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La mañana del miércoles se realizó la apertura formal de la investigación para los exfuncionarios provinciales Pablo Korn y Alejandro Pagani; Fabián Smith, integrante de la Cooperativa de Comodoro Rivadavia, y Mario Alegre y Jorge Block, funcionarios de Servicios Públicos; así como el empresario Massoud Inghani. Es por la contratación directa de una obra para Comodoro Rivadavia.

La hipótesis de los fiscales es que Korn y Pagani, cuando eran subsecretario de Servicios Públicos y Ministro de Infraestructura y Planeamiento respectivamente, direccionaron una obra de servicios públicos para Ighani, titular de la Unión Transitoria de Empresas Rigel – Incopa de Comodoro Rivadavia, quien  se benefició con el 20% de anticipo del monto de la obra de aproximadamente $90.000.000.  “Aprovechándose del cargo que ostentaban, direccionaron la contratación directa para beneficiar económicamente a la UTE RIGEL – INCOPA. La contratación era para la alimentación de energía eléctrica y estación transformadora Área Central Stella Maris”, indicaron Báez y Bugueño.

En el trámite de adjudicación intervinieron otros funcionarios, en lo que se denominó una Comisión de Pre adjudicación, integrada por Fabián Smith, integrante de la Cooperativa de Comodoro Rivadavia, y Mario Alegre y Jorge Block, funcionarios de Servicios Públicos. Para los fiscales, surge como partícipe necesario el apoderado de la UTE Massoud Ighani, cuya complicidad fue necesaria para concretar la maniobra fraudulenta.  “No es un dato menor que esta U.T.E. también fue la beneficiada de forma directa en otra obra y en el mismo lapso temporal por otra obra millonaria que se encuentra también bajo investigación, que es la contratación por el “Suministro de electricidad Rada Tilly”, indicaron Báez y Bugueño.

La calificación legal por la cual serán investigados es por “negociaciones incompatibles con la función pública”, en carácter de coautores para Pagani, Korn, Feller, Alegre y Block; y de partícipes para Smith e Inghani. El periodo de investigación será durante seis meses y el legajo fiscal estará radicado en Rawson, según lo dispuso el juez Marcelo Orlando en la audiencia.

Este miércoles a la mañana se realiza la audiencia de apertura de investigación contra el ex ministro de Infraestructura Alejandro Pagani y el ex subsecretario de Servicios Públicos Pablo Korn. Los investigan por haber favorecido en la adjudicación de una obra multimillonaria a una empresa para la construcción de la estación transformadora área central Stella Maris de Comodoro que jamás se terminó.

Este miércoles, también estarán sentados en el banquillo de los acusados los miembros de una “comisión pre adjudicadora” que integraron en su momento Fabián Smith, de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) de Comodoro y los actuales funcionarios de servicios públicos Mario Alegre y Jorge Block.

La investigación por el trámite de esta obra, que se desprende de una mega denuncia que incluye también a otros emprendimientos, se le delegó al fiscal jefe de Puerto Madryn, Daniel Báez, informó LU20

 

 

ADN Sur

El miércoles a las 10 en Rawson, ante el juez Marcelo Orlando, se realizará la audiencia de apertura de investigación para los exfuncionarios provinciales Pablo Korn y Alejandro Pagani, y el empresario Massoud Ighani, entre otros. Es por la contratación directa de una obra para Comodoro Rivadavia.

La causa la llevan adelante los fiscales Daniel Báez y Jorge Bugueño. La hipótesis de los fiscales es que Korn y Pagani, cuando eran subsecretario de Servicios Públicos y Ministro de Infraestructura y Planeamiento respectivamente, direccionaron una obra de servicios públicos para Ighani, titular de la Unión Transitoria de Empresas Rigel – Incopa de Comodoro Rivadavia, quien  se benefició con el 20% de anticipo del monto de la obra de aproximadamente $90.000.000.  “Aprovechándose del cargo que ostentaban, direccionaron la contratación directa para beneficiar económicamente a la UTE RIGEL – INCOPA”, sostienen los fiscales.

“A partir de Julio de 2016, Korn y Pagani se interesaron en la contratación directa con la U.T.E. RIGEL – INCOPA de la ciudad de Comodoro Rivadavia. La contratación era para la alimentación de energía eléctrica y estación transformadora Área Central Stella Maris”, indicaron Báez y Bugueño en su escrito presentado ante la Oficina Judicial.

