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Los simpatizantes del movimiento independentista catalán continúan hoy con su movilización activa en toda Cataluña para exigir la libertad de los líderes del proceso de secesión de 2017, condenados a duras penas de prisión, tras una noche en la que la violencia de los militantes radicales cedió en Barcelona después de cinco jornadas de disturbios.

Además, en la céntrica plaza Sant Jaume de Barcelona, el partido liberal Ciudadanos, que hace bandera del antiindependentismo, realizó una concentración que reunió a cerca de un millar de personas bajo el lema «Basta ya, justicia y convivencia».

«No hay fuego, barricada, adoquín, bola de acero, que pueda frenar un proyecto como España. Cuando lo intenten acabarán en la cárcel, como han acabado», dijo desde el acto Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, quien reiteró sus críticas al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por no cesar ya al presidente catalán, Quim Torra.

Tras una mañana de calma en Barcelona, se espera un regreso de la tensión esta tarde en las inmediaciones de la Delegación del gobierno español, donde el grupo independentista Picnic por la República convocó una manifestación a la que llaman a asistir con bolsas de basura llenas de papel.

Ayer, un grupo de manifestantes pacifistas secundó la iniciativa lanzada por el diputado Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y se colocó en primera línea actuando como tapón para evitar los choques entre la policía y activistas violentos, lo que permitió contener la violencia de los días anteriores.

La iniciativa «En peu de pau!», que protagonizó este cordón humano de contención, afirmó hoy por medio de Twitter que seguirá intentando ser «puente, parte y activo» en las protestas, que dice apoyar, pero siempre desde la movilización no violenta. «No fue un cordón, se dio respaldo a los manifestantes», matizaron.

No se pudo evitar que cerca de la medianoche, en los alrededores de Plaza Urquinaona, donde se llevó a cabo la concentración, algunos alborotadores levantaran barricadas con vallas, y prendieran algunas hogueras, aunque el foco de violencia fue contenido rápidamente por la policía.

«Ayer hubo cuatro policías heridos. El viernes, 95». «El cordón preventivo es la otra cara de la moneda de los grupos violentos», subrayó hoy el responsable de Interior catalán, Miquel Buch, valorando positivamente la iniciativa ciudadana que permitió que la violencia de los últimos días rebajara considerablemente.

A diferencia de las jornadas previas, en la que hubo cientos de heridos, ayer los servicios sanitarios atendieron a solo 14 personas, 11 en Barcelona y 3 en Girona, otra de las ciudades en las que se produjeron disturbios graves.

Además, la policía catalana informó que 13 personas fueron detenidas en las protestas realizadas el sábado en toda Cataluña.

En distintos puntos de Cataluña se están produciendo movilizaciones frente a comisarías y en plazas para protestar por los detenidos en disturbios y seguir pidiendo la libertad de los líderes secesionistas, penados con entre 9 y 13 años de prisión por su papel en el fallido proceso de secesión de 2017. Hay concentraciones frente a la Comisaría de la Verneda y en la Comisaría de Les Corts, en Barcelona, y en Girona, Reus, Vic, Sabadell, y Villanova i la Geltrú.

En el marco de las protestas, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reiteró su pedido a los presidentes del Gobierno español y catalán, el socialista Pedro Sánchez y el secesionista Torra, que «dialoguen desde la responsabilidad, con empatía, respeto y sin maximalismos».

«Hace falta una mesa de diálogo tanto en Cataluña como en el Estado que se aleje de la gesticulación», insistió.

Torra, por su parte, expresó hoy su «preocupación» por los heridos en los disturbios de los últimos días, en especial por la situación de una chica y un policía, éste último muy grave, por un traumatismo craneoencefálico.

Cataluña amaneció hoy en calma tras la cuarta noche de graves disturbios que tuvieron como epicentro Barcelona al término de una multitudinaria movilización pacífica para exigir la libertad de los lideres secesionistas condenados, aunque la «tregua» puede durar poco ante un nuevo llamado a la protesta de los jóvenes del ala radical del independentismo.

A diferencia de las jornadas anteriores, este sábado no se están produciendo cortes de rutas ni de vías de trenes a lo largo y ancho de Cataluña, a excepción del bloqueo de la Jonquera, en la frontera con Francia, que los manifestantes independentista lograron mantener hasta casi el mediodía.

En Barcelona, en tanto, la normalidad fue la tónica, ya que no se registraron incidencias en la movilidad, ni servicios como el aeropuerto internacional El Prat de Barcelona, salvo cambios en los recorridos de algunas líneas de colectivos que eluden zonas en las que todavía se trabaja para retirar los escombros y restos que dejó la confrontación entre manifestantes y la policía.

Los disturbios del viernes fueron los más graves desde que el lunes una parte minoritaria del movimiento independentista, con la juventud como protagonista, escaló el conflicto abandonando la resistencia puramente pacífica para enfrentarse con violencia a la policía.

El presidente catalán, Quim Torra, eludió hoy condenar los episodios de violencia que tuvieron lugar la pasada noche en Cataluña, como le demandó el Ejecutivo central español, y subrayó que su gobierno «está con la gente», al unirse a una de las marchas «por la libertad» que se dirige hacia Barcelona.

«Hemos venido para expresar nuestro apoyo a las marchas de rechazo de las sentencias y derecho autodeterminación», afirmó Torra, en una breve declaración a la prensa sin admitir preguntas.

El líder secesionista añadió que es «fantástico ver al pueblo movilizado» y pidió que nadie dude de que él y su gobierno están «al lado de la gente».

