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La sesión de hoy de la Legislatura se realizará nuevamente en la Biblioteca del edificio. Ayer hubo despachos de comisiones. Aprobarán convenios de tres para las áreas protegidas de Punta Norte, Punta Tombo y Piedra Parada.

El proyecto más importante del día será la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal que crea cargos «intermedios» para descomprimir la labor de los fiscales generales.

Después de un largo período de discusión, el oficialismo y la oposición estarían cerca de lograr un acuerdo para aprobar las modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF) que viene solicitando con urgencia el Procurador General de la Provincia, Jorge Miquelarena.

Las modificaciones apuntan en gran parte a «descomprimir» las tareas de los fiscales generales, que deben participar en audiencias por delitos de toda índole.

A modo de ejemplo, en el caso de un hurto, Miquelarena está obligado a sentar a un fiscal general en la audiencia. El problema radica en que los fiscales generales llevan investigaciones mucho más voluminosas como corrupción, homicidios, femicidios y violaciones, entre otras.

Uno de los objetivos es crear una figura intermedia entre los fiscales generales y funcionarios para que puedan ir en representación del MPF a los debates.

Ayer había un acuerdo avanzado para que esta ley sea tratada y aprobada en la sesión de hoy, así lo informó el chubut.

Por otra parte, desde la Comisión de Hacienda se firmaron despachos para aprobar convenios de tres áreas naturales: Punta Norte, Punta Tombo y Piedra Parada. Esto permitirá un manejo en conjunto entre Provincia, el Entretur, la  Universidad Tecnológica y una fundación.

Las diligencias tienen el objetivo de identificar a los autores de los desmanes, detectar quienes fueron las personas que participaron en los hechos para realizar las correspondientes imputaciones y someterlos al proceso jurídico.

La Fiscalía de Rawson continúa con el análisis de toda la información y filmaciones que se hallan recogiendo con el fin de identificar a los autores responsables, tras los incidentes producidos entre las últimas horas de la noche del pasado 17 de septiembre y las primeras horas de la madrugada del día siguiente, que dañaron los edificios de la Legislatura de la Provincia del Chubut y la Casa de Gobierno.

Paralelamente se adoptaron medidas para cuantificar la entidad y magnitud de los daños que se produjeron, además de analizar datos y filmaciones obtenidas de fuentes propias, medios periodísticos, redes sociales de acceso público y de la División de Investigaciones Policiales de Rawson. Resta aún analizar los videos obtenidos por las cámaras de seguridad localizadas en la vía pública y de filmaciones del sistema de seguridad de la misma Legislatura Provincial.

Cabe recordar que inmediatamente de producido los desmanes, el fiscal general Fernando Rivarola en carácter de jefe de la Fiscalía de Rawson, tomó la decisión de iniciar una investigación de oficio y junto al fiscal general Osvaldo Heiber y el funcionario de fiscalía de turno al momento de los incidentes, Leonardo Cheuquemán, recorrieron ambos lugares de los incidentes.

La investigación tiene el número de legajo 20.420 y está a cargo de la fiscal general Florencia Gómez.

Por otro lado la fiscalía de Rawson solicitó la colaboración de la población en la investigación. Cualquier ciudadano que tenga información, material fílmico, fotográfico o que pueda aportar algún testimonio sobre el hecho, se podrán acercar a la fiscalía de Rawson ya que su aporte será de interés, así lo informó el chubut.

Desde ayer comenzaron los trabajos de limpieza y mantenimiento en Legislatura en Rawson. Se busca acondicionar mínimamente el edificio para que las tareas se puedan reanudar la próxima semana. El polvo y el hollín sobre el ingreso se expanden por todos los sectores e impiden la realización de cualquier tarea.

Los operarios de mantenimiento iniciaron el levantamiento de los escombros que quedaron del cielorraso, y llevarán adelante una limpieza general. Sin embargo, el acceso principal estará inhabilitado al menos tres meses.

Del mismo modo, tampoco se podrá sesionar en el recinto al menos durante un mes, a la espera del informe técnico sobre el estado en que se encuentra la loza que funciona como el piso del recinto, luego del incendio.

El intendente de la Legislatura, Jorge Evia, que coordina a todo el personal de mantenimiento y administra los fondos, estimó que la reconstrucción del parlamento tras los daños costará alrededor de 16 millones de pesos, prácticamente el doble que lo que demandará para Casa de Gobierno.

