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La última semana habían solicitado de manera formal los integrantes de la cúpula judicial, una audiencia con el gobernador Mariano Arcioni a pedido de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut.

El encuentro se va a concretar este lunes en Casa de Gobierno en Rawson; Arcioni recibirá a los ministros del STJ, Mario Vivas y Alejandro Panizzi; al Procurador General, Jorge Miquelarena; y al Defensor General, Sebastián Daroca. En prinicipio no tenían pautado desde el Gobierno que algún representante de la Asociación de Magistrados formara parte de la reunión.

Sin embargo, los referentes de la Asociación mantendrían una reunión aparte con otros funcionarios del Gobierno de la Provincia. En un comunicado difundido el jueves, desde la Asociación de Magistrados adelantaron que llevarán el reclamo salarial a los tres poderes del Estado.

LA CUESTION SALARIAL

El pedido de audiencia realizado desde la Justicia al Gobierno, tenía un solo objetivo, abordar la crisis económica, su impago en la administración de Justicia en Chubut y el atraso salarial que afecta no solo a empleados, sino también a los propios magistrados y funcionarios. Gran parte del ámbito judicial está enrolado en lo que es el cuarto rango del escalonamiento salarial fijado por la administración provincial. Es decir que llevan tres meses de atraso en cuanto al pago de haberes, informa hoy El Chubut.

La Asociación de Magistrados con apoyo del Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público Fiscal denunciaron que el gobernador Mariano Arcioni no respondió al pedido de audiencia e informaron que el reclamo lo llevarán a los tres poderes del Estado nacional e incluso ante la ONU y la Comisión Interamericana de DDHH dado que la circuntancias de Chubut afectan ‘al acceso a la justicia’.

Un fuerte comunicado de la Asociación de Magistrados denuncia el silencio del gobierno provincial ante el pedido de audiencia. «Ante la denostación institucional que representa la falta de respuesta del señor gobernador, Mariano Arcioni, al pedido formal de audiencia que realizará la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales para abordar el tema de la deuda salarial, con el apoyo y acompañamiento del STJ y los Ministerios Públicos, se ha resuelto trasladar el reclamo en forma conjunta a las autoridades nacionales de los tres poderes del estado».

Con este objetivo, «se realizarán gestiones comunes con los legisladores que representan a Chubut ante el Congreso de la Nación a fín de concretar una reunión con las Presidencias de ambas cámaras».

Además se expresó que «se apelará a los diversos Organismos Judiciales para que acompañen el reclamo respecto a la imperiosa necesidad de que el Gobierno Nacional auxilie a la provincia del Chubut, contribuyendo de ese modo a encauzar la crisis provincial y superar progresivamente la dura realidad que veníamos afrontando desde comienzos de 2018, cuya gravedad se profundizó este año».

En el orden internacional, «la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales se avanza en una presentación ante la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando las circunstancias que afectan directamente el acceso a la justicia la tutela judicial efectiva y la dependencia judicial».

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut informa que en el día de la fecha solicitó al Señor Gobernador de la Provincia del Chubut convoque, en forma urgente, a una reunión con los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia y a los titulares de los Ministerios Públicos, para abordar de manera conjunta la actual situación en la que se encuentra el Poder Judicial de la Provincia con el propósito trasmitir las graves circunstancias que afectan directamente el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva que impone la normativa legal y constitucional, producto del atraso salarial que ya lleva más de dos años.

Conforme al actual cronograma de pagos, a principios de septiembre se consolidaría una deuda de tres meses de sueldo y un medio aguinaldo. Desde marzo de 2018 el pago de los salarios de todos los empleados públicos provinciales fue retrasándose significativamente. Tanto es así que durante el año 2020, en virtud de ese atraso, hemos visto reducido un 40% de nuestros ingresos, pues en lugar de ocho salarios y medio hemos percibido cinco.

