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Las historias de mujeres que murieron a causa de abortos clandestinos son contadas en redes sociales como parte de las actividades organizadas  para su reclamo hoy, a dos años del rechazo del Senado a la Ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), mientras barrios porteños y ciudades el país amanecieron con carteles con la consigna ‘Aborto legal 2020’ .

«Denunciamos cada obstaculización, atentado y abuso contra nuestros derechos desde el 8A. Detrás de esas violencias hay historias de vida y hoy las recordaremos durante todo el día», escribió en su cuenta de Twitter la Campaña Nacional en reclamo por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Los hashtag #AbortoLegal2020 y #AbortoLegalYa son tendencia hoy en esa red social. «Tenemos historia, genealogía feminista y somos el futuro. Seguimos exigiendo al Estado una Ley que garantice el acceso a nuestra salud sexual y (no) reproductiva. Por nosotras, nosotres, por nuestras hermanas y amigues. #AbortoLegal2020», continuó la Campaña.

Y agregó: «Seguimos exigiendo ciudadanía efectiva, justicia social y una Ley que salvará y mejorará nuestras vidas, que reconocerá nuestros proyectos y una apuesta colectiva para las nuevas generaciones. Es ahora, es nuestra revolución: #AbortoLegal2020», enfatizó.

«En toda América Latina y el Caribe luchamos en reclamo por aborto libre, legal, seguro y gratuito. Por no más muertas ni presas y por nuestras vidas, salud y libertad. ¡Somos marea y estamos destinadxs a vencer! Sumate a la Campaña en tu país, es ahora: #AbortoLegal2020», agregó la Campaña.

El 8A hace mención al 8 de agosto de 2018 cuando el proyecto de ley de aborto legal que había sido aprobado previamente en Diputados, fue rechazado en el Senado con 38 votos en contra, 31 a favor, dos abstenciones y una ausencia.

Además de la Campaña miles de personas, organizaciones sociales, políticas y sindicales, funcionarios de distintas áreas de gobierno y legisladores se sumaron al reclamo para que el Congreso apruebe este año la Ley ILE,

En tanto, esas mismas plataformas difundían las historias de mujeres que murieron a causa de abortos clandestinos.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gomez Alcorta, expresó a través de su cuenta en la red social twitter @EliGAlcorta que «hace dos años, en el Senado se rechazó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Su aprobación es una deuda con las mujeres y personas gestantes. Seguimos luchando por este derecho porque sabemos que no hay igualdad posible sin la autonomía sobre nuestros cuerpos».

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza sostuvo en su cuenta de twitter @mayrasmendoza: «hace dos años el Senado rechazaba el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Este proyecto continúa siendo una deuda de la democracia para con los cuerpos gestantes que debemos tener el derecho a decidir. Más temprano que tarde #SeráLey #AbortoLegal2020».

Amnistía Internacional Argentina publicó también en twitter «Corazón verde Hoy se cumplen 2 años de un momento histórico, a partir del cual la #MareaVerde no hizo más que crecer. Ahora le toca a Argentina sumarse a los países que dijeron ADIÓS al aborto clandestino #ArgentinaPorAbortolegal #AbortoLegal2020 #SeráLey».

La presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, tuiteó: «hace 2 años el @SenadoArgentina rechazaba la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Hoy, nuestro pedido sigue siendo el mismo: #AbortoLegal2020 A la clandestinidad no volvemos nunca más! #QueSeaLey».

El diputado nacional Leonardo Grosso tuiteó: «Somos un gobierno que llegó para ampliar derechos. Por eso, este tiene que ser el año de sacar a las mujeres de la clandestinidad y hacer de la irrupción legal del embarazo, un derecho para todas. #AbortoLegal2020».

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti tuiteó: «mientras debatíamos en el Senado la Interrupción Voluntaria del Embarazo, miles de pibas tomaban las calles y las plazas de todo el país. Como ellas, yo también esperaba otro resultado. A dos años, seguimos luchando por nuestro derecho a decidir. ¡Que sea Ley! #AbortoLegal2020».