“El hollín está afectando a todo el edificio. Adelantamos parte del trabajo, que es lo más grueso. Sacamos el hollín y hay que ver las resoluciones de presidencia y el análisis técnico de ingeniería en la parte de afuera de Legislatura”, explicó Evia.

Imposible

Respecto al estado en el que quedó el recinto tras el fuego, afirmó que “de ninguna manera se podrá sesionar ahí por un mes al menos. Además tenemos que tener el informe de ingeniería de la Universidad, donde hay un grupo de ingenieros haciendo el diagnóstico. Esto va a llevar un proceso también administrativo y tienen que dar el OK para que esto esté 100% normalizado”.

“En cuanto al funcionamiento de la Cámara, es imposible porque el hollín que subió del incendio fue directamente a la Cámara -subrayó-. Afectó la parte de sonido, el equipamiento y las cortinas”, así lo informó Diario Jornada.

Están trabajando albañiles, pintores, electricistas. Un cuerpo de doce personas afectadas a todo el edificio. “Cambiar pisos, revisar las cañerías de polipropileno que da la calefacción, instalaciones nuevas, poner el cielorraso y tenemos que contar con luminaria nuevo”.

Además de las tareas de embellecimiento y servicios, cámaras, instalaciones eléctricas, cañerías de agua, entre otras disposiciones.

La denuncia que presentará Provincia está dirigida a Santiago Goodman, Marcela Capón y la Atech como sindicato, para que paguen los costos de las reparaciones a los edificios de la Legislatura y Casa de Gobierno. Aseguran que esta presentación exhibe “la persecución” a los trabajadores.

“Siguen persiguiendo a los trabajadores y no se hacen cargo de nada”, fue el planteo de una dirigente docente a diario EL CHUBUT en torno a la intención manifiesta de la gestión de Mariano Arcioni para que paguen por los destrozos en los dos edificios históricos de la Provincia.

El ministro de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos del Chubut, Gustavo Aguilera, luego de recorrer las instalaciones de Casa de Gobierno y la Legislatura la semana pasada, ya había adelantado que los trabajos serían arduos por la profundidad de los destrozos causados.

El día 20 de septiembre, ya se había adelantado que Fiscalía analizaba presentar una demanda y que se habrían identificado a algunas personas que participaron de los ataques.

El ministro coordinador, Federico Massoni, volverá a pedir la Banca 28 a la Legislatura para debatir con los diputados sobre las causas de la crisis que atraviesa la provincia. La oposición ya rechazó el pedido esgrimiendo que es el gobernador Mariano Arcioni quien debería dar las explicaciones en el recinto.

La negativa la firmaron los diputados Blas Meza Evans (PJ-FPV), Florencia Papaiani (Frente de Agrupaciones) y Eduardo Conde (Cambiemos).

Desde el entorno de Massoni confiaron que los opositores pasaron por alto que la Constitución del Chubut permite a los ministros asistir a las sesiones de la Legislatura «cuando lo crean conveniente y tomar parte en sus discusiones, pero no tienen voto», según reza el artículo 160.

Massoni se valdría de este artículo para concurrir a la Legislatura, cuando se reanuden la sesiones, decidido a exponer sobre «la corrupción estructural» y las «responsabilidades políticas» que él entiende que derivaron en esta crisis, como declaró públicamente días atrás. Las sesiones podrían reanudarse en el Tribunal de Cuentas u otro edificio, debido a los destrozos en la Legislatura.

AMPLIAR EL DEBATE

La semana pasada, Massoni presentó la solicitud de la Banca 28 al presidente de la Cámara, José María Grazzini, y desafió públicamente a los legisladores a que le respondan una serie de planteos que él también tenía preparados para hacerles. «Yo también quiero hacerle planteos a muchos de los diputados que se llenan la boca acá. Pongámosle el cascabel al gato y hablemos de las realidades que tiene la provincia de Chubut y la forma que tienen de hacer política muchos», dijo el ministro en aquella oportunidad.

Cabe recordar que Massoni había sido convocado a una interpelación para dar explicaciones sobre el desalojo de los petroleros a docentes que se manifestaron en las rutas 3 y 26 en Comodoro Rivadavia.

En declaraciones a la prensa, Massoni repuso en su momento que «tengo muchas cosas que decirles en cuanto a la responsabilidad de los jueces, de los diputados, de los actos que se llevan adelante, hablemos de todo, de designaciones, de sueldos, de políticas que se quieren emplear».

