Tag

La manada de Chubut

Browsing

La impugnación de un imputado, acompañado por la Fiscalía, cuestiona la decisión del juez Nieto Di Biase quien rechazó un acuerdo de juicio abreviado en la causa de abuso sexual.

La Cámara Penal de Trelew inició este jueves las deliberaciones respecto a la impugnación planteada por el abogado de uno de los jóvenes acusados por un hecho de abuso sexual ocurrido en Playa Unión hace ocho años, señaló EQS Notas.com.

El tribunal presidido por el Doctor Alejandro Gustavo Defranco e integrado por los jueces Roberto Adrián Barrios y Luis Maria Pintos – este último como integrante de refuerzo – escuchó esta mañana en la audiencia realizada de manera remota la posición de los abogados de los imputados y del Fiscal Fernando Rivarola, quien estuvo presente en la audiencia.

La impugnación planteada por uno de los imputados -y acompañado por la Fiscalía- cuestiona la decisión del juez Marcelo Nieto Di Biase, quien rechazó un acuerdo de juicio abreviado en la causa de abuso sexual.

El magistrado, en su decisión había dado por tierra con un acuerdo reparatorio bajo términos de confidencialidad en una causa donde se acusa a tres jóvenes por un hecho de abuso sexual simple, ocurrido en el año 2012 en Playa Unión.

La decisión del tribunal se dará a conocer el día jueves 13 de agosto

Este jueves por la mañana en la Cámara Penal de Trelew se llevó a cabo la audiencia por la causa conocida como “La Manada de Chubut”, asociada a una denuncia por abuso sexual agravado que la víctima confesó ocho años después. El hecho ocurrió en septiembre 2012, en el marco de los festejos del Día de la Primavera en Playa Unión.

El tribunal presidido por el Doctor Alejandro Gustavo Defranco e integrado por los jueces Roberto Adrián Barrios y Luis Maria Pintos -este último como integrante de refuerzo- escuchó esta mañana en la audiencia realizada de manera remota la posición de los abogados de los imputados y del fiscal Fernando Rivarola, quien estuvo presente en la audiencia.

La impugnación planteada por uno de los imputados -y acompañado por la Fiscalía- cuestiona la decisión del juez Marcelo Nieto Di Biase, quien rechazó un acuerdo de juicio abreviado en la causa de abuso sexual.

El magistrado, en su decisión, había dado por tierra con un acuerdo reparatorio bajo términos de confidencialidad en una causa donde se acusa a tres jóvenes por un hecho de abuso sexual simple, ocurrido en el año 2012 en Playa Unión.

La decisión del tribunal se dará a conocer el día jueves 13 de agosto.

Luciano Mallemaci, un joven de Puerto Madryn, uno de los tres acusados de la famosa causa de “La Manada de Chubut”, en la que se investiga la presunta violación a una menor de edad en una casa de Playa Unión en septiembre de 2012, se manifestó ayer por primera vez desde que trascendió la causa a través de un “comunicado de prensa” escrito por su abogados defensores Francisco Oneto y Roberto Rallin, que incluye una foto de Mallemaci presuntamente del año 2012, cuando ocurrieron los hechos.

“El que ven en la foto de este comunicado es Luciano en el año 2012, ya que los medios se encargaron de tergiversar la imagen colocando fotos actuales. Actualmente es estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad pública de Trelew, hijo de una familia trabajadora, ni millonario, ni poderoso. Con fecha 22 de julio de 2020 hemos asumido su defensa. Él nos ha convocado a representarlo con una profunda necesidad de rechazar cualquier acuerdo de abreviación de juicio o reconocimiento de su culpabilidad, habida cuenta que afirma y sostiene ser total y completamente ajeno a los hechos que se le pretenden endilgar”, dicen los abogados del imputado.

En la foto se ve a Mallemaci con aspecto más adolescente, aunque vale recordar que cuando los hechos ocurrieron, ya era mayor de edad, es decir, tenía 18 años.

