Tag

Legislatura de Chubut

Browsing

Los Proyectos de Ley sancionados establecen en la justicia local el tope de embargabilidad a los honorarios de los abogados, procuradores y auxiliares de justicia en particular, y modifican la aplicación del instituto de la caducidad de instancia en nuestro ordenamiento procesal.

En la última sesión de la Honorable Legislatura de Chubut se aprobaron dos proyectos presentados por el Presidente de Bloque Chubut al Frente, Diputado Juan Horacio Pais, los cuales tuvieron dictamen favorable de comisión y el acompañamiento en el recinto.

El Proyecto 021/20 adhiere a la Ley Nacional 27.423 en su artículo 3, que regula los honorarios de profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la justicia.

El artículo al cual se adhirió expresa que “La actividad profesional de los abogados y procuradores y de los auxiliares de la Justicia se presume de carácter oneroso, salvo en los casos en los que conforme excepciones legales pudieren o debieren actuar gratuitamente”.

Los honorarios gozan de privilegio general, revisten carácter alimentario y en consecuencia son personalísimos, embargables sólo hasta el veinte por ciento (20%) del monto que supere el salario mínimo, vital y móvil, excepto si se tratare de deudas alimentarias y de litis expensas.

“Los honorarios serán de propiedad exclusiva del profesional que los hubiere devengado”.

En tanto que también se aprobó el proyecto por el cual se sustituyeron dos artículos de la Ley XIII N° 5 “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Chubut”, los cuales regulan la forma en la que se sustancia y opera la caducidad de instancia en los procesos judiciales civiles y comerciales en el territorio provincial.

En ese marco, la nueva redacción de los artículos 318 y 319 establece la intimación por única vez y por el término de cinco días previo a que se decrete la caducidad de instancia, señaló El Comodorense.

En la sesión que se realizó ayer en la Legislatura de Chubut, se aprobó un pedido de informes ante el ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni. Puntualmente, se le piden explicaciones al funcionario por sus dichos sobre la situación del narcotráfico en la localidad de Trelew.

El titular de dicha cartera dijo días atrás que en la ciudad valletana hay “un transa por cuadra” y también apuntó que éstos tienen vínculos con autoridades judiciales, legislativas y también del Poder Ejecutivo. Esto rápidamente tuvo consecuencias, recordando que desde el Ministerio Público Fiscal se impulsó una medida para que el ministro pueda dar los detalles correspondientes.

En esta misma sintonía, los diputados provinciales aprobaron ayer un pedido de informes impulsado por el Frente de Todos. En este sentido, María Belén Baskovc dijo también que las declaraciones de Massoni en donde dijo que en Trelew había una “delincuencia estructural” son “estigmatizadoras”.

Estigmatizador

Por su parte, la legisladora Leila Lloyd Jones también cuestionó al ministro de Seguridad y recordó los casos de violencia institucional en el barrio Inta. “Massoni se ha dedicado a estigmatizar a los más pobres, esa es su política de seguridad”, apuntó la diputada provincial.

Ante las últimas declaraciones del ministro de “un tranza por cuadra”, Lloyd Jones se preguntó: “¿De dónde saca semejante información?”. También cuestionó las actuaciones de Massoni durante el tiempo que estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad.

Al respecto, la legisladora indicó que “tiene que denunciar con nombre y apellido estos hechos, porque si no son títulos que le hacen muchísimo daño a la política y fomenta el odio a los sectores más humildes de Trelew”.

Hasta el momento no hay ninguna garantía de que mañana martes se vaya a realizar la sesión especial convocada para las 12 con un único punto en el Orden del Día, que es la ratificación del convenio de asistencia financiera por 5 mil millones de pesos firmado entre Chubut y el gobierno nacional, por lo que peligra el depósito de los haberes pendientes de marzo y abril para este viernes.

A pesar de las reuniones mantenidas esta mañana entre funcionarios del Ejecutivo y el titular de Apel, Ángel Sierra, no hubo acuerdo y se mantiene la medida de fuerza originada por la demora en el pago de haberes, ya que la gran mayoría del personal de Legislatura está incluido en el cuarto rango, y no ha cobrado aún los salarios de marzo.