En su diagnóstico de la crisis, Massoni no dudó que «hay una corrupción estructural que llegó a la raíz y esto es lo que nos hace explotar», y esto es lo que pretende llevar al recinto desde la Banca 28.

El ministro coordinador había adelantado ya que el Gobierno está tomando medidas para terminar con los desmanejos en todos los poderes del Estado, que incluyen rigurosos controles a docentes, auxiliares, empleados legislativos, municipios y el propio gobierno.

Indican que todavía hay presencia de hollines tóxicos en suspensión en todo del edificio, y se evitará usar el recinto de sesiones hasta que se verifique la resistencia de la losa, que estuvo expuesta a más de cuatro horas de llamas directas por las maderas y neumáticos encendidos durante la manifestación del martes por la noche.

Luego de las evaluaciones técnicas de peritaje estructural integral del edificio de la Legislatura del Chubut, tras haber sido afectado por las llamas en la noche del martes pasado, el Vicepresidente 1° a cargo de la Presidencia, José María Grazzini, acompañó a la arquitecta Patricia Beichara y al jefe de intendencia de la casa, José Hebia, a realizar una evaluación de las consecuencias estructurales y mobiliarias, para disponer las medidas de remediación de los daños registrados.

Además de requerir el resultado final del informe técnico que permita responder los interrogantes sobre el estado en quedó la estructura y dimensionar la afectación de las llamas sobre la mampostería del edificio, Grazzini solicitó establecer con ello las secuelas sobre su resistencia para que prontamente se defina con certeza las posibilidades de rehabilitación al funcionamiento de las instalaciones, a la par de precisar directrices organizacionales de los procedimientos de limpieza, reparación y refuncionalización.

Abundante presencia de hollines tóxicos

Durante la recorrida, el diputado Grazzini, a cargo de la Presidencia de la Legislatura, recibió recomendaciones de cautela en el uso del edificio debido a la muy abundante presencia de hollines tóxicos en suspensión en la totalidad del edificio, y de evitar la utilización del histórico recinto de sesiones hasta que se pueda verificar fehacientemente los índices de resistencia de la losa sobre la cual se asienta, pues estuvo expuesta a más de cuatro horas de llamas directas de maderas y neumáticos encendidos por debajo, asì lo informò ADN Sur.

En otro tramo de la tarea, acompañados en este caso por el responsable de Seguridad de la Legislatura, Fernando Hernández, y del Jefe de Mayordomía, Pablo Ramírez, las autoridades pusieron de relieve el hecho de que, a pesar de las severas consecuencias en el interior del edificio, el Archivo Histórico Provincial no alcanzó a ser afectado, por lo que la totalidad de los documentos que forman parte de la historia de la provincia se han salvado a pesar de su proximidad al epicentro en el que se desarrollaron las principales acciones esa madrugada.

Los trabajadores permanecen con el reclamo y confirmaron que están yendo a visitar a los diputados a sus casas. «Nosotros somos pacíficos, vamos con respeto porque hay que sentarse y dialogar, esa es la solución”, dijo uno de los referentes a ADNSUR. Y explicó que solicitan avanzar con la Ley tributaria extraordinaria y el pedido de juicio político al gobernador Mariano Arcioni.

Un grupo de trabajadores estatales de la provincia del Chubut, llevan adelante un acampe frente a la Legislatura en la ciudad capital. Solicitan a los diputados que sesionen para aprobar la Ley tributaria extraordinaria, y que se avance en el pedido de juicio político al gobernador Mariano Arcioni.

Desde el acampe, Fernando Corrieri, uno de los referentes, dialogó con ADNSUR y explicó: “Queremos que los diputados sesionen, ayer (jueves) hicimos una nota y solicitamos a la legisladora (Jacqueline) Caminoa que sesionen para el juicio político a Arcioni y Massoni”, dijo. Y agregó que solicitan además “una transparencia de las cuentas, respuestas a la infraestructura escolar y que hagan una ley para que no cobremos más escalonado”.

Asimismo, planteó la necesidad de aprobar la Ley tributaria extraordinaria: “La legislatura tiene que avanzar para cobrar impuestos a las grandes empresas y poder resolver la cuestión salarial, la obra social y generar fondos para  las escuelas y hospitales”, detalló.