Una de las senadoras que votó a favor, Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer, dijo a Télam que la ley «tiene que salir porque no pueden seguir muriendo mujeres y que no actuemos. Ojalá que este sea el año del acceso al derecho».

Uno de los textos que acompañan las actividades online de este año de la Campaña refiere a que la clandestinidad «mata».

Para Durango, el revés en el Senado de hace dos años «no es una derrota, por el contrario, mas allá del resultado, seguimos militando para que este año lo aprobemos, confiadas en la promesa del Presidente».

También grupos que se oponen al derecho decidieron que el 8 de agosto sea el Día Internacional de Acción por las dos Vidas y anunciaron manifestaciones en distintas ciudades del país y acciones online.

La funcionaria dijo que el objetivo es impedir las «muertes evitables de mujeres» que suceden en abortos clandestinos. El proyecto aún no tiene fecha para ser enviado al Congreso Nacional.

Para Ibarra «hoy estamos en el peor de los mundos, porque los abortos suceden en cientos de miles».

La secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, aseguró que el proyecto del Gobierno para legalizar el aborto «está listo», y que el objetivo del mismo es impedir «muertes evitables de mujeres», ya que hoy se atraviesa en el tema «el peor de los mundos».

«Está listo el proyecto de legalización del aborto, y en el tema está todo bastante inventado y debatido. En ese sentido, lo ha expresado el Presidente (Alberto Fernández) mucho mejor que yo, queremos evitar muertes de mujeres evitables», afirmó Ibarra.

En esa línea, expresó que «hoy estamos en el peor de los mundos, porque los abortos suceden en cientos de miles», además de apuntar que «las mujeres mueren en abortos clandestinos, amenazadas de ir a la cárcel”.

La funcionaria no adelantó la fecha en la que se enviará la iniciativa al Congreso, pero insistió en que la intención oficialista es «cambiar ese estado de las cosas, que sucedan la menor cantidad de abortos, por eso creemos mucho en la ESI (Educación sexual Integral)».

Asimismo, destacó la ley de Matrimonio Igualitario en el país, la norma que reconoció en Argentina al matrimonio entre personas del mismo sexo, de la que hoy se cumplen 10 años, y de la que fue su principal impulsora.

“Sectores de homofobia aún hay, los vivimos, existen y se padecen mucho, pero creo que la sociedad argentina no es mayoritariamente así», indicó y subrayó que «hay sectores conservadores que tienen más resistencia a los cambios sociales, pero mayoritariamente la Argentina tiene una población muy atenta a los derechos”.


En ese sentido, la funcionaria rememoró que se dio «una batalla muy hermosa por esa ley, que no le hace daño a nadie, solo reconoció derechos que le habían sido negados a gente durante mucho tiempo».

Por otra parte, sobre la relación entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, opinó que, «por suerte, en democracia, cuando la gente elige le pone la lapicera en la mano a un Presidente, y, por supuesto, Cristina es una persona importante en este Gobierno, ella tenía un caudal de votos muy importante, y lo tiene».

«Es la famosa frase que decía Alberto ‘sin Cristina no se puede y con Cristina sola no alcanza’. Esta coalición que lograron hacer decidió nominar a Alberto Fernández como Presidente, y por suerte tiene un muy buen diálogo con una vicepresidenta que es una gran representante de un sector importante”, agregó.

Respecto de la situación de la agroexportadora santafesina Vicentin, la funcionaria sostuvo que «no es una política de este Gobierno la expropiación», y dijo que solo «es una medida que está dentro de las leyes y la Constitución».

Agregó que «ante una situación de posible pérdida de trabajo para muchos trabajadores, y con un alto poder en materia de agroexportación, se entendió que había que tratar de mantener las fuentes de trabajo».

Finalmente, admitió que ante «un grupo empresario con enormes dificultades económicas, con una sospecha muy alta de vaciamiento y con créditos muy altos tomados del Estado nacional, probablemente, no se pudo comunicar como correspondía lo que se quería hacer”, señaló Télam.

El presidente Alberto Fernández aseguró este miércoles que sigue «comprometido» con la legalización del aborto, y subrayó que la propuesta está «lista», pero no la presentó en el Congreso porque existen «otras urgencias» en medio de la pandemia por el coronavirus.

