Tag

Macrismo

Browsing

El ex espía, Alan Ruiz, fue detenido esta tarde por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en su casa de la localidad bonaerense de Merlo, en el marco de una causa donde se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria detectadas en agosto de 2018 por militantes del kirchnerismo.

La orden de detención fue librada por el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, a instancias de la fiscal Cecilia Incardona que tiene delegada la investigación que se inició por una denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, en febrero de este año.

El ex espía Ruiz, quién sería indagado el lunes, aparece en la investigación judicial como quien daba las órdenes al equipo que, durante un mes, en 2018, realizó tareas de espionaje ilegal en torno al Instituto Patria y al edificio porteño en el que residía la ex mandataria, información aportada al expediente por tres testigos de identidad reservada y acompañada por prueba documental, según pudo saber Télam de fuentes judiciales.

La primera denuncia vinculada con supuesto espionaje ilegal al Instituto donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner desplegó su base operativa política se produjo el mismo día que en el que los militantes de su espacio percibieron que en la cuadra del Instituto Patria había auto en actitud sospechosa.

Ese mismo día confirmaron la sospecha cuando la policía de tránsito fue a pedirles documentos a las tres personas que estaban dentro del auto y supieron que eran agentes de la AFI que entonces encabezaban Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los elegidos del ex presidente Mauricio Macri.

Esa causa del ex espía cayó en manos del juez federal Marecelo Martínez de Giorgi que poco tiempo después la cerró tras recibir una respuesta de la AFI en la que se afirmaba que los tres agentes allí detectados lo estaban “en cumplimiento de las tareas ordenadas en el marco de la Causa n° 82441/2017, a cargo del Dr. Federico Hernán Villena, en las fechas indicadas se llevaron adelante tareas de la especialidad en las inmediaciones del domicilio consultado en la referida demanda judicial”.

La causa por la cual los espías decían estar frente al Instituto Patria la tenía el mismo juez que ahora investiga otra mega causa de supuesto espionaje ilegal y era por una supuesta amenaza terrorista en el marco de la cumbre del G20 que se iba a desarrollar ese año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Bajo la sospecha de que la AFI había dado una versión falsa de aquella incursión de los espías, la intervención de la AFI formuló una nueva denuncia, pero esta vez en Lomas de Zamora, que fue la que quedó en manos de Auge.

A Ruiz se lo investiga también por haber armado falsos informes para presentar en distintas causas judiciales con el objetivo de darle al espionaje apariencia de legalidad, según informaron a esta agencia fuentes del caso.

En los últimos días, el ex espía Alan Ruiz quedó en el foco de las acusaciones de sus ex colegas quienes afirmaron ante la comisión bicameral de los organismos de inteligencia del Congreso Nacional que era él quien, desde el área de contra inteligencia de la AFI, bajaba las órdenes para realizar espionaje político.

“Respecto del Instituto Patria, Alan Ruiz –y está el audio completo que aportamos acá, si bien salió en el programa– en una charla que tuvimos en diciembre de 2018 explica cómo es la operativa para trabajar cuestiones ilegales, disfrazándolas de legales. ¿Cómo es esto? Utilizando las coberturas judiciales”, dijo días atrás el ex espía Leandro Araque, integrante del equipo que estaba bajo las órdenes de Ruiz, ante legisladores del oficialismo y la oposición.

Ruiz había sido convocado ayer a la comisión bicameral –a la que tiene obligación de ir en su carácter de ex espía- pero se ausentó bajo el pretexto de que estaba convaleciente de una operación de la cual no presentó ningún certificado médico: desde el Congreso le indicaron que lo presentara en 24 horas o se presentara a declarar el próximo viernes bajo apercibimiento de ser llevado por la fuerza pública.

Ruiz pasó antes por la Policía Metropolitana como subcomisario y dejó esa fuerza en diciembre de 2015 para ingresar al ministerio de seguridad de Patricia Bullrich donde llegó a desempeñarse como coordinador del Programa de Búsqueda de Prófugos de la Dirección Nacional de Operaciones de las Fuerzas Policiales y de Seguridad.

Su desembarco en la AFI como director de Operaciones Especiales se produjo a mediados de 2018, según estimaron todos los ex espías que pasaron en los últimos días por la bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia.

La paralización tuvo varias razones: se trataba de provincias con gobiernos opositores, se buscaba favorecer a empresarios amigos o se denunciaban sobreprecios que luego no se comprobaban. También se pararon obras por orden del FMI.

Vialidad Nacional, durante el mandato del macrismo, paralizó 51 obras en rutas de 17 provincias distintas cuando ya registraban muchísimos avances en diciembre de 2015. En algunos casos el avance físico era mayor al 50 por ciento e incluso al 70 por ciento, pero aun así fueron paradas. La lógica indica que a Mauricio Macri le convenía terminarlas y florearse en la inauguración, pero el freno se puso igual y por varias razones.

