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En cualquier momento habrá una “lluvia” de denuncias contra él en la Justicia, que podrían hacer “caer” todos los procedimientos en los que estuvo de manera ilegal. La Ley es clara y Massoni tiene que conocerla porque es abogado: nadie y menos un funcionario público puede ingresar a una propiedad privada sin la orden de un juez, y mucho menos cuando en el lugar se está practicando un allanamiento.

Se supone que en la orden judicial para entrar al domicilio sin pedirle permiso al propietario, no solo trae detallado el horario en que se debe realizar el procedimiento, lo que la policía va a buscar, los motivos y la dirección exacta del lugar; sino el nombre, la jerarquía o el cargo de quienes van a efectivizar la diligencia que a lo sumo serán dos o tres por lo general oficiales de la policía.

En consecuencia, los que no figuran en esa autorización firmada por el juez de turno no pueden ingresar a la propiedad, porque si lo hicieran y son funcionarios públicos estarían incurriendo en un “allanamiento ilegal”, en un delito encuadrado en el Articulo 151 del Código Penal Argentino, que se castiga con prisión de seis meses a dos años.

O sea que ni Massoni, ni su séquito de alcahuetes que por lo general lo acompañan están autorizados a ingresan a los domicilios que se están allanando por alguna causa en particular. Porque también podrían poner en riesgo la validez de esa diligencia ante la queja de algún abogado.

Massoni no tiene nada que hacer en los allanamientos. Él, como autoridad política debe dejar que la policía trabaje y colaborar para que el día de mañana en el juicio no haya ninguna objeción o cuestionamiento a la legalidad del procedimiento.

Su presencia en el lugar solo obedece a motivos meramente publicitarios; usa una actuación judicial para presentarse ante la sociedad (que ya lo conoce) como el paladín de la justicia.

De hecho, cada vez que comete la ilegalidad de ingresar a un lugar que se está allanando, además de una foto suya se destaca en los diarios que lo promocionan a cambio de dinero, que estuvo presente en el allanamiento.

Como ocurrió este martes en los procedimientos que a la mañana hizo la policía en un barrio de la zona oeste de Trelew, en donde allanaron dos casas por un robo y no encontraron nada de lo que buscaban, hallando accidentalmente un revolver viejo con la numeración limada y una tumbera.

La Constitución Nacional dice en el Artículo 17 que “el domicilio es inviolable y que el mismo solo puede ser allanado con la formalidades prescriptas por la ley y en los casos que ella determina”.

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación inició este miércoles el debate del proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, del que el oficialismo pretende emitir dictamen favorable el próximo lunes, con el respaldo de bloques aliados y pese al rechazo de Juntos por el Cambio.

El proyecto, elaborado por diputados del Frente de Todos, propone que las personas con un patrimonio superior a 200 millones de pesos hagan una contribución por única vez al Estado, con el fin de recaudar unos 300.000 millones de pesos para paliar el impacto de la pandemia de coronavirus en los sectores vulnerables.

El presidente de la comisión y autor principal del proyecto, Carlos Heller, señaló al inicio del debate: «La idea del recurso extraordinario se apoya en la situación extraordinaria. Creo que nadie está en este país, ni en ningún lugar, en condiciones de argumentar que no estamos ante un fenómeno impensado que ha alterado todas las previsiones».

Y aclaró: «Vamos a ponerle la palabra ‘obligatorio’ para terminar con la interpretación de algunos de que como es un aporte, podrá ser voluntario».

Por Juntos por el Cambio, el vicepresidente de la comisión, el radical Luis Pastori, aseguró: «Claramente estamos en presencia de un impuesto, por más nombre que quieran ponerle. Se trata de un tributo, más cuando confirman que es obligatorio».

«Es una ley, es de carácter coactivo, está expresado en dinero, para ayudar a solventar el gasto público, y no tiene una correspondencia directa con un beneficio para el contribuyente, lo que caracteriza al impuesto con diferencia a las tasas y a las contribuciones especiales», añadió.

Por el Frente de Todos, el entrerriano Marcelo Casareto aseveró que «no le podemos pedir esfuerzo a los trabajadores, a los jubilados, a los sectores vulnerables, tenemos que pedirlo a quienes hoy están en una menor situación relativa».

