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Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli sufrieron derrotas judiciales en las últimas horas, mientras el kirchnerismo avanza en el Senado para correrlos de sus actuales cargos. 

Mientras el kirchenrismo avanzó en el Senado para sacar de sus tribunales a tres jueces clavela Justicia rechazó pedidos de los tres para ser mantenidos en sus cargos, a los que llegaron por traslado durante el gobierno anterior.

De acuerdo a lo publicado por La Nación, los jueces a los que el oficialismo quiere regresar a los cargos que ocupaban en 2018 dictaron fallos contra el kirchnerismo. Bertuzzi y Bruglia confirmaron en la Cámara Federal los procesamientos de Cristina Kirchner y numerosos funcionarios de su gobierno, y Castelli fue sorteado para juzgar a la vicepresidenta en la causa de los cuadernos de la corrupción.

El eje del problema es que el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura les cuestionó que no tenían acuerdo del Senado para sus nuevos cargos. Afirmó que el acuerdo que les había dado el Senado solo era válido para los cargos que ocupaban con anterioridad (cuando eran, igual que hora, jueces federales en lo penal, pero de otros tribunales). Con esa decisión del Consejo, el Senado realizó una audiencia hoy para darles nuevo acuerdo. Los camaristas no concurrieron, porque entendieron que no necesitan otro acuerdo: ya tienen el que se les otorgó cuando fueron designados jueces.

Mientras el kirchnerismo avanzaba contra ellos, los tres jueces fueron a la Justicia, que en las últimas horas rechazó sus pedidos para frenar los nuevos traslados que intenta el Senado. La jueza de primera instancia Macarena Marra Giménez rechazó la medida cautelar pedida por el juez Castelli para que la Justicia detenga el trámite en la Cámara alta. Castelli sigue litigando, con una apelación ante la Cámara y esperando que la jueza falle sobre el fondo de su reclamo, que busca que declare innecesario el nuevo acuerdo del Senado.

Bruglia y Bertuzzi ya perdieron en primera instancia con un fallo de la jueza María Alejandra Biotti y ante ese revés, plantearon dos caminos paralelos: por un lado, apelaron ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y, por otro, fueron directamente ante la Corte Suprema de Justicia con un per saltum. Este recurso implica no esperar a que se pronuncie la Cámara y reclamar que la Corte se aboque de inmediato al problema.

Pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó ahora la medida cautelar que habían pedido para frenar el trámite en el Senado. Los camaristas Jorge Alemany y Guillermo Treacy dijeron que en el marco de una medida cautelar no ven verosímil la ilegitimidad del acto del Consejo de la Magistratura que les exige un nuevo acuerdo del Senado. Además, por los argumentos que esbozaron hoy los magistrados, no parecen muy proclives a darles la razón cuando analicen el fondo del asunto.

LA CORTE, ÚNICO CAMINO 

El único camino que les queda a los camaristas Bruglia y Bertuzzi para seguir batallando es la Corte. Allí pidieron al tribunal que de inmediato frene a la Cámara alta y argumentaron que la propia Corte ya dijo en una acordada de 2018, ante el traslado de Bruglia, que no es necesario un nuevo acuerdo del Senado cuando los traslados «se dan dentro de la misma jurisdicción, para desempeñar funciones de la misma jerarquía, con igual o similar competencia material, mediando el consentimiento expreso del magistrado». Y esto se ajustaría al caso de los camaristas.

La Corte analizó el caso esta semana y no tomó ninguna determinación. El máximo tribunal se volverá a reunir virtualmente el martes de la semana próxima. A fines de esa semana está prevista una sesión del Senado donde la mayoría kirchnerista rechazará, en el pleno, el acuerdo de Bruglia y Bertuzzi, y activará el mecanismo para que regresen a su tribunal oral.

Los tiempos son clave. Una cosa es que la Corte se pronuncie antes de fin de la semana que viene e ir contra una resolución del Consejo de la Magistratura (un órgano del Poder Judicial), y otra es que lo haga después, cuando ya debería ir contra una decisión del Senado y del Poder Ejecutivo, que, una vez notificado de la negativa de los legisladores a dar los acuerdos, podría emitir un decreto para regresar a los jueces a sus tribunales de origen, lo que abriría, si la Corte les diera la razón a los camaristas, un conflicto entre poderes, señaló ADN SUR.

Un cronista de Canal 9 de Comodoro Rivadavia fue víctima de agresiones físicas mediante el forcejeo intimidatorio de un miembro de la comitiva de Mariano Arcioni. Además. el gobernador se ocupó de increparlo personalmente. El hecho se produjo el sábado 23 en el Hospital Alvear de Comodoro Rivadavia. Javier Alvaredo, el elegido de Arcioni para presidir el Banco del Chubut, debió ser detenido por personal de Seguridad hace unos días cuando intentaba golpear a un director de apellido Despo. El ministro Massoni completa el «podio» que evidencia la deriva autoritaria de un gobierno que reacciona con violencia ante la crítica.

