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Lesa Humanidad

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Desde el martes, el cuerpo encontrado en un cangrejal de Villarino Viejo, dentro de la zona de búsqueda de Facundo Astudillo Castro, comenzará a ser analizado por forenses en el laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). La autopsia se hará bajo el Protocolo de Minnesota, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la investigación de muertes «potencialmente ilícitas».

Este protocolo es una actualización realizada en 2016 de la versión original titulada «Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias», elaborado en 1991 por la ONU.

El procedimiento está previsto en casos donde «la muerte puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida. Incluye, por ejemplo, todas las muertes posiblemente causadas por funcionarios de las fuerzas del orden u otros agentes del Estado».

También cuando «la muerte sobrevino cuando la persona estaba detenida, o se encontraba bajo la custodia del Estado. Incluye este supuesto, por ejemplo, todas las muertes de personas detenidas en prisiones».

Finalmente, se implementa cuando «la muerte podría ser resultado del incumplimiento por el Estado de su obligación de proteger la vida. Incluye este supuesto, por ejemplo, cualquier situación en que un Estado no ejerza la diligencia debida para proteger a una persona o personas contra amenazas externas previsibles».

El protocolo señala que una vez que se presente «una denuncia de una muerte potencialmente ilícita, se debe realizar una investigación inicial para identificar las líneas de investigación y las acciones futuras. Ello incluye identificar todas las fuentes de posibles pruebas y dar prioridad a la reunión y preservación de esas pruebas».

Además, establece un mecanismo para el análisis de restos óseos, el cual «requiere un enfoque interdisciplinario» y prevé que «el médico forense encargado del caso deberá colaborar con otros especialistas».

«En el caso de los restos esqueletizados se requiere la intervención de un antropólogo forense. La antropología forense es la aplicación de la teoría y los métodos de la antropología física, en particular los relativos a la recuperación y el análisis de restos humanos, para resolver asuntos legales», señala.

De acuerdo al documento de la ONU, «el antropólogo forense presta asistencia al médico forense en la evaluación de las características del esqueleto con fines de identificación o para encontrar e interpretar señales de patologías y traumatismos».

Por último aclara que «el antropólogo forense también puede colaborar con el médico forense para llegar a conclusiones acerca de la causa y la forma de la muerte y, utilizando métodos arqueológicos de datación, del tiempo transcurrido desde la muerte».

Luciano Arruga y Santiago Maldonado

El Protocolo de Minnesota fue utilizado en otras investigaciones complejas de crímenes de lesa humanidad y en casos en los que aparecían vinculados las fuerzas de seguridad, como el de Santiago Maldonado o de Luciano Arruga.

Para la perito de la querella, Virginia Créimer, es fundamental en la autopsia que comenzará esta semana en la sede del EAAF en la exEsma.

Medias y restos de tela

Tres pares de medias y restos de tela fueron encontrados durante la segunda jornada del microrastrillaje en la zona donde la semana pasada se encontró un cuerpo esqueletizado en un cangregal.

Luciano Peretto, uno de los abogados de la querella indicó que los nuevos rastros hallados serán presentados para le cotejo de Cristina Castro, la madre del joven desaparecido.

Este viernes, especialistas en Criminalística de la PFA supervisados por expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) hallaron restos óseos en el sector conocido como Cola de Ballena, ubicado entre las localidades de General Cerri y Villariño Viejo.

Peretto viajará junto a Castro y su socio en la causa, Leandro Aparicio, a Ciudad de Buenos Aires para asistir a la autopsia. Antes, la mamá de Facundo pasará por la Quinta de Olivos para reunirse con el presidente Alberto Fernández.

Campo de Mayo es el mayor complejo militar de Argentina. En sus 8.000 hectáreas alberga numerosos edificios, entre ellos una cárcel con detenidos por crímenes de lesa humanidad en la que se registra uno de los mayores brotes de la covid-19 detectados hasta ahora en penitenciarías argentinas: 28 presos y siete guardiacárceles han dado positivo.

El Ejército ha confirmado la muerte de dos exmilitares encarcelados. Se trata de Juan Domingo Salerno, exrepresor de la policía bonaerense durante la última dictadura (1976-1983), y Edberto González de la Vega, condenado por la voladura de una fábrica de armamento militar en la ciudad de Río Tercero, en 1995.

El primer contagio detectado en esa unidad penitenciaria se remonta a finales de junio. Luis Muiña, condenado a 13 años de cárcel por secuestrar y torturar a cinco trabajadores del Hospital Posadas, dio positivo después de una salida médica y fue trasladado a un hospital público de Buenos Aires. El nombre de Muiña quedó asociado a la masiva movilización de la sociedad argentina en 2017 contra el fallo de la Corte Suprema que le redujo la condena y abría la puerta a la excarcelación de otros represores. Las sospechas sobre el origen del brote actual recaen en uno de los penitenciarios. Ante la aparición de síntomas en varios presos, se decidió hacer hisopados a todo el pabellón.