Desde la Coalición Cívica, Javier Campos expresó: «El hecho de que el impuesto sea malo para los ricos no significa necesariamente que sea bueno para los pobres; realmente hay que discutir si este impuesto es bueno para la gente, porque se puede dar una baja en los ingresos fiscales».

«Hay encuestas que dicen que cerca de un 50% lo rechaza», agregó el diputado opositor, a lo que Heller le respondió: «Tengo encuestas que dicen lo contrario», y le propuso intercambiarlas.

Por su parte, la oficialista Fernando Vallejos dijo que «con esta contribución se están fortaleciendo las respuestas que el Estado está implementando en este tiempo por la emergencia y la posterior reconstrucción de la economía» y que «se trata de un aporte de características extraordinarias que llega en un momento extraordinario del país y del mundo»,

Por la izquierda, Nicolás Del caño, consideró que «este debate llega casi seis meses después de tomadas las primeras medidas de aislamiento necesarias para el cuidado sanitario. El paso del tiempo tiene consecuencias, por eso este proyecto llega tarde y además es muy pobre».

Desde los interbloques de volumen intermedio, como el Federal y Unidad para el Desarrollo, no se expresaron en la reunión de este miércoles, aunque algunos de sus integrantes adelantaron a través de redes sociales estar «de acuerdo con el espíritu del proyecto».

Al abrir la reunión de comisión, el legislador oficialista señaló que este miércoles la reunión iba a ser «informativa, con la idea es poder sacar dictamen la próxima semana» y anticipó que invitará a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, para que responda consultas.

La presencia de la funcionaria fue solicitada por el diputado radical de Juntos por el Cambio Ricardo Buryaile, quien dijo que es necesario que Marcó del Pont informe «cuales son las expectativas de recaudación con este impuesto o contribución».

Tras aclarar que «más allá de que se concrete o no la presencia de la funcionaria hay que respetar la confidencialidad de la información de la AFIP»; Heller reveló también que «se estima que el número -de personas alcanzadas por el Aporte- va a estar más cerca de 10.000 que de 12.000», calculadas originalmente.

La comisión pasó a cuarto intermedio y se volverá a reunir el próximo lunes a las 16,30 para intentar dictaminar sobre este proyecto y el que propone la prohibición de ayuda económica dispuesta en el marco de la emergencia sanitaria para empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas con probada evasión fiscal.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo hoy que hay que «actuar con la ley para los vivos y los que delinquen y con el Estado para quienes necesiten respuestas habitacionales», en relación a la problemática de la toma de tierras.

«Es un tema relacionado al derecho de propiedad pero también es un tema social y se resuelve con la ley y con el Estado: hay que tener mirada integral y no creer en simplificaciones, porque es complejo», evaluó el funcionario.

En diálogo con radio Mitre, el ministro coordinador sostuvo sobre el tema que «no funciona pensar una sola solución» y criticó al Gobierno anterior, «que no hizo nada desde lo habitacional y entonces se profundizó un problema que viene históricamente».

«Esto se resuelve con viviendas sociales y lotes con servicios porque nadie se va de donde esté, por más precario que sea, a un lugar mucho más precario: hay una cuestión estructural y el Estado debe generar las políticas públicas, lo que no sucedió en los últimos cuatro años», agregó.

En ese sentido, señaló que el expresidente Mauricio Macri «había anunciado que iba a hacer viviendas y nada de eso pasó, otra promesa incumplida, y lo mismo la exgobernadora María Eugenia Vidal» y consideró «muy pobres» a las políticas públicas de la anterior administración en esa materia.

«En cuatro años no hicieron nada; hay gobiernos que se ocupan con programas y hay gobiernos que no pusieron un ladrillo»

«Es un tema estructural pero Macri y Vidal tienen responsabilidad porque en cuatro años no hicieron nada; hay gobiernos que se ocupan de ese problema con programas y hay gobiernos que no pusieron un ladrillo, lo que hizo que todo se deteriore», criticó Cafiero.

Por último, mencionó que la toma de tierras «en la provincia de Buenos Aires vienen del año pasado, la de Villa Mascardi lleva tres años y terminó con un muerto, que es lo que ocurre cuando las cosas se hacen mal».