En el acto del sábado, tras la ceremonia formal, la prensa se acercó a Arcioni para formularle las consultas habituales. El cronista de Canal 9 -medio que integra un grupo de Puerto Madryn que posee además un diario en aquella ciudad- fue víctima del forcejeo intimidatorio de un integrante de la comitiva oficial, y luego habría sido agredido verbalmente por el propio gobernador.

Cuando el cronista se alejó, presa de la conmoción, para realizar la crónica de lo ocurrido, Arcioni volvió sobre sus pasos e intentó neutralizarlo simulando acceder a la entrevista; aunque rápidamente volvió a expresar un estado de cólera e ira descontrolada mientras trataba de disimular su malestar con frases irónicas. Finalmente, el mandatario optó por alejarse del lugar.

Hace pocos días el elegido de Arcioni para presidir el Banco del Chubut, Javier Alvaredo, intentó golpear a un director de la institución de apellido Despo, en el marco de una discusión sobre la contratación de seguros que fue subiendo de tono hasta llegar al estallido de violencia de Alvaredo. Para evitar que el funcionario recién llegado agrediera físicamente a su «colaborador» debieron intervenir miembros del cuerpo de Seguridad del banco.

Como publicara El Extremo Sur, Alvaredo posee antecedentes de conductas violentas. El 31 de diciembre de 2018 el diario Somos de Mendoza publicó un artículo titulado «Un hombre ebrio golpeó a dos mujeres policías». El protagonista de la noticia era el mismo Alvaredo.

«Un hombre de 54 años, identificado como Javier Augusto Alvaredo, fue sometido a las pruebas de alcoholemia cuando circulaba en su auto Chevrolet Spin. Fue atendido por dos mujeres oficiales que estaban al mando del operativo. Cuando realizaron el test, el resultado arrojado fue de 1,70 gramos, por lo que las uniformadas procedieron a realizar el acta vial correspondiente», publicó Somos.

«Ambas uniformadas ofrecieron como solución a la pareja que la mujer de Alvaredo manejara el rodado el resto del camino, pero el hombre comenzó a ponerse agresivo, se negó y comenzó a agredir físicamente a las policías. Alvaredo fue detenido bajo los cargos de resistencia y lesiones a la autoridad. Se encuentra en manos de la Oficina Fiscal del departamento de Tunuyán», señala la información publicada en Mendoza justamente el día en que expiraba el año 2018, cuando el propuesto para estar al timón del Banco del Chubut se desempeñaba como subgerente del Banco Ciudad de Buenos Aires, un bastión del macrismo larretista.

Un estilo autoritario

Días atrás el ministro de Seguridad de la provincia Federico Massoni fue denunciado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por sus cuestionables prácticas. Ante la resolución judicial que puso freno al ministro, Arcioni salió a descalificar a la jueza interviniente, tal como lo hizo con los miembros del Superior Tribunal que lo «atendieron» con una verdadera lección de funcionamiento institucional.

En otra muestra de intolerancia, Arcioni calificó de «antidemocrática» a la titular de la Asociación de Magistrados, quien se limitó a mencionar la posibilidad de que se produzca su alejamiento del cargo de acuerdo a mecanismos constitucionales vigentes como el juicio político, la revocatoria de mandato o la intervención federal; lo que podría ocurrir como consecuencia del incumplimiento crónico del pago de salarios a los estatales y la interrupción del servicio de justicia.

Esta mañana fue a la Oficina Judicial y ahora permanecerá detenido por 48 horas hasta la audiencia de control de detención

Pablo Federico Hualpa, sobre quien pesaba un pedido de captura nacional e internacional dictada por la justicia de Trelew, se presentó esta mañana en la Oficina Judicial de Trelew y quedó detenido.

La justicia lo investiga por un presunto hecho de abuso sexual agravado, a partir de una denuncia presentada por su expareja, Joanna Peralta y de acuerdo a los datos que trascendieron esta mañana permanecerá alojado en un centro de detención por 48 horas hasta la audiencia de control de detención, así lo informó Diario Jornada.

Tanto Hualpa como la denunciante son personas conocidas en la vida pública de Trelew y la zona, ya que ambos son militantes sociales y ambos estuvieron relacionados en los últimos con organizaciones civiles dedicadas a proyectos de autoconstrucción de viviendas.

Fue tras la respuesta del Ministerio Coordinador, que le notificó a la Justicia Federal que no disponía de personal policial suficiente para cumplir la orden que emanó de la fiscalía la semana pasada.

Fuentes judiciales informaron a ADNSUR que desde Fiscalía Federal se requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich el envío de fuerzas federales para despejar la playa de tanques de YPF en Comodoro, que los docentes mantienen tomada desde hace casi una semana, lo que provocó el desabastecimiento de combustibles en la ciudad y la región.