Comprendemos la situación socioeconómica generada por la Pandemia Covid 19, de la que ni el país ni la provincia han quedado al margen. Pero un atraso salarial como el que sufrimos pone en crisis la economía de todos los trabajadores, generando una serie de dificultades financieras y perjuicios económicos concretos derivados de ese incumplimiento, indicaron los Magistrados.

Integramos un poder del Estado llamado a contener la conflictividad social. No hay dudas de que esa conflictividad habrá de incrementarse y puede adquirir dimensiones impensadas, resultando imprescindible la inmediata regularización del pago de salarios a fin de garantizar funcionamiento pleno del Poder Judicial, sin perjuicio de las medidas de bioseguridad sanitario que se dispongan.

Por otro lado, hacemos un especial llamado de atención de la situación actual de la Caja de Jubilaciones de nuestra provincia y hemos manifestado que es de absoluta necesidad trabajar en posibles soluciones que resuelvan el tema de la deuda histórica que tiene el Estado Provincial con dicho organismo.

El otro aspecto que nos interesa abordar se vincula a la necesidad de cobertura de las vacantes en el Superior Tribunal de Justicia. Creemos que la Administración actual tiene la oportunidad histórica, casi fundacional, de designar cuatro cargos en ese Alto Tribunal.

Consideramos loable la decisión de convocar a una mesa política de consenso para la cobertura de dichos cargos.

Sin embargo, entendemos oportuno señalar que ese consenso debe construirse a partir de premisas indispensables tales como la idoneidad, el respeto a los derechos humanos y la paridad de género.

La Ley V Nro. 152 en su a artículo 4° dispone que la composición general del Superior Tribunal de la Provincia del Chubut contemple, en la medida de lo posible, que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, de especialidad y de procedencia regional dentro de un marco ideal de representación.

Los Magistrados señalaron que sería encomiable que el señor Gobernador interpretara correctamente el verdadero sentido de dicha norma, cual es el de evitar que en igualdad de condiciones las personas sean excluidas de esos cargos por razón de su género. Es de público conocimiento que las mujeres chubutenses nunca han podido acceder a un cargo de ministra del Superior

Tribunal de Justicia, aunque sin duda hubieron muchas con iguales o mayores condiciones de idoneidad que las reunidas por ministros designados, lo cual torna evidente la discriminación.

En estos días el tema ha tomado repercusión pública y algunas versiones informan que se pretende realizar una interpretación errónea de la norma, limitando la equiparación sólo para las cuatro vacantes cubrir reduciendo, por ende, a dos los cargos para mujeres.

Entendemos que un acto de reparación histórica, verdaderamente respetuoso de la igualdad de género, impone que de los cuatro cargos vacantes, tres sean ocupados por mujeres, reflejando de ese modo la diversidad que propicia la ley citada, toda vez que las mujeres representamos más del 50% de la población. Cabe aclarar que en modo alguno se pretende priorizar el género por sobre la idoneidad y mucho menos eliminar ese requisito esencial. Pero no será por falta de mujeres capaces que no se respete el objetivo de la ley, toda vez que existen en cada una de las regiones de Chubut abogadas que ejercen la profesión liberal, funcionarias judiciales y/o magistradas que reúnen ampliamente los requisitos de idoneidad requeridos para el cargo.

Somos conscientes de que la integridad, independencia e imparcialidad de la judicatura son requisitos esenciales para la protección efectiva de los derechos humanos y no puede soslayarse que la igualdad de género está en el centro mismo de esos derechos, finalizaron los magistrados.

Massoni alertó sobre la producción local de marihuana, y aseguró que la Unidad Antinarcóticos que él lidera, apunta a ser «como la DEA norteamericana». La Asociación de Magistrados catalogó al proyecto del ministro como «inviable».

El ministro de Seguridad, Federico Massoni, advirtió sobre «el crecimiento de la producción local de marihuana» y aseveró que «no hay una persecución férrea de la Justicia Federal».

«Ataca al más grande, pero el kiosquito es el más redituable y no es de interés judicial», lanzó el ministro.