«Si simplificamos vamos a tener más Rafael Nahuel», concluyó, en referencia al joven que murió durante un operativo de Prefectura en un intento de desalojo de una toma, en noviembre de 2017.

El ex jugador de fútbol, Diego Maradona, respaldó este martes la aprobación en el Congreso nacional del proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, al señalar que «en este momento de crisis, se necesita de la ayuda de los que más tenemos».

«Le pido a Dios que se apruebe la ley de Aporte Solidario de Grandes Fortunas. Porque en este momento de crisis, se necesita de la ayuda de los que ma´s tenemos», escribió el Diez en su cuenta en Instagram, en respaldo a la iniciativa que ya ingresó a la Cámara de Diputados.

Maradona se mostró dispuesto a pagar el aporte por única vez que alcanzaría a unas 12 mil personas físicas, con un patrimonio declarado de más de 200 millones de pesos y que le permitirá al Estado recaudar unos 300 mil millones de pesos para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.

«Yo perdí a mi cuñado por Covid, y sé lo que es no poder despedir a un ser querido. Yo sé lo que es no tener para comer. Por eso estoy a su disposición, presi @ AlFerdezOK. VAMOS ARGENTINA!», escribió el exjugador de fútbol.

Maradona acompañó en su cuenta de Instagram con una foto de su adolescencia en Villa Fiorito.

El Diputado Nacional por Juntos por El Cambio, Gustavo Menna, salió a pedir junto a su bloque, que el proyecto de ley de la Reforma Judicial sea tratado de manera presencial, y no virtual como podría llegar a ser.

Esta tarde, Menna estuvo en el recinto de Diputados junto con legisladores, donde publicó en sus redes sociales un claro mensaje de estar presente «para garantizar que los temas de fondo, como la reforma judicial, no se traten de modo virtual».

El chubutense consideró además que el proyecto impulsado por el oficialismo carece de «legitimidad jurídica», y observó «desprolijidades y falta de seriedad en su tratamiento”.

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, anunció que no hubo consenso con el oficialismo para realizar hoy la sesión virtual «porque se cayó el protocolo» de funcionamiento temático y advirtió que si se efectúa en forma telemática impugnarán «su validez».

Negri, junto al titular del bloque del Pro, Cristian Ritondo, y al presidente de la bancada de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, brindaron una conferencia en el Salón de Pasos Perdidos, tras mantener ocho horas de negociación con el oficialismo en la reunión de Labor Parlamentaria.

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se refirió a la situación actual que se vive en la ciudad en torno a los casos de coronavirus.

“La verdad es que se ha actuado fuertemente. Hemos marcado muy bien desde la nueva resolución municipal. Vamos a actuar con todo el peso de la Ley contra los infractores” señaló.

Agregó que hay incumplidores que deberán dar respuesta ante la Justicia Federal, ya que se tienen controladores voluntarios sumados a los del sistema de salud.

“Aquellos que no están en el domicilio inmediatamente se da conocimiento a la Justicia Federal” indicó.

El intendente Sastre también manifestó que hubo muchísimas llamadas y que los mismos vecinos colaboran avisando sobre algún tipo de juntada familiar o social.

“Se hace muy complicado estar atrás del 100% de la comunidad” dijo Sastre.

Sobre el sistema de salud, el intendente Gustavo Sastre advirtió que se cuenta con un gran equipo de salud, que está comprometido con toda la sociedad.

Por otro lado, el intendente municipal manifestó que los gimnasios municipales están equipados, sin embargo, indicó que no se quiere ni pensar en tener que utilizarlos, pero que hoy mismo están preparados para hacerlos.

“Vamos a evaluar la situación. Volver hacia atrás no es fácil, pero vamos a priorizar la salud de la población” agregó.

En este sentido, el jefe comunal dijo “Me llama la atención la cantidad de gente que sale. Nunca he visto, a esta altura del año en años anteriores, la gran cantidad de gente en la rambla”.

“La libertad de salir, la tienen; pero hay que ser responsables y si no es necesario hay que quedarse en casa” finalizó.