El pedido se da luego de la respuesta desde el Ministerio Coordinador, que conduce Federico Massoni, que le notificó a la Justicia Federal que no dispone de personal policial suficiente para cumplir la orden que emanó de la fiscalía la semana pasada (el 24 de septiembre), cuando a través de un oficio librado al jefe de Unidad Regional de la policía se le indicó que debían proceder a liberar la normalidad de la circulación en el ingres o y egreso del predio de YPF.

Ese escrito al que accedió Actualidad 2.0 recomendaba que, en caso de que no se proceda a liberar por voluntad propia por parte de los manifestantes, apelando a un uso razonable de la fuerza, se proceda a liberar la transitabilidad.

El mismo llegó a la Unidad Regional, y no se lo canalizó porque no estaría «clara» la determinación de proceder con las fuerzas especiales a liberar la playa de tanques.

Este domingo hubo una intimación desde la Fiscalía Federal hacia la Unidad Regional de policía para conocer qué había ocurrido con la orden emitida el 24 de septiembre. Tras ello, desde el Ministerio Coordinador se indicó que no se contaba con personal suficiente para poder cumplir con esa orden.

Como consecuencia de esa situación, desde el ámbito de la Justicia Federal se está requiriendo a la ministra de Seguridad de la Nación que se disponga el envío de efectivos de Gendarmería para que libere la playa de tanques. En ese caso, éstos llegarían desde La Pampa, aunque por el momento se desconoce cuándo podrían hacerlo.

Se trata de Pablo Federico Hualpa, a quien investigan a partir de la denuncia efectuada por una expareja

Un militante social que en los últimos años estuvo al frente de organizaciones vinculadas a la autoconstrucción de viviendas aparece ahora con pedido de captura nacional e internacional de la Justicia de Chubut, por un presunto caso de abuso sexual en el cual fue denunciado.

Pablo Hualpa fue denunciado ante la Justicia de Trelew por su expareja Joanna Peralta, también vinculada con organizaciones sociales de la zona. El hecho, que la propia mujer ha venido denunciando de manera pública en las redes sociales, tomó estado judicial en las últimas semanas a partir de una denuncia formal en la Fiscalía de Trelew.

El caso ya ha merecido la atención de los investigadores, quienes al no poder encontrar en los lugares habituales a la persona señalada como autor del abuso, ordenaron su captura el pasado 24 de septiembre, así lo informó el chubut.

La investigación está a cargo de la Fiscal Jefe de Trelew, Dra. Silvia Pereira, en tanto que la orden fue solicitada por la Juez Mirta del Valle Moreno.

La jueza Martina Forns no hizo lugar a las iniciativas propuestas por la ANAC.

Después de que la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC) presentara ante la Justicia un informe con la descripción de las medidas de mitigación de ruidos en el aeropuerto de El Palomar -en el marco de las restricciones nocturnas para operar en esa terminal a partir del próximo 26 de septiembre-, la jueza a cargo del caso, Martina Forns, rechazó el pedido oficial. De este modo, desde dicha fecha esta estación aérea dejará de operar entre las 22 y y las 7 de la mañana.

Según fuentes del ministerio que conduce Guillermo Dietrich, el organismo de aviación había presentado el informe con los procedimientos que reducen el ruido de motores durante las fases de despegue y aterrizaje.

Entre esos procedimientos, el listado incluía lo siguiente: a) la utilización preferencial de la cabecera más alejada a la zona residencia; b) el empleo de un motor (en vez de los dos) para desplazamiento de las aeronaves; c) el incentivo de la utilización del GPU (Unidad de Energía en Tierra) en vez del APU ya que su nivel de emisión sonora es insignificante; d) la prohibición de prueba de motores en horario nocturno y la prohibición de aeronaves que no están certificadas en cuanto a emisiones sonoras según la OACI; e) la instalación de barreras de absorción de ruido como paneles y de barreras vegetales.

Sin embargo, la jueza rechazó este conjunto de atenuantes bajo el argumento de que las medidas de mitigación son «a futuro» y que subsisten «las circunstancias que mencionó al momento de dictar la cautelar», según describieron fuentes oficiales. La ANAC entonces, contestó que las medidas ya se implementaron.

Según fuentes del ministerio de Transporte, la jueza que hizo lugar al pedido del abogado. también rechazó el pedido de prorroga que pidió la empresa Flybondi de cuatro mesespara acomodar la operación a los nuevos requerimientos judiciales.

La jueza Martina Forns está a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín desde abril de 2006, tras la renuncia del juez Adolfo Gustavo Bustos. Y tiene varios fallo en contra del gobierno de Mauricio Macri.

Si la medida de cerrar el aeropuerto entre las 22 y las 7 de la mañana se concreta, las empresas low cost que operan en esa terminal, Flybondi y JetSmart, ya advirtieron que deberán reprogramar todos sus vuelos y que las restricciones afectarían especialmente a las rutas que conectan a las ciudades del interior del país, informó El Clarín.