Tag

Lava Jato

Browsing

La fiscalía investiga unos supuestos pagos ilegales de una empresa a otra vinculada a Fábio Luís Lula da Silva a cambio de contratos.

La Policía de Brasil inició este martes una nueva fase de la operación Lava Jato para investigar unos pagos “sospechosos” realizados por las compañías del grupo de telefonía Oi a empresas del grupo Gamecorp-Gol, vinculadas a uno de los hijos del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La Fiscalía explicó que el grupo Oi/Telemar habría realizado pagos de más de 132 millones de reales (unos 31,3 millones de dólares) a empresas controladas por Fábio Luís Lula da Silva, hijo mayor de Lula, por los hermanos Fernando Bittar y Kalil Bittar y por el empresario Jonas Suassuna, entre 2004 y 2016.

“Las evidencias apuntan que parte de los recursos han sido utilizados para la adquisición de la casa de campo de Atibaia en el interés del expresidente Lula”, señaló el Ministerio Público del sureño estado del Paraná en el comunicado.

Hace dos semanas, un tribunal superior elevó a 17 añosuna pena dictada en primera instancia contra Lula, acusado de haberse beneficiado de obras realizadas por las constructoras Odebrecht y OAS en una casa de campo en Atibaia, en el estado de San Paulo, a cambio de favorecerlas en contratos con la estatal Petrobras.

Según las autoridades, en la operación iniciada el lunes participaron unos 200 policías federales, que cumplen 47 órdenes de registro y allanamiento en cuatro estados brasileños.

La operación, bautizada “Mapa de la Mina”, investiga delitos de corrupción, tráfico de influencia y lavado de dinero supuestamente llevados a cabo a través de contratos entre operadoras de telefonía, internet y televisión que actúan dentro y fuera de Brasil.

Según la Fiscalía, los pagos a las empresas de Gamecorp/Gol fueron realizados“sin justificativa plausible, al tiempo que el grupo Oi fue beneficiado por diversos actos practicados por el Gobierno Federal” de 2004 a 2016.

Entre las “pruebas documentales” obtenidas en las investigaciones figuran contratos y recibos, además de datos recogidos tras la supresión del secreto bancario y fiscal de los sospechosos. Además, las inversiones y contrataciones alcanzadas entre los dos grupos no contaron con “la cotización de precios con otros suministradores”, mientras que los pagos realizados superan “los valores contratados y practicados en el mercado”.

Parte de los recursos repasados ilícitamente fueron destinados a la compra de la casa de Atibaia, que sería utilizada de forma recurrente, según la acusación, por el expresidente Lula y sus familiares. El pasado febrero, la Justicia condenó al exmandatario a 12 años y 11 meses de prisión en esta causa, y la Cámara elevó esa pena a 17 años.

El ex gobernante recuperó la libertad el 8 de noviembre, tras 580 días de prisión en Curitiba, por una condena de corrupción vinculada a un departamento en la ciudad balnearia de Guarujá, en el litoral paulista, informó Clarín.

Si cambia la jurisprudencia, beneficiaría a unos 5.000 presos, entre ellos el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La máxima corte de justicia de Brasil, el Supremo Tribunal Federal (STF), quedó más cerca el jueves de decidir por una ajustada mayoría un cambio en la jurisprudencia y declarar la inconstitucionalidad de detenciones de acusados con condenas ratificadas en la segunda instancia, una medida que podría beneficiar con la excarcelación a unos 5.000 presos, entre ellos el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

José Antonio Dias Toffoli, presidente del STF, suspendió la sesión cuando el tribunal de 11 miembros contaba con cuatro votos en contra y tres a favor de rever la jurisprudencia. Sin embargo, uno de los más esperados pronunciamientos en la corte, el de la jueza Rosa Weber, considerada en este caso como el fiel de la balanza, se inclinó por votar por la inconstitucionalidad de detener a condenados en los casos en los que aún sea posible presentar apelaciones.

Abogados penalistas dijeron que el voto de Weber anticipa la formación de una nueva mayoría en el Supremo y que, si no hubiera sorpresas en los votos de los cuatro jueces que faltan pronunciarse, la corte podría decidir un cambio en la jurisprudencia vigente desde 2016.

Ese entendimiento fue el que posibilitó la detención de Lula el año pasado, luego de que el Tribunal Regional Federal con sede en Porto Alegre confirmó la sentencia de la primera instancia y lo encontró culpable por corrupción pasiva y lavado de dinero, condenándolo a 12 años de prisión.