Todavía no se sabe cuánto, ni cómo, ni cuándo, pero hay una única cosa clara: con un déficit mensual de $ 2.400 millones, la única alternativa para pagar los salarios atrasados y el medio aguinaldo pendiente, será volver a pedir autorización a la Legislatura para tomar un nuevo préstamo en el mercado. 

En materia político-económica, y más allá de la acuciante realidad que marca el incremento de casos positivos de COVID19, terminó una semana marcada por el incremento de movilizaciones de gremios estatales, con pedidos de reuniones urgentes por parte de la cúpula judicial, todo sumado a la paralización de la actividad legislativa, e incluso a la novedad de una medida cautelar que fija un plazo perentorio de depósito de haberes a una magistrada.

Ante este crítico panorama, el dato más caliente que está en condiciones de anticipar es que en la conducción del gobierno chubutense se trabaja contrarreloj en el armado de un nuevo proyecto de endeudamiento como la única solución inmediata para afrontar el pago de la deuda a los trabajadores, que asciende a dos meses y medio de salarios y que también incluye una deuda retroactiva en concepto de “cláusula gatillo”.

Los números de la provincia marcan que en materia salarial hacen falta 17 mil millones de pesos de manera inmediata para quedar al día con los 64.300 agentes públicos, sumando activos y pasivos.

Con déficit mensual de $ 2.400 millones, la única alternativa para pagar los salarios atrasados y el medio aguinaldo pendiente, esta cifra surge de sumar dos masas salariales de $ 5.000 millones, más un medio aguinaldo de $ 2.500 millones, más $ 4.500 millones que se deben por la cláusula gatillo pendiente de las paritarias de 2019. Este saldo retroactivo se debe a casi todos los estamentos del Ejecutivo (salud, policía, viales, administración central, etc.) con la única excepción de los docentes, por un acuerdo firmado en febrero pasado por el entonces ministro de Educación, Andrés Meiszner, con el objetivo nunca cumplido de destrabar el inicio de clases.

POR PABLO VERNAZZA

EL Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, participó de la primera reunión de trabajo para la aplicación de la Ley de Nacional de presupuestos mínimos 27.279.

Del encuentro participaron el subsecretario de Regulación y Control Ambiental del Chubut, Juan Daniel Micheloud; y la jefa de Departamento de Gestión de Sustancias y Residuos Peligrosos; el Director General de Agricultura del Chubut del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Néstor Nápoli, y la directora de Sanidad Vegetal, Cecilia Ibañez.

En representación de Nación, estuvieron presentes Emilio Bonifacio, de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, y la abogada Candela Nassi, jefa de Gabinete de Control y Monitoreo dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La Provincia viene trabajando en la gestión de envases vacíos de fitosanitarios en el Valle Inferior del Río Chubut desde hace varios años. En este momento, se están realizando los trámites administrativos para las designaciones de las autoridades de aplicación. El trabajo previo consistió en reuniones mensuales con INTA, SENASA, CORFO, Mercado Concentrador, municipalidades y Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos.

Al respecto, el subsecretario de Regulación y Control Ambiental, Juan Daniel Micheloud, señaló que “desde el Ministerio se tiene el compromiso de trabajo en la aplicación de la Ley Nacional de presupuestos mínimos N° 27.279. El Ministerio de Ambiente será parte como organismo de aplicación junto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, aplicando medidas en conjunto para el control de los envases de fitosanitarios usados”.

“Particularmente, desde el área que tengo a cargo, se implementará el control de los operarios y transportistas, así como también el manejo del Centro de Acopio Transitorio”, precisó el funcionario, agregando que “el CAT ya tiene una localización para su construcción”.

En cuanto a la disposición final de los envases, “en los próximos meses, la provincia contará con un horno pirolítico que podrá procesar este tipo de material”, sostuvo.

Por su parte, el director general de Agricultura del Chubut, Néstor Nápoli, señaló que “el Valle Inferior del Río Chubut, cuenta con el 80% de productores, en su mayoría hortícolas. El sector cerecero es el mayor aportante de los envases, ya que deben cumplimentar con las buenas prácticas ambientales. Ya se ha trabajado en la recolección de los recipientes con el triple lavado, y por ejemplo que el año pasado se acopió una tonelada”.