«Sigo comprometido con el tema del aborto igual que desde el primer momento», resaltó Fernández en declaraciones a radio Con Vos.

Según detalló, el Gobierno tiene una serie de leyes preparadas para enviar al Congreso desde el 1 de marzo, entre las que se encuentra la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

«Las leyes están preparadas, están todas listas desde el 1 de marzo. (El aborto) es una de esas leyes, está lista, preparada y no la hemos mandado porque estamos con otras urgencias», expresó el jefe de Estado.

Al ser consultado sobre cuándo se podría enviar el proyecto al Parlamento, Fernández indicó: «Cuando el Congreso esté en condiciones de tratarlo».

De esta forma, el Presidente volvió a darle aire al debate de la legalización del aborto, que había arrancado como uno de los temas de discusión del año, pero con la aparición del coronavirus quedó fuera de la escena.

El pasado 1 de marzo, al abrir el período de sesiones ordinarias del Congreso, Fernández anunció que mandaría una propuesta propia para permitir la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina.

Sin embargo, la escalada de la pandemia hizo que esa presentación se pospusiera de manera indefinida.

Además, el Congreso no sesionó desde que inició el estado de emergencia sanitaria y la posterior cuarentena obligatoria, y recién esta semana habrá un debate virtual en la Cámara de Diputados.

La legalización del aborto se discutió en el Parlamento en 2018, cuando obtuvo la aprobación de Diputados, pero luego fue rechazada en el Senado.

Integrantes de diversos colectivos favorables al aborto seguro, legal y gratuito se concentraron en distintas ciudades de la provincia donde cada persona desplegó un pañuelo verde para reclamar por la legalización del aborto.

A lo largo del país, pero también en España, Chile, República Checa, Ecuador y Venezuela, este miércoles se realizaron diversas actividades en diferentes colectivos le piden al Congreso la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

A pocos días de entregar el mando, el gobierno de Mauricio Macri tomó una decisión que promete controversia en materia de aborto: publicó en el Boletín Oficial una actualización del Protocolo de actuación para casos de interrupción legal del embarazo, contemplados por la ley actual, que entre otras cosas autorizan a las adolescentes menores de 15 años a abortar en hospitales públicos, por considerar que cursar un embarazo a esa edad constituye un riesgo de físico y psicológico para su salud. Además, quienes tengan entre 13 y 16 años, podrán hacerlo sin que se les pueda exigir la autorización de los padres, si se trata de un embarazo de menos de 12 semanas y de un aborto medicamentoso. No se está hablando sólo de adolescentes que hayan sufrido una violación sino de todas aquellas que hayan quedado embarazadas y decidan que no quieren seguir adelante.

La actualización se publicó hoy en el Boletín Oficial y es la primera vez que el protocolo figura en la legislación nacional. «Esto tiene una gran importancia, porque hasta ahora, sólo figuraba subido a la página de la Secretaría de Salud», explica a LA NACION Adolfo Rubinstein, secretario de Salud de la Nacion. «Es un gran avance porque reconoce los derechos que ya son ley, actualiza los criterios a lo que establece el Código Civil y termina con la posibilidad de interpretaciones libres sobre el texto acerca de las causales que autorizan la interrupción legal del embarazo, de modo que no puedan existir dilaciones ni que se judicialicen los casos», agrega. Además, dice Rubinstein, crea una marco normativo para que las provincias que todavía no adhirieron al protocolo lo hagan.

Cambios

El texto apunta cambios específicos. Por ejemplo, establece procedimientos a la hora de recibir una mujer embarazada en el sistema de salud. La pregunta sobre si ese embarazo amerita alguna de las causales de interrupción legal debe estar presente en la primera entrevista médica, y para todas las mujeres: «¿Existe causal para ILE? (riesgo para la salud física-mental-social o para la vida o violación)». A partir de entonces, se le deberá dar la orientación que corresponda. Además, se establece qué tipo de tratamiento se le debe dar a la embarazada según el grado de avance.