DIPUTADOS PIDIERON CUSTODIA  

Corrieri además reconoció que el grupo de trabajadores está yendo a visitar a los diputados provinciales a sus casas, algo por lo que algunos legisladores ya pidieron custodia policial. “Que piden custodia policial es un miedo de ellos, eso habla de que ellos están actuando mal, nosotros somos pacíficos, vamos con respeto, planteamos nuetsros puntos con una nota. Hay que sentarse y dialogar, esa es la solución”, dijo.

Por su parte, Raúl Allen, delegado de Escuela 720, agregó que piden la presencia de los diputados: “Cuando estan de campaña recorren las calles, nosotros los estamos esperando en la puerta de la legislatura, y hasta ahora no ha arribado nadie”.

En una jornada marcada por innumerables versiones oficiosas y rumores de pasillo, en medio de gran hermetismo por parte de los protagonistas que eligieron no atender sus teléfonos mientras participaron de extensas reuniones, finalmente la Legislatura no pudo llevar adelante la sesión prevista para este jueves, debido a que no se permitió a nadie el ingreso al edificio legislativo que, luego de los serios incidentes de la madrugada del miércoles, sufrió severos daños y fue totalmente bloqueado en todos sus accesos.

Más allá del intento de un grupo de diputados del PJ y de Cambiemos que -ante el estado deplorable del recinto de sesiones que este miércoles anticipó ADNSUR– pretendían sesionar en el auditorio como lugar alternativo, las autoridades que quisieron ingresar a su lugar de trabajo esta mañana se encontraron con la prohibición por parte del personal policial, que junto a empleados de la casa habían colocado chapas de zinc en todos los accesos. La única puerta habilitada para el ingreso era la más pequeña que da a la parte posterior, que cuenta con una fuerte reja de seguridad, que no pudieron sortear ni siquiera los secretarios de la Cámara.

Mientras los diputados evaluaban afuera del edificio las medidas a tomar, en el interior trabajaron todo el día en las pericias los especialistas del área de Criminalística de la policía y también se dijo –aunque durante la jornada no concurrieron- que iban a convocar a ingenieros y arquitectos de la UNPSJB para que realizaran un relevamiento sobre los daños en la estructura del recinto. Como solución momentánea, la idea de los diputados fue contratar a una empresa privada que limpie el hollín acumulado, especialmente en el auditorio, pero debió ser abortada ante esta prohibición estricta de la policía. El lugar en estos momentos es una especie de “escena del crimen” al punto que el Ministerio Público Fiscal inició una investigación, para lo cual pidió entre otras cosas, las imágenes de las cámaras de vigilancia.

El aspecto de la Legislatura luego de los desmanes impresiona porque todos los espacios muestran una capa de hollín de varios centímetros, no sólo en la Sala de Sesiones y en el Salón de los Pasos Perdidos, que fueron las zonas más afectadas, sino también en cada una de las oficinas y dependencias de las tres plantas.

Quienes pudieron ingresar al lugar, aseguran que llevará varios días dejar el edificio en condiciones, y agregan que encima se debió apagar el sistema de calefacción central y las calderas, por lo que la indicación de las autoridades del gremio Apel es que no ingrese ningún empleado al lugar hasta que no esté garantizada la seguridad del personal de la casa.

UN PEDIDO DE JUICIO POLITICO QUE NO EXISTE

Más allá del problema del edificio, hay que tener en cuenta que el personal legislativo se encuentra de retención de servicios.Después de los terribles acontecimientos de la noche del martes, diputados del PJ mantuvieron contacto con el gremio y según comentaron a este portal, contaban con el aval del gremio en aportar personal para sesionar si la idea era dar ingreso a un pedido de juicio político contra el gobernador Mariano Arcioni.Esta posibilidad se barajó en reuniones que se realizaron en los domicilios de distintos integrantes del bloque del PJ, en los cuales también participaron referentes de Cambiemos.

Durante el miércoles se estuvieron pidiendo los listados de integrantes de las Salas de Acusar y de Juzgar, para empezar a “porotear” con los posibles votos de los integrantes, y ver si están dadas las condiciones para que avance un proceso de este tipo contra el gobernador, que como se sabe, requiere de una mayoría especial de dos tercios para abrir a un proceso de debate, y un número mayor aún para lograr la suspensión en el cargo.

Más allá de estas elucubraciones, lo extraño es que nadie –o muy pocos en realidad- conocen cuál es el pedido concreto de juicio, que debería estar expresado de acuerdo a las causales de mal desempeño que marca la Constitución. Según dijeron varios diputados a ADNSUR, no conocen el pedido pero“sería de un grupo de ciudadanos y gente de Rawson”, quienes habrían contado con algún asesoramiento legal, y lo habrían acercado a la Presidencia de la Cámara.  