En ese sentido, Emilio Bonifacio señaló que “es una ley integral con visión regional”, quedando a disposición para la implementación de la normativa en la provincia del Chubut.

Los farmacéuticos afirman que con esta ley buscan privilegiar a cadena monopólica provincial.

Desde el Gobierno de Chubut propusieron impulsar una nueva Ley de Farmacias, con el objetivo de garantizar el acceso a los medicamentos en todo el territorio provincial. Como consecuencia de esta iniciativa, desde el Colegio Profesional de Farmacéuticos del Chubut cuestionaron la iniciativa.

Puntualmente, el titular de dicha entidad, Eduardo Molina, dijo: “Vemos que el Ministerio (de Salud) en su afán de derogar o cambiar la ley de Ejercicio de la Farmacia, recientemente promulgada, no escatima falacias en sus argumentos para convencer, es por ello que ha salido en algún medio en primera plana con títulos catastróficos de cierre de Farmacias y Botiquines en los lugares pequeños que no van a poder existir”.

Además, Molina cree que “esto no es malintencionado, sino que el ministro (Fabián Puratich) se encuentra mal asesorado, o tal vez con una influencia perversa ya que implica volver a la desregulación absoluta de Cavallo y el crecimiento desmedido de las cadenas de farmacias. También parece que existen cadenas malas y otras buenas, las de afuera de la provincia son malas y las de adentro buenas, sin tener en cuenta que esa apertura es una invitación legal a la llegada de este tipo de cadenas monopólicas de las que ya sabemos que han estado interesadas en ingresar”.

“Su equipo ignora a los farmacéuticos”

“La defensa que hace este Colegio es la defensa de la profesión farmacéutica y que es la obligación primordial que tenemos, recordemos que la ley X-71 es del Ejercicio de la Farmacia y cuando dice que el Ministerio de Salud no fue consultado y que pone a disposición sus equipos, ha desconocido a las farmacéuticas que están en el plantel de Salud Pública y que trabajaron en la ley para adecuarla a la provincia”, apuntó Molina.

Al mismo tiempo, consideró que “queda claro entonces que parece que dentro de su equipo ignora a los farmacéuticos y antepone médicos contadores abogados y funcionarios que obviamente desconocen lo que es nuestra profesión, sin ir más lejos el anterior
Subsecretario de Gestión, al cual se subordina la Dirección de Farmacias, era un profesor de Educación Física”.

“Es obvio el hecho tendencioso”

En este mismo sentido, el presidente del Colegio Profesional de Farmacéuticos del Chubut dijo: “En la exposición que hizo ante la comisión de salud con más de 10 personas, hizo no sólo defensa del proyecto de ley de Derogación que presentó el Ministerio sino también del proyecto de ley de Reforma, presentada por la otra parte, la cual no se presentó para exponer, lo cual era lógico, si llevaba al ministro de representante. Es obvio el hecho tendencioso y es grave que se opone a la esencia sanitarista de esta ley”.

“Para recordar, en esta ley se trabajó durante cuatro años en la Legislatura con todos los actores, por más que desinforme en ese aspecto el ministro, y que desconoce que esta ley está tomada de distintas provincias donde está en ejercicio, tal vez la más importante es la de la Provincia de Buenos Aires y lo digo porque la lucha que llevó el

Colegio de Buenos Aires incluso a la Corte

Suprema, estuvo avalada por el actual ministro de Salud de la Nación, mal podríamos hablar que esta sea una ley en contra de los intereses de la comunidad y que impida el acceso a la población del medicamento”, enfatizó Molina.
Por último, recordó que “estamos en un momento clave y para que no se cometa un desatino, es por ello que insto a todos los colegas que actúen en consecuencia, haciendo conocer a los políticos, diputados y aquellos que tienen cargo dirigenciales y también a los vecinos nuestros que suelen ir a nuestras oficinas de Farmacia el objeto del cual fue esta ley X-71 promulgada”.