El protocolo contempla que los embarazos de menos de 12 semanas (en ocasiones hasta las 14) puedan ser abortos medicamentosos y ambulatorio, con control médico. De allí en adelante se evaluará el aborto con Misoprostol hospitalario. Aunque allí se incrementará la dosis, en gramos y en frecuencia. También se podrá combinar con otros métodos de intervención médica. Según dice el protocolo, «el tratamiento con mifepristona combinado con misoprostol es el gold standard para la interrupción medicamentosa de un embarazo».

«El nuevo texto redacta mejor los derechos de la mujer que interrumpe el embarazo, los amplía con más evidencia o respaldo por parte de las leyes. Expresa con más ahínco la causal salud. Que no es que la mujer se está muriendo sino que afecta al bien salud que es un bien biopsicosocial. Es muy importante. Cuanto más se escriba sobre estos puntos, más acceso van a tener las mujeres que interrumpen el embarazo», asegura el doctor Mario Sebastiani, miembro del comité de bioética del Hospital Italiano y autor del libro Aborto legal.

Números

Según los números que aporta el documento, en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año. «Estas cifras son estimativas ya que, por tratarse de una práctica mayormente clandestina, no se dispone de datos precisos. La única información oficial disponible al respecto de los abortos que se realizan en Argentina es el número de hospitalizaciones producidas en los establecimientos públicos por complicaciones relacionadas con abortos», dice.

Según datos disponibles, en el año 2015 se registraron 45.968 egresos hospitalarios por aborto. De ellos, 7.694 (16.7%) fueron egresos de adolescentes de 19 años y menos. En 2017 murieron en nuestro país 30 mujeres a causa de embarazos terminados en aborto. Dos de ellas eran adolescentes de 15 a 19 años, 8 eran jóvenes de entre 20 y 24 años y 8, de entre 25 y 29 años. En 2017, el 60% de las muertes por embarazo terminado en aborto correspondió a mujeres de 15 a 29 años.

Rubinstein explica que el protocolo habla de aborto hasta la semana 24. «Después de esa semana ya no se considera aborto», dice.

Niñas

«En las situaciones de embarazo en menores de 15 años debe considerarse siempre la posibilidad de acceso a ILE por riesgo para la salud o la vida», dice el protocolo.

Y a continuación detalla por qué se considera que un embarazo y un parto en menores de 15 siempre se considera un riesgo para la salud: «Una mención especial requiere la situación de las niñas y adolescentes de 15 años o menos en quienes el embarazo implica en sí mismo un riesgo aumentado para su salud tanto física como mental. Los riesgos biomédicos relacionados con el embarazo y el parto son mayores en las niñas y adolescentes más jóvenes que tienen peores resultados maternos y neonatales comparadas con mujeres de mayor edad (muerte materna, infecciones, eclampsia, fístula obstétrica, parto prematuro y mortalidad neonatal). Como señala el Fondo de Población de Naciones Unidas, el riesgo de muerte materna en menores de 15 años en países de ingresos bajos y medios es dos veces mayor al de las mujeres mayores. Las niñas y adolescentes de 15 años o menos tenían una probabilidad 4 veces mayor de mortalidad materna al comparar con el grupo etario de 20 a 24 años. También tenían una probabilidad 4 veces mayor de endometritis puerperal, 60% más probabilidad de eclampsia y de hemorragia posparto. Asimismo, en el área de la salud mental se han observado altas tasas de síntomas de depresión y ansiedad en las adolescentes durante el embarazo y el posparto, que en general son más altas que las de la población adulta. El Comité de los Derechos del Niño alerta sobre el mayor riesgo que tienen las adolescentes embarazadas y puérperas de experimentar síntomas depresivos y desarrollar pensamientos suicidas en comparación con las mujeres adultas en el mismo estado», dice el texto.

Y concluye: «Por lo tanto, en las situaciones de embarazo en menores de 15 años debe considerarse siempre la posibilidad de acceso a ILE por riesgo para la salud o la vida».

Los riesgos físicos y emocionales asociados a los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años se constituyen en sí mismos como causal salud, según dice el texto.