El comunicado de los abogados de Mallemaci coincide con la audiencia que hoy desde las 10 se realizará en la Cámara de Apelaciones de Trelew, que debe analizar la decisión del juez Marcelo Nieto Di Biase, que rechazó el pedido de juicio abreviado solicitado en su momento por el fiscal de Rawson Fernando Rivarola, en anuencia con los tres hombres imputados en la causa y la víctima, que ahora es mayor de edad.

El fiscal Rivarola apeló la decisión del juez y ahora la Cámara deberá expedirse al respecto. Si confirma el fallo de Nieto Di Biase, Mallemaci y los otros dos imputados irán a juicio por abuso simple.

En el comunicado, los defensores del joven acusado agregan que “en la fecha, como ya ha trascendido públicamente, tendrá lugar una audiencia donde la Cámara Penal escuchará los argumentos de las partes recurrentes con respecto, al acierto o error de la denegatoria del juicio abreviado. Estos defensores, en representación de Luciano Mallemaci, que estará presente en la audiencia pues nada tiene que ocultar y de nada corresponde que se esconda, sólo dirán que por ser Luciano inocente, y estar exento culpabilidad alguna, de revocarse la sentencia que denegó el juicio abreviado, no se prestará conformidad para un nuevo juicio abreviado, no se admitirá culpa alguna porque sencillamente no la tiene, y se reclamará su derecho constitucional a tener un juicio justo”, agrega el comunicado.

El dato es relevante porque según indican los nuevos abogados del imputado, la decisión de ellos y su patrocinado es no insistir con un pedido de juicio abreviado, algo que pretende el fiscal Rivarola.

“De acá en más el trabajo de esta defensa estará dirigido a que se realice ese juicio en condiciones de equidad. Por otra parte, y a modo de ruego, solicitamos a la sociedad que se evite arribar a conclusiones apresuradas acerca de la culpabilidad de nuestro prohijado, que lo único que hacen es crear caos y confusión, pues ello puede condicionar el comportamiento de quienes deben hacer justicia, y es importante recordar que a todos nos importa que los culpables paguen por sus delitos, pero tan importante como eso es que un inocente no sea condenado”.

Los abogados de Mallemaci agregan que “en definitiva y luego de un juicio justo serán las pruebas, las que valoradas libremente por jueces que, para ser justos deben estar libres de presiones sociales, las que afirmen o nieguen la inocencia de Luciano, de momento solo requerimos prudencia”.

A Mallemaci y a otros dos jóvenes (todos eran mayores de edad al momento de la presunta violación), los acusan de haber abusado de una joven menor de edad (tenía 16 años), que hace pocos meses en acuerdo con el fiscal y los imputados, había solicitado el juicio abreviado, aduciendo que no estaba en condiciones de afrontar un juicio.

El Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, habló sobre la causa de La Manada de Chubut, que para fin de mes está prevista la audiencia en la Cámara del Crimen de Trelew que ratificará .

Ahora la Cámara tiene que resolver la impugnación del fiscal Rivarola y además homologar o rechazar el acuerdo que no aprobó el juez de primera instancia.

La víctima sigue sosteniendo la postura de no ir a juicio oral y que se resuelva en un juicio abreviado.

Miquelarena afirmó que se podría realizar un juicio sin la presencia de la víctima: «No la podemos obligar, hay que respetar siempre la voluntad de la víctima«. Y añadió «es complicado hacer un juicio sin ella, como poder se puede, pero es complicado».

Para concluir, explicó que «cuando se llega a un acuerdo de juicio abreviado, es porque ambas partes entienden que se puede llegar a probar determinada cosa en un juicio. Siempre bajo la absoluta voluntad expresa de la víctima», señaló Mil Patagonias.

Se analizará la impugnación del fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, de la resolución del juez Marcelo Nieto de Biase de rechazar el acuerdo de partes para llegar a un juicio abreviado.