Fuente: El Diario Web

Las consideraciones que la ley actual prevé para las localidades más pequeñas son restrictivas, ya que “establece que incluso los botiquines de los pueblos deben ser administrados por un farmacéutico, lo cual es impracticable, sobre todo en muchas localidades del interior de la provincia, como Paso del Sapo, Gan Gan, Gastre o Telsen, donde no residen farmacéuticos, y por lo tanto se estaría limitando severamente el derecho a la salud de sus habitantes”, explicó el titular de la cartera sanitaria provincial, Fabián Puratich.

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, propuso impulsar una nueva Ley de Farmacias de cuya elaboración participen todos los sectores involucrados, que garantice el acceso de la población a los medicamentos en toda la provincia. “Lo primero que tenemos que garantizar siempre es el derecho a la salud”, dentro del cual “está también el derecho al acceso a los medicamentos”, destacó, explicando que “la ley actual de farmacias lo que termina ocasionando son justamente graves restricciones al acceso a los mismos”.

El titular de la cartera sanitaria provincial efectuó las declaraciones tras participar días atrás en la Legislatura Provincial, en Rawson, de un encuentro con la Comisión de Legislación Social, Salud y Trabajo del organismo, que es presidida por la diputada Tatiana Goic, y en cuyo marco se abordó la posibilidad de reformar de manera integral la Ley X Nº 71, que regula el ejercicio de la actividad del profesional farmacéutico en el territorio chubutense.

La ley actual no fue consensuada con Salud

 Consultado al respecto, el ministro Puratich señaló que “estuvimos presentando en la Legislatura una serie de reformas que consideramos necesarias para la Ley X Nº 71 que rige actualmente el funcionamiento de las farmacias en la provincia”.

“Esta ley, promulgada durante el año pasado, no fue consensuada con el Ministerio de Salud a la hora de ser sancionada, ni contó tampoco con el aval de nuestros equipos técnicos”, detalló el titular de la cartera sanitaria, agregando que “por el contrario, nosotros propusimos en su momento la modificación de una serie de artículos que, en nuestra opinión, atentaban contra los derechos de los chubutenses, pero esas consideraciones no fueron tomadas en cuenta por los diputados de la Legislatura anterior”.

Inconstitucionalidad de la norma

 “De hecho, la ley actual tiene una serie de características que ya fueron cuestionadas frente al Superior Tribunal de Justicia, el cual declaró incluso la inconstitucionalidad de al menos dos de sus artículos”, refirió también el ministro de Salud, señalando por tanto que “es necesario derogar esta ley y sancionar una nueva de cuya elaboración participen todos los sectores implicados en la misma”.

Además, Puratich comentó que “la ley actual evidencia una preocupación ante el ingreso de distintas sociedades anónimas a la provincia, en forma de farmacias que en realidad responden a multinacionales, y nosotros obviamente compartimos esta preocupación, pero las restricciones establecidas por la ley provocan también limitaciones a otros derechos, los cuales desde el punto de vista constitucional no pueden ser coartados”.

Garantizar el derecho a la salud           

Por otro lado, el ministro de Salud aseguró que “lo primero que tenemos que garantizar siempre es el derecho a la salud”, y explicó que “dentro de este derecho está también el derecho al acceso a los medicamentos, y la ley actual de farmacias lo que termina ocasionando son justamente graves restricciones al acceso a los mismos”.

“Si esta ley continua vigente tendríamos que forzar el cierre de más de cincuenta farmacias en toda la provincia”, indicó el funcionario provincial, destacando además que las consideraciones que la ley prevé para las localidades más pequeñas son restrictivas, ya que “establece que incluso los botiquines de los pueblos deben ser administrados por un farmacéutico, lo cual es impracticable, sobre todo en muchas localidades del interior de la provincia, como Paso del Sapo, Gan Gan, Gastre o Telsen, donde no residen farmacéuticos, y por lo tanto se estaría limitando severamente el derecho a la salud de sus habitantes”.

Presentación del equipo técnico del Ministerio de Salud

Finalmente, Puratich comentó que “durante el encuentro aprovechamos también para presentar al equipo técnico del Ministerio de Salud provincial, poniéndonos a disposición de los diputados provinciales y ofreciendo un resumen de las diversas estrategias que estamos llevando adelante frente a la actual situación de pandemia ocasionada por el Covid-19”, señaló Red 43.