La primera, porque se trataba de obras en provincias manejadas por el peronismo o partidos provinciales y porque se decidió usar el dinero para obras en distritos de Cambiemos, principalmente CABA. La segunda razón de muchas parálisis fue la jugada de ahogar a la constructora con el objetivo de pasar la obra a los amigos del gobierno.

La tercera, porque sugerían que había sobreprecios en licitaciones lanzadas por el kirchnerismo, mandaron a revisar y en casi todos los casos terminaron manteniendo las licitaciones originales. Y, ya en la mitad del mandato, irrumpió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o sea que se paró gran parte de las obras por orden del FMI. Lo curioso es que, mientras tanto, Mauricio Macri usaba la construcción de rutas como un marketing trucho.

La conducción actual de Vialidad Nacional, que funciona en la órbita del ministro Gabriel Katopodis, entregó un informe de las obras que ya tenían avances en 2015 y que hasta registraban que los trabajos tenían el financiamiento adjudicado en los presupuestos nacionales.

Todo este panorama fue reiteradamente denunciado durante los años anteriores tanto por Sindicato de Trabajadores Viales, que lidera Graciela Aleña, como por Fabián Catanzaro, al frente de la Federación del Personal de Vialidad Nacional.

El panorama general queda expuesto también en un trabajo de la FePeViNa:

* La licitación de obras cayó de 161 por año, entre 2004 y 2015, a apenas 31 entre 2016 y 2019.

* Las obras en ejecución pasaron de 600 a 200, lo que demuestra los niveles de paralización.

* La Federación no sólo afirma que hay 51 obras paralizadas –coincide con la conducción de Vialidad– sino que existen otras 60 neutralizadas, que es un forma de decirle al contratista que se lleve las máquinas y que no corren las multas ni los tiempos de cumplimiento.

El frenado de las obras no es gratuito. En primer lugar, produce una verdadera masacre en el empleo. Buena parte de las constructoras debieron despedir personal y algunas pymes del sector hasta entraron en crisis total y cerraron. Pero, además, no sucede que una obra paralizada se puede retomar ahora como si nada hubiera ocurrido: el viento, el agua, el clima en general erosiona y obliga a remontar una situación difícil que se traduce en costos, como en Entre Ríos.

Planilla

En la planilla de Vialidad, algunos datos llaman la atención:

* De las 51 obras paradas, en 21 no se hizo nada después de 2016, o sea directamente se abandonaron. No se puso ni un milímetro de asfalto en cuatro años.

* Según las licitaciones vigentes en diciembre de 2015, la casi totalidad de las obras, 46 de las 51, deberían estar terminadas en este momento. Y, como es obvio, no está terminada ninguna.

* De las 51 obras, 31 tenían un avance superior al 50 por ciento en diciembre de 2015 y 10 registraban avances superiores al 90 por ciento. En estos últimos casos, la estrategia fue no terminar, dejar la obra como estaba.

Casos

Algunos ejemplos son demoledores:

* Tramos importantes –fundamentales– de la Ruta 9, entre Zárate y San Nicolás, que tienen la calzada más que dañada, tenían ejecución del 80 por ciento en 2015, pero los trabajos están paralizados por “neutralización de obra”, un eufemismo usado para decir “no vamos a poner fondos en esto”.

* En la misma Ruta 9, ya en Córdoba, cerca de Villa María, se licitaron obras de seguridad. Se había ejecutado el 25 por ciento en 2015, no se volvió a ejecutar nada.

* Más al norte todavía, en la ruta 9, en Tucumán, las obras de seguridad y rehabilitación de calzada estaban avanzadas en un 66 y un 70 por ciento. El último certificado de obra data de abril de 2016. Desde entonces, nada.

* La Ruta Nacional 8, que va de Buenos Aires a Santa Fe, tenía avance del 85 por ciento y 82 por ciento en 2015 en rehabilitación de calzadas. Se paró por “modificaciones de obra”, lo que los técnicos de Vialidad dicen que exhibió una increíble ineficiencia de la administración macrista, ya que todo podía ser subsanado más o menos rápidamente.

* La Ruta Nacional 34, que parte de Rosario y va al norte, estaba avanzada en la rehabilitación hasta en un 88 por ciento en 2015. La administración de Macri amagó con planes faraónicos, ilusionó con una autopista, pero nunca destinó presupuesto alguno. Hace un año y medio que no se hace nada por “modificación de obra”, la forma que encontraron de frenar los trabajos y cumplir lo que pedía el FMI: no poner más dinero.

* En el caso de la Autopista Balbín, en el tramo que continúa de La Plata a Ensenada, la administración macrista debía terminar el proyecto y de inmediato someterlo a una audiencia pública. En muchos casos, las autopistas tienen objeciones de los vecinos, porque la traza interrumpe o complica la vida cotidiana. Por eso se requiere la audiencia. Lo concreto es que Vialidad ni siquiera ajustó el proyecto para presentarlo a los vecinos y, por lo tanto, la justicia le impidió empezar las obras. Y frente a eso, no se hizo nada, pese a que tenía el 72 por ciento del financiamiento.