Massoni contó que el proyecto que se enviará a la Legislatura para la creación de la mencionada Unidad Antinarcóticos apunta a ser «como la DEA norteamericana».

Explicó que en Chubut se emplean muchos policías que «ponen su esfuerzo pero van rotando» y que «la idea es generar una división fija y capacitada en el tema».

Críticas de los magistrados

La Asociación de Magistrados de Chubut, emitió un duro documento rechazando la idea del ministro Massoni sobre que el narcomenudeo pase a la competencia ordinaria.

Sostienen que para poder concretar esto es necesario crear más cargos, contar con laboratorios de alta tecnología y lugares de recuperación para adictos, pero debido a la situación económica de Chubut resultaría «imposible» concretarlo.

«Se expresa su oposición al proyecto de ley del Poder Ejecutivo mediante el cual se dispone transferir a la justicia provincial la competencia para investigar y juzgar los delitos de narcomenudeo», sostiene el documento.

«Diferenciar el narcomenudeo del narcotráfico produce un corte artificial en los ilícitos, por lo general vinculados, entorpeciendo su persecución. Una investigación fragmentaria genera el riesgo de impedir la comprensión de la cadena delictiva del narcotráfico y, consecuentemente, atacar sus verdaderas causas», agregó.

Explicitaron que dividir las competencias «imposibilitará determinar la punta del ovillo de las investigaciones para poder llegar al otro extremo de la madeja, en la que se ubica la cabeza de las organizaciones narcocriminales».

«Una transferencia de competencias como la que se propicia debería prever y disponer los fondos necesarios para que la justicia provincial pueda afrontar el costo de las investigaciones, lo cual implicaría la creación de cargos en fiscalías, defensorías y judicatura (de muy difícil cobertura en una Provincia que adeuda dos meses y medio de sueldo a sus funcionarios y magistrados)», precisan los magistrados en el escrito.

Consideraron vital «preverse las partidas presupuestarias para la creación de laboratorios periciales específicos, cuyos valores son sumamente elevados», al igual que «la provisión de bóvedas especiales de seguridad para el resguardo de la droga secuestrada, así como el equipamiento para su destrucción».

En ese marco, indicaron que «resultaría necesaria la creación de una Policía Judicial en la órbita del Ministerio Público Fiscal, con capacitación específica para su personal y estrictos procedimientos de contralor a cargo de organismos especializados».

«La necesidad de que los lugares de detención de personas procesadas y condenadas deberían ser provistos por el gobierno provincial, debiendo tenerse en cuenta que se trata de una modalidad delictiva en la que se interviene un importante porcentaje de mujeres… y deberían crearse nuevos establecimientos donde alojar a personas adictas para su tratamiento y recuperación», concluyeron.

Arcioni anticipó este viernes que proyecta el tope salarial para empleados estatales de Chubut tomando como referencia “el sueldo de 200 mil pesos del gobernador”. La Asociación de Magistrados rechazó las manifestaciones del mandatario y aseguró que la remuneración que percibe “el funcionariado judicial se corresponde con la función esencial que cumplen”.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut expresó este viernes su rechazo a las declaraciones del gobernador Mariano Arcioni respecto de un proyecto de Ley de Tope Salarial para los agentes públicos provinciales. Según anunció esta mañana el mandatario desde Rawson, la iniciativa establecería como límite máximo el equivalente al sueldo del titular del ejecutivo provincial. “Nadie puede ganar más que el Gobernador”, señaló.

En un comunicado difundido esta noche, la Asociación calificó a la medida como “unilateral y demagógica”. E indicó que se trata de un proyecto “carente de impacto relevante en las cuentas públicas en tanto representaría un recorte ínfimo en la masa salarial del Estado”.

En cuanto a los magistrados y funcionarios judiciales, sostienen que el tope salarial “además de confiscatorio, atentaría contra las garantías de intangibilidad y de igualdad”.

