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Lavado de Dinero

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Los procesamientos de los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Osvaldo Sanfelice quedaron confirmados hoy por la Cámara Federal porteña en la causa que los investiga por lavado de dinero y asociación ilícita.

La Cámara Federal porteña tenía pendiente esta decisión desde hace un año.

Se trata de un importante avance del expediente, con los votos de dos jueces cuyos traslados son cuestionados por el kirchnerismo, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, según consignó el diario La Nación.

La Cámara se expidió luego de un año, ya que los procesamientos fueron dictados por el juez Julián Ercolini el 5 de junio de 2019, en una causa que investiga supuestas maniobras delictivas efectuadas a través de la empresa Agosto SA y compañías del Grupo Indalo. Además, el falló confirmó los embargos ordenados en la causa.

La hipótesis que se investiga en este caso es que millones de pesos del impuesto a los combustibles que Cristóbal López habría evadido fueron lavados mediante préstamos entre las sociedades del Grupo Indalo, y luego reinvertidos en la empresa Agosto, que se dedicaba al alquiler de maquinaria.

El otro juez del tribunal, Mariano Llorens, votó en disidencia. Dijo que consideraba «estrictamente necesaria la realización de un peritaje contable» para que la causa tuviera «fundamentos suficientes» para avanzar hacia el juicio oral.

Bruglia y Bertuzzi son dos de los diez jueces cuyos traslados cuestiona el kirchnerismo, que impulsó desde el Consejo de la Magistratura una revisión de sus nombramientos en la Cámara Federal, a la que llegaron durante el macrismo, por traslado, sin haber concursado para ese tribunal.

Cristina y Lázaro Báez, que compartieron 15 negocios de compra-venta inmobiliaria, contratos hoteleros, de locación y hasta un terreno en condominio, confluyen en una investigación patrimonial. Delegada en la fiscalía de Guillermo Marijuan, se trata de una causa por lavado de dinero donde la hipótesis central sostiene que el empresario K actuó como testaferro del matrimonio Kirchner. El análisis parte de los bienes de Báez por U$S 205 millones. La Justicia estima que esa cifra sería aún muy superior.

El expediente 2146/2019 tiene como imputados por lavado de dinero a Báez y a la vicepresidenta. La causa está a cargo del juez Sebastián Casanello​. El área de Recupero de Activos se encuentra relevando todas las propiedades del empresario K y buscan determinar cómo logró adquirirlas y quiénes intervinieron en dichas operaciones comerciales. Según la Unidad de Información Financiera (UIF) de la gestión de Cambiemos, existen “claras conexiones” entre el dueño del Grupo Austral y la vicepresidenta.

“Hay 75 hechos e indicios que prueban el carácter” de prestanombre del dueño del Grupo Austral, “su familia y su conglomerado empresarial, respecto a la ex familia presidencial”. Fue la última presentación en esta investigación por parte del organismo cuando estaba en manos de Mariano Federici.

La Justicia determinó que la fortuna de Báez en bienes registrados y detectados por la fiscalía asciende a 205.134.525 dólares, que “fueron adquiridos con dinero desviado de las arcas del Estado mediante maniobras de asignación irregular de obra pública, siendo Báez testaferro del matrimonio Kirchner”, remarcó la UIF al pedir la investigación. El planteo fue más explícito: “Lázaro Báez fue una creación de los Kirchner para usarlo de prestanombre”.

De esta manera se dio impulso a la investigación, por pedido de la UIF en su rol de querellante en la causa principal que se encuentra en juicio oral desde octubre de 2018. En la Ruta del Dinero K​ -por el que Báez está en prisión-, Casanello le dictó falta de mérito a la ex presidenta. El expediente se concentra exclusivamente en la fortuna del empresario K y su posible vinculación con Cristina Kirchner, “de forma escindible de las maniobras de blanqueo”, detallaron fuentes del caso a Clarín.