El próximo jueves 30 de julio a las 10 horas, la Cámara Penal de Trelew, conformada por los magistrados Alejandro De Franco, Roberto Barrios y Daniel Pintos, iniciará la audiencia referida a la causa “La Manada de Chubut”, que fuera motivada por una impugnación por el fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, ante la resolución del juez Marcelo Nieto de Biase de rechazar el acuerdo de partes para llegar a un juicio abreviado.

El caso, que tuvo rebote nacional a raíz de la frase “desahogo sexual” empleada por el propio Rivarola, está vinculado a una denuncia por abuso sexual agravado que la propia víctima hizo ocho después del aberrante episodio, sucedido en el marco de los festejos del Día de la Primavera en una vivienda de Playa Unión en septiembre de 2012.

De Biase había rechazado la alternativa de un “juicio abreviado” para tres de los seis acusados del delito -los otros tres ya fueron sobreseídos-, que tras aceptar su responsabilidad recibirían una pena de tres años de prisión en suspenso, sin aplicación efectiva y una reparación económica para la víctima. En ese sentido, el magistrado cuestionó esa reparación económica, no obstante que todas las partes involucradas estaban de acuerdo.

De hecho, declaró, tras rechazar el acuerdo aseguró: “Me resulta repugnante aceptar un acuerdo económico por detrás, porque eso es convalidar que haya una justicia para ricos y una para pobres”. Tal cual lo había anticipado, el fiscal Fernando Rivarola presentó la impugnación a la resolución del 9 de junio que rechazara ese acuerdo de juicio abreviado propuesto por la Fiscalía, los imputados y sus defensores.

Tras conocerse el rechazo del juez Marcelo Nieto Di Biase, el Ministerio Público Fiscal capitalino aseguró que el juez ”se apartó de la ley” y que “vulneró el derecho de la víctima a ser oída y que su opinión sea considerada”. En la impugnación del fiscal Fernando Rivarola se expresa que la decisión de Nieto Di Biase “contiene una falacia demagógica; se entromete en el ámbito de decisiones del titular de la acción; genera un perjuicio sin dar a las partes la posibilidad de defenderse; carece de perspectiva de género; y es discriminatoria”.

Según el fiscal, “se extralimita realizando una crítica injustificadarespecto del potencial probatorio. Conjetura, sin fundamento alguno, que en el juicio oral un testigo brindaría un testimonio más preciso y en sentido más incriminatorio que el efectuado en la etapa penal preparatoria”.

Además lo cuestiona por “desoír la libre decisión de la víctima. La joven se manifestó en la audiencia, acompañada de su terapeuta y aclarando que tomó la decisión de avanzar en el acuerdo asesorada jurídicamente”, señaló El Comodorense.

El Juez Penal Marcelo Nieto Di Biase resolvió rechazar el acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes, en el marco de la causa en la cual se acusa a tres jóvenes por el delito de abuso sexual simple. El fiscal Fernando Rivarola los había beneficiado al considerar al hecho, ocurrido en Playa Unión durante septiembre de 2012, como un “desahogo sexual”.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) recurrirá la resolución dictada por el Juez Marcelo Nieto Di Biasse, «por no haber respetado la voluntad expresa de la víctima y soslayar la opinión de su terapeuta,quien explicó las razones por las cuales la joven no puede continuar con este proceso».

«La resolución vulnera su derecho a ser oída y a que su decisión sea considerada en la resolución del caso, contradiciendo las recomendaciones plasmadas en todos los Tratados Internacionales que regulan los derechos de las mujeres víctimas de violencia», manifestaron desde la Fiscalía

RECHAZO DEL ACUERDO

El Juez Penal Marcelo Nieto Di Biase resolvió este martes por la tarde disponer el rechazo al acuerdo juicio abreviado presentado por las partes en el marco de una causa en la cual se acusa a tres jóvenes por el delito de abuso sexual simple, en un hecho ocurrido en Playa Unión durante septiembre del año 2012.