Algunos dirigentes del sindicato que conduce Aleña dicen que el insólito crecimiento de la estructura gerencial de Vialidad, con ejecutivos traídos de las constructoras, produjo permanentes faltas de definiciones y una virtual parálisis. Otros consideran que el tramo a Ensenada beneficiaba a uno de los intendentes kirchneristas más aguerridos, Mario Secco, y por lo tanto la administración Macri no tuvo el menor interés en avanzar. La prioridad –se evalúa– estuvo siempre en las obras de CABA, territorio del macrismo.

* Un dato curioso surge de lo ocurrido con las rutas que atraviesan principalmente Río Negro, la Nacional 22, de Bahía Blanca a la Cordillera y la 23 de Las Grutas a Bariloche. Se dice que el gran motor para que se concreten esas obras fue Miguel Angel Pichetto. También en estos casos aparecieron problemas legales y Vialidad nunca tuvo la eficiencia ni la voluntad de solucionarlos.

Y lo cierto es que –según la planilla de Vialidad– en 2015 los avances ya eran mayores al 80 por ciento, pero hay tramos de la 23 en que no se hace nada desde hace dos años y medio, y otros tramos que no avanzan desde hace cuatro años, mientras que en la Ruta Nacional 22 no hay obras desde hace dos años y dos meses

Esta ruta, la 22, es clave; atraviesa todo el Alto Valle y vincula a Neuquén capital y la zona frutícola con casi todo el país. En estos tiempos se empezó a ganar el mote de Ruta de la Muerte porque van y vienen camiones de gran porte. Como los trabajos se abandonaron, se circula por desvíos de tierra en gran parte del recorrido.

La realidad es que Pichetto terminó siendo candidato a vicepresidente de Macri, mientras las obras que impulsó están paralizadas.

Política

Los ejemplos siguen y siguen hasta completar 51 obras en 17 provincias, con importantes avances en 2015 y paralizadas en la gestión Macri. La cuestión política parece sobrevolar. No es sólo la ineficiencia o la falta de fondos. Como se sabe, en Santa Cruz, la causa judicial que se ventila actualmente en Comodoro Py trata sobre 81 obras viales construidas en esa provincia.

La diferencia es notoria: en la planilla de las autoridades de Vialidad figura una sola obra y de apenas ocho millones de pesos. Se trata únicamente del mantenimiento de un tramo de la Ruta Nacional 40, la que va de norte a sur a lo largo de cordillera. Ni siquiera esa simple conservación se terminó: los trabajos se paralizaron en febrero de 2019, hace un año.

Pero lo ocurrido en Santa Cruz tiene cierto correlato con lo que pasó en otros distritos: se trazaron planes de obras que no se hicieron y, mientras tanto, ni siquiera se hizo un mantenimiento de la red. Hoy por hoy, se calcula que un 65 por ciento de las rutas está en mal estado.

Otras dos provincias visiblemente perjudicadas fueron Formosa y Tucumán, que seguramente consideraron demasiado peronistas, pero tras el acuerdo con el FMI, el parate llegó a todos, salvo al reducto de Cambiemos, CABA.

Final

Lo más asombroso es que, después de las PASO, y cuando ya se vislumbraba la derrota, Macri usó un increíble falso marketing sobre las obras públicas en su ofensiva final para salvar algo del incendio electoral. Exhibió obras inconclusas y mostró como logros lo que en verdad eran incumplimientos.

La realidad es que no sólo se redujo al mínimo la obra pública nueva –de 161 licitaciones por año a apenas 31– sino que abandonaron lo que ya tenían avanzado. Los datos demuestras que cortaron más rutas que los piqueteros que tanto critican.

El empresario promete pagar la deuda de la compañía con la AFIP y el resto de los acreedores para recuperar sus empresas y reflotar el Grupo Indalo. Trascendió que el reclamo sobre la causa estaría acompañado por un acuerdo de pagos con la AFIP, el principal acreedor de Oil Combustibles.

El cambio de gobierno y su cercana relación con Alberto Fernández parecen haber mejorado las chances de Cristóbal López para que el empresario pueda recuperar la mayoría de las empresas que durante el macrismo perdió o se encuentran atravesando un complicado proceso judicial de quiebra, según el portal de noticias El Comoderense.

Si bien López y su socio Fabián De Sousa permanecen en libertad, las causas penales en contra de ambos se mantienen y se entiende que seguirán el curso legal.

Fabián De Sousa y su socio fueron liberados el jueves 8 de octubre del año pasado, en el marco de los expedientes que investigaba el fallecido juez Claudio Bonadio vinculados con la causa de los cuadernos.