Diversas medidas se impulsaron para investigar las operaciones “de adquisición de bienes en el país mediante sociedades del Grupo Báez” como también a título personal. Durante la instrucción de La Ruta del Dinero K se detectaron “numerosas exteriorizaciones patrimoniales en el país por parte del Grupo Austral y sus integrantes”. Lázaro está acusado de haber lavado 60 millones de dólares y la semana pasada la AFIP bajo la actual gestión de Alberto Fernández, solicitó 8 años de prisión para el ex socio comercial de Cristina Kirchner.

La Justicia determinó, en La Ruta del Dinero K, que la evolución de Austral que ganó 51 licitaciones por $ 46.000 millones, en tan sólo 11 años fue de un 42.678%. Mientras que los bienes de Lázaro Báez sufrieron un incremento del 12.131% mientras se convertía en el principal adjudicatario de obra pública vial.

Para la UIF, hay una directa correlación entre este exponencial crecimiento patrimonial y “el 80% de la obra pública vial que recibió en Santa Cruz”. En este sentido, indicaron “mientras crecía el patrimonio de Báez crecía el de los ex presidentes, son patrimonios engarzados”. Cristina Kirchner se fue de la Casa Rosada en 2015 con bienes por 77 millones de pesos. La Fiscalía le dio participación al área de Recupero de Activos de la Procuración General, y se inició un relevamiento de todos los bienes registrados a nombre de Báez como de su grupo empresarial. “No se descarta que la fortuna supere los 205 millones de dólares, y que aparezcan más propiedades que deberán tasarse”, señalaron fuentes judiciales a Clarín. Es que el relajamiento no sólo amplía el universo de propiedades vinculadas a Báez sino que “también hay que tener en cuenta la actualización de los valores otorgados a las propiedades”.

Durante el kirchnerismo, mientras el único cliente de Austral fue el Estado, su dueño acumuló 1.412 propiedades y vehículos, y lejos de los 66 millones de pesos que declaró ante la AFIP en 2013. El Tribunal de Tasación de la Nación le adjudicó un patrimonio de $ 3.058.871.300: US$ 205 millones. El patrimonio de Báez se compone de terrenos, inmuebles, cocheras, hoteles, empresas, estancias, locales, estaciones de servicio, galpones, aviones, vehículos y maquinaria vial.

El juicio oral por supuesto lavado de activos al detenido empresario Lázaro Báez, sus cuatro hijos y otros acusados se reanudó hoy ante el Tribunal Oral Federal 4 con el inicio de la etapa de alegatos finales, el primero de los cuales estará a cargo de la AFIP, en la sede judicial del barrio porteño de Retiro.

La querella de la AFIP sostuvo hoy que está «comprobado» que entre 2010 y 2013 hubo un «enorme derrotero criminal, un plan común» tendiente a «blanquear sumas millonarias de dinero» y que «no existen dudas que tienen un origen delictivo», con Lázaro Báez como «principal impulsor», al iniciar su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 4 que juzga al empresario detenido y otros acusados por lavado de dinero, señaló Télam.

El juez del Lava jato Marcelo Bretas ordenó su detención y pidió su extradición a Brasil. Según el magistrado brasileño, Cartes sostuvo financieramente a un contrabandista de divisas.

Patrón. Según fiscales brasileños de la Operación Lava Jato, así llamaba el detenido contrabandista brasileño de divisas Darío Messer al ex presidente de Paraguay Horacio Cartes, al que también identificaba como “Rey” entre sus contactos de Whatsapp.

Con el mismo nombre, Patrón, la Policía Federal de Brasil bautizó un operativo lanzado este martes que ordenó la detención del ex mandatario, senador vitalicio en su país y acusado en territorio brasileño de lavado de dinero, corrupción y asociación ilícita, en un caso que también apunta al combate de tráfico de armas y al contrabando de cigarrillos.

La investigación que precedió al operativo comenzó en julio, cuando Messer fue detenido en San Pablo tras permanecer más de un año prófugo de la justicia. Según los investigadores, el contrabandista habría recibido medio millón de dólares de Cartesa través de intermediarios para ayudarlo a mantenerse y pagar a sus abogados.

El dinero, dijeron, fue una exigencia de Messer al ex mandatario, al que los fiscales vinculan por negocios conjuntos de larga data, lo que la defensa del ex presidente de Paraguay niega.