Entre los fundamentos centrales de su resolución, indicó que teniendo presente el artículo 355 del Código Procesal Penal (CPP) considera que resulta necesario un mayor conocimiento de los hechos, como así también que resulta exigua a criterio del magistrado la pena acordada en orden a la propia plataforma expuesta en el acuerdo; en particular las circunstancias de realización del hecho y la extensión del daño en la víctima, sumado a considerar que aún con lo relatado y doctrina imperante, la calificación propuesta resulta errónea.

A criterio del juez, se pretendía  la imposición de una pena de tres años en suspenso – mínima para la escala elegida por las partes – siendo que de aplicarse correctamente la norma, conforme lo sostiene basta doctrina, se debería pensar en una calificación que tiene una pena de 8 a 20 años de prisión, lo que no puede pasar por alto.

En cuanto al consentimiento expuesto por la víctima en la audiencia, Nieto Di Biase lo consideró condicionado, lejos de la forma en la que pretendía que fuera tomado por las partes, dado que se le hizo mención al magistrado de la existencia de un acuerdo reparatorio, cuyos términos se reservaron las partes a tener de un «pacto de confidencialidad».

A continuación y en el texto de la resolución el magistrado sostuvo de manera enérgica: “Soy Juez, no mediador.  Y como juez no puedo aceptar que por acuerdo extrajudicial de partes se me diga lo que puedo o no decir en el marco de una sentencia, dado que resulta inadmisible”.

En el mismo tono, indicó que “por más respeto que me merece el interés de la víctima, más aún de un hecho de abuso sexual, cierto es que a partir del propio diseño constitucional que rige la actividad fiscal, se establecen límites específicos, en cuanto a la discrecionalidad que pueda adoptar, no encontrándose los delitos analizados en la presente causa dentro de ese margen de discreción (Cfr. Art. 71 del Código Penal y 44 del CPP).

“Para que quede claro, no puedo tolerar, que cuanto menos en el marco de mi competencia, exista una justicia que tenga resultados diferentes, dependiendo del poder adquisitivo de los imputados; lo que de por si solo resultaría repugnante y claramente violatorio al artículo 16 de la Constitución Nacional que consagra el principio de igualdad ante la ley” menciona la resolución, notificada a las partes durante la tarde de este martes, señaló ADN SUR.

El juez penal Marcelo Nieto Di Biase resolvió este martes por la tarde disponer el rechazo al acuerdo juicio abreviado presentado por las partes en el marco de una causa en la cual se acusa a tres jóvenes por el delito de abuso sexual simple, en un hecho ocurrido en Playa Unión durante septiembre del año 2012.

El doctor Nieto Di Biase, entre los fundamentos centrales de su resolución, indicó que teniendo presente el artículo 355 del Código Procesal Penal (CPP) considera que resulta necesario un mayor conocimiento de los hechos, como así también que resulta exigua a criterio del magistrado la pena acordada en orden a la propia plataforma expuesta en el acuerdo; en particular las circunstancias de realización del hecho y la extensión del daño en la víctima, sumado a considerar que aún con lo relatado y doctrina imperante, la calificación propuesta resulta errónea.

A criterio del juez, se pretendía la imposición de una pena de tres años en suspenso -mínima para la escala elegida por las partes- siendo que de aplicarse correctamente la norma, conforme lo sostiene vasta doctrina, se debería pensar en una calificación que tiene una pena de 8 a 20 años de prisión, lo que no puede pasar por alto.

En cuanto al consentimiento expuesto por la víctima en la audiencia, Nieto Di Biase lo consideró condicionado, lejos de la forma en la que pretendía que fuera tomado por las partes, dado que se le hizo mención al magistrado de la existencia de un acuerdo reparatorio, cuyos términos se reservaron las partes a tener de un «pacto de confidencialidad».