“Son grupo de riesgo porque son grandes, de edad avanzada, pero presentan un cuadro sin inconvenientes”, asegura por teléfono la titular del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori. Otras fuentes, en cambio, hablan de un preso en estado crítico. La unidad penal alberga a 70 reos, en su mayoría por delitos de lesa humanidad, con un promedio de edad de 74 años. Los que dieron positivo de covid-19 fueron trasladados a distintos centros hospitalarios y están bajo supervisión médica, mientras que los demás permanecen aislados en la cárcel de Campo de Mayo, el mayor predio militar de Argentina, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires.

El pasado marzo, cuando Argentina declaró la cuarentena obligatoria por la pandemia de la covid-19, cinco presos murieron en motines en cárceles en las que los presos reclamaban excarcelaciones y medidas preventivas contra los contagios. Las visitas de familiares y las salidas transitorias de reos fueron suspendidas para reducir al mínimo la circulación del virus y la Justicia morigeró las penas de cientos de presos considerados de riesgo por su edad o por presentar patologías previas. Los represores encarcelados en Campo de Mayo solicitaron también conmutar la prisión por arresto domiciliario. Sus peticiones fueron denegadas en casi todos los casos por tratarse de delitos graves o por considerar que existía riesgo de fuga.

Los últimos recursos ante los tribunales, por ahora, también han chocado con la negativa judicial. “No puede pasar por alto que el encausado [Gonzalo ] Sánchez, imputado por la comisión de crímenes contra la humanidad, se mantuvo fugitivo desde el año 2005, y se ocultó en Brasil, desde donde eludió la orden de captura, hasta que con motivo de los ingentes esfuerzos mantenidos por la diplomacia argentina fue recientemente prendido por la Policía Federal brasileña en la ciudad de Paraty (estado de Río de Janeiro), para definitivamente poder ser extraditado a nuestro país y sometido al proceso”, sostuvo el juez Alejandro Slokar en un fallo reciente de la Cámara de Casación citado por el diario Página 12.

Gonzalo Sánchez, uno de los contagiados, está acusado de participar en el secuestro y la desaparición del escritor y periodista argentino Rodolfo Walsh el 25 de marzo de 1977. El exoficial de Prefectura, la fuerza policial argentina que custodia las vías navegables, está acusado también de participar en los denominados vuelos de la muerte con los que la dictadura arrojó a cientos de secuestrados al Río de la Plata. Tras permanecer prófugo de la Justicia, fue detenido en Brasil el pasado mayo y extraditado a Argentina, donde fue encarcelado en Campo de Mayo.

Los organismos de derechos humanos se han mantenido en silencio por ahora ante el brote de la covid-19 registrado en la unidad penitenciaria del regimiento militar. En abril, la agrupación HIJOS repudió con dureza la excarcelación del médico Carlos Capdevila, triplemente condenado por crímenes de lesa humanidad. “¿Qué hacía Capdevila en la ESMA? Como médico, participó en el robo de bebés y se encargaba de ver cuánto más podían seguir torturando a las víctimas”, señaló la agrupación a través de las redes sociales, donde pidió que los represores cumplan su condena en la cárcel común y queden excluidos de cualquier beneficio.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) no ha hecho declaraciones públicas, pero en mayo advirtió en un informe de la sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles argentinas y se hizo eco de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de morigerar penas a presos considerados grupos de riesgo.

Según los últimos datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, fueron denegados el 73% de los 107 recursos de otorgamiento de arrestos domiciliarios y otras formas de morigeración de la pena presentados hasta el 19 de julio. La Procuración Penitenciaria de la Nación tenía contabilizados hasta mitad de julio 120 casos positivos de covid-19 en cárceles federales argentinas.

Fuente: El País

El ex jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner , César Milani fue absuelto en el juicio por delitos de lesa humanidad que llevó adelante el Tribunal Oral Federal de La Rioja y quedará en libertad. Las querellas adelantaron que apelarán el fallo.

El fallo -cuyos fundamentos se conocerán el 9 de setiembre-, fue en disidencia para el «hecho 1» correspondiente a la participación del militar en un secuestro y fue por unanimidad en el caso de traslado y hostigamiento y en el de asociación ilícita.