“Copias de mensajes de WhatsApp corroboraron el auxilio de autoridades paraguayas y otros ciudadanos para que Messer permanezca prófugo a veces en Paraguay, a veces en Brasil. Por estos datos se constató que la organización ilícita puso a disposición de Messer por lo menos 2,5 millones de dólares. Las investigaciones revelaron que Cartes habría enviado 500.000 para el cambista, a quien se refirió como «hermano de alma» tras su fuga para el país que él gobernaba hasta agosto del año pasado”, dijo en una nota el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil.

Ordenado por el juez del Lava Jato Marcelo Bretas, el operativo detuvo una decena de personas en Río de Janeiro, San Pablo, el balneario de Buzios y Ponta Porá, la ciudad brasileña del estado de Mato Grosso do Sul fronteriza con Pedro Juan Caballero.

Bretas informó que solicitó a Interpol la detención de Cartes para que responda por sus vínculos con los contrabandistas de divisas que lavaban dinero en Brasil, Paraguay y otros 14 países. Messer está acusado de lavar más de 1.500 millones en 52 países a través de una vasta red ilegal. La policía brasileña lo llamó el cambista de los cambistas.

Además de Cartes, el juez Bretas ordenó detener a otras nueve personas que están fuera de Brasil, algunas en Paraguay y otras en Estados Unidos.

El fiscal de Río de Janeiro José Augusto Vagos dijo a periodistas al comentar la operación Patrón que “la participación del ex presidente de Paraguay está bastante clara”, señalándolo como alguien que “como mínimo financió una organización delictiva”.

El juzgado a cargo de Bretas, responsable de los casos de la operación Lava Jato en primera instancia en Río de Janeiro, pedirá a Paraguay la extradición de Cartes.

El caso salpicó también al actual gobierno de Paraguay, debido a que diálogos interceptados por la Policía Federal de Brasil indicaron que una abogada paraguaya contratada por Messer para representarlo conversó tiempo atrás con Juan Ernesto Villamayor, actual jefe de Gabinete del presidente Mario Abdo y ex ministro del Interior de Cartes, sobre la posibilidad de recibir dinero a cambio de usar su influencia y ayudar al cambista a permanecer prófugo de la justicia de Brasil.

El fiscal Vagos dijo que esa situación podría ayudar a la extradición de Cartes a Brasil. “No podemos garantizar que habrá extradición pero al tratarse de un país que tiene un ministro sobornado para (imposibilitar) una extradición, puede ser motivo para sea concedida, para mostrar seriedad al mundo”, indicó.

Unos 100 policías federales participaron del operativo Patrón, que cumplió 37 órdenes judiciales, entre ellos 20 de detenciones cautelares e identificó bienes ocultos por unos 20 millones de dólares, de los cuales 17 millones se encuentran en un banco de Bahamas y el resto pulverizado entre cambistas, empresarios y políticos.

Un abogado del ex presidente Cartes, Carlos Palácio, dijo a O Estado de S. Paulo que su cliente “siempre respondió que no tuvo vínculos comerciales o societarios con Messer” y que se dedicará a defenderse en Brasil, aunque aseguró que era “prematuro” hablar de la posibilidad de una extradición, informó Clarín.

La decisión la tomó el TOF 4, luego de que la defensa del empresario pidiera más días para analizar documentación.

 La Justicia postergó la declaración del empresario Lázaro Báez prevista para este miércoles, en el marco de la causa conocida como «Ruta del Dinero K».

Según adelantó la periodista Vanesa Petrillo por C5N, el Tribunal Oral Federal 4 pospuso la audiencia para la semana que viene, luego de que la defensa del empresario pidiera más días para analizar una documentación.

Báez iba a prestar declaración indagatoria hoy en el juicio que se le sigue junto a sus hijos y otros imputados por la «ruta del dinero». Semanas atrás, el dueño de Austral Construcciones había pedido hablar por primera vez ante el TOF 4.

Báez había dejado pasar la posibilidad de declarar en indagatoria en el comienzo del debate oral que lleva más de un año, por supuestas maniobras de lavado de dinero y había anunciado que podría pedir la palabra una vez promediado el debate.