A continuación y en el texto de la resolución el magistrado sostuvo de manera enérgica:

“Soy Juez, no mediador. Y como juez no puedo aceptar que por acuerdo extrajudicial de partes se me diga lo que puedo o no decir en el marco de una sentencia, dado que resulta inadmisible”.

En el mismo tono, indicó que “por más respeto que me merece el interés de la víctima, más aún de un hecho de abuso sexual, cierto es que a partir del propio diseño constitucional que rige la actividad fiscal, se establecen límites específicos, en cuanto a la discrecionalidad que pueda adoptar, no encontrándose los delitos analizados en la presente causa dentro de ese margen de discreción (Cfr. Art. 71 del Código Penal y 44 del CPP)».

“Para que quede claro, no puedo tolerar, que cuanto menos en el marco de mi competencia, exista una justicia que tenga resultados diferentes, dependiendo del poder adquisitivo de los imputados; lo que de por si solo resultaría repugnante y claramente violatorio al artículo 16 de la Constitución Nacional que consagra el principio de igualdad ante la ley” menciona la resolución, notificada a las partes durante la tarde de este martes.

Fuente: Agencia de Comunicación Judicial

El Ministerio Público Fiscal informó que la joven ha autorizado que se comunique su opinión a la sociedad sobre el caso de «la manada de Chubut», en la audiencia ante el Juez Nieto Di Biase. La víctima dijo que ella está totalmente conforme con el acuerdo que se presentó en la causa en la que se investigan los hechos que la damnificaron en su adolescencia. Que el acuerdo es un «alivio» para ella, pues vio en el mismo la posibilidad de darle un cierre definitivo a este hecho, ya que le hace muy mal y necesita cerrarlo para seguir viviendo.

Contó que “cuando comenzó la investigación Fernando Rivarola le explicó que iba a investigar hasta donde ella aceptara, que cuando no quisiera seguir se lo informara, y nunca me sentí presionada”.

Y pese a los cuestionamientos sociales levantados en las últimas horas remarcó, “que el Fiscal siempre me mantuvo al tanto del avance de la investigación, de cada una de las pruebas que se iban recolectando, y me explicaba cuan valiosas eran o no”. En cuanto, al asesoramiento personal manifestó que fue asesorada jurídicamente por un tío abogado “quien me señaló que los términos del acuerdo eran correctos y entendí las diferencias entre las distintas calificaciones legales”.

Por su parte la licenciada en Psicología, que la acompañó en la videoconfrencia también autorizó se haga saber que atiende a la víctima desde septiembre de 2015. Explicó que su paciente se encuentra en posición de sujeto activo capaz de tomar decisiones en torno a este proceso judicial. Expresó que la joven tiene un fuerte deseo de sanar a partir de que los imputados reconozcan que este hecho sucedió y que ellos fueron partícipes.

El acuerdo fue intensamente trabajado con ella en las sesiones, también con el equipo del Fiscal Rivarola y un psicólogo de la institución. Hubo dos momentos de quiebre en su estado emocional, explicó, uno de ellos al inicio del proceso pericial y el segundo estuvo vinculado a la angustia de llegar al juicio oral, pues significaría una revictimización que no estaba dispuesta a atravesar.

Relató que la víctima luego de acordar el acuerdo de juicio abreviado sintió una inmensa tranquilidad y empezó a retomar su vida cotidiana. Es allí que irrumpe el hecho inesperado de ver en las redes sociales y la televisión, que su caso reaparece sin su consentimiento, re-victimizándola una vez más. La profesional agregó al final de la audiencia que tanto ella como la víctima “se han sentido absolutamente acompañadas por la Fiscalía en todo momento”.

“La difusión extraordinaria que ha tenido otra vez un caso penal tramitado en la Provincia del Chubut, sus particularidades y el tenor de las críticas que se le han hecho” han motivado al señor Jose Heredia, ex ministro del Superior Tribunal de Justicia, a escribir estas breves líneas:

I. La difusión extraordinaria que ha tenido otra vez un caso penal tramitado en la Provincia del Chubut, sus particularidades y el tenor de las críticas que se le han hecho me han motivado a escribir estas breves líneas.