Durante la mañana las negociaciones parecían encaminadas, ante el compromiso del gobierno de depositar el viernes lo pendiente de marzo y de aprobar en la sesión una ley que autorice al vicegobernador Ricardo Sastre a utilizar fondos que tiene asignados a funcionamiento -bienes y servicios- para que sean destinados a salarios y poder cancelar el martes los haberes de abril al personal de planta permanente. A pesar de este compromiso, en un audio enviado a sus compañeros de Legislatura, Sierra dijo hace instantes que considera que no tiene garantías suficientes de seguridad en fecha de pago, por lo que mañana no concurrirán a trabajar y no prestarán colaboración.

Ante este panorama, resta saber si las autoridades de la Legislatura resuelven sesionar sin personal -una versión que circula en estas horas y que no se descarta, pero que ya ha sido dicha y desmentida infinidad de veces- o en todo caso, ver el resultado de la reunión convocada mañana a las 10 por el secretario general de Gobierno, Andrés Meiszner, quien citó en su despacho a los presidentes de los tres bloques, Juan País, Adriana Casanovas y Manuel Pagliaroni. El objetivo es ver si consensúan un proyecto final para acercar al gremio y se logra destrabar la medida a último momento.

Será un martes de intensas negociaciones en el que peligra un trámite legislativo clave para pagar los sueldos pendientes que esperan miles de estatales. En todo caso, un vocero del gobierno expresó a ADNSUR que si esto no ocurre «no será culpa nuestra», en alusión a que el resto de los trabajadores deberá quejarse ante sus colegas legislativos por impedir el tratamiento de la ley de ratificación del convenio con el Fondo Fiduciario.

La Legislatura de Chubut en la última sesión aprobó la aplicación de juicios por jurado, iniciativa que se impulsó en reiteradas oportunidades desde la década del 2000. De esta forma, la provincia volverá a sus orígenes, ya que en 1865 los inmigrantes galeses, que luego fundaron Rawson y Gaiman, pusieron en práctica este sistema de juzgamiento para delitos menores y graves, desde debates por dinero y separaciones hasta homicidios.

En una vitrina del Museo Histórico Regional de Gaiman se encuentra el libro de actas que registra los primeros casos de juicios por jurado que tuvo Chubut, sistema que ahora se volverá a implementar a partir del proyecto de ley que aprobó la Legislatura provincial en su última sesión.

Se trata de un libro de 172 páginas que contiene actas de los juicios que hubo entre 1872 y 1880. En el mismo se nombra a los jueces que intervinieron y también a los jurados involucrados; los veredictos por unanimidad o mayoría; y los nombres de los demandantes y demandados, entre ellos colonos, sus descendientes, habitantes originarios y miembros de tripulaciones nacionales y extranjeras que llegaban a la zona.

Según indica el sitio peoplescollection.wales, que guarda una copia digital del documento, la mayoría se relacionan con delitos menores, desde fraudes hasta robos pero también homicidios, como el caso de Louis de Pourier, quien fue declarado culpable de asesinar a Charles Lymm, y fue castigado con las leyes argentinas.

Fabio Trevor González, el encargado del museo, explicó a ADNSUR que el libro está escrito en gales y si bien está bastante completo le faltan algunas partes de lo que es el original.

En el Museo de Gaiman se encuentra el libro de actas original que guarda la historia galesa de los juicios por jurado.

Mucho más que inmigrantes

El juicio por jurado funcionó en el territorio provincial al menos hasta 1884, cuando se creó el Territorio Nacional del Chubut, indica el trabajo “Chubut Siglo XIX: una década del juicio por jurados” del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.

El sistema de juzgamiento lo impulsaron los colonos galeses que en 1965 se asentaron en Rawson y Gaiman, y dieron vida institucional a un territorio huérfano de normativas.

Ellos crearon su propio gobierno compuesto por 12 personas y un presidente, quien sería el gobernador de la colonia.

Para controlar los delitos dieron vida a un tribunal de Justicia y un Tribunal de Arbitraje, herencia de la tradición judicial anglosajona, con la elección de un juez y un jurado. El primer organismo estaba integrado por doce personas y el segundo por cinco, en virtud que se utilizaba para pequeños litigios que se daban dentro de la vida social de la colonia.