Aseguran en el texto que la remuneración de “la magistratura y del funcionariado judicial se corresponde con la función esencial que cumplen, las responsabilidades que implican sus cargos y la total restricción legal, a diferencia de otros funcionarios públicos, de sumar cualquier tipo de actividad rentable, con la única excepción de la docencia universitaria”.

Finalmente, exhortan al Poder Ejecutivo Provincial “a que promueva un diálogo político sensato, convocando a los demás Poderes del Estado y a los sectores gremiales –activos y pasivos-, económicos y sociales involucrados, a fin de diseñar de manera conjunta un plan para superar la actual situación de emergencia. Sólo acciones consensuadas, que puedan incluir compromisos solidarios, serán capaces de garantizar la paz social en este contexto económico cada día más deteriorado y complejo”.

La presidente de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Chubut, Carina Estefanía, criticó el proyecto de Ley de Autarquía presentado por el gobernador Mariano Arcioni y manifestó que «obviamente podría ameritar una intervención federal; lo que tratamos cuando nos expedimos en contra, es tratar de evitar llegar a una situación como esta».

«Entendemos que lo que se investiga es un delito de administración pública. El contador (Oscar) Antonena dispuso un pago preferencial. Siempre que hay un delito de administración, los magistrados son tan víctimas como los ciudadanos», dijo Estefanía a la emisora 100.1.

Por otra parte, indicó que «fue la Doctora Pacheco quien dictó la resolución (en contra de la pretensión de la ATECh) donde se decía que el pago escalonado era inconstitucional, porque era discriminatorio», aclarando que «hay que ser muy cuidadosos porque los jueces tienen una función y en esa función no dejan de ser ciudadanos, tal es así que muchos de los planteos que llegan a sus estrados, a veces los alcanzan como tales».

«Resolver los conflictos que no se resuelven»

«Las razones de inhibición son muy excepcionales, la regla es que ingrese el juez que tiene jurisdicción para ellos. El Poder Judicial está para resolver los conflictos que no se resuelven, y aquí el Poder Ejecutivo no está pagando los salarios. Llegado el caso, si hubiera una acción judicial, sería el Poder Judicial quien resolvería sobre el particular. La respuesta que debería dar el Ejecutivo es qué está haciendo para volver a la normalidad financiera, dar un plan de cómo hacer para que eso suceda a mediano o largo plazo».

«Hasta aquí no lo han hecho, solo golpean puertas para pedir adelantos de coparticipación o créditos a corto plazo y muy caros. Está claro que con esas medidas no vamos a salir», determinó.

Conflicto de poderes

Consultada sobre la Ley de Autarquía, de la que dijo que «tiene defectos técnicos graves en su proyecto ya que no asegura la remisión de los fondos necesarios para el funcionamiento de un Poder del Estado», la titular de la Asociación de Magistrados explicó que la crisis crónica podría «obviamente podría ameritar una intervención federal. Lo que tratamos cuando nos expedimos en contra, es tratar de evitar llegar a una situación como esta».

«Camino descendente»

«Veo que la provincia del Chubut va en un camino descendente donde es muy probable que si esto no se resuelve, se tenga que apelar a alguna de las salidas constitucionales que prevé el Código para que algún Gobierno venga a poner un poco de orden institucional a la provincia. Las tres salidas que tiene la Constitución de Chubut son el juicio político, la revocatoria de mandato y la intervención federal. No es el futuro que le veo ni le deseo, son salidas extraordinarias. Pero si me dicen que van a sancionar una Ley de Autarquía donde no se van a poder pagar salarios y que no funcione el Poder judicial, debiendo cada vez más salarios, obviamente nos tenemos que preguntar cómo salimos de todo esto si el Gobierno no toma ninguna medida para empezar a torcer el rumbo», analizó Estefanía.