Sin embargo, su defensa explicó que no pudo acceder a toda la documentación que pretendía evaluar antes de declarar. El juicio por la «ruta del dinero» comenzó hace un año y ahora el Tribunal escuchará a los acusados que quieran ampliar su indagatoria antes de dar inicio a la etapa de alegatos.

El debate oral está encabezado por el TOF 4 que preside el juez Néstor Costabel y está integrado también por las magistradas Gabriela López Iñiguez y Adriana Pallioti.

La Justicia Federal inició una investigación penal con la presunción de que prestaba su nombre para esconder diversos delitos impositivos. Fue embargado y pidieron prohibición para que salga del país. Tiene mandato hasta diciembre en el Congreso de la Nación representando a Chubut.

Jorge Taboada, titular del Sindicato de Camioneros de Chubut que a nivel nacional conducen Hugo y Pablo Moyano, y diputado nacional, está siendo investigado por la Justicia por la presunción de prestar su nombre para esconder los delitos de lavado de activos, asociación ilícita, evasión impositiva, defraudación a la administración pública, falsedad documental y evasión tributaria.

En la causa, según consignó el portal de noticias Infobae, se investiga a Taboada por la compra de empresas e inmuebles en su provincia y también en Bariloche, provincia de Río Negro. Y se señala además en dicho portal, que esa fue la razón por la que al sindicalista no le permitieron presentarse para renovar su banca dentro del Frente de Todos, la cual ocupará hasta el próximo 10 de diciembre. Cabe recordar que el propio Taboada había cuestionado «el dedazo» de Cristina Kirchner que impulsó al también diputado nacional Santiago Igón, para que integre la lista del Frente.

LA INVESTIGACIÓN

La investigación contra Taboada comenzó en mayo de este año, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de Juan José Cappannari, jefe interino de la División Coordinación de Acciones Penales del Interior de ese organismo, elevó un informe y solicitó medidas tendientes a analizar «la presunta comisión de hechos ilícitos».

El fiscal Pablo Turano de la Procuración General de la Nación afirmó el 11 de junio que la investigación requirió diferentes medidas. Entre ellas, escuchas telefónicas, allanamientos de domicilio y secuestro de documentación. Taboada figura como uno de los titulares de «Condominio Km 3».

En la causa, el diputado nacional no resulta dueño de al menos una parte de ese emprendimiento en Comodoro Rivadavia. Sin embargo, las últimas declaraciones juradas que presentó sí llamaron la atención de la Justicia: entre 2015 y 2017 acrecentó un 944,8% sus bienes muebles, 144% sus bienes inmuebles y 824,5% sus ahorros en dinero en efectivo, depósitos bancarios y bonos. Entre 2015 y 2017, Taboada incrementó sus créditos en 2.440,6% y disminuyó sus deudas en 69,22%.

A través de su declaración jurada en 2017, Taboada manifestó ser uno de los dueños de Chacras del Faro SRL, un emprendimiento de más de 140 lotes de entre 1.000 y 5.000 metros cuadrados cada uno, con sectores residenciales y comerciales. El sindicalista también sostuvo ser uno de los dueños de Puerto Serena SRL, sociedad propietaria del complejo de cabañas y spa que lleva su mismo nombre en la ciudad de Bariloche.

«Emplazado en un lugar de privilegio que hace posible disfrutar de la naturaleza con una maravillosa playa propia en el lago Nahuel Huapi y unas inmejorables vistas desde cada cabaña», señala el sitio de Puerto Serena, así lo informó El Chubut.

Durante las elecciones de 2019, Taboada intentó encabezar la lista de legisladores nacionales del Frente de Todos en Chubut para renovar su mandato en el Congreso de la Nación. El armado de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la provincia obligó al diputado a declinar su candidatura.

EMBARGADO Y CON PROHIBICIÓN PARA SALIR DEL PAÍS

Ante la imputación penal, la AFIP embargó los inmuebles de Taboada e inhibió sus bienes y también los de sus familiares y sociedades que integra.