La jueza Weber, al justificar su voto, dijo que “nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juicio de la sentencia penal condenatoria”, citando el artículo quinto de la Constitución de Brasil. “El Supremo es guardián de la Constitución, no su autor”, agregó.

Quedan por votar los jueces Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Celso de Mello y Carmen Lúcia, y se espera que los primeros tres se pronuncien a favor de la inconstitucionalidad de las detenciones, demandadas ante la corte por dos partidos políticos, uno de izquierda y otro de derecha, y por el colegio Orden de Abogados de Brasil (OAB) con el argumento de que vulneran la presunción de inocencia.

La corte no sesionará la próxima semana, según lo previsto meses atrás en la divulgación de su calendario de sesiones, antes de que el presidente José Antonio Dias Toffoli decidiera llevar al plenario del STF la votación sobre la constitucionalidad de las detenciones de condenados en segunda instancia.Toffoli dijo que el lunes informará cuándo la votación en el plenario será retomada.

Algunos analistas consideran que, hasta que el juicio se reanude, el STF podría debatir un límite en la aplicación del que sería el nuevo entendimiento. Una de las hipótesis levantadas es que sólo sería permitido al acusado continuar en libertad hasta que sea juzgada su primera apelación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Si ese fuera el caso, cuya constitucionalidad también podría ser cuestionada, Lula no sería excarcelado.

En un evento en San Pablo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, el ex juez Sergio Moro, defendió el entendimiento actual, aunque dijo que cualquier decisión que tome el STF debe ser respetada.

“La ejecución (de la pena) en segunda instancia fue una innovación en 2016, un paso muy importante para el enfrentamiento no sólo de la corrupción sino al delito en general”, dijo Moro, quien como juez condenó a Lula en primera instancia.

Sin entrar en el mérito de la constitucionalidad de la decisión, que es lo que discute el STF, Moro aseguró que ejecutar la pena sólo al final del proceso es “problemático”debido a los procesos judiciales “extremamente lentos, con apelaciones, apelaciones y apelaciones”, informó El Clarín.

La Justicia de Brasil avanzó hoy contra la multinacional Techint en una causa por presunto pago de sobornos a ejecutivos de la petrolera estatal brasileña, Petrobras, para obtener contratos de obra pública multimillonarios como parte de un «club» o «cartel» de constructoras, según consta en la resolución judicial cuya copia obtuvo LA NACION.

El juez de Curitiba, Luiz Antonio Bonat, dispuso 23 allanamientos en viviendas y oficinas de los estados de Río de Janeiro, San Pablo y Paraná, pero rechazó los pedidos de detención de varios de los acusados que presentaron los investigadores que impulsan el «Lava Jato».

Como parte de la llamada «Operación Tango & Cash», el juez Bonat también dispuso el bloqueo de 1700 millones de reales -unos US$ 450 millones- por sospechas de presunto lavado de activos derivados de la corrupción, ocurrido entre 2008 y 2013.

El equipo de investigadores, conformado por fiscales e integrantes de la Policía Federal brasileña, considera que ejecutivos de Techint pagaron coimas equivalentes al 2% del valor de cada uno de los contratos que durante años obtuvieron de Petrobras.

Consultados por LA NACION, voceros de la multinacional indicaron que «Techint informa que esta investigación fue iniciada en 2014 y que la empresa colaboró con toda la información solicitada» durante el operativo. Desde Petrobras, en tanto, se emitió un comunicado en el que la petrolera señaló que «trabaja en estrecha colaboración con las autoridades que conducen la Operación Lava Jato» para investigar lo que calificaron como un «esquema de corrupción que involucró a agentes políticos y privados».

Según el procurador del Ministerio Público Fiscal brasileño, Marcelo Oliveira, la figura central en el esquema bajo investigación fue uno de los máximos directivos de Techint en ese país, Ricardo Ourique Marques.

De acuerdo a la Policía Federal, Techint integró un «club» brasileño que, junto a otras 15 empresas -entre ellas, Odebrecht, Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutierrez-, montaron un cartel cerrado en 2006 para repartirse los contratos de obra pública.

Según precisó el Ministerio Público Fiscal brasileño, Techint ganó contratos de obra pública con Odebrecht y Andrade Gutierrez para luego recurrir a sociedades offshore con el fin de girar dinero a directores y gerentes de Petrobras basados en contratos falsos de consultoría.