«Grave déficit de funcionamiento»

La magistrada señaló que «hay un grave déficit en funcionamiento institucional, en el cual Mariano Arcioni debe encabezar, con diálogo y consenso» y que «el Gobierno de Chubut debe renegociar deudas que fueron adquiridas en otro contexto provincial. El Poder Ejecutivo debe encarar un proceso de consenso sensato de política institucional. Esa va a ser la única forma en que la provincia pueda salir de la crisis. No rompiendo las instituciones, ni unilateralmente; sino fortaleciéndolas con consenso».

Desde las 10 está prevista la audiencia en la causa por la denuncia de la Asociación de Magistrados contra el ministro de Economía, Oscar Antonena, realizada dos meses atrás, luego de que el gobierno decidiera abonar en marzo los sueldos al personal de la Legislatura para destrabar una medida de fuerza. El funcionario recusó al fiscal Fernando Rivarola y a la jueza Mirta Moreno por falta de objetividad e imparcialidad, y advierte que recurrirá a la Corte Suprema.

Este jueves se realizará por videoconferencia la audiencia de apertura de investigación contra el ministro de Economía, Oscar Antonena, por la denuncia presentada por la Asociación de Magistrados por presunto abuso de autoridad cuando en marzo pasado el gobierno decidió pagar los salarios exclusivamente a los empleados legislativos, quienes mantenían una medida de fuerza previo a la sesión inaugural que se desarrolló el 2 de marzo.

En las últimas horas, el ministro Antonena recusó al fiscal Fernando Rivarola y a la jueza Mirta Moreno por intervenir en una causa en la que entiende que debieron haberse excusado, porque integran los supuestos “perjudicados” con la medida, por lo que no cumplen con el criterio de objetividad. Además, advierte el ministro que si su planteo no es atendido, hará reserva del caso federal para recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a organismos internacionales.

En el escrito firmado por el abogado Guillermo Corneo, se pide “el apartamiento del Sr. Fiscal interviniente”, caso contrario se pedirá “la revisión de esa decisión ante el tribunal que, por razones obvias, deberá ser un conjuez”, al tiempo que solicita “se ordene que el Fiscal hoy actuante se abstenga de intervenir mientras la decisión acerca de la recusación adquiera firmeza”.

De acuerdo a esta nota a la que tuvo acceso ADNSUR, se expresa que “existe una cláusula constitucional que exige imparcialidad y otras cláusulas legislativas que le exigen objetividad. De ello podemos traducir, con toda certeza, que el Sr. Fiscal no debe intervenir en un proceso penal promovido por una asociación que integra, originado en una disconformidad con una resolución que supuestamente afectó intereses salariales de un sector de la administración pública que también integra”.

Y agrega que “el fiscal no sólo no es objetivo ni imparcial, sino que además está utilizando los recursos estatales y su propia investidura en el ejercicio de una disparatada acción penal que sólo tiene en miras el posicionamiento salarial del sector que integra”.

Se cita además que según el artículo 114 de la Constitución provincial, “el Ministerio Público Fiscal forma parte del Poder Judicial”, por lo tanto, “el Sr. Fiscal integra ese sector supuestamente desfavorecido”. Ello significa que resulta uno de los “titulares del haber público correspondientes al tercer y/o cuarto rango del Poder Judicial”. Según el planteo de Antonena, tanto el fiscal Rivarola como la jueza Moreno habrían resultado perjudicados por los hechos que se imputan, y siendo ello así, “jamás puede ser un funcionario que revista la imparcialidad y objetividad imprescindible para ejercer la judicatura en este insólito y maniatado caso”. Agrega que “la denuncia la realizó una asociación que el Sr. Fiscal, según sus propios dichos integra y por supuestos hechos que pretendidamente lo damnifican. No debe existir un caso de falta de objetividad más claro y grave que el que aquí se presenta”.

Además, Antonena advierte que en su momento hará una denuncia penal contra el fiscal, al expresar que “resulta por demás curioso –y será motivo de la investigación que a su tiempo promoveré- que desde esa posición institucional haya permitido el avance de un proceso penal que resulta, sin duda alguna un reclamo o revancha por un asunto salarial”.