La contratación se realizó a través de invitación a empresas constructoras. Pero, según afirman los fiscales, “sin perjuicio del avance de la investigación, surge que esta UTE no fue invitada formalmente, pero aparece en la apertura de ofertas, y es la que luego es contratada. Los funcionarios ignoraron a las restantes firmas que habían sido formalmente invitadas”.

En el trámite de adjudicación intervinieron otros funcionarios, en lo que se denominó una Comisión de Pre adjudicación, integrada por Fabián Smith, integrante de la Cooperativa de Comodoro Rivadavia, y Mario Alegre y Jorge Block, funcionarios de Servicios Públicos.

Para los fiscales, surge como partícipe necesario el apoderado de la UTE Massoud Ighani, cuya complicidad fue necesaria para concretar la maniobra fraudulenta.  “No es un dato menor que esta U.T.E. también fue la beneficiada de forma directa en otra obra y en el mismo lapso temporal por otra obra millonaria que se encuentra también bajo investigación, que es la contratación por el “Suministro de electricidad Rada Tilly”, indicaron Báez y Bugueño.

Negociaciones incompatibles

La calificación legal por la cual serán investigados es por “negociaciones incompatibles con la función pública”, en carácter de coautores para Pagani, Korn, Feller, Alegre y Block; y de partícipes para Smith e Inghani.

En este tipo de delito, “la conducta que la ley penaliza consiste en interesarse, en la búsqueda de un beneficio propio del funcionario o para un tercero, en cualquier contrato u operación en el que le corresponda intervenir debido a su cargo”, explicó Bugueño. La autoría corresponde por lo tanto en exclusividad al funcionario. Y el partícipe necesario, en este caso Inghani y Smith, tienen prevista la misma pena. “A los fines de la pena, la cuestión es indiferente, desde que al partícipe necesario le corresponde la misma sanción penal que al autor”, cerró el funcionario.

Así lo confirmó esta mañana en diálogo con Radio Chubut el fiscal de Puerto Madryn, Jorge Bugueño, quien integra el equipo que investiga la sospechosa adjudicación de obras por montos multimillonarios del “plan de convergencia nacional” en el que se detectaron numerosas “inconsistencias”.

La investigación incluye cuatro obras pero hay una en particular sobre la cual pidieron el procesamiento de actuales y ex funcionarios de servicios públicos de la provincia.

“Se trata de la obra de la estación transformadora área Central Stella Maris de Comodoro Rivadavia” detalló Bugueño en su explicación sobre el pedido de procesamiento.

El trabajo fue adjudicado a la unidad transitoria de empresa “Rigel-Incopa” con la particularidad que esa firma no fue invitada a participar en el concurso privado de precios a pesar de lo cual se le concedió la construcción por 90 millones de pesos, de los cuales se les adelantó el 20% pero la obra jamás se terminó, según recordó el fiscal.

Por esa causa fueron señalados el ex ministro de Infraestructura, Alejandro Pagani y el ex subsecretario de Servicios Públicos, Pablo Korn.

Pero además estarán en el banquillo los actuales funcionarios de servicios públicos Jorge Feller, Mario Alegre y Jorge Block; además Fabián Smith, integrante de la Cooperativa de Comodoro Rivadavia, todos integrantes de la llamada “comisión de pre adjudicación”.

 

 

Radio Chubut

El fiscal Omar Rodríguez, se refirió a la investigación que se está realizando por el accionar del  ex funcionario provincial de Servicios Públicos, Pablo Korn, en el marco de la emergencia climática que sufrió Comodoro Rivadavia en marzo del año pasado. “La causa de Korn tiene que ver con la contratación directa de una persona amiga de él. Hizo una negociación incompatible con sus deberes de funcionario público. En esto la Ley es clara: el funcionario no puede tener intereses personales de por medio”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “nos entrevistamos con personas que trabajan en la SCPL que el año pasado intervinieron en el contacto que hizo el ex funcionario provincial Pablo Korn durante la emergencia climática que atravesó Comodoro Rivadavia en marzo de 2017”.

“La causa de Pablo Korn tiene que ver con la contratación directa de una persona amiga de él. Hizo una negociación incompatible porque incumplió sus deberes de funcionario público”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “el material de la contratación fue entregado. Pero estamos hablando de una contratación de cerca de 4 millones de pesos y eso violenta la libre competencia”.