Por medio de esas maniobras, afirmaron los investigadores del Lava Jato, solo uno de los entonces ejecutivos de Petrobras habría recibido sobornos por US$9,4 millones entre 2008 y 2013, período en el que Techint firmó contratos por 3000 millones de reales para el suministro de tubos.

La «Operación Tango & Cash» significó otra complicación para Techint en territorio brasileño. En agosto de este año, un Tribunal Federal de Apelaciones dictaminó que debe afrontar un juicio junto a otras 12 empresas que les inició Petrobras por presuntos «daños morales colectivos».

Los argumentos de Petrobras

Petrobras apuntó contra Techint Engenharia e Construções, Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, UTC y otras siete empresas, como así también contra Marcelo Odebrecht, su colaborador Márcio Faria, y otros cinco acusados, como Paulo Costa, Pedro Barusco Filho y Renato de Souza Duque.

Según argumentó Petrobras en su reclamo judicial, Techint y las restantes empresas y ejecutivos que conformaron un «club de la obra pública» en Brasil actuaron de manera coordinada para perjudicarla en miles de millones de reales, de modo tal que terminó severamente comprometida en su capacidad de inversión, su credibilidad y su valor de mercado.

En marzo de este año, además, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) brasileño ratificó la pertinencia de una sanción de «inidoneidad administrativa» dispuesta contra el holding y otras tres empresas acusadas de cartelizarse en perjuicio del Estado brasileño, informó La Nación.

El ex fiscal general de Brasil Rodrigo Janot, figura clave en la Operación Lava Jato, reveló que planificó sin éxito asesinar a tiros al juez de la corte suprema Gilmar Mendes y luego suicidarse, en el marco de las tensiones por las supuestas ilegalidades de la megacausa anticorrupción que se arrastra desde 2014.

Las declaraciones fueron publicadas hoy por la revista Veja en su tapa y el diario O Estado de Sao Paulo a partir de una entrevista con Janot, ex procurador general que defendió la actuación de fiscales de la ciudad de Curitiba sospechados de ilegalidades y corrupción en el manejo de la causa.

«No iba a ser una amenaza apenas. Estaba armado e iba a asesinar a Gilmar Mendes y después a suicidarme. Una mano invisible de sentido común me detuvo», afirmó Janot sobre su intento, en mayo de 2017.

La homologación por la Corte Suprema de Brasildel acuerdo de colaboración del empresario Leo Pinheiro, expresidente de la constructora OAS, sacude la política en varios países de América Latina. En su confesión, el empresario, encarcelado en 2016 por la operación Lava Jato tras ser acusado de participar de una trama de sobornos con la petrolera Petrobras,acusa a una treintena de políticos brasileños y menciona a por lo menos tres líderes latinoamericanos: Evo Morales(presidente de Bolivia, por un acuerdo para presuntamente favorecer la obra de una ruta) , Michelle Bachelet(expresidenta de Chile, por supuestamente recibir un pago que financiaba parte de su campaña) y Ollanta Humala(expresidente de Perú, por un presunto abono a un publicista que trabajó con él).

La homologación es la última etapa jurídica antes que el relato se utilice para respaldar investigaciones judiciales.

Folha de S. Pauloy The Intercept anticiparon el lunes algunos fragmentos del acuerdo. El Paísconfirmó que en la delación homologada por la Corte el empresario sostiene que Morales participó de maniobras que favorecían a OAS. Según Pinheiro, el expresidente Lula le pidió que asumiera las obras de un tramo de la ruta Tarija-Potosí, en Bolivia, y dijo que Morales «estaría dispuesto a compensar económicamente a la empresa» con otro contrato: la construcción de la ruta de Villa Tunari. Según Pinheiro, era una manera de evitar que se produjese un desgaste en las relaciones diplomáticas entre ambos países. La concesión la tenía otra constructora brasileña, Queiroz Galvão, que no cumplía las condiciones del acuerdo.

El ejecutivo también declaró que Lula prometió que le concedería un crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) para asumir el proyecto. Según Pinheiro, a través de un acuerdo entre Lula y Morales, Bolivia retiró las sanciones que había impuesto a Queiroz Galvão y autorizó que OAS asumiera las obras de la ruta Tarija-Potosí. Como compensación, la constructora habría obtenido el contrato de Villa Tunari. Sin embargo, según Pinheiro, OAS acabó perdiendo el contrato por dos motivos: conflictos sociales en la región y el retraso en la concesión del crédito.