Chubut había podido ser noticia -buena noticia- en el país por los adelantos registrados en sus instituciones jurídicas que yo llamé cultas, especialmente en materia del juicio penal en que fue tomada como modelo en otros lugares. Por ejemplo, pueden leerse los fundamentos que acompañaron al originario proyecto de Código Procesal Penal “de la Nación” -hoy Código Procesal Penal Federal- en que se mencionan expresamente como una referencia y un modelo a seguir las normas sancionadas y en vigencia en nuestra Provincia y los logros en su aplicación práctica. Allí se dijo: “La provincia del Chubut, por su parte, representa la consagración de un nuevo formato de organización y de dinamismo en las investigaciones, que han seguido las legislaciones de las provincias de La Pampa, Santa Fe y Neuquén” [Buenos Aires, 21 octubre de 2014].

Sin embargo, luego de la sanción del código de base acusatoria en 7 de abril de 2006 [por ley 5478 entonces] se le fueron introduciendo distintas reformas que lo desmejoraron: he criticado en diversas notas esas enmiendas que tuvieron un objetivo parcial en beneficio especialmente del quehacer del Ministerio Público Fiscal que las impulsó inconsultamente. Cito únicamente la que titulé NUEVA REFORMA EN CHUBUT – CUANDO LOS FISCALES SE APROPIARON DEL PROCESO PENAL publicada en la página de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, en elDial.com y en la Revista Pensamiento Penal. No repito aquí esas observaciones pero entre ellas cabe si, por su vinculación con el caso que me ocupa, una breve mención al diseño del juicio abreviado, verdadera piedra de escándalo.

II. El procedimiento abreviado se conoció en Argentina cuando se incorporó en el Proyecto de Código Procesal Penal de la Nación llamado “Proyecto Maier”, impulsado por el Presidente Alfonsín (1986) que no llegó a sancionarse. Julio Maier, prestigioso jurista es conocido entre nosotros por ser el autor del Proyecto para Chubut sancionado en diciembre de 1999 por la ley 4566, que no rigió salvo dos previsiones pero que nos dejó referencias importantísimas. El Dr. Maier apenado ha escrito esto sobre el juicio abreviado: “he dado pie, sin una reflexión política y de fondo, a una institución, en principio extraña a nuestra cultura jurídica, que se expande y amenaza con derribar pilares de nuestra comprensión de la pena estatal y del procedimiento necesario para imponerla. El núcleo del debate acerca de esta institución se vincula, claramente, a la decisión acerca del papel que cumple el procedimiento penal…”. Maier lo propuso como un instituto residual en principio para acusaciones que no esperaban una sanción distinta a la multa o a la inhabilitación, o, excepcionalmente, que no esperaran una pena privativa de libertad superior a un año. Como suele ocurrir en Argentina el instituto se descarrió y ahora se lo utiliza para cualquier tipo de delito aun los que tiene amenaza de las penas más graves del Código Penal.

En Chubut lo conocimos en el mencionado Código Maier –dos años- y luego se incorporó al nuevo código sancionado por la ley 5478. Aquí se previó para el supuesto en que el fiscal pretendiera una pena máxima de seis años o inferior. Ya fue una extensión imprudente que yo critiqué pero que no pude evitar. Es que ha de advertirse que la exigencia de un “juicio previo” oral, público, contradictorio y continuo es un requisito constitucional  para la imposición de una pena y, además, ha de notarse que ese juicio debe terminarse por jurados a  lo menos en los delitos más graves. Como el mismo Maier lo ha destacado “Frente al mandato de establecer el juicio por jurados no puede caber la menor duda acerca de que nuestra Constitución tornó imperativo para nuestro país un procedimiento penal cuyo eje principal era la culminación en un juicio oral, público, contradictorio y continuo como base de la sentencia penal”.