Tras mantener una reunión con el «núcleo duro» de su gabinete para valorar los disturbios de anoche, que dejaron un saldo de 125 heridos -entre ellos agentes de policía- y 25 manifestantes detenidos, Torra se desplazó este mediodía a la localidad de Calles de Malavella para unirse a una marcha independentista que había partido desde la ciudad de Girona, con la intención de llegar a pie hacia Barcelona, a casi 100 kilómetros de distancia.

Un día después de la sentencia condenatoria contra los líderes del fallido proceso de secesión de 2017, Cataluña afronta hoy una nueva jornada de movilizaciones, que comenzó con cortes de rutas y vías, a la espera de que la plataforma ciudadana Tsunami Democrático anuncie su próxima acción de desobediencia civil no violenta.

Tras bloquear parcialmente ayer durante varias horas el aeropuerto internacional de El Prat de Barcelona -acción que hoy sigue provocando cancelaciones y demoras-, los activistas cortaron esta mañana algunas rutas regionales y vías de trenes, donde montaron barricadas con neumáticos, aunque en la mayoría de los casos la policía catalana terminó desalojándolos.

Las acciones son obra de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), grupos vecinales que mantienen la tensión en las calles y prometieron realizar protestas hasta que los nueve políticos y líderes independentista condenados a entre 9 y 13 años de prisión por sedición «estén libres», y Cataluña se convierta en una «República independiente».

Por su parte, estudiantes de secundario comenzaron a movilizarse desde el mediodía cortando calles en el centro de Barcelona. Además, los estudiantes universitarios protagonizan encierros en algunos centros de estudio.

Nueve líderes independentistas catalanes fueron condenados este lunes a penas de entre 9 y 13 años de cárcel por el fracasado intento de secesión en 2017, una decisión que relanzará la tensión en Cataluña, que el separatismo mantiene en ebullición desde hace casi una década.

La sentencia devuelve la cuestión catalana al centro del debate político, a pocas semanas de las elecciones legislativas del 10 de noviembre.

En Barcelona ya se estaban organizando las primeras movilizaciones independentistas, y a 20H00 (18H00 GMT) están previstas manifestaciones en toda Cataluña.

«100 años de prisión en total. Una barbaridad. Ahora más que nunca, a vuestro lado y al de vuestras familias. Toca reaccionar, como nunca», afirmó el expresidente regional Carles Puigdemont, huido de la justicia española a Bélgica y sobre el que pesa una orden de detención en España.

«Hay una parte de Cataluña que quiere entrar en un conflicto con la idea de Estado», pero «hay que buscar un punto de encuentro», comentó por su parte José Luis Ábalos, ministro de Fomento y hombre de máxima confianza del presidente socialista Pedro Sánchez.

El exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, recibió 13 años de prisión por sedición y malversación, la más dura de las penas contra los doce separatistas procesados de febrero a junio por el Tribunal Supremo, en Madrid.

«Volveremos más fuertes»

Los jueces descartaron la acusación de rebelión elevada por la fiscalía, que había solicitado 25 años de prisión contra Junqueras, líder del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), principal acusado en este juicio histórico en ausencia de Puigdemont.

Una sentencia que el propio Junqueras aprovechó para llamar a la movilización, en una carta publicada en la web de su partido. «Volveremos, y volveremos más fuertes (…) no tengáis ninguna duda, volveremos y ganaremos», escribió.

Otros ocho independentistas, en algunos casos encarcelados desde hace casi dos años, recibieron condenas de 9 a 12 años de prisión por sedición, y algunos de ellos, por malversación.

Son la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell (11 años y medio), el expresidente y presidente de las influyentes asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (9 años para cada uno), y cinco antiguos ministros regionales.

Los tres restantes son exmiembros del gobierno catalán de Puigdemont, que estaban en libertad condicional y fueron condenados cada uno a una multa de 60.000 euros por el delito de desobediencia.

Los doce fueron juzgados por haber organizado el 1 de octubre un referéndum de autodeterminación ilegal, marcado por imágenes de violencia policial que dieron la vuelta al mundo, y la proclamación el 27 de ese mes en el Parlamento regional de una «República catalana» que nunca se materializó.

El juicio tuvo como epicentro la cuestión de si hubo o no violencia, una noción que sustentaba el cargo de rebelión presentado por la fiscalía contra nueve de los acusados.

En su sentencia, el Supremo dio por «probada la existencia de violencia». Sin embargo, esta careció de «funcionalidad», y «el Estado mantuvo en todo momento el control de la fuerza, militar, policial, jurisdiccional e incluso social», lo que convirtió el propósito independentista «en una mera quimera».

La calle se calienta

En Barcelona, las primeras reacciones no se hicieron esperar. Simpatizantes independentistas cortaron varias calles, constató la AFP, y el ‘Tsunami Democrático’, una nueva plataforma independentista, convocó «a la gente que vive fuera de Barcelona a desplazarse a la capital», para engrosar las protestas.

El FC Barcelona también se sumó a las reacciones: «la prisión no es la solución», y «la resolución del conflicto que vive Cataluña pasa exclusivamente por el diálogo político», indicó en un comunicado.

La tentativa de secesión de Cataluña, una región de 7,5 millones de habitantes, significó la peor crisis política en España desde el fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975.

Integrado por partidos que difieren en el plano político, el movimiento separatista, que controla el gobierno regional, hizo causa común en llamar a la «desobediencia civil» en caso de condena del Supremo.

La temperatura comenzó a subir en la región en septiembre, con la prisión provisional dictada a siete activistas independentistas, sospechosos de preparar explosivos y acciones violentas. En respuesta, los secesionistas aprobaron en el Parlamento regional varias mociones en desafío del Estado español.

En plena campaña hacia las legislativas, Pedro Sánchez ha advertido que podría tomar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad, como la intervención de la autonomía catalana, ya aplicada en octubre de 2017 en virtud del artículo 155 de la Constitución. (AFP)