Pinheiro también menciona en su declaración supuestos pagos de la constructora a Bachelet, presidenta de Chile en los períodos 2006-2010 y 2014-2018. Según Pinheiro, la constructora temía perder la adjudicación de la construcción del puente Chacao si Bachelet se imponía en las elecciones de 2013. Por este motivo, le habría pedido ayuda a Lula, a lo que él respondió que hablaría con el expresidente chileno Ricardo Lagos y/o con Bachelet para que no perjudicaran a OAS.

Según Pinheiro, Lula le pidió dinero para la campaña de Bachelet. El primer pago se realizaría el 6 de junio de 2014, con Bachelet ya en la presidencia. Entonces, según Pinheiro, se pagaron 142.000 dólares, por medio de un contrato ficticio con la empresa Martelli y Asociados, que pertenecía al chileno Nicolás Martelli Montes.

Otro exmandatario latinoamericano mencionado es Ollanta Humala, presidente de Perú entre 2011 y 2016. Tanto el político como su esposa, Nadine Heredia, ya estuvieron en prisión por supuestamente participar de lavado de dinero en una trama con la constructora brasileña Odebrecht. En el caso de OAS, Pinheiro dice que la empresa se gastó unos 210.000 dólares con la empresa del publicista brasileño Valdemir Garreta, que trabajó en la campaña de Humala en 2011. También alega que pagó por los servicios de comunicación que Garreta prestó a Susana Villarán, entonces alcaldesa de Lima, informó La Nación.

Los fiscales encargados de la operación anticorrupción Lava Jato, encabezados por Deltan Dallagnoll, “hablaron abiertamente de su deseo de evitar” que el Partido de los Trabajadores (PT) ganara la elección presidencial de Brasil en 2018, y el entonces juez Sergio Moro, ahora poderoso ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro, “colaboró secretamente y sin ética” con el equipo de la fiscalía para zanjar el camino al ahora mandatario, dijo ayer el portal The Intercept.

The Intercept, fundado por Glenn Greenwald, reveló la existencia de masivos archivos secretos que dan cuenta de “chats privados, grabaciones de audio, videos, fotos, procedimientos judiciales y otra documentación que nos proporcionó una fuente anónima”.

Tras recordar que Lava Jato fue “la saga de investigación que condujo al encarcelamiento” del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, destacó que la condena impuesta por Moro fue rápidamente ratificada cuando el ex dirigente metalúrgico contaba con 87% de aprobación. “La exclusión de Lula de la elección, basada en el hallazgo de culpabilidad de Moro, fue un episodio clave que allanarle el camino para la victoria electoral de Bolsonaro”.

Documentación

La documentación filtrada por The Intercept muestra “entre otras cosas, que los fiscales de Lava Jato hablaron abiertamente de su deseo de evitar que el PT ganara la elección y tomaron medidas para llevar a cabo esa agenda, y que Moro colaboró secretamente y sin ética con los fiscales de Lava Jato para ayudar a diseñar el caso contra Lula a pesar de las serias dudas internas sobre la evidencia que respaldaba las acusaciones”.

En el amplio reportaje firmado por Greenwald y Victor Pugy, Tel portal destacó que la Suprema Corte de Justicia autorizó diez días antes de la primera ronda que el diario Foha de Sao Paulo entrevistara a Lula, pero “el equipo de fiscales que manejó el caso de corrupción del ex presidente … comenzó a discutir en un grupo privado de chat de Telegram cómo bloquear, revertir o socavar la decisión del alto tribunal” al considerar que esa decisión “ayudaría al PT, el partido de Lula, a ganar las elecciones”, cuand Fernando Haddad fue nombrado candidato en sustitución de Lula.

Greenweald y Pougy añadieron que “los fiscales de Lava Jato dijeron explícitamente que su motivo para detener la entrevista de Lula era evitar que el PT ganara. Una de las fiscales, Laura Tessler, exclamó al enterarse de la decisión: «¡Qué broma!»”
Afirmaron que muchos fiscales del caso así como Moro han sido acusado de haber actuado por “motivos ideológicos y políticos”, lo que han negado, pero los documentos en poder The Intercept evidencian “una conspiración impropia y poco ética entre Dallagnoll y Moro sobre cómo armar mejor el caso de corrupción contra Lula”.

Lo informó el diario Folha de Sao Paulo. La pena es a 12 años y 11 meses de cárcel.

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, fue condenado hoy a 12 años y 11 meses de cárcel en otro caso por delitos de corrupción y lavado de dinero en el marco de la investigación del Lava Jato, informó el diario Folha de Sao Paulo.

 

ambito.com