Más adelante, el protocolo señala: «El peligro para la salud debe ser entendido como la posibilidad de afectación de la salud. No requiere la constatación de una enfermedad y, en este sentido, no debe exigirse tampoco que el peligro sea de una intensidad determinada. Bastará con la potencialidad de afectación de la salud para determinar el encuadre como causal de no punibilidad para el aborto. El concepto de peligro no exige la configuración de un daño, sino su posible ocurrencia», dice.

El protocolo también avanza sobre un tema que era un gris en el texto anterior: la responsabilidad de los médicos: establece que no pueden demorar más de 10 días en realizar la ILE. Además, les recuerda su responsabilidad civil y penal si se niegan o si tratan de redireccionar la decisión de la paciente. «No brindar información completa, dar información inadecuada y obstaculizar la práctica constituyen actos de discriminación y violación al derecho a la igualdad ante la ley, consagrado no sólo en la Constitución Nacional sino también en los Tratados Internacionales de derechos humanos. Y, en caso de tratarse de personal del subsistema público de salud, estas acciones pueden configurarse también en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público».

¿A qué edad?

«Las personas adolescentes de entre 13 y 16 años pueden consentir en forma autónoma (la realización de la ILE), a menos que deba utilizarse para la práctica un procedimiento que implique un riesgo grave para la salud o la vida de la adolescente», dice el texto. Significa que si el embarazo es de menos de 12 semanas y el tratamiento es ambulatorio, se puede hacer sin el consentimiento de los padres.

En los casos de menores de 13 años, todo embarazo se considera producto de una violación.

El texto habla de los objetores de conciencia. «La objeción de conciencia, no puede traducirse en un incumplimiento de los deberes de los profesionales prestadores de salud, ni dañar a terceros en su salud, su autonomía y su dignidad, ni restringir el acceso a prestaciones de salud contempladas en la legislación vigente. En caso de que un profesional de la salud desee ejercer su derecho a la objeción de conciencia, deberá notificar su voluntad previamente a las autoridades del establecimiento de salud en el que se desempeñe; es decir que solo podrá ejercerlo cuando se haya declarado y notificado previamente a las autoridades pertinentes», dice.

De todas formas, están obligados a informar a la persona gestante sobre su derecho a acceder a una ILE. Y si no existe otro profesional para realizar la interrupción de un embarazo en los casos que contempla la ley, los objetores tampoco podrán negarse a hacerlo. «No puede invocarse para eludir el deber de participar de un procedimiento de ILE si no existe otro profesional que pueda garantizar la práctica. Tampoco si se tratare de una situación de emergencia según lo establece la ley de derechos del paciente. Las demoras innecesarias, el brindar información falsa o negarse a llevar a cabo el tratamiento constituyen actos que pueden ser sancionados administrativa, civil y/o penalmente», dice el protocolo, informó La Nación.

Víctor Manuel Fernández, a cargo de la Diócesis de La Plata, se refirió a los dichos del presidente electo sobre la prioridad que le daría al proyecto una vez que asuma en diciembre.

Con un extenso descargo en Facebook, Víctor Manuel Fernández, el obispo más cercano al papa Francisco, cruzó al presidente electo, Alberto Fernández, por el impulso que le dará al proyecto de legalización del aborto en el Congreso, una vez que asuma en diciembre. 

«Me preguntan si no estoy en contra del aborto. Siempre lo estuve, desde que tengo 12 años. No por ser conservador o misógino o machista, sino porque creo que esa niña que está creciendo dentro de su madre también tiene derechos», encabezó su publicación obispo de La Plata y también ex rector de la Universidad Católica Argentina. Y luego fue al nudo del tema.

«Vamos al asunto: valoro la capacidad del presidente electo, Alberto, y espero que pueda levantar y pacificar el país. Pero me llamó la atención leer que enviará inmediatamente un proyecto de ley para avanzar en el aborto. Teniendo en cuenta lo que él dijo creo que hay que hacer dos aclaraciones: una cosa es despenalizar a la mujer que ya abortó y otra cosa es legalizar el aborto. La realidad es que casi ninguna mujer va presa por haber abortado. Despenalizar sería simplemente blanquear esa situación. Pero otra cosa es legalizar el aborto libre, facilitar el aborto para quien quiera hacerlo por cualquier causa», expresó. 