En ese momento, ya sus abogados anticipaban el objetivo del empresario de recuperar todas las firmas que según acusaban, le fueron arrebatadas sin ninguna razón.

Luego de recuperar su libertad y al presentarse en los tribunales de Comodoro Py para notificar su situación judicial, López expresó: “Ahora recuperamos la libertad, el segundo paso será recuperar el manejo de las empresas. Cuando tengamos el manejo de las empresas, pagaremos todo lo que debemos”.

Esa predicción ahora comenzó a tomar cuerpo, según indica Urgente24. Ambos comenzaron a reclamar la devolución de las principales compañías que formaron parte del Grupo Indalo. En especial, Oil Combustibles, la petrolera que fue denunciada durante el anterior gobierno por una supuesta evasión impositiva y desvío de unos $8.000 millones que se habrían usado para agrandar el pool de activos del holding empresario.

La denuncia derivó en una importante causa con ramificaciones en varios juzgados, tanto comerciales como federales, y abrió un proceso de quiebra de la compañía que tramita desde hace cuatro años el juez Javier Cosentino.

Ahora, a través de sus abogados, Cristóbal López presentó un escrito solicitando el levantamiento de la quiebra de la petrolera y la devolución de sus actividades.

Lo hizo mediante lo que en la jerga judicial se conoce como avenimiento o un acuerdo o conciliación por el cual las partes involucradas en un proceso judicial deciden poner fin a la disputa, ya sea en una audiencia conciliatoria o por común acuerdo homologado judicialmente, con calidad de cosa juzgada, con lo cual la cuestión no puede volver a plantearse.

En ese marco, el escrito firmado por el abogado Javier Dubois también reclama la suspensión por 90 días de la distribución de fondos de Oil Combustibles que había definido la sindicatura a cargo de la quiebra de la petrolera.

Para justificar el pedido, el documento judicial asegura que el avenimiento es procedente debido a que en la quiebra se ha dictado el auto de verificación de los créditos y que no se concretó la última venta de activos ya que no fueron liquidadas las participaciones accionarias que Oil posee en el paquete de control de varias empresas como South Media Investment; Oil M&S; Petrolera Cerro Negro; CPC; Urbanizadora GEA y Alcalis de la Patagonia.

Acuerdo Fiscal de la Empresa 

Según el escrito judicial al que tuvo acceso, Profesional, existe voluntad de parte de los empresarios de sellar un acuerdo con el ente fiscal que contemple los intereses del ente recaudador y respete los derechos de los contribuyentes.

“Como demostración de ello, desde diciembre del 2019 se han formalizado presentaciones ante la AFIP solicitado y realizado audiencias y presentado documentación tendiente a esclarecer la situación de Oil Combustibles, su conducta fiscal y la persecución de que fuera objeto como base para negociar un avenimiento en el marco de la legalidad que establece la RG 3587/13 (Anexo A)”, dice el documento que Dubois le presentó al juez de la causa hace unos días.

En esos términos, se aclara que la propuesta contempla el pago del 100% de la deuda verificada y declara admisible a favor de la AFIP y ofreciendo garantías. Es decir, algo más de $9.500 millones según consta en el expediente.

De hecho, el propio De Sousa solicitó a fines del año pasado una audiencia con Mercedes Marcó del Pont, la titular de la AFIP, para encausar la renegociación del proceso asegurando haber sido blanco de una persecución efectuada por las anteriores autoridades del ente fiscal.

“Todas estas acciones han tenido como objetivo, y lo han logrado sobradamente, destruir mi honor, el de mi familia y el valor de las empresas que fueron, y siguen siendo, el resultado de toda una vida de trabajo”, asegura De Sousa en la carta que le envió a Marcó del Pont.

Con respecto al resto de los acreedores, la oferta contempla negociar con todos para obtener la conformidad del levantamiento de la quiebra. Y si no se logra, el empresario pide que la quiebra se levante teniendo en cuenta que existen fondos suficientes para cancelar el pasivo restante.

De manera adicional se asegura que si el avenimiento tiene éxito, los acreedores cobrarán mucho más que “el magro dividendo falencial proyectado” por el síndico de la causa. “Van a tener la posibilidad de cobrar todas sus acreencias” se promete en el documento.

Anticipa además que la presentación del procedimiento para la conclusión de la quiebra no invalida la posibilidad de que ambos empresarios inicien acciones judiciales por resarcimiento de daños que correspondan a Oil Combustibles, a las sociedades de Indalo y a sus controlantes.

 

“Fabiola no tiene cuentas de twitter. Han mentido y siguen haciéndolo”, afirmó el Presidente.

El presidente Alberto Fernández salió este jueves a aclarar que su pareja Fabiola Yañez​ no posee cuentas en la red social twitter y aseguró que las que figuran con su nombre se crearon «dentro de las operaciones que el macrismo sigue desarrollando en las redes sociales».