También solicitó el organismo federal la prohibición a Taboada para salir del país al igual que «para todas las personas que se encuentran imputadas en la presente causa».

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó una queja de su defensor. Es la quinta instancia en la que fracasa su pedido de que al delito de lavado de dinero lo decida el fuero federal. Para la Fiscalía, Gatica fue una pieza clave para el fraude al Estado que habría organizado Diego Correa.

El contador Federico Gatica, presunto cerebro del lavado de dinero en la Causa El Embrujo, sumó un quinto revés a su pedido para ser juzgado por el fuero federal y no por la Justicia provincial. Ahora su solicitud fue rechazada por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Liliana Catucci, Eduardo Rafael Riggi y Juan Carlos Gemignani.

El defensor del imputado, Javier Romero, ya acudió al fiscal federal Fernando Gélvez, al juez Gustavo Lleral, a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y al Tribunal Oral Federal de la ciudad petrolera.

Su argumento es que el lavado de dinero es un delito federal y no puede ser debatido en tribunales provinciales, que deberían inhibirse. Sin embargo, todas las instancias –y ahora Casación- coincidieron con que se discute un episodio de corrupción con fondos del erario chubutense y no nacional. Y que el expediente ya está muy avanzado como para sustraer su caso del resto del grupo acusado. Son los mismos motivos de los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez.

A Gatica le imputan haber diseñado el mecanismo para que la asociación ilícita liderada por Diego Correa pudiera ingresar al mercado legal cifras millonarias obtenidas mediante el fraude al Estado.

La decisión de la Cámara de Casación está fechada el 19 de julio. La defensa del contador había interpuesta su queja por recurso de casación denegado contra la decisión del TOF de Comodoro, que el 3 de abril rechazó el pedido de inhibitoria para que actuaran magistrados provinciales.

“El criterio denegatorio del recurso de casación intentado por la asistencia técnica habrá de ser convalidado”, explicaron los camaristas por unanimidad. “El recurrente limita la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes con el decisorio cuya impugnación postula, todo lo cual no alcanza para desvirtuar el razonamiento que sobre el particular realizó el Tribunal en relación a la extemporaneidad del planteo y cuyos fundamentos no logra rebatir”.

La decisión cuenta con “los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido”, dijo la Cámara avalando el rechazo anterior del TOF.

“En el desarrollo de su presentación la defensa no alcanza a acreditar de forma suficiente que se encuentre involucrada una cuestión federal que amerite la intervención de esta instancia como tribunal intermedio”. Por eso declararon inadmisible su queja.

La otra semana Gatica por fin enfrentará en Rawson el inicio del juicio oral y público junto con otras 11 personas.

Con un extenso dictamen de más de 100 páginas, el fiscal federal de Rawson, Fernando Gélvez, pidió que el juez Gustavo Lleral rechace el planteo de Javier Patricio Romero, defensor de Federico Gatica en la causa “El Embrujo”.

El contador –imputado con otras 11 personas- está acusado de lavado de dinero proveniente de la corrupción. Romero planteó que este delito es competencia federal y que la Justicia provincial debe inhibirse de juzgar a su cliente y la Oficina Judicial de Rawson debe enviarle el expediente a Lleral. Pero según Gélvez, el reclamo es “extemporáneo” ya que vencieron los plazos procesales para el recurso del defensor. El juicio oral y público para la banda que presuntamente lideró Diego Correa está previsto para el 12 de marzo.

Para su reclamo, Romero se basó en un adelanto de este diario de noviembre del año pasado: la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el Juzgado Federal capitalino investigue otro antiguo caso de lavado de dinero, pero en la Cooperativa Eléctrica de Trelew. El defensor consideró que la situación de Gatica es similar y debe ocuparse Lleral “de modo exclusivo y excluyente”.

Sin embargo, el fiscal opinó que el juez federal debe rechazar el pedido porque el expediente ya se elevó a juicio tras la acusación de los fiscales de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez y Alex Williams, y el auto de apertura del 30 de octubre de 2018 que firmó el juez Sergio Piñeda.