“El funcionario público debe ser imparcial. No puede tener intereses personales. Está prohibido contratar parientes o amigos”, indicó.

En este marco, aseguró que “la SCPL nos contó cómo se dio el contacto con Pablo Korn. El primer encuentro ocurrió la primera semana de abril de 2017. Servicios Públicos se contactó con un proveedor local a pesar que desde la Cooperativa le pasaron el contacto de otro proveedor de Comodoro Rivadavia que tenía solvencia”.

“Ahora estamos trabajando en los particulares que le vendieron mercadería al estado y en muchos casos no se entregó nada. Debemos localizar las usinas de facturas truchas desde donde se cometió fraude al Estado Provincial”, añadió.

A su vez, el funcionario afirmó que “acá estamos hablando de un sistema corrupto. La corrupción fue sistémica y es difícil de desterrar. La única manera de eliminar esto es con el compromiso de la gente y el compromiso social”.

Finalmente, Rodríguez concluyó que “la gente se hartó del sistema corrupto. Nos merecemos tener una sociedad libre de corrupción. Ahora hay una suerte de conciencia de hacer mejor las cosas. Los números de la Provincia se están acomodando y eso quiere decir que no se están metiendo las manos en la lata”.

 

 

El Comodorense

En la mañana de ayer los fiscales generales Omar Rodríguez y Alex Williams acompañados por dos miembros de la Policía Judicial, se trasladaron a la Comodoro Rivadavia con el objeto de recabar entrevistas en el marco de la causa conocida como “emergencia climática”, tramitada en la ciudad de Rawson. La investigación ya formalizada se calificó provisoriamente para Pablo Korn y Rubén D’Amico como  “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la modalidad de delito continuado” en calidad de autor (Korn) y de partícipe necesario (D’Amico)”.

Así los fiscales Rodríguez y Williams se reunieron con autoridades y directivos de la S.C.P.L., como también con empresarios locales recolectando valiosa información para la causa.

La imputación a Korn y D’Amico

Respecto del imputado Pablo Korn en carácter de subsecretario de servicios públicos del Chubut, priorizo direccionar las compras a su “amigo y socio” Rubén D’Amico  sin haber siquiera realizados consultas a proveedores de Comodoro o de la ciudad de Trelew.

Se trata de la compra de materiales por algo más de 3.700.000 pesos realizados al comercio de D’Amico para restablecer parte de los servicios públicos afectados por un fuerte temporal que sobre fines de marzo y principios de abril del año pasado azotó la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Diez expedientes de pago

En el pedido de apertura de investigación por el plazo de seis meses se indica que “Pablo Sebastian Korn, siendo Subsecretario de Servicios Públicos -Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, de la Provincia de Chubut, designado por decreto nro. 671/16, en fecha 6/05/2016” en el marco de 10 expedientes administrativos “se interesó en la contratación directa con la firma Electrocity S.A., perteneciente a su amigo y socio, Dario Rubén D’Amico. El objeto de las contrataciones tenía que ver con la adquisición de elementos necesarios para llevar adelante la reparación de buena parte de la infraestructura de los Servicios Públicos de la Ciudad de Comodoro Rivadavia dañados, en algunos casos destruidos, por el temporal de lluvia ocurrido a partir del 29 de marzo del año 2017.

En este contexto, en plena emergencia provincial, Pablo Korn, aprovechándose de la función pública que desempeñaba, en función del cargo que ocupaba, con la clara intención de beneficiar económicamente a su amigo Dario D’Amico, direccionó las contrataciones directas aludidas en favor del último de los nombrados. Para ello, firmó numerosas notas de elevación al Ministro Coordinador de Gabinete a través de las cuales solicitaba se abonase las facturas presentadas por la firma. A su vez el propio funcionario conformó las facturas en su totalidad.

De lo dicho se desprende que, el Subsecretario en razón de su cargo intervino de manera directa en el trámite administrativo donde se contratara a la firma antedicha. En este sentido, el nombrado insertó un interés particular, por encima del interés público, al cual el funcionario debió dar preeminencia. Cabe destacar, además, que los 10 expedientes mencionados fueron iniciados el 14/07/17, generaron una acreencia en favor de D’Amico, de 3.726.244 $, los cuales fueron abonados entre el 15 y 18 de agosto del año 2017”.