Imparcialidad 

Por otra parte, en otra nota presentada dirigida a la jueza Moreno, Antonena sostiene que “se encuentra en una situación similar” a la del fiscal Rivarola, ya que “así como al Sr. Fiscal le cabe una actuación objetiva –que no podrá cumplir jamás- a V.S. le corresponde una posición e intervención imparcial, que tampoco podrá desarrollar, por el sencillo hecho de que también se encuentra comprendida en el grupo de funcionarios supuestamente perjudicados”.

A continuación, indica que “si verdaderamente en nuestro País y en la Provincia del Chubut existe un derecho a ser juzgado por un juez imparcial, ni V.S. ni ningún otro miembro del Poder Judicial de la Provincia puede ejercer la Magistratura en el caso que insólitamente el Ministerio Público Fiscal, por propio interés, ha traído a vuestro conocimiento”.

De acuerdo a la recusación a la jueza, en la que solicita se disponga un conjuez, la nota de Antonena sostiene que “el propio significado del término imparcialidad (no -parte) desnuda que V.S. no puede, legítimamente, tomar ninguna decisión en relación a un caso que la atañe e interesa directamente. Confío en que Ud., como profesional del derecho con especialidad y experiencia en derecho penal, bien lo sabe; pues nadie que posea el más mínimo conocimiento acerca del sentido y contenido de la garantía a ser juzgado por un juez imparcial podría sostener que en este caso ella se encuentra a salvo”.

En ese sentido, señala que de acuerdo a la jurisprudencia “puede advertirse que corresponde la excusación o recusación en aquéllas situaciones en las cuales, por los medios adecuados, los Magistrados han realizado reclamos salariales. Por lo tanto, para esta irregular insólita e ilícita situación – por la utilización de su investidura y recursos estatales para perseguirme penalmente por un reclamo salarial sectorial- corresponde la misma solución”.

Y concluye la presentación que “V.S. jamás puede ser una Magistrado que revista la imparcialidad imprescindible para ejercer la judicatura en este insólito y maniatado caso.

Aseguran que no responde a la realidad y omite que la extensión del receso judicial deriva de las medidas sanitarias definidas por el gobierno nacional. Hacen un llamado a elaborar un plan para cuando se normalice el servicio de justicia.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut rechazó los términos de un pedido elevado días pasados por el Colegio de Abogados de Puerto Madryn al Superior Tribunal de Justicia para que a partir del 13 de abril se reestablezca el servicio de justicia en la provincia.

El comunicado, que lleva la firma de la Dra. Carina Estefanía en su rol de presidenta de la AMFJCh, rechaza los términos del pedido efectuado por los abogados madrynenses “por no responder a la realidad” y al mismo tiempo omitir que “la suspensión de la administración de justicia se deriva de la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de disponer el aislamiento social obligatorio y ante ello el Poder Judicial necesariamente debe amoldar sus actividades a las decisiones adoptadas por las autoridades legitimadas para fijar las políticas públicas sanitarias”.

También considera que las expresiones de la nota elevada al Dr. Mario Vivas en su carácter de presidente del STJ “desconocen que durante la pandemia, muchas y muchos magistradas/os y funcionarias/os judiciales seguimos trabajando y lo hacemos ordenadamente y brindando una respuesta inmediata y eficaz”, publicó El Chubut.

El comunicado de la AMFJCh expresa textualmente:

“Trevelin, 10 de abril de 2020.-
Señor Presidente del
Colegio de Abogados de la
Ciudad de Puerto Madryn
Dr. Sergio Leandro FASSIO
PRESENTE

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud., en representación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut, en virtud de la publicación por las redes sociales de la nota que el Colegio de Abogados de Puerto Madryn dirigiera al Señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia Dr. Mario Vivas, solicitando disponga a partir del 13 de abril el urgente restablecimiento del Servicio de Justicia, sin poner el riesgo la salud pública ni la de los trabajadores, funcionarios y magistrados del Poder Judicial, abogados y demás auxiliares de Justicia, considerando que la actividad judicial se encuentra dentro de los servicios esenciales que debe prestar el Estado provincial.