Milani fue acusado de participar en los secuestros, y torturas sufridas por Pedro Olivera (fallecido en 1999) y su hijo, Ramón, en marzo de 1977, cuando era un subteniente y prestaba servicios en el Batallón de Ingenieros en Construcciones 141, de esta ciudad.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Julián Falcucci (presidente), Jaime Díaz Gavier y Enrique Lilljedahl. Inicialmente la lectura del fallo, se había programado la lectura del fallo para las 13 y fue postergada consecutivamente, hasta que llegó tres horas y cuarto después de lo previsto.

Antes del veredicto, en la calle, frente al tribunal, crecía la efervescencia de los militantes de organizaciones de derechos humanos y sectores de izquierda, así lo informó La Nación.

En los momentos previos a que los jueces leyeran la sentencia,Milani -quien asistió a todas las audiencias con su uniforme militar- aseguró: «Estoy de pie, no me van a quebrar». Reiteró su inocencia e insistió en que es víctima de una «campaña política, mediática y judicial» en su contra.

Antes de la lectura del fallo, Milani masticó con vehemencia una pastilla y golpeteo con los dedos en el escritorio. A diferencia de la audiencia de la mañana, se lo vio nervioso.

La abogada de la familia Olivera, Adriana Mercado Luna, había pedido 20 años de cárcel para Milani y lo mismo para Catalán y Santacroce.
La abogada de la familia Olivera, Adriana Mercado Luna, había pedido 20 años de cárcel para Milani y lo mismo para Catalán y Santacroce. Fuente: LA NACION – Crédito: Diego Lima.

La abogada de la familia Olivera, Adriana Mercado Luna, había pedido 20 años de cárcel para Milani y lo mismo para Catalán y Santacroce. En su alegato aseguró, que se acreditó que el ex jefe del Ejército formó parte del grupo de inteligencia. «que se movía con autonomía, no sujeto a los controles de rutina, que participaba en allanamientos, detenciones, torturas y detención de personas».

Los fiscales Virginia Miguel Carmona y Rafael Vehils Ruíz habían reclamado 18 años de prisión para Milani; 12 para Santacrocce y 20 para el exjuez Catalán. La fiscal instó a que la ciudadanía, «nunca más pase cosas como éstas, que no tengan que esperar más de cuarenta años» y a que el sistema de administración de justicia le dé «una respuesta a gente que espera tanto tiempo un pronunciamiento». Los querellantes por las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia, Claudio Orosz y Enrique Biaffore también habían solicitado 18 años para el exjefe del Ejército.

Lo solicitó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de La Rioja. El ex jefe del Ejército Argentino está acusado por el secuestro y torturas a Pedro y Ramón Olivera durante la dictadura.

El juicio oral y público por delitos de lesa humanidad, que tiene en el banquillo de los acusados al general César Milani y otros 12 imputados, se retomó este jueves en La Rioja con el inicio de los alegatos.La querella que representa a las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia pidió una pena de 18 años para el ex jefe del Ejército.

Según destaca Télam, se trata del proceso en el que desde el 3 de mayo pasado se juzga a Milani y a los otros acusados por el secuestro y aplicaciones de torturas a Pedro y Ramón Olivera, ocurridos en 1977.

Las audiencias se reanudaron con los alegatos del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz y las querellas, una correspondiente a Alfredo Olivera y representada por las abogadas María Elisa Reinoso, Viviana Reinoso y Adriana Mercado Luna; en tanto la otra corresponde a las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la provincia.

«Tenemos prueba testimonial, material y documental que ubica a Milani en el lugar de los hechos y creemos que se trata de elementos voluminosos y contundentes con los cuales podremos lograr una condena», señaló la abogada Viviana Reynoso a Télam.

Por su parte, el turno de los alegatos de las defensas será la semana próxima, jueves y viernes, según anticiparon fuentes judiciales. De acuerdo con lo previsto, el 8 de agosto será la audiencia en la que se dará la posibilidad a los trece acusados, entre ellos Milani, de pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto, que, en principio, se daría a conocer al día siguiente.

El ex jefe del Ejército durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner está acusado de haber participado en el operativo para secuestrar y luego someter a tormentos a los Olivera que, según la querella, durante su cautiverio sufrió un accidente cerebrovascular en medio de una sesión de tortura y luego fue abandonado por sus captores en su domicilio.

El fiscal federal Fernando Gélvez pidió la elevación a juicio oral y público de la histórica Causa 500, que investigó múltiples violaciones a los Derechos Humanos en la Unidad 6 de Rawson. Es el expediente más extenso y complejo sobre un caso de lesa humanidad en Chubut.

Hay imputados 24 jubilados del Servicio Penitenciario Federal, un médico y un retirado del Ejército. Están procesados por privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público y mediando violencia, y amenazas y torturas agravadas por ser las víctimas perseguidos políticos. El médico está acusado de encubrimiento.