Oportunidad perdida

“La oportunidad procesal para plantear la inhibitoria como toda cuestión de competencia es en cualquier estado de la investigación penal preparatoria, lo que comprende el inicio de la investigación y abarca la etapa intermedia hasta el dictado del auto de apertura a juicio”, explicó Gélvez. El planteo de Romero “no puede proceder porque la instrucción preparatoria o investigación preliminar terminó”.

“Corresponde expresar concretamente que caducó el derecho invocado por el Dr. Romero referente al planteo de la inhibitoria en la etapa procesal investigativa –instrucción preparatoria, instrucción previa, investigación preliminar al juicio-, por lo tanto es dable añadir que dicha pretensión es extemporánea, ya que se está en el caso ante la etapa que se denomina juicio”.

Sólo quedaría analizar si al estar fijada la fecha de debate oral y público, “sería procedente tal inhibitoria, o en su defecto también caducó el derecho a deducirla”.

En otro orden, Gélvez aclaró que si en cualquier provincia argentina ocurren delitos como el lavado, dañando el orden económico y financiero de la jurisdicción, “el órgano judicial competente para investigar y juzgar todos los hechos delictuales es el de la provincia donde se produjeron”.

“Nada tiene que juzgar por carecer de competencia la justicia de excepción enclavada en la provincia argentina que fuere (…) Tal atribución no fue delegada expresamente a la Nación o Estado Federal, impide que intervenga otro órgano judicial, que no sea el provincial”.

Tener cuidado

Si se interpretara “sin profundidad” que la competencia de ciertos delitos es únicamente federal, “no sólo se estaría afectando a nuestra forma de estado federal, sino que se dejaría sin protección a los distintos órdenes económicos y financieros de la provincia, lo cual implicaría que en la realidad del funcionamiento de tal o cual Estado provincial, las autoridades designadas no puedan ejercer las funciones que poseen para resguardar tal orden económico y financiero”.

Si se juzgan hechos cuyos protagonistas son el Estado provincial y sus funcionarios públicos, y se lavó dinero del mismo Estado, “claramente la competencia es del órgano jurisdiccional de la provincia en cuestión y no del estado federal (…) La competencia para investigar y juzgar es de la justicia ordinaria como regla general y excepcionalmente de la justicia extraordinaria o de excepción”.

No hay daño federal

Gélvez precisó en su dictamen que en El Embrujo no se afectaron bienes federales o al menos tal dato no se demostró.

“La competencia es de la justicia del Estado provincial donde habrían acontecido tales episodios y el Poder Judicial de dicho ente estatal debe ser quien juzgue los mismos cuando la calificación legal sea la de lavado de activos del art. 303 del C.P”.

Por eso, advirtió, “resolver lo contrario, es violentar todo lo que se ha decidido en otros precedentes jurisprudenciales respecto de la competencia”.

El Comodorense

A partir de la solicitud del abogado del contador Federico Gatica, se puso en duda que el juicio por la primera de las grandes causas de corrupción que estallaron en Chubut el año pasado, comience el 12 de marzo. Además, la provincia no recuperaría algo de lo mucho que se habrían llevado a sus bolsillos Diego Correa y compañía.

El abogado penalista Javier Romero presentó el martes un escrito para que el delito de lavado de activos que le imputan a Federico Gatica quede en manos del fuero federal. Como hay un antecedente reciente en el que la Corte Suprema consideró que esta tipificación correspondía a ese fuero, hasta podría trabarse el comienzo del juicio oral y público previsto para el martes 12 de marzo.

El contador Gatica está imputado de lavado de dinero y fue de los últimos en ser detenido, ya que cuando el 7 de marzo estalló la causa se hallaba de vacaciones en Playa del Carmen, México. Hasta entonces, Gatica era un respetado profesional que hasta presidía el selecto club Patoruzú de Trelew, conocido en el resto de la provincia sobre todo por su equipo de rugby.

Según dio cuenta El Chubut, el 19 de diciembre de 2018 Romero analizaba sacar la causa “Embrujo” de la Justicia ordinaria para trasladarla a los tribunales federales. Esta decisión estuvo motivada en que el contador Gatica está sindicado de instrumentar mecanismos para lavar activos a través de la conformación de empresas, entre ellas Mezeta Consulting.