«Esta y otras cuentas en la que aparece Fabiola son falsas. Fabiola no tiene cuentas de twitter», manifestó Fernández luego de replicar el mensaje que publicó el usuario denominado @FabiolaYaez16.

Justamente esa cuenta tiene 4.223 seguidores y entre sus publicaciones hay fotos manipuladas de Fabiola Yañez y mensajes que se le atribuyen a la primera dama.

«Han mentido y siguen haciéndolo. Mienten y lastiman. Es lo que saben hacer. Solo sépanlo», insistió el Presidente desde Roma, donde inició sus actividades oficiales que mañana incluirán una reunión con el Papa Francisco.

Fernández se enojó por las cuentas falsas

Fernández arribó a las 14 (hora argentina) al aeropuerto internacional junto a Yañez y el resto de los integrantes de la comitiva oficial. Tiene previsto iniciar en ese país una gira por Europa, donde se reunirá con autoridades de Alemania, España y Francia, en el marco de las gestiones para reestructurar el pago de la deuda externa.

El presidente fue recibido por los jefes de misión de las embajadas argentinas ante Santa Sede, María Julia Rodríguez; ante el gobierno italiano, Tomás Ferrari; y ante organismos de Naciones Unidas con sede en Roma, Carlos Cherniak, entre otros, indicó El Clarín.

Santiago Igon, Estela Hernández e Ignacio Torres son los diputados nacionales electos por Chubut.

Al Frente de Todos no le alcanzaban los votos para quedarse con las tres bancas en disputa y ahora habrá en el Congreso tres peronistas y dos macristas en representación de esta provincia.

El Frente de Todos obtuvo 150087 votos (53,2%), mientras Juntos por el Cambio obtenía 91264 (32,3%). Estos números eran los que surgían tras escrutarse el 94% de las mesas.

Chubut renovaba este domingo 27 tres bancas en la Cámara de Diputados y dos serán para el peronismo –Santiago Igon y Estela Hernández-. La restante para el macrista Ignacio Torres.

Igon y Hernández se suman a Rosa Muñoz para hacer que el peronismo cuente –al menos hasta 2021- con tres representantes en la Cámara baja del Congreso, mientras Torres se sumará a Gustavo Menna, aunque éste podría irse con la UCR si finalmente rompe su alianza con el neoliberalismo que gobierna el país desde diciembre de 2015 a un alto costo para la mayoría de los argentinos.

No obstante, la victoria de Alberto F. y Cristina le da a los argentinos una nueva expectativa, más allá del duro momento que se atraviesa.

Volviendo a los resultados para diputados nacionales en Chubut, tercero quedó César Ayala, del Polo Social, con 21331 votos (7,5%); cuarta fue Gloria Sáez, del Frente de Izquierda, con 14350 (5%) y quinto y último fue Carlos Wohn, del Partido Independiente de Chubut, con 4875 votos (1,7%).

Los votos en blanco fueron 34053, representando el 10,58%

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, aseguró que la posibilidad de que Alberto Fernández sea electo presidente «obligó» al Gobierno nacional a tomar «medidas kirchneristas».

“La posibilidad de que Fernández sea gobierno, que para nosotros no va a ser posible, pero que sea, nos está empeorando las condiciones económicas y nos hacen tomar medidas que más que estar en nuestro ADN económico, es el modelo kirchnerista”, declaró en un programa de La Nación +.

Ante la consulta del periodista si los obligan a hacer kirchnerismo, el ministro respondió “exactamente”. El funcionario también manifestó que la posibilidad de un cambio de gobierno “generó incrementos en los precios y despidos” por parte de aquellos que especulan con lo que podría hacer el gobierno de Fernández.

Subrayó que «todas las medidas (después de las PASO) fueron para morigerar el impacto de la crisis del riesgo país y del aumento en el tipo de cambio, que se trasladó a precios».

El director de cine y ferviente defensor de Cambiemos Juan José Campanella arremetió contra el periodismo por las críticas al proyecto económico del gobierno nacional y publicó un mensaje con tono de amenaza: «No sé si esta vez podremos ayudarlos».

«Por 4 años la mayoría del periodismo erosionó al primer gobierno que los respetó. Con total libertad, ocultaron todos los triunfos y subrayaron cada derrota. Ahora lloran al ser escupidos nuevamente. No sé si esta vez podremos ayudarlos. Ojalá que sí. #AndaATrabajarDePeriodista», afirmó Campanella en su cuenta de Twitter.

Pese al blindaje mediático con que fue privilegiado el gobierno nacional, el director de cine se molestó con los medios de comunicación a quienes acusó de «erosionar al gobierno» y además de «ocultar los triunfos». Campanella no dio referencia acerca de los «triunfos» del gobierno.