En esa misiva señalan que: “Los días transcurren y, además de la parálisis económica que supone para la sociedad toda el aislamiento dispuesto por las autoridades, el Servicio de Justicia es inexistente y por cierto que, tal como lo hemos expresado en numerosas oportunidades ante la calamitosa situación económica de nuestra Provincia, no puede dejar de prestarse ni mantenerse en un limbo de inoperancia”.

Rechazamos tales afirmaciones por no responder a la realidad y por omitir que la suspensión de la administración de justicia se deriva de la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de disponer el aislamiento social obligatorio y ante ello el Poder Judicial necesariamente debe amoldar sus actividades a las decisiones adoptadas por las autoridades legitimadas para fijar las políticas públicas sanitarias.

Asimismo, tales expresiones desconocen que durante la pandemia, muchas y muchos magistradas/os y funcionarias/os judiciales seguimos trabajando y lo hacemos ordenadamente y brindando una respuesta inmediata y eficaz.

En un segundo orden de ideas y con relación al restablecimiento inmediato del servicio de justicia entendemos que se trata de un planteo apresurado, de imposible cumplimiento y contradictorio, pues nada hace suponer que el gobierno nacional levantará el aislamiento. En este contexto, de hacer lugar al pedido del modo en que se pretende, no estaríamos protegiendo la salud de la población en general y menos aún de quienes trabajan y concurren diariamente a los Tribunales, entre los que se encuentran los profesionales que Usted representa.

Es necesario recordar que la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 ha motivado que el Gobierno Nacional disponga el “Aislamiento Social Obligatorio”, que significó una parálisis de casi la totalidad de la economía y de la administración pública y que a la fecha es imposible predecir la fecha de su finalización.

La razón principal esgrimida por las autoridades nacionales, al implementar una medida tan drástica es aplanar la curva de contagios y de ese modo evitar que nuestro servicio público de salud se vea rápidamente saturado, conscientes de las deficiencias que presenta y de las graves consecuencias que podría sufrir toda población, si el sistema sanitario se viera colapsado.

Para la Administración de Justicia, el aislamiento social obligatorio significó la suspensión de mayoría de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales, salvo en los supuestos que resultan inaplazables.

Somos conscientes que una vez superada esta crisis sanitaria deberemos afrontar los graves problemas políticos, económicos y sociales derivados de la parada casi total de la actividad del país. Dentro de las consecuencias derivadas de la propia emergencia sanitaria y del impacto económico de las medidas adoptadas, es muy previsible un aumento de litigios.

En ese contexto, la respuesta de nuestro servicio de justicia sobrecargado en virtud de las medidas de fuerzas que han dispuesto los trabajadores desde mitad del año pasado, con motivo del atraso del pago de los salarios y con medios limitados en virtud de los ajustes del presupuesto de los últimos años, estará nuevamente puesta a prueba.

Por ello, estimamos que se debe encarar con carácter urgente un plan de trabajo de cara a la reanudación paulatina de la actividad judicial que minimice los tiempos de espera y agilice la resolución de los conflictos planteados o que puedan plantearse que deberá incluir reformas organizativas y/o procesales que agilicen los trámites sin merma de los derechos de los justiciables. Consideramos esencial y en este aspecto coincidimos, que debe continuarse con la implementación del escrito digital a todos los fueros, tal como se hizo en el fuero penal y reforzarse el uso de la tecnología en la tramitación de los procesos facilitando el teletrabajo.

Hacemos propicia la presente para poner de manifiesto nuestra predisposición para que, en coordinación con todos los operadores jurídicos, se adopten las medidas necesarias para recuperar el tiempo de paralización de los Tribunales.

La magistratura y el funcionariado judicial no somos ajenos a los esfuerzos que van a tener que llevarse a cabo por la ciudadanía a fin de recuperar la economía, con el agravante que al comienzo de esta crisis sanitaria, en nuestra provincia, ya estaba desbastada por el significativo déficit financiero derivado de un fuerte endeudamiento y de un aumento descontrolado del gasto público.