Fernández, que ya tuvo su momento de gran exposición mediática durante la apertura del Encuentro de Mujeres en la ciudad de las diagonales, los pasados 12,13 y 14 de octubre, cuando se refirió al paso de las participantes por las calles céntricas, e incluso les dio la bienvenida, vuelve a encender la mecha del debate con su texto.

«Si yo pudiera hablar con Alberto le preguntaría si vale la pena comenzar su mandato con un tema que tanto divide a los argentinos y que tanta tensión ha provocado. Pero me preocupa más otra cosa: yo le escuché decir, antes de las elecciones, que no consideraba que este tema fuera una prioridad o una urgencia, que dividía al país y que había que analizarlo bien y con tiempo. Muchos le votaron confiando en estas palabras», lanza casi al final del posteo en tono de chicana.

En una entrevista publicada por el diario Página 12 el domingo último, el futuro presidente sostuvo que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que en 2018 obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero que no logró la aprobación en el Senado, aborda «un problema de salud pública».

“Quisiera que el debate no sea una disputa entre progresistas y conservadores, entre revolucionarios y retrógrados, es un problema de salud pública que debemos resolver y hay que asumirlo así”, lanzó, al tiempo que aseguró que «Voy a intentar que salga cuanto antes. No depende solo de mí»

En el mismo artículo, Fernández se describió como «un activista de ponerle fin a la penalización del aborto» y aseguró que enviará un proyecto de ley al Congreso «tan pronto» llegue al gobierno 10 de diciembre, informó Clarín.

Profesionales de la salud de distintas provincias argentinas lanzaron esta semana la campaña ‘Salvemos miles de vidas’ pidiendo la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) para «terminar con la muerte de mujeres por abortos clandestinos y las noticias falsas» sobre la práctica, explicó este sábado uno de los referentes.

«No soy verde ni celeste», dijo a Télam Marcelo Guida, médico tocoginecólogo, especialista en fertilización asistida, al referirse a los colores que identifican a quienes están a favor y en contra del derecho al aborto en Argentina.

«Soy, junto a los colegas con quienes ideamos esta campaña, quienes debemos garantizar los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres», aseveró el profesional, que trabaja en Tierra del Fuego donde es uno de los cinco únicos médicos que no es objetor de conciencia para realizar abortos no punibles.

‘Salvemos miles de vidas’ se presentó con su página web y redes sociales esta semana, y con carteles en la vía pública en Córdoba, Mendoza, Rosario (Santa Fe), Entre Ríos, Jujuy, Chaco, Corrientes, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, La Pampa y las localidades bonaerenses de Bahía Blanca, Olavarría, La Plata y Junín.

«Motorizamos esta iniciativa, médicas y médicos de las provincias, que aportamos la mirada profesional a un problema de salud pública y de derechos humanos. Conocemos de primera mano las consecuencias del aborto clandestino», resaltó Guida en diálogo con Télam.

Y añadió que «lo clandestino se relaciona con lo oscuro, lo secreto, lo que atemoriza. En base a eso se difunden noticias falsas que hacen que las mujeres mueran porque no encuentran respuesta en el Estado, en el sistema de salud, o queden mutiladas».
El profesional es el referente en Tierra del Fuego del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, al igual que la médica Yolanda Bertazzo, que cumple ese rol en San Luis.

Ambos protagonizan videos que se pueden ver www.salvemosmilesdevidas.org y las fotos de la cartelería callejera.
«Hay mas testimonios médicos que vamos a ir compartiendo en la página y en redes sociales. Es más, colegas que quieran sumarse pueden hacerlo a través de la web», explicó el especialista.

Y enfatizó que «todos los médicos, en cualquier lugar del país, atendemos mujeres con consecuencias de abortos clandestinos. Algunas viven y pueden contarnos sus experiencias, otras mueren, por eso es urgente una ley que garantice la interrupción voluntaria del embarazo», señaló Guida.