Según la Ley de administración de justicia, que los propios colonos sancionaron el 18 de octubre de 1873, se necesitaba que dos tercios del jurado estén de acuerdo para que haya sentencia.

Pero todo comenzó a cambiar en 1878 con la sanción de La ley nacional N° 954 que creó la Gobernación de la Patagonia con asiento en Viedma. Ese fue el primer paso para la institucionalización argentina de este territorio, lo que terminó de consolidarse en 1884 con la sanción de la ley N° 1532 que creó el Territorio Nacional del Chubut.

Esa normativa permitió a los pobladores elegir sus primeras autoridades municipales, y que se consolidaran las instituciones nacionales, con la aplicación, en el caso de la Justicia, del Código de Procedimientos en lo Criminal que regía en el país.

En 8 provincias argentinas ya se implementan los juicios por jurado.

Volver a los orígenes

Lo cierto es que la aplicación de los juicios por jurado se debate en la provincia desde inicios del 2000, cuando en Chubut se comenzó a trabajar en una reforma del Código Procesal Penal y su sistema acusatorio, que finalmente se aprobó en 2006.

En ese momento también se impulsó la aplicación de los juicios por jurados, que está contemplado dentro de ese nuevo Código Procesal, pero la Legislatura difirió de la sanción del anteproyecto que acompañaba al del Código.

Luego hubo otros intentos para aprobarlo e incluso en 2010 había dos anteproyectos: uno oficial impulsado por el entonces fiscal de Estado, Diego Carmona y otro avalado por el Consejo de Fiscales, pero ambos fueron desechados.

Ahora, la provincial volverá a sus origines y se sumará a las 8 provincias donde se implementan los juicios por jurado: Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro y San Juan. El proyecto fue aprobado por unanimidad y los debates se implementarán a partir de 2021.

Desde la mañana de este martes, los diputados provinciales sesionan para aprobar la incorporación de 19 empleados de Genneia al Ministerio de Infraestructura y tratarán una readecuación de partidas.

Los diputados provinciales de Chubut consiguieron quórum y están sesionando este martes a la mañana en la biblioteca de la Legislatura en un horario extraordinario, ya que el gremio Apel realiza una retención de servicios desde las 11.

Tratarán proyectos solicitados por el gobernador Mariano Arcioni: uno es la compensación de partidas para las elecciones generales del 27 de octubre, cercana a los 7 millones de pesos; y otro será el traspaso de 19 empleados que estaban bajo órbita de Genneia al área de Servicios Públicos, que depende del Ministerio de Infraestructura, así lo indicó ADN Sur.

La oposición había mencionado que no otorgará los «superpoderes» que solicitaron el gobernador Mariano Arcioni y el ministro de Economía, Oscar Antonena.

Se trata de la sesión especial que había solicitado el Ejecutivo provincial con el fin de incorporar a 19 empleados de Genneia al Ministerio de Infraestructura y tratar una readecuación de partidas. Deben reunir a 14 diputados para obtener el quórum. Sería antes de las 11 de la mañana, ya que a esa hora, comienza un paro de APEL.

Según pudo confirmar esta agencia de noticias, los legisladores provinciales de Chubut, sesionarían este martes a la mañana. Si bien el horario no está definido, sería antes de las 11, ya que a esa hora comienza otro paro de la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL).

Durante la sesión tratarán la incorporación de 19 empleados al área de Servicios Públicos y la readecuación de partidas.  «Son 19 cargos destinados a las centrales de Río Mayo y Gobernador Costa», señaló el Subsecretario de dicha cartera, Sergio Ramón, y explicó que «en su momento, en el inicio de la compañía energética, el contrato decía que una vez devuelta las centrales a la provincia, se volvería con el personal  a la misma situación».

En este sentido, dijo que «para que se reincorporen a la provincia necesitamos la creación de esos 19 cargos», y agregó: «venimos realizando audiencias de conciliación presididas por el doctor Vivas con la firma Genneia donde estamos acordado el traspaso final de las centrales».