la Corte Suprema pasó a poder administrar una masa superavitaria de fondos que no tienen aplicación al pago de haberes o a inversión en el Poder Judicial de la Nación, y que se mantienen bajo la absoluta discrecionalidad del más alto tribunal”.

El diputado macrista considera que la readecuación de la distribución de los fondos asignados al Poder Judicial «resulta indispensable para sanear la administración de recursos de este poder del Estado, así como para evitar las consecuencias negativas que derivan de la dependencia económica y la emergencia de la infraestructura por falta de inversión».

Tonelli esgrime que desde el Consejo de la Magistratura se debe «promover su modificación por ley y la derogación del decreto de necesidad y urgencia dictado durante el gobierno de Néstor Kirchner», informó El Clarín.

El consejero popular del Consejo de la Magistratura del Chubut, Luis Torrijos, explicó los argumentos que ponen al fiscal Héctor Iturrioz al borde de la destitución. En diálogo con Actualidad 2.0 sostuvo que «en la fundamentación, analicé el sumario de una manera integral» y agregó que el accionar de los fiscales «me parecen de una gravedad extrema».

El Consejo de la Magistratura resolvió el pasado jueves por mayoría remitir las actuaciones sobre la conducta del fiscal Héctor Iturrioz al jury de enjuiciamiento, donde deberá afrontar un proceso que podría derivar en su destitución del cargo, a raíz de la detención requerida contra el entonces ministro Martín Bortagaray, en el marco de la causa «Revelación».

Torrijos recordó que a fines del 2018 en Rawson se definió la admisibilidad de la denuncia sobre los fiscales, y señaló que usó parte de lo allí argumentado para basar su informe sumarial.

“Tomé como punto de partida consideraciones que hicieron los abogados que participaron activamente en el debate”, donde se mencionó “el artículo 25 del código procesal penal, y refiere a que las decisiones judiciales deben ser motivadas con adecuada fundamentación y lógica, y que la misma exigencia rige para los acusadores. Además se diferenció la función del fiscal y del defensor, el defensor puede hacer cualquier tipo de planteo y no necesita fundarlo, pero el fiscal si, lo tiene que fundar y motivar. Y si esto no ocurre es una falta grave”.

“En la fundamentación analicé el sumario de una manera integral, porque en la solicitud de detención deben estar explícitos, argumentados y fundamentados los motivos por los cuales se debe detener a una persona, y si hay impedimentos constitucionales cuales son y fundamentar cómo los van a salvar”, explicó.

“Los fiscales admitieron que reconocían que Bortagaray era ministro y tenía fueros, entonces acá se cuestiona el hecho de que los fiscales consideraron que una norma de rango constitucional no lo era, y avanzaron por sobre la Constitución sin plantearlo previamente ni advertirle al juez, me parece que es de una gravedad extrema”, explicó.

“Si se permitiese eso estaríamos, estaríamos generando inseguridad jurídica. Esa es mi postura”, enfatizó.

Por otro lado, sobre el sumario contra el Juez Sergio Piñeda -que fue quien ordenó la detención de Bortagaray pedida por los fiscales- Torrijos indicó que el caso era “sustancialmente diferente, porque entiendo que al juez ‘se le pasa por alto’ que Bortagaray era ministro”.

En cuanto al fiscal Marcos Nápoli, para quien también planteó en el sumario un jury de destitución, aseguró que le “sorprendió muchísimo” que no obtenga ni siquiera una sanción disciplinaria, así lo informó ADNSur.

De esta manera el fiscal general Héctor Iturrioz se refirió a la situación en la que lo dejó el Consejo de la Magistratura tras la decisión de someterlo a un jury de enjuiciamiento por la detención de Juan Martín Bortagaray mientras era ministro de la Familia en el marco de la causa “Revelación”.

Iturrioz junto al fiscal Marcos Nápoli y el juez de Garantías Sergio Piñeda fueron denunciados por un ex familiar de Bortagaray ante el Consejo de la Magistratura, en el marco del artículo 248 de la Constitución Provincial, que establece fueros e inmunidad de arresto a funcionarios en ejercicio del cargo.

En diálogo con Radio Chubut el fiscal, que tiene 25 años de ejercicio en la profesión, dijo que es inentendible que ante una misma acusación dos funcionarios judiciales fueron liberados del cargo mientras que a él se lo va a juzgar.

El Fiscal se alegró de que los otros apuntados no deban pasar por el jury, pero lamentó que los consejeros no consideraron ni siquiera que ante el pedido de detención de Bortagaray el juez –con responsabilidad superior- podría haberla negado y no lo hizo.

El Consejo de la Magistratura consideró que la detención del ex ministro fue “un error grave” pero que a la hora de determinar las responsabilidades “Piñeda y Nápoli dijeron que se equivocaron y no lo volverían hacer” mientras que el fiscal Iturrioz aseguró en la audiencia que estaba “convencido de lo que había hecho” con algunas modificaciones en la forma en la que se pidió la detención.

Es por ello que el fiscal consideró que para la Magistratura “no es grave el hecho –la detención de Bortagaray- sino el que yo no les haya pedido perdón”.

En el marco del jury de enjuiciamiento, Iturrioz tendrá la posibilidad de recurrir la decisión.

Iturrioz indicó que el hecho no puede cambiar por lo que no sabe “como lo van a encuadrar” para explicar que ante un mismo hecho dos personas no llegarán a la misma instancia que él.

“Sentí que hubo animadversión para conmigo y no sé si es por como soy o por lo que hice”, lamentó el funcionario judicial, quien recordó las acusaciones que desde el entorno del ex ministro al momento en que se concretó la detención.

Consideró que la determinación podría afectar el desarrollo de la causa “Revelación” en la que es Fiscal ya que “es muy probable que los defensores apunten en mi contra por el Jury, lo cual ya me pasó en una audiencia de la causa Royal Canin”.

Tras la confirmación de la renuncia del Senador Miguel Ángel Pichetto al Concejo de la Magistratura, asume en su lugar el Senador chubutense Juan Mario País.

Días atrás Miguel Ángel Pichetto declaro “No voy a dramatizar el tema. Voy a hablar con los compañeros (del Bloque Justicialista) el martes, y lo analizaré con ellos. Si realmente hay un planteo de los compañeros del espacio federal que compartimos… No voy a hacer de esto una batalla”, había dicho Pichetto.

Recordemos que el Senador Pichetto es uno de los tres miembros que tiene el Senado de la Nación dentro del Consejo. Son por la mayoría y uno por la minoría.

Ahí el conflicto ya que en la actualidad Pichetto integra una fórmula de otro espacio, por lo que pasaría a haber dos integrantes por la minoría.

El Consejo de la Magistratura es un órgano integrado por representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Además de administrar el presupuesto del Poder Judicial, ellos tienen a su cargo la designación, supervisión y remoción de los jueces tanto nacionales como federales.