Al igual que otros servicios públicos, que están dando lo mejor de sí para paliar esta pandemia, nosotros nos comprometemos a contribuir al esfuerzo colectivo al término del aislamiento social obligatorio para mitigar las indeseadas consecuencias que derivarán de ella.

Finalmente, consideramos que las expresiones emitidas antes señaladas no informan de la responsabilidad y prudencia exigible a profesionales del derecho que tienen el deber de preservar y contribuir al funcionamiento de las instituciones, invitándolo a efectuar propuestas constructivas dirigidas a paliar la grave crisis por las que atraviesa la humanidad, que no nos es ajena y que estamos padeciendo.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente”.

Hoy a las 12 horas, magistrados y funcionarios de Trelew, Rawson y Puerto Madryn irán al Superior Tribunal de Justicia a insistir para que aplique la suspensión de términos.

El jueves asistirán al igual que los empleados judiciales a la convocatoria de los ministros para acordar cómo van cubrir las guardias mínimas para brindar el servicio de Justicia en la crisis.

El viernes, a las 16 horas, realizarán una asamblea extraordinaria en el quincho de Magistrados de Trelew, en la que definirán si se constituyen como querellantes en la ampliación de la denuncia que presentaron contra el gobierno de Mariano Arcioni por pagar discrecionalmente los haberes a los empleados legislativos, informó El Chubut.

El Gobierno aún sufre consecuencias por su decisión del pago diferencial a empleados legislativos y diputados. «Fue con el único objetivo que el Gobernador lleve adelante la sesión de apertura sin inconvenientes», indicaron desde la Asociación de Magistrados. Denunciaron penalmente al ministro de Economía. Aún no hay fecha de pago de sueldos de enero para rangos 3 y cuatro; salvo para quienes trabajan en Legislatura que ya cobraron.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales formalizó el martes, a través de su presidenta Carina Estefanía, la ampliación de una denuncia penal contra el ministro de Economía, Oscar Antonena, y funcionarios del Poder Judicial «que resulten responsables» del pago diferencial a empleados legislativos y diputados provinciales.

«Este hecho nuevo se asimila al denunciado en julio de 2019, cuando el Poder Ejecutivo pagó selectivamente los sueldos de la admnistración pública sin utilizar parámetros razonables que respeten los principios razonables», según se indicó en la denuncia.

Se apuntó Antonena y a los funcionarios responsables de haber definido el pago de sueldos para los rangos 3 y 4 exclusivamente que cumplen funciones en Legislatura, al igual que a los diputados provinciales. «Se trata de una decisión arbitraria, ilegal y discriminatoria, que no se condice con ninguna situación social o de emergencia que la fundamente», indicaron los magistrados. «Ninguna norma podría habilitar que los pagos de los salarios se realicen en contra de los preceptos constitucionales -dice la denuncia- entre los cuales se encuentra el principio de igualdad…». A todo esto, recordaron que al momento de hacer la denuncia tampoco había fecha cierta de pago de los haberes del mes de enero.

Calificación legal 

En cuanto a la calificación legal, entendieron los magistrados que «el delito previsto en el artículo 248 del Código Penal, establece que será reprimido con prisión de un mes a un dos años e inhabilitación especial por el doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere».

Además, «puede ser constitutiva del delito previsto en el artículo 264 del Código Penal, que castiga al funcionario público que teniendo fondos expeditos, demorare injustificadamente un pago ordinario o decretado por autoridad competente».

Objetivo de la medida 

En la presentación realizada, la denuncia da cuenta que el pago a los integrantes del Poder Legislativo, fue «con el único objetivo que el Gobernador lleve adelante la sesión de apertura «sin inconvenientes», toda vez que hasta el día viernes los empleados de dicho Poder estaban de paro de actividades por la falta de pago de sus salarios», informó El Chubut.