En su mensaje, Campanella compartió una publicación de Todo Noticias donde afirmaban que sectores de izquierda golpearon a periodistas de Crónica en la marcha al Consulado de Chile.

Sin ninguna prueba concretar, el discurso de Cambiemos apunta a amenazar a los periodistas de que el eventual gobierno de Alberto Fernández los atacará. Sin embargo, el candidato a presidente por el Frente de Todos afirmó: «La prensa corre peligro con Macri no conmigo».

El gobierno de Mauricio Macri tiene dos prioridades extractivas en el país: Vaca Muerta y la minería. No cesa en su intento de quebrar la vigencia de la legislación que prohíbe la minería en Chubut y sigue mostrando las «potencialidades» de los yacimientos Navidad y Suyai, además de los de uranio.

Mauricio Macri ofreció en Canadá la explotación minera del yacimiento Suyai (Esquel) y ahora aparece en catastro minero provincial según lo hizo público el sitio No a la Mina, que denunció que “solo falta calcular cuánto se necesita para comprar algunas voluntades y modificar una ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto desde hace 16 años”.

En la reciente publicación denominada “Agregan a Chubut al catastro minero unificado”, el No a la Mina denunció que “Pese a la ley que prohíbe la megaminería en Chubut, incluyeron a la provincia en el Catastro Minero Unificado que provee la Secretaría de Política Minera, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.

Según informa el portal de noticias El Extremo Sur, allí aparecen las solicitudes de cateos y exploración, así como los proyectos mineros en sus diferentes estados o discriminados según el mineral. También se les ofrece a las empresas mineras información sobre infraestructura, establecimientos educativos y “comunidades de pueblos originarios”.

QUEBRAR LA RESISTENCIA

La avanzada minera macrista se propone quebrar la resistencia minera chubutense, busca todos los resquicios posibles para gambetear la legislación que prohíbe la actividad en la provincia. Ya embistió de todas las maneras posibles para lograr algo de licencia social, pero hasta el momento no consiguió hacer avanzar ninguno de sus ambiciosos intentos.

La sociedad chubutense en su mayoría rechaza las explotaciones mineras en la provincia. El resquicio se abrió desde distintos sectores políticos. El gobernador Mariano Arcioni aparece a la cabeza de las estrategias que buscan una aprobación, pero buena parte de la oposición está en sintonía con el oficialismo.

El gobierno provincial aceptó el desembarco de funcionarios nacionales para impulsar la minería en la Meseta Central. Sin embargo, ese posicionamiento no resultaba rentable en materia electoral y los candidatos prefirieron guardar su coincidencia con el macrismo para evitar cualquier tipo de pérdida de votos.

El lobby pro minero sigue hiperactivo, pero se topó con la misma resistencia mayoritaria que en marzo de 2003 se le paró de manos a la avanzada minera.

Agazapado, violando las leyes que deniegan la minería en Chubut, y acompañando al empresariado que busca quebrantar la férrea voluntad popular -que desde Esquel se proyectó como un ejemplo de resistencia dentro y fuera del país- el macrismo sigue impulsando el desarrollo minero en la provincia. De allí que haya incluido los proyectos Navidad, Suyai y los de uranio en el catastro minero y mantenga la misma tesitura de prepotencia, como cuando los ofertó en la feria mundial de minería efectuada en Canadá el año pasado.

NUEVAS ESTRATEGIAS

Y MAS RECURSOS

“La avanzada megaminera del gobierno nacional se encuentra con el rechazo de las poblaciones que se verán afectadas. Es por ello que la cuestionada actividad debe repensarse continuamente y buscar estrategias para intentar doblegar las resistencias. Cada vez son más los recursos que las empresas destinan para buscar la necesaria licencia social, sin la cual pueden ver frustrados sus intentos de saqueo como ya han demostrado numerosos pueblos de Argentina y Latinoamérica”, sintetizó el artículo de No a la Mina.

Los ambientalistas expresaron que el macrismo sumó este año a la Argentina en la “Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas” (EITI por sus siglas en inglés), que se autodefine como un estándar global para promover la gestión abierta y responsable de los recursos petroleros, gasíferos y mineros.

La novedad es que el Estado Nacional se propone como garante de esta transparencia. Es por ello que tras la inclusión este año de nuestro país como miembro, la Secretaría de Minería lanzó el Catastro Minero Unificado, junto a la Oficina Anticorrupción. Se puede encontrar en el flamante sitio web del “Centro de Información Minera de Argentina” y ofrece datos sobre las empresas, los precios, los tratados internacionales, las leyes y los proyectos mineros.

“La información geográfica se ofrece cargada sobre una imagen satelital, en la que se pueden elegir las distintas capas con información de interés. Se puede tildar la opción del padrón de establecimientos mineros, así como discriminar los proyectos según su estado o bien por mineral. La Secretaría de Minería no discrimina en provincias mineras o aquellas que prohíben la actividad: Mendoza estuvo desde el comienzo y recientemente sumaron a la provincia del Chubut.