Mientras algunos legisladores hablaron con determinados medios de comunicación, creando la expectativa de una inminente suspensión de Arcioni en el cargo, lo concreto es que si hoy hubiera habido sesión, el único trámite que podrían haber realizado los diputados es darle ingreso al pedido de juicio político, para que tome estado parlamentario, y enviarlo así a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que luego deberá evaluar las condiciones de admisibilidad.Cumplido este paso, el pedido es derivado a la Sala de Acusar, la que debe conformar de su seno a una comisión investigadora con 5 diputados, los que tiene a su cargo realizar una instrucción sumaria para elevar un dictamen, es decir, un proceso que lleva bastante tiempo.

LAS ALTERNATIVAS

La pregunta que muchos se hacen es si –más allá del reclamo de una gran cantidad de ciudadanos- tiene sentido iniciar un proceso de este tipo contra un gobernador que el 10 de diciembre está legitimado por las urnas para asumir un nuevo mandato por cuatro años. Y la respuesta, que se está analizando en estas largas reuniones desde ayer, es si está abierta la posibilidad no sólo de destituir a Arcioni, sino de inhabilitarlopara ejercer cargos en el futuro.

Los diputados estuvieron analizando junto a especialistas en Derecho Constitucional, la redacción del artículo 207 de la Constitución Provincial, que según el abogado que lo interprete, deja dudas al expresar que ese tipo de sanción punitiva deberá correr por cuenta de la justicia ordinaria, la que deberá tomar una definición de ese tipo luego de un juicio oral y público. La pregunta es si la carta magna otorga a los legisladores sólo la potestad de hacer un juicio político y destituir a un funcionario,o también la de prohibirle volver a ocupar un cargo en el futuro.

Por otra parte, hay diputados que miran con entusiasmo la Ley de Juicio Político que reglamenta la manera en que debe llevarse adelante el proceso, que al parecer les abriría algún resquicio legal para avanzar en una inhabilitación para ocupar el cargo, lo que abriría una batalla legal en caso de producirse.

De todos modos, en medio de estas reuniones ultra secretas que no dejan a los participantes responder una llamada de la prensa, los integrantes del bloque oficialista aseguran que el gobierno cuenta con la suficiente cantidad de votos propios como para evitar consecuencias de este tipo, y que más allá de la voracidad y el oportunismo de diputados de la oposición, no cuentan con las voluntades necesarias para lograr la mayoría de dos tercios requerida.

LAS DUDAS

Una diputada del PJ que atendió a esta columna admitió cuáles son las dudas de la oposición, que pasan por un lado, en preguntarse si este reclamo es realmente de la mayor parte de la población o sólo de un pequeño microclima que se acerca a Rawson pero no representa a toda la ciudadanía. En ese sentido, reconocía que habían estado consultando los resultados de la convocatoria de firmas que vía correo electrónico había logrado 35 mil voluntades para destituir al gobernador en las últimas horas, aunque admitió que eso no implica que sean personas empadronadas. Esto en referencia al artículo 264 de la Constitución, que alude ala revocatoria de mandatos con el 20 % de las personas empadronadas, algo que en Chubut sería equivalente nada menos que a 90 mil firmas.

Otras de las preguntas que se hacen los diputados de la oposición en estas largas reuniones es si un juicio político traería alguna solución, pensando en el famoso “día después”, como lo graficó la legisladora, en referencia a que quizás una suspensión del mandato pueda acallar un poco el reclamo, pero los fondos para pagar los sueldos seguirían sin aparecer.

En medio de este clima de tensión, un nuevo acampe se montó en las afueras de la Legislatura,de manifestantes estatales que esperan que los diputados hagan algo para revertir el rumbo de las decisiones del gobierno. Ante los ánimos enardecidos de la gente, hay legisladores que admiten tener temor de que vuelva a ocurrir un estallido, y que el público pueda querer ingresar y agredirlos físicamente. Por lo pronto, el edificio no estará en condiciones por varios días, mientras el personal continúa con las medidas de fuerza. Paradójicamente, la bronca de la gente y los atentados contra el edificio, terminaron impidiendo que la Legislatura pudiera avanzar en alguna medida concreta, y dieron un alivio temporal al Ejecutivo, informó ADN SUR.