En un texto de más de 1.600 páginas, al explicar la represión ilegal en la U-6, Gélvez precisó que la mayoría de los presos políticos llegó de cárceles como Resistencia, La Plata, Córdoba o Bahía Blanca. Otros pasaron por centros de represión y tortura, como el Regimiento de Infantería Nº 8, General Bernardo O’ Higgins (RI8). También por delegaciones de la Policía Federal. Salían torturados.

Los detenidos que llegaban a la Base Aeronaval Almirante Zar habían sido castigados severamente con puñetazos, patadas y culatazos en pleno vuelo, encapuchados y con las manos atadas. En la Base los subían a camiones a trompadas. La requisa volvía a golpearlos salvajemente, les sacaba sus pertenencias, en ocasiones se los rapaba e iban a celdas de aislamiento (en la jerga carcelaria, “chanchos”) para un “período de adaptación” de hasta un mes. Eran dos metros cuadrados para diez personas. Casi sin luz, no tenían higiene ni abrigo. Tenían una mínima ración alimenticia aunque pasaban días sin comer.

El preso estaba incomunicado. Rara vez podía ir al baño: hacía sus necesidades en ese espacio. Eran insultados, amenazados y golpeados. En noches bajo cero los desnudaban y les echaban baldes de agua fría en la celda. Ya “adaptados”, iban a pabellones.

Desde 1976 el régimen se basó en la destrucción física y psíquica, para “despersonalizar” a los presos. En 1977 cambió la Dirección del penal y se recrudeció la tortura psicológica: maltratos, empujones y trompadas, palos de goma o de madera, culatas y puntapiés en los pasillos, el baño y el recreo. Había requisas vejatorias; baños prolongados con agua helada en invierno varias veces al día y a cualquier hora; escasa o nula alimentación y negación de atención médica. Al menos dos internos murieron. Un golpe frecuente era el “teléfono”: aplastar los oídos y el cráneo entre las palmas de las manos.

Hasta 1980 se instauró un régimen de amenazas, violencia física, amedrentamiento, simulacros de ataques al penal con disparos de madrugada; incomunicación con el exterior y limitada entre los compañeros; o visitas muy esporádicas, vidrio de por medio, comunicación por micrófono y grabación de las conversaciones.

Según la pesquisa de Gélvez, el régimen los sometió a más de 200 órdenes: formas de atarse los zapatos; prohibición de compartir pertenencias, o un mate; forma de hacer la cama y de sentarse; prohibición de levantar la mirada y de mirar por las ventanas; tiempo para afeitarse, entre muchas otras. Las reglas cambiaban según la guardia.

Solían inmovilizar al preso: le colocaban en la cara un trapo o algodón con cloroformo y lo arrastraban a “los chanchos”. Volvía en estado deplorable, con llagas y tan débil que no podía levantarse, visiblemente golpeados, habiendo bajado más de veinte kilos, con alucinaciones y serias dificultades motrices. Eran sometidos a interrogatorios. “Cuando los sacaban de sus celdas, vendados y esposados, los detenidos sufrían la angustiante incertidumbre de no saber su destino final: un interrogatorio, ´los chanchos´, un centro clandestino o la muerte”.

“Perdían la autovaloración y el sentido de las relaciones con sus compañeros; se iban quebrando emocionalmente por vivir en un estado de terror y amenaza constante a su integridad psicofísica. Al menos tres reclusos se suicidaron”, explicó Gélvez.

Los detenidos y sus familiares denunciaron estos episodios al juez federal Omar Garzonio, quien visitaba el penal, y a otros magistrados. Las presentaciones fueron rechazadas o ignoradas.

La lista de acusados incluye a Héctor Gamen, preso en Marcos Paz y retirado del Ejército. Los penitenciarios jubilados son Ricardo Mejías, Héctor Cantero (martillero público), Juan Castillo, Guido Díaz y Antonio Bienvenido Olmedo.

También César Wahnish, Jorge Osvaldo Steding, Ramón Govi, Miguel Ojeda, Juan Roldán y Serapio Sotelo.

La lista sigue con Rogelio Nicanor Recio, Tomás Núñez, Juan Carlos Abraham, José Roberto Chaparro y José de la Cruz Molina, de Resistencia y voluntario de Caritas.

Otros imputados son José Antonio Casanova, Ramón Aníbal Rodríguez, Julio Orlando Acevedo, Jorge Bernardo Vicente, Cipriano González, Ramón de Jesús Sosa y Rafael Ruiz Díaz. Todos son vecinos de Rawson. Emilio Dambra, otro acusado, vive en Esquel. El último imputado es Raúl Barck. Es médico y vive en Jerusalén.

 

 

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