III. De esa suerte, debe entenderse que el juez al que se le somete un acuerdo no es un mero convidado de piedra sino que está compelido a hacer valer los postulados mayores de la Constitución. No podría resguardarse en que no le queda otro camino que la homologación de lo arreglado entre las partes: siempre está el orden público cuya observancia y protección le compete en último término al juez. Y en principio el fiscal no puede renunciar a promover la acción penal pública porque es un deber que deriva inmediatamente del Código Penal –artículo 71, con fuente en la Constitución Nacional- y en la Constitución del Chubut –artículo 194: “El Ministerio Fiscal (…) 1. Prepara y promueve la acción judicial en defensa del interés público y de los derechos de las personas. A tales fines se entiende como interés público tanto el interés del Estado cuanto la violación de los intereses individuales o colectivos”-. Es verdad que se han concebido institutos para descargar el sistema penal que no alcanza a procurar todos los hechos que arriban, que yo mismo he impulsado, como los criterios de oportunidad, la suspensión del proceso a prueba y este procedimiento abreviado. Pero el diseño legal no puede aniquilar las previsiones y mandatos constitucionales, que están primeros y vinculan a todos los poderes públicos. No puede aniquilarse lisa y llanamente el juicio penal previo, publico, oral y por jurados. Estos institutos de oxigenación solo deberían emplearse para hechos con amenazas de penas leves. Hoy ello no es así cuando se ha reformado el procedimiento abreviado elevando el límite a ocho años de privación de libertad, con lo cual casi todos los delitos del Código Penal permiten, de una u otra manera, su aplicación. Pero los jueces, repito, deben tachar las normas expansivas que no solo desvirtúan el instituto sino que desconocen el diseño constitucional del enjuiciamiento penal.

IV. Otra cuestión que me interesa considerar es la intervención y protección de la víctima del delito en el procedimiento. Recuerdo que en el seno de la Comisión reformadora, en 2005, criticaba yo la solución que le atribuía al Ministerio Fiscal la función de asesorar y asistir a la víctima; ello así porque subrayaba los numerosos casos en que el fiscal se separa de los intereses del ofendido/a que aparecen incluso contrapuestos. Piénsese en la aplicación de un criterio de oportunidad en que la víctima quiere continuar con la persecución o los casos más graves en que se investigan desapariciones forzadas de personas en que la practica muestra de modo evidente que los fiscales suelen inclinarse por las posturas estatales y terminan sosteniendo el punto de vista de las fuerzas sospechadas de esas desapariciones.

Viene a cuento porque he leído la especie de aclaración-descargo del fiscal que actúa en la causa en la que destaca la intervención del Servicio de Atención a la Víctima desde el primer momento de la investigación. Específicamente y solo en referencia a este destacado, me pregunto ¿ese Servicio tiene imparcialidad para asesorar y proteger los intereses y derechos de la ofendida cuando depende del Ministerio Fiscal y éste culmina un acuerdo aberrante? ¿Ha sido efectiva y convenientemente asistida por ese Servicio la víctima en el caso? Porque hay que convenir que ni tan siquiera invocando el consenso de la ofendía por el delito podría el fiscal justificar semejante acuerdo y un juez homologarlo en sus términos. Una cosa es no re victimizarla y muy otra es aniquilar sus derechos que bien podrían –pueden- ser resguardados sin exponerla públicamente acudiendo a mecanismos que se utilizan hoy hasta para sesionar en las legislaturas en el mundo u otros semejantes que ya se emplean en los procesos penales.

Para que se advierta la aberración a que me refiero baste leer el Código Penal en la previsión que reclamaría aplicación aquí: “Artículo 119. Será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando ésta fuera menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. / La pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. / La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía. / En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho a veinte años de reclusión o prisión si: a) Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima; (…) d) El hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas…”. Como se aprecia la amenaza de pena para el autor o autores es de ocho a veinte años porque concurrirían los supuestos de los inciso a) y d). ¡Se ha concluido un acuerdo que establece la pena de tres años en suspenso!, señaló El Comodorense.