Anteayer, el abogado penalista presentó en el Juzgado Federal de Rawson un escrito para solicitar que el caso puntual de Gatica sea investigado y juzgado en los fueros federales.

Romero explicó que como a Gatica no le imputan ningún delito asociativo, “la Justicia bien podría separar este caso del resto de la causa”, aunque consideró que “hay millones de variables”. Las caras más visibles de esta causa que tiene a más de una decena de imputados son Diego Correa (extitular de la Unidad Gobernador); Diego Lüthers; Natalia McLeod; Daniela Souza; Sandro Figueroa y Juan Carlos “Tato” Ramón. “Embrujo” se podría sintetizar en las defraudaciones que supuestamente instrumentaba Correa, al desviar fondos públicos en su propio beneficio. Los mismos eran controlados por Lüthers, mientras el resto serían testaferros y pseudo empresarios que facturaban al Estado servicios que no se hacían, o bien se sobrevaluaban.

En este contexto, hay otros abogados defensores en la causa “Embrujo” que sostienen que el presunto lavado de activos que le enrostran a Gatica es consecuencia de la conformación de una asociación ilícita y del rol que cumplieron otros acusados, con lo cual especulan que la causa “debería ser girada a la Justicia Federal en su totalidad”.

Antecedentes

La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo en noviembre de 2018 con respecto a esta cuestión de fondo. El caso puntual tenía como protagonista a la Cooperativa Eléctrica de Trelew y el máximo órgano judicial determinó que el lavado de activos es un delito de competencia federal.

Este antecedente tendría una fuerte incidencia a la hora de la resolución porque el fallo tiene dos elementos fuertes: aporta una claridad meridiana sobre la competencia del delito de lavado de activos y, por otro lado, la actualidad que posee la resolución adoptada por la Corte.

“Si el Juzgado Federal admite la presentación que se realizó, lo primero que hay que hacer es una instrucción suplementaria para adaptar lo hecho al procedimiento federal”, confirmó Romero.

El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, deberá resolver si hace lugar al pedido de Romero. Dependiendo el resultado, se abren diversos escenarios.

Si Lleral considera que el lavado de activos es de competencia federal, el caso de Gatica será investigado por el fiscal federal Fernando Gélvez.

No obstante, Lleral deberá resolver si la causa entera es transferida a la Justicia Federal, o bien solamente el caso de Gatica.

Como trasfondo de esta disputa con respecto a si es competencia de la Justicia ordinaria provincial o federal, hay un tema sensible: si la causa desembarca en el fuero federal, Chubut resignaría la posibilidad latente de recuperar al menos 40 millones de pesos, de acuerdo a la tarea que los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams pudieron comprobar hasta el momento. Además, el juicio oral y público fijado para el 12 de marzo quedará desmembrado.

En caso de darse este escenario, Rodríguez y Williams apelarán ante la Corte Suprema.

El Patagónico

Javier Romero, el abogado de Federico Gatica, hizo la presentación en el Juzgado de Rawson para que la causa pase al fuero federal. Gatica, de profesión contador y quien permanece detenido desde el año pasado, coordinaba la empresa Meseta Consulting y se lo acusa de lavar los activos que generaba con plata proveniente de sobreprecios y coimas, Diego Correa, mediante emprendimientos inmobiliarios.

“Se presentó en el Juzgado Federal de Rawson una inhibitoria respeto de la situación procesal del contador Gatica. En noviembre de 2018 la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo que se originó en Trelew, que establece que el lavado de activos es de competencia exclusivamente federal“, dijo y agregó: “el Juzgado Federal deberá analizar la procedencia y se expedirá. Si concuerda al respecto, hay diversas variables”.

En diálogo con ADN Sur, manifestó que “se deberá resolver si es el Juzgado Federal quien debe intervenir o la instancia procesal equivalente que sería el Tribunal Oral Federal (TOF). Señaló que “el primero que debe dictaminar es el Ministerio Público Fiscal Federal, que tiene que enunciar fundadamente el por qué”.

El Comodorense