Así, por ejemplo, aparece el Proyecto Suyai (Cordón Esquel-Yamana Gold), el Proyecto Navidad (norte de la meseta chubutense-Pan American Silver) y cuatro proyectos de uranio. Estos proyectos, cuando se los busca según su estado, aparecen como en Evaluación Económica: solo falta calcular cuánto se necesita para comprar algunas voluntades y modificar una ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto desde hace 16 años”, denunció No a la Mina.

El Patagónico

La elección de Carlos Caserio (Córdoba) como nuevo jefe de los senadores peronistas obró como un bálsamo en un bloque que había quedado totalmente desconcertado tras la abrupta partida de Miguel Pichetto . Sin embargo, la decisión adoptada ayer es provisional y apenas si alcanza para disimular las fuertes diferencias que atraviesan al PJ en la Cámara alta.

Las divisiones en el peronismo son de tal magnitud que, según pudo saber LA NACION de fuentes confiables, la elección de Caserio no se alcanzó por consenso como se informó de manera oficial, sino que se trató de una pulseada política entre dos candidatos que se resolvió en una cerrada votación.

En esa compulsa, el cordobés terminó imponiéndose por 7 a 5 al formoseño José Mayans, quien también tenía pretensiones de presidir la bancada peronista de la Cámara alta. El entrerriano Pedro Guastavino terció en la votación al recibir el apoyo de dos de sus compañeros.

Para más detalle, al menos dos senadores confirmaron que la votación estuvo a punto de hacerse de manera secreta, al extremo de que se llegaron a repartir papeles para que los senadores pusieran el nombre de su candidato. El sistema terminó descartándose luego de la intervención de un senador que pidió votar «a viva voz». «Cómo vamos a votar de manera secreta, como si tuviéramos desconfianza entre nosotros», fue la frase con la que hizo entrar en razones a sus compañeros de bancada.

Así fue como uno a uno 14 de los 17 legisladores presentes -los tres postulados no emitieron opinión-, fueron anunciando su apoyo.

A favor de Caserio lo hicieron los sanjuaninos Rubén Uñac y Cristina López Valderde, los chubutenses Alfredo Luenzo y Mario Pais; Inés Blas (Catamarca) y Omar Perotti (Santa Fe).

Mayans, en tanto, recibió el voto de su coterránea, María Teresa González y de los fueguinos Julio Catalán Magni y José Ojeda, y los pampeanos Daniel Lovera y Norma Durango. Rodolfo Urtubey (Salta) y Sigrid Kunath (Entre Ríos) apoyaron a Guastavino para la jefatura de bloque.

El detalle de la votación muestra de alguna manera cuál es el mapa que muestra el peronismo en la actualidad. Los votos de Mayans son de las provincias que nunca disimularon su alineamiento detrás de la conducción de Cristina Kirchner , como formoseños y fueguinos; y de aquellos dirigentes que, como el gobernador Carlos Verna (La Pampa), han decidido supeditar sus viejas cuentas pendientes con la expresidenta en aras de la unidad del PJ y del más pragmático objetivo de lograr el regreso del peronismo al poder.

Del otro lado, el apoyo a Caserio expresa a aquellos dirigentes que sin jugar en contra de la fórmula presidencial kirchnerista mantienen cierto nivel crítico al estilo de conducción de la expresidenta y, sobre todo, apuestan a preservarse de cara al futuro que los espera.

Es el caso de los sanjuaninos, que responden al gobernador Sergio Uñac, uno de los peronistas que ya tienen la mira puesta en 2023; y de Perotti, flamante gobernador electo de Santa Fe y a quien le conviene mantener un delicado equilibrio hasta saber quién será su interlocutor en la Casa Rosada después de diciembre.

No sólo los votos expresan la división del peronismo. Incluso las ausencias en la reunión de ayer también dejan al descubierto el mosaico de posturas que es el PJ desde la derrota electoral de 2015.

Así, el faltazo de Carlos Espínola (Corrientes) fue leído por muchos de sus compañeros como una señal más de que ha abandonado el bloque para seguir los pasos de Pichetto. En un breve diálogo con LA NACION, el correntino rechazó esa lectura y ratificó, de momento, su pertenencia a la bancada.

El chaqueño Eduardo Aguilar, que también faltó, se pronunció hoy a favor de la fórmula encabezada por Roberto Lavagna , sumándose así al sub-bloque en el PJ que apoya al economista integrado, además, por Urtubey y Dalmacio Mera (Catamarca), que tampoco participó de la reunión de bloque de ayer.

Todas estas diferencias lograron quedar disimuladas por Pichetto y su personalísimo estilo de conducción de la bancada, el cual la gran mayoría de los senadores peronistas aceptaron por comodidad política.