Los colectivos de Rawson se expresaron duramente este viernes frente al Ministerio Público y pidieron la renuncia del fiscal general, gravemente cuestionado por sus declaraciones en torno a la causa conocida como «La Manada de Chubut». Consideraron que «hablar de desahogo sexual es un burla para todas nosotras». Una de las voceras comparó la violación grupal con el deliberado avance megaminero: «el patriarcado hace con nuestros cuerpos lo que el neoliberalismo hace con nuestros recursos naturales».

«Nos preguntamos como todo el sistema judicial, comprado históricamente por apellidos importantes y políticos corruptos ha podido dar vuelta una causa de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal por la participación de dos o más personas por un abuso sexual simple basado en una acción dolosa de desahogo sexual. ¿Fue por el resultado de la investigación de más de 60 testigos que confirmaron el hecho, porque le pagaron bien para torcer la causa, porque llegaron al final más cómodo para todos?», cuestionó una de las oradoras.

«Fue porque el sistema judicial y estatal lo permiten, porque el patriarcado y el capitalismo creen que pueden tapar la violencia con un arreglo entre partes negando las aberraciones ejercidas sobre nuestros cuerpos. Hoy en Chubut, provincia de la vergüenza y la injusticia, nos pretenden violar a todas y todes, a cada uno de nosotres y a nuestra lucha», reprocharon.

«Querer hacernos creer que la violencia sexual de individuos o de grupos organizados como el de La Manada son un acto de desahogo, casi basado en instintivo de seres animales, es una burla para todas las mujeres y disidencias de la tierra», aseveraron.

«No sólo queremos la destitución del fiscal Fernando Rivarola, queremos a los violadores presos; queremos que todo el sistema judicial se haga cargo de sus graves falencias en perspectivas de género, que la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal haga el trabajo que le corresponde y deje de ser un adorno para el sistema judicial de la provincia, queremos cumplimiento y presupuesto de la ley 1.526 de Protección Integral de Igualdad de Oportunidad de Género, queremos que estos violadores y violentos, y de todos los días, vayan presos, como los violadores de Rawson, quienes también violaron en grupo, y fue este mismo fiscal Rivarola el que los dejó libres», exigieron.

«El rol del aparato judicial en el armado de esta causa se sostiene en una red de complicidad demasiado profundo. La Fiscalía no sólo hizo lo suficiente para beneficiar a los imputados, sino que atentó contra todas nosotras», recriminó otras de las voceras.

«Que se aproveche la oportunidad de un fallo histórico, exigimos que ningún fiscal del país participe en un caso de estas características sin haberse capacitado en la Ley Micaela sobre perspectiva de género», reclamó otras de las mujeres.

«Todo está relacionado en esta Provincia, la política y la Justicia se dan la mano para gobernarse entre ellos y no al pueblo. El primer arrepentido y liberado es Joaquín Pérez, el hermano de Genaro Pérez, el intendente de Gastre, el lobbysta minero más grande que hay en Chubut, que ha hecho hasta un hotel para recibir a las mineras y de ese modo ir en contra del pueblo quiere», acusó otras de las oradoras.

«Si uno empieza a rever los hechos, nos damos cuenta que la torta se corta entre cuatro o cincos. Fui una de las presas el año pasado en la Legislatura en una protesta en contra de la megaminería, y quien nos está culpando es el fiscal Rivarola», expuso.

«Genaro Pérez, el intendente de Gastre, viola nuestra tierra, es un ecocida; y su hermano, Joaquín Pérez, viola nuestros cuerpos. El patriarcado hace con nuestros cuerpos lo que el neoliberalismo hace con nuestros recursos naturales», sentenció.