Desde hace tres semanas, ése dique que contenía las diferencias y peleas internas ya no está. «Los melones se van a acomodar en el camión después de las elecciones», graficó la situación un senador peronista muy afecto a las comparaciones sencillas y campechanas para explicar la política interna de su partido.

Por: Gustavo Ybarra – La Nación

Lo que era un secreto a voces ahora es una certeza: el macrismo inaugura la campaña a través de WhatsApp y apunta a los grupos de «padres y madres del colegio».

La estrategia la terminó de develar Federico Morales, un funcionario del riñón de Marcos Peña que es resistido por los sectores más políticos del PRO y que se encarga de parte de la logística de la campaña macrista. Morales reunió hace una semana a colaboradores y funcionarios de todos los ministerios nacionales en el subsuelo de las oficinas partidarias de la calle Balcarce, a cuatro cuadras de la Casa Rosada.

Acompañado por Lucía Aboud, otra funcionaria de extrema confianza de Peña, Morales trazó una radiografía de las bases de datos con las que cuenta el PRO, dio una visión bastante optimista de la carrera electoral -una constante en los despachos de la Jefatura de Gabinete, a pesar de la crisis política y económica que atraviesa al Gobierno- y avisó que, este año, la campaña se basará principalmente en las intervenciones en WhatsApp. Los funcionarios y asesores ministeriales -poco más de cuarenta- se fueron del encuentro con una batería de inquietudes por la implementación de la estrategia.

Morales habló de detectar «indecisos», de «armar una red de personas» e intervenir en «los grupos» con material de gestión. Hay funcionarios asignados en cada ministerio que harán de nexo con el equipo de campaña. «Estrategia nacional de campaña 2019», resaltaba la pantalla gigante del subsuelo en la que se desarrolló la reunión, en la tarde del pasado jueves 25.

Un rato antes de ese encuentro había sido el turno de Jaime Durán Barba, que hizo una presentación para dirigentes partidarios.

El consultor ecuatoriano y Joaquín Molla, el publicista de la Casa Rosada que pasa buena parte de sus días en los Estados Unidos, son dos de los cerebros que también están detrás de la estrategia.

Durán Barba es un fanático de estos temas, aunque no tiene una buena relación con la tecnología. El ecuatoriano, que suele relatar historias extravagantes, contó hace tiempo a los funcionarios de confianza del Gobierno que alguna vez olvidó por unas cuantas horas su teléfono celular dentro de la heladera.

Es la primera campaña del macrismo a cargo del gobierno nacional, y las estrategias que estudian en las oficinas de Balcarce apuntan a que no sea la última. Todos los «fierros» del oficialismo están abocados a la reelección de Mauricio Macri, cuya popularidad está seriamente dañada por la crisis económica.

El macrismo, de hecho, ya oficializó entre sus dirigentes que dio de baja los tradicionales timbreos por el creciente mal humor social. Hay distritos que aún los mantienen, pero la actividad como estrategia nacional, que coordinaba Morales, fue desactivada.

El último timbreo de Macri, por caso, fue hace casi ocho meses, en septiembre del año pasado, tras la crisis cambiaria que lo obligó a recortar su gabinete y echar a Mario Quintana para preservar a Peña, su funcionario de mayor influencia. La gobernadora María Eugenia Vidal tocó timbre hasta noviembre del 2018. La crisis en el Conurbano bonaerense se recrudeció hacia fin de año.

En las últimas semanas, Vidal implementó una nueva modalidad de «actividad de cercanía», como la llaman en el PRO, que imitó de Horacio Rodríguez Larreta: cada semana se reúne con una treintena de vecinos «desencantados» de los municipios del conurbano gobernados por Cambiemos. Escucha reclamos sobre la crisis económica y ensaya respuestas de gestión.

En el caso de la nueva estrategia de campaña, el Gobierno busca capitalizar sus mensajes a través de la penetración en el servicio de mensajería WhatsApp, que predomina en las 40 millones de líneas activas que hay en el país. Si bien seguirá en redes, el PRO ya no hará tanto hincapié, por ejemplo, en Facebook, que fue la vedette de las últimas campañas.

El puntapié inicial, sin embargo, lo dio el jefe de Gobierno porteño. En estos días, los funcionarios de la Ciudad recibieron un mensaje con la nueva modalidad.

«Se vienen las elecciones y todos podemos dar una mano para que Horacio siga transformando la Ciudad. Esta campaña va a estar muy enfocada en WhatsApp», resalta el mensaje.

«Te pedimos por favor que agendes nuestro número (¡si no lo agendás no te van a llegar nuestros mensajes!). Muy pronto vamos a comenzar a pasarte videos, stickers, imágenes, audios y textos con los temas de tu barrio y de tu interés», sigue.

Y termina: «La idea es que los compartas con tus grupos de WhatsApp, tu familia, tus vecinos, el grupo de padres y madres del colegio».